La otra campaña:
cómo
es el plan contra los pueblos originarios
28
de julio de 2017
Por Darío Aranda (lavaca)
Desalojos y represión contra pueblos originarios. Cárcel a sus
referentes y militarización de territorios. Leyes que se violan y empresas
extractivas que avanzan con complicidad política y judicial. Políticas de
Estado contra los pueblos indígenas. Y comunidades que resisten. Cómo es el
plan sistemático contra los pueblos originarios.
Agustín Santillán, wichí de Formosa, lleva
tres meses preso.
En San Pedro de Colalao, Tucumán, un
megaoperativo policial desalojó a familias diaguitas.
Toda una comunidad mbyá de Misiones fue
testigo de la destrucción de sus viviendas, con motosierras e incendio
incluido.
En Salta, 26 wichís murieron en 23 días por
causas evitables.
Éste es el plan sistemático contra los pueblos
originarios.
Los detenidos
Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo
oeste de Formosa, una provincia donde pocas voces se alzan contra el gobernador
Gildo Insfrán, gobernador desde 1995. Agustín Santillán es una de esas voces,
que reclama los derechos del pueblo wichí.
Santillán fue detenido el 14 de abril: tiene
más de veinte causas armadas. Desde hace tres meses está en la cárcel de Las
Lomitas. Recibió maltratos, amenazas de muerte y su futuro es complejo. “Son
causas armadas. Es un preso político. Quieren aleccionar para que nadie más
levante la voz”, resumió Daniel Cabrera, su abogado.
“Repudiamos la creciente criminalización que
sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad
es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra
detenido por demandar el goce de sus derechos”, denunció una escrito público
firmado por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio
de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red
Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a
la Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos
Indígenas, la
Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en
Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos (APDH), entre otros.
También en la cárcel se encuentra Facundo Jones Huala, lonko (autoridad) del Lof
Cushamen, en Chubut. Su comunidad cometió el pecado en 2015 de recuperar
tierras en la
estancia Leleque , propiedad de la multinacional Benetton ,
el mayor terrateniente de Argentina con un millón de hectáreas. Sobrevinieron
denuncias, juicios, represiones hasta que en 2016 Jones Huala fue enjuiciado
por un antiguo pedido de extradición a Chile. El juez confirmó la existencia de
tortura a testigos, liberó a Huala y la causa tramitaba en la Corte Suprema. El
27 de junio, luego de una reunión entre los presidentes Mauricio Macri y
Michelle Bachelet, el lonko mapuche fue detenido en un retén de Gendarmería por
el mismo pedido de extradición, y trasladado a Esquel. “Estoy preso de forma
ilegal. No se respeta el debido proceso, nadie puede ser juzgado dos veces por
la misma causa. Los jueces están violando el estado de derecho, su propia
legislación”, denunció Jones Huala.
Desalojados
El 26 de junio la Comunidad Indio Colalao
de Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. A pesar de la vigencia
de la Ley Nacional
26160 (que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras
indígenas y por ello frena los desalojos de este tipo), decenas de policías,
policía montada e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. El
operativo estuvo avalado por la fiscal Adriana Cuello
Reinoso y al juez Eudoro Albo.
En San Ignacio, Misiones, el 8 de julio, una
patota atacó a la
comunidad Tekoa Kokuere ’i. Con machetes y motosierras
derribaron las viviendas y luego las incendiaron en presencia de niños y
mujeres. “Llaman la atención las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad
y los propietarios aparentes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar
y despojar a las comunidades Mbya de los derechos que tienen como pueblos
preexistentes”, denunció el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen
(Endepa). Incluso confirmó que la comunidad cuenta con documentos oficiales que
muestran que se trata de territorio ancestral indígena.
La ley y la trampa
Ante cada desalojo a campesinos e indígenas las comunidades suelen responsabilizar al poder político y al empresario.
Pero también interviene un actor de perfil más bajo: el Poder Judicial, el más
conservador y vitalicio de los tres poderes del Estado. Y el único que no es
elegido por votación de la población.
Argentina tiene frondosa legislación que
favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional
(Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Convenio 169 de la OIT y
la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. De la mano de jueces
y fiscales, no se cumplen.
“La ley es como un hacha sin filo”, resume un
dicho del Pueblo Wichí. Puede ser una herramienta deseada, ideal, pero si no se
implementa, no sirve.
El Pueblo Diaguita de Tucumán marchó el 6 de
julio a los tribunales de la provincia. Identificó como responsable de sus
abusos al Poder Judicial. Recordaron que desde 2009, cuando asesinaron al
diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que nunca llega. Y repudiaron a
jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos indígenas.
“Nosotros somos un pueblo preexistente y
reclamamos lo que es nuestro. Lo que quieren los empresarios es quitarnos
nuestras tierras, despojarnos de lo que nos queda. Hoy decimos basta y nos
revelamos ante el poder judicial porque esto no puede volver a ocurrir”,
denunció desde la marcha la vocera diaguita Ivana Morales, a la Agencia de
Prensa Alternativa (APA!).
Fernando Kosovsky, director del Grupo de Apoyo
Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat) y parte de la Asociación de Abogados
de Derecho Indígena (AADI), presentó la situación Argentina
en el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las
Naciones Unidas (que sesionó entre el 10 y 14 de julio en Ginebra) y se
entrevistó con la
Relatora Especial de la ONU, Victoria
Tauili Corpuz. Kosovsky entregó documentación que confirma casos de violaciones
graves a los derechos de las comunidades, vulneración de los derechos
territoriales e incumplimientos sistemáticos de estado argentino en garantizar
la seguridad jurídica de los territorios.
Gajat recordó que la Ley 26.160 (que en 2006
instó relevar los territorios indígenas y prohibió nuevos desalojos) vence este
año y el Gobierno aún no ha confirmado la prórroga. “Pasados diez años, menos
del 30 por ciento de los territorios fueron relevados.
Amnistía Internacional realiza desde hace dos
años un mapa de conflictos territoriales (disponible en
www.territorioindigena.com.ar). Contabilizan un piso de 250 casos, donde el
punto común son empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras),
que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos. “Existe en
Argentina una significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes
provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su
efectiva aplicación. No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de
los derechos de los pueblos indígenas, la Argentina debe asumir su historia
para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de
discriminación y exclusión”, alertó Amnistía Internacional.
Matar al indio
Carmen Lobo de Quiroga, abuela campesina de
Santiago del Estero, falleció en el marco de un intento de desalojo el 25 de
junio, en la localidad de La Florida (sudoeste provincial). Su familia denunció
que “murió de angustia” ante la posibilidad de perder su tierra, cuando
empresarios quisieron hacerse de la tierra campesina.
Sólo la insistencia del periodista Eduardo
Duschatzky posibilitó que la agencia oficial Telam
emitiera la noticia.
Ningún “gran medio” se hizo eco. La Mesa de Tierras
Choya-Guasayán, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, denunció el
hecho y alertó que los empresarios están con vía libre de parte del poder
político y judicial. También resaltaron el aumento de la conflictividad en los
parajes Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San José y Santo Domingo.
En Santa Victoria
Este, región norte de Salta, murieron 26 personas en 23 días, todas por causas
evitables y falta de atención básica de salud. Lo denunció la comunidad wichí
Cruce Buena Fe Cañaveral, según describió la periodista Laura
Álvarez Chamale (en el diario El Tribuno).
“No olvidamos que entre el 16 de diciembre y
el 31 de diciembre murieron 16 personas en Santa Victoria
Este. Y hasta el 7 de enero murieron 10 más, sumando 26. Esta mortandad es un
profundo dolor que quedó en nuestras comunidades”, lamentó el dirigente wichí
Pedro Lozano. Y precisó que se trató de cinco adultos y 21 niños, todos menores
de 2 años.
Las comunidades indígenas y familias criollas
cortaron la ruta provincial 54. Denunciaron a la jefa de enfermería, la falta
de insumos básicos y la carencia de agua (con temperaturas de más de 40
grados).
El secretario de Servicios de Salud de Salta,
Francisco Marinaro Rodó, reconoció las 26 muertes, pero culpó a los indígenas: “Lo que ocurre en verano es que
beben agua de los madrejones y eso les provoca diarrea y deshidratación grave.
Son los hábitos higiénicos dietéticos de las comunidades wichís, más que
ninguna otra etnia, los que generan estas problemáticas (…) Mi gran ambición es
que aprendan a lavarse las manos, a hacer hervir el agua, a cocinar y darles a
sus hijos agua y comida segura”.
El funcionario no mencionó la falta de agua
potable, la falta de trabajo, la pobreza, ni el histórico y permanente despojo
de tierras, que acorrala a las comunidades en pequeñas parcelas donde es muy
difícil reproducir su vida.
Enemigo interno
El Ministerio de Seguridad, conducido por
Patricia Bullrich, acusó (en un informe interno de agosto de 2016) a los
pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó
de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno fue titulado
“Revalorización de la
ley. Problemática en territorio mapuche” y reconoce que la
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”
ilegales. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas
petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades
indígenas sobre campos petroleros.
Un centenar de organizaciones de pueblos
originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la
“estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha
indígena no es delito”, apunta al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca
a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad
social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza
al pueblo mapuche”.
El 21 de junio, un centenar de efectivos de
gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca
Muerta), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar
una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron
explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las
mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.
La Gendarmería incluso impidió que la
comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar
ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con
un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden
judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes
en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche
de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra
de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.
La unión
Ivana Morales, de la comunidad India Colalao
de Tucumán, invitó: “Pedimos a todas las comunidades que nos unamos.
Continuamos resistiendo, esto no termina. Llevamos 525 años resistiendo y en el
año 2017 continúa esta lucha. Que la Pachamama nos proteja”.
Puntualizó los hechos represivos de las
últimas semanas, las detenciones arbitrarias de Santillán en Formosa y de Jones
Huala en Chubut.
Dice: “Nuestra condena y repudio a los
acontecimientos que demuestran que la escalada de violencia. Como organización
Mapuche expresamos nuestra condena y repudio al accionar terrorista de este
Gobierno, que además de hambrear al pueblo, ha iniciado una cacería sobre todo
pueblo indígena que se oponga a su modelo capitalista , extractivista,
saqueador, racista y represor”, remarca. El comunicado finaliza: “Por nuestra
libre determinación. ¡Marici wew! (Diez veces venceremos)”.
Las tres patas
El audio es de sólo tres minutos. Circuló por
WhastsApp y pertenece a Marcos Pastrana, histórico luchador diaguita de Tafí
del Valle (Tucumán), uno de los pioneros en enfrentar a Minera Alumbrera en el
norte argentino. Con simpleza, Pastrana realiza un análisis pedagógico,
profundo y conmovedor de la situación indígena de Argentina. “Una política de
Estado tiene tres patas esenciales: voluntad política, decisión administrativa
y presupuesto – dice-. Los desalojos contra pueblos indígenas son claramente
una política de estado, actual y desde siempre del estado argentino. Porque los
desalojos tienen una voluntad política, por eso se hacen. Tiene una decisión
administrativa porque ponen todos los medios
a disposición para que se ejecuten. Y tiene presupuesto, donde se moviliza todo
el aparato necesario”.
Pastrana, que se lo escucha sereno pero
también firme, resume: “La política del Estado argentino y del Estado
provincial y municipal es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y
pueblos indígenas. Es la triste realidad”.
Enumera las leyes vigentes que no se cumplen,
cuestiona a los tres poderes del Estado y llama a organizarse y luchar. Así
resume los últimos 200 años de Argentina: “No son políticos, no son
gobernantes, ni son ni funcionarios. Son gerentes ejecutores de las
multinacionales y de los terratenientes”.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229620
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