viernes, 30 de junio de 2017

"Debemos poner la lupa en estos hechos que con tanta facilidad se tachan de delincuencia, terrorismo, o los vándalos de siempre por los medios de comunicación oficiales. Porque sabemos que estos medios son meros instrumentos de quienes ejercen la violencia, criminalizando a quienes luchan, y mueren, por justas demandas".

Comunicado
No más asesinatos, 
no más violencia represiva en el Wallmapu
30 de junio de 2017

Por Colectivos populares y culturales/Ed. Quimantú (Rebelión)

¿Cuántas historias y nombres de vidas deshojadas nos tendremos que aprender?
La violencia y la muerte hace mucho vienen golpeando las vidas mapuche. Podríamos, otra vez, volver sobre los fatídicos tiempos de la ocupación, hablar de bayonetas, sangre derramada y rucas en llamas. Hablar de despojos territoriales y ganaderos, de las corridas de cerco de los colonos, de la violencia racial que marcó con hierro caliente el cuerpo de Painemal en 1914. Podríamos rememorar las memorias familiares del dolor, escuchar nuevamente las historias de los castigos escolares que debieron soportar en su niñez nuestros abuelos y abuelas, tan solo por trenzar palabras enmapudungun. O volver a escuchar la palabra indio, flojo, borracho como calificativo acusador. O pensar en la explotación y la discriminación que nuestras madres y abuelas debieron soportar como trabajadoras de casa particular. Quizás sea necesario enumerar las decenas o cientos de veces que autoridades mapuche llegaron hasta Santiago para pedir audiencias que nunca llegaron, esperando ser escuchados por el despojo de las tierras. Tal vez deberíamos hablar de Ranquil, de Moises Hueltelaf o de la contra reforma agraria en Ngülumapu. Tantas historias de muerte y sangre. Alex Lemún, Matias Catrileo, Julio Huentecura, Jaime Mendoza Collio, Nicolasa Quintreman Calpán, Rodrigo Melinao. ¿Cuántas historias y nombres de vidas deshojadas nos tendremos que aprender?

Como tantas veces durante las últimas dos décadas, la violencia estatal, latifundista y forestal se ha recrudecido. Así al menos lo observamos desde lejos. Pareciese que cada cierto tiempo la historia de despojos necesitara cobrar nuevas vidas mapuche. Se sentía en el ambiente. Hace unos meses, Brandon Hernández Huetecol fue herido por más de 100 perdigones por el solo hecho de defender a su hermano de la brutalidad policial. De manera casi simultánea, a Lorenza Cayuhan la obligaron a parir engrillada, haciendo que la pequeña Sayen sintiera desde el primer momento el peso de nacer mapuche. Hace no mucho también nos enteramos de la historia de Silvestre, un niño de 14 años que recibió 5 perdigones en su pierna izquierda, disparados por Carabineros en un allanamiento. A Silvestre, además, le negaron la atención médica en Ercilla, cuando el médico supo de las circunstancias en que había sido herido.

La violencia ronda las vidas de las familias mapuche. Sin ir más lejos, hasta el día de hoy, desde agosto del 2016, no hay claridades sobre el fallecimiento de Macarena Valdés, en la zona de Traguil, cuando a todas luces sabemos que no se suicidó, y la justicia no ha hecho nada para abordar el caso como un feminicidio perpetrado por los capitales extractivistas del sector. Macarena, por cierto, era una férrea defensora del territorio. ¿Cuántas historias y nombres de vidas deshojadas nos tendremos que aprender?

El sábado 10 de junio fueron asesinados otro dos jóvenes mapuche, Luis Marileo y Patricio González. Sus biografías estuvieron marcadas por la militarización, sus territorios de niñez y juventud fueron cruzados por allanamientos, presidios políticos, clandestinidades y asesinatos policiales. Particularmente, a Luis Marileo lo arrestan por primera vez siendo todavía un menor de edad, lo sacan literalmente del liceo para meterlo a la cárcel por casi un año. Aquel liceo, por cierto, fue convertido en base de Carabineros de Chile. En ese casi año de presidio político, Luis, de 17 años, enfrentó una huelga de hambre por 41 días. Finalmente, las acusaciones se desvanecen, es absuelto, pero la marca indeleble de lo vivido nos permite entender en parte la vida y la muerte de Luis. Seguramente desde pequeño supo su destino incierto, la cárcel e incluso la muerte como un compañero de ruta, todo por haber nacido mapuche. Ahora Luis y Patricio están muertos, pero sus convicciones y quehaceres dentro del movimiento mapuche no serán olvidados fácilmente, la memoria de dos jóvenes que entregaron su cotidiano a andar por la recuperación de los territorios despojados, que estuvieron presentes en la ceremonia, en la asamblea e incluso en el trámite burocrático, y en todas las estrategias que hilvanaron para la reconstrucción de un pueblo, no podrán ser rasgados del recuerdo político de una nación en lucha.
Lamentablemente todo esto continúa. Hace solo unos días los niños de la Comunidad Temucuicui debieron lidiar con la prepotencia de una policía militarizada que pareciese tener rienda suelta para actuar en territorio mapuche. Cuánto dolor e impotencia. Las prácticas de violencia sistemática de parte del Estado no se detienen, y somos conscientes, ellas atraviesan todas nuestras luchas y territorios. Es cierto, en las comunidades mapuche hacen presencia con particular bestialidad, pero en nuestras poblaciones, liceos y trabajos, la represión también llega cuando nos movilizamos. Es que la criminalización también apunta a los movimientos populares y feministas, a los trabajadores y estudiantes organizados, a las comunidades locales que luchan contra el extractivismo. El caso de Luis y Patricio nos alerta, pensamos que la muerte se comienza nuevamente a legitimar contra los movilizados, toda vez que al asesino se le otorgó la legitima defensa sin haber pisado un tribunal. Nuevamente la impunidad, y con ella la muerte, se naturaliza, el valor de la vida de los de abajo, se desmorona.

Es nuestro deber poner la lupa en estos hechos que con tanta facilidad se tachan de delincuencia, terrorismo, o los vándalos de siempre por los medios de comunicación oficiales. Porque sabemos que estos medios son meros instrumentos de quienes ejercen la violencia, criminalizando a quienes luchan, y mueren, por justas demandas.
No son gratuitas las palabras comunes de quienes construimos desde abajo y a la izquierda: autonomía, autogestión, memoria, rebeldía. Porque ante el horizonte oscuro que la violencia institucional nos impone, nosotros preferimos el enredarnos en forma colectiva, con lazos de afecto y apoyo mutuo, para enfrentar en conjunto la violencia estatal, construyendo horizontes comunes, respetando nuestras diversidades.
Por eso, cuando nuestra vida vale menos que la bala que nos la arrebata, no podemos cerrar los ojos. Cuando a nuestros/as hermanos/as de camino son golpeados con tanta crueldad, no podemos quedarnos quietos/as. Cuando el estado mantiene como política la criminalización de los movimientos sociales, no podemos quedarnos callados/as. Cuando el sistema nos violenta, nos ataca, nos asesina, no podemos más que rebelarnos.
Porque en estos tiempos, la memoria es un acto de rebeldía, vamos a recordar a los/as caídos/as por su entrega a la vida, aprendiendo de errores y fortalezas, compañeros en el andar de este pedregoso camino. Porque no nos podemos quedar quietos/as, es que estamos en la tarea de encontrarnos, para tomarnos las manos y repasar nuestra historia. Porque no nos podemos quedar callados/as, exigimos que el asesinato de Luis y Patricio, ni de ningún otro/a, no quede impune, un mínimo paso para lograr justicia y no tener que aprender más nombres de vidas deshojadas.
Comunidad de Historia Mapuche.
Coordinadora Anti-Racista La Champurria
Editorial Quimantú
Editorial Tiempo Robado Editoras
Centro Comunitario La Minga
Aukantun Boxeo
Colectivo La Maleza
Colectivo Trajín
Periódico El Recolector
Colectivo Cipriano
Wiñotuaiñ taiñ folil
Francisco Yañez Flores, profesor – Wiñotuaiñ taiñ folil
Isaac Rariqueo – Wiñotuaiñ taiñ foli
Esperanza Rayen Villalobos Huaiqui, estudiante secundaria, participante de La Orgánica de Maipú
Violeta Millaray Villalobos Huaiqui, estudiante secundaria, participante de La Orgánica de Maipú
Patricia Tagle, directora ejecutiva Fundación de Rokha
Marjorie Huaiqui Hernández, madre, poeta y educadora mapuche, profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales – Wiñotuaíñ taiñ folil
Bloque Andino por el Agua y los Territorios
Escuela Pública Comunitaria
Coordinadora Nacional Indianista – CONACIN
Editorial Pensamiento & Batalla
Movimiento Solidario Vida Digna – La Bandera
Revista Rufián
Caracol el apañe de los piños
Observatorio Latino Americano de Conflictos Ambientales – OLCA
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL
Ludoteca la Pirueta
Raúl Zibechi (Uruguay), periodista e investigador-militante
Miguel Mazzeo (Argentina), escritor-militante, docente en la Universidad de Buenos Aires y de Lanús
Hernán Ouviña (Argentina), politólogo, docente en la Universidad de Buenos Aires y educador de la Red de Bachilleratos Populares Comunitarios
Carlos Aguirre Rojas (México), sociologo, investigador, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México
Franck Gaudichaud, docente e investigador, Universidad de Grenoble, Francia
Pañuelos en Rebeldía (Argentina)
Hervi Lara Bravo. Filósofo, Coordinador del SICSAL-COR-Chile. Presidente del Directorio del Centro HELMUT FRENZ de Educación en Derechos Humanos
Radio Raíces Poblacionales
Movimiento Anagénesis
Como Centro Social y Librería Proyección, adscribimos a la declaración
Futbol Rebelde futborebelde.org
Colectivo Kaleuche

Fuente:   http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228512

Estamos por los buenos vivires abajo. Nos diferenciamos de progresistas e izquierdistas que ven el extractivismo como única alternativa."La mayor barrera que enfrentamos los postextractivistas no está ni en la escasez de antecedentes ni la ausencia de otros instrumentos o políticas, sino en lo que podría llamarse barreras 'culturales'. Son los mitos y prejuicios ampliamente compartidos, y que anteceden a las ideologías partidarias convencionales, y que resultan en la fatalista aceptación de ser extractivistas".

Postextractivismos en Argentina
La nueva frontera de 
las alternativas al desarrollo
30 de junio de 2017

Por Eduardo Gudynas (Rebelión)
En Argentina es evidente el protagonismo de los llamados extractivismos, como la minería o los monocultivos, que se nutren de una apropiación intensa y voluminosa de recursos naturales para exportarlos a mercados globales. A pesar que mucho creen que esa problemática es ajena al país, la realidad es muy distinta. Es que Argentina es uno de esos casos particulares donde están presentes casi todos sus tipos: minero, petrolero, agrícola y pesquero.
Ese tipo de estrategias generan desde un lado una fuerte subordinación a la globalización, y desde el otro, una catarata de impactos negativos en la sociedad y el ambiente, que superan largamente cualquier beneficio económico (1).
Si bien desde hace décadas se ha cuestionado la primarización en las exportaciones o la subordinación a los mercados internacionales, ahora se cuenta con mejores marcos conceptuales para entender que esos y otros problemas se derivan de los extractivismos.
Ante esta situación es indispensable buscar alternativas para salir de esa dependencia. Esas exploraciones, englobadas bajo el término “postextractivismo”, despegaron inicialmente en varios países andinos. Allí no bastó ni denunciar los impactos ni las movilizaciones ciudadanas, y se volvió necesario presentar alternativas posibles y comprensibles que pudieran reemplazar esos proyectos extractivos.
Argentina está entrando a ese tipo de discusiones. Las críticas y resistencias no bastan, ya que inmediatamente surgen reclamos tales como que sin minería no habría desarrollo, o bien, sin la soja colapsaría la economía nacional. Pero además, el postextractivismo obliga a reflexiones políticas claves, tales como hasta qué punto es una alternativa pasar de una minería transnacionalizada a una estatal.
El presente artículo comparte algunas ideas preliminares sobre una transición postextractivista en Argentina. No se pretende abordar todas sus facetas, sino apenas señalar algunos abordajes posibles. A su vez, estas son ideas que se nutren de las discusiones en marcha en los países vecinos.
Extractivistas con impactos locales y efectos derrame
Argentina es un país donde los sectores extractivistas tienen una enorme relevancia, y esto debe ser reconocido. La canasta de productos exportados lo confirma: la proporción de materias primas, los “commodities”, es muy alta, estando en el orden del 70% del total de las ventas externas. Además está concentrada en un mismo tipo de productos (la soja y otros bienes agrícolas dan cuenta del 40% de las exportaciones).
La exportación de ese tipo de bienes es tan enorme que alimentó un superávit en la balanza de comercio exterior en los últimos años (aunque intercalando algunos déficits, por ejemplo en 2015 y en lo que va de 2017). Como sabemos, esa balanza comercial se mide en indicadores monetarios (son los millones de dólares en las exportaciones y las importaciones).
Pero esa es una mirada muy parcializada. Cuando se usan los nuevos indicadores físicos, o sea las toneladas de materia exportadas contra las toneladas importadas, el resultado es otro. Sorprende encontrar un déficit desde por lo menos 1990, con una pérdida neta que pasó del nivel de los 30 millones de toneladas a inicios de ese década, a los 90 millones de toneladas en 2012.
Aquí no hay ningún superávit, y por el contrario, Argentina posee uno de los mayores déficits comerciales físicos en América Latina: debe exportar unas tres toneladas de commodities por cada tonelada de importaciones. Ese déficit nunca dejó de agravarse, se multiplicó por tres desde 1990, y en 2003 alcanzó un pico de ocho a uno (según un reciente estudio del equipo en economía ecológica de la Universidad de Barcelona; 2).
Esta salida neta de recursos naturales, tales como minerales o soja, exhiben un volumen o intensidad tan alta que se generan todo tipo de impactos locales. Entre ellos están, por ejemplo, la contaminación de suelos y aguas en las explotaciones mineras y petroleras, la deforestación y el deterioro de los suelos por los monocultivos, o el drama de los pueblos fumigados en las regiones sojeras. En algunos casos, esos impactos se convierten en verdaderas “amputaciones ecológicas” como se registra en la megaminería a cielo abierto (Bajo de la Alumbrera en Catamarca es un caso evidente), y ante ello plantear medidas de mitigación se vuelve un eufemismo. La evidencia sobre estos impactos locales es enorme, y proviene tanto del testimonio de comunidades locales como de relevamientos de técnicos independientes.
Esta situación dispara muchos conflictos locales, allí donde los impactos son más agudos sobre el ambiente y la calidad de vida de las personas. A su vez, las empresas y el Estado hostigan, criminalizan y judicializan a esas resistencia ciudadana. Esos vecinos saben que los extractivismos no les han mejorado su calidad de vida ni les ofrecen una alternativa económica a largo plazo.
Como en otros países, también operan los llamados “efectos derrame”. Estas son modificaciones en las políticas públicas que se imponen para sostener o promover un emprendimiento extractivo, pero que tiene consecuencias que van mucho más allá de la escala local. Un ejemplo típico es reducir las exigencias ambientales para un proyecto, pero que más allá de ese caso el resultado es aceptar requerimientos más débiles para todos los demás proyectos y en todo el territorio nacional (o provincial). 

Alternativas a los extractivismos
A partir de este muy breve y esquemático resumen se pueden presentar a los postextractivismos como las exploraciones de alternativas para dejar de depender de los extractivismos, pero con la particularidad de ofrecer medidas concretas, efectivas y replicables bajo el mandato de asegurar la erradicación de la pobreza, la calidad de vida de las personas y la conservación de la naturaleza (3).
Un ejemplo permite dar un primer paso en este sendero. Un componente clave del postextractivismo es detener los emprendimientos que originan los impactos más graves, allí donde destruye la naturaleza o afecta la salud pública. No pueden seguir tolerándose actividades que no puedan ser reformuladas social y ambientalmente más allá de sus supuestos beneficios económicos, y deberán ser clausuradas.
De la misma manera se deben aplicar medidas para reducir la dependencia exportadora extractivista. En un primer paso inmediato, los commodities no deberían superar el 50% de las exportaciones totales y tampoco deberían estar concentradas en un solo tipo de productos. Para avanzar en ese sentido es necesario promover otros sectores que los reemplacen, que demanden empleo, provean beneficios económicos, y acaten los requerimientos sociales y ambientales.
Debe quedar en claro que los postextractivismos no buscan suplantar un tipo de extractivismo por otro; su partido no se juega entre variedades de extractivismos, sino en salir de ese tipo de desarrollo. Esto tampoco significa demandar algo así como una naturaleza intocada, ni siquiera es una posición anti-minera o anti-petrolera. En cambio, postula aprovechar los recursos naturales sin destruir esa base ecológica, o dicho de otro modo, sin destruir a la Naturaleza. Son los extractivismos los que están destruyendo el patrimonio natural del país.
Por lo tanto, los aprovechamientos deben acomodarse a los límites ecológicos y a los ritmos de regeneración y recuperación del ambiente. Las transiciones postextractivistas postulan como meta alcanzar una “apropiación indispensable” que use los recursos necesarios para la calidad de vida de las personas, enmarcadas en asegurar la conservación de la naturaleza.
Estas ideas ya muestran un componente importante en los postextractivismos como es la exigencia en cumplir las normas sociales y ambientales que actualmente existen en el país. Son múltiples extractivismos que sobreviven gracias a evaluaciones de impacto ambiental de dudosa calidad, incumplimientos en los controles, ausencia de sanciones, u ocultamiento de información a la ciudadanía. Por ejemplo, a pesar de contarse con una Ley de Bosques que debería protegerlos (aprobada en 2007), de todos modos se deforestaron más de dos millones de hectáreas entre 2007 y 2014 (incluyendo 600 mil has de bosques protegidos; 4).
Otra economía
La reducción de los extractivismos tiene varias implicancias económicas y es necesario ofrecer alternativas. Comenzando por el delicado tema del empleo, un examen riguroso de los datos muestra que los extractivismos demandan relativamente poca mano de obra, y esas personas pueden ser reubicadas en otros sectores.
Luego se debe pasa a enfrentar los mitos que presentan a los extractivismos como enormes generadores de riqueza. Eso sólo es posible porque no se contabilizan sus grandes costos económicos por impactos sociales y ambientales; por ejemplo, la contaminación del agua o la erosión de los suelos bajo la sojización tienen un costo que alguien en algún momento pagará, y que debería se descontado en las cuentas del sector agrícola, pero que es invisibilizado. Entonces, si bien una reducción de los extractivismos hace caer los dineros por exportación, esto se compensa con menores transferencias para lidiar con efectos sociales, sanitarios y ambientales.
De manera similar, los precios de los commodities no incorporan esos costos ambientales y sociales. Su valor está determinado por los mercados globales como en la bolsa de granos de Chicago o la de metales en Londres. Ese valor, pongamos por caso una tonelada de cobre, no incluye los costos de los residuos que quedan al pie de la mina, el agua o los relaves contaminados. Es por esto que los postextractivismos plantean una corrección de esos precios incorporando también esos otros costos. Como resultado el valor económico de los commodities será mucho más alto que el actual, terminará la transferencia social hacia esas empresas, y se fuerza el objetivo de reducir los extractivismos.
Otra vez aparecerán las contracríticas por los recursos económicos que se perderían. Ante ella se pueden sumar otras alternativas económicas. Unos tienen apuntan a una reforma tributaria que sea efectiva y justa. En especial se debe terminar con los mecanismos de evasión impositiva (como las ventas trianguladas entre subsidiarias o las alteraciones en los costos y beneficios que reportan las empresas).
Otros son el desmonte de los subsidios explícitos o implícitos que se otorgar a los extractivismos. Entre ellos están las subvenciones, estímulos o renuncias tributarias para sostener por ejemplo a mineras y petroleras, o ayudas como no cobrar el agua o brindar energía eléctrica barata.
Estas transferencias pueden ser enormes, como demuestra un detallado análisis para el sector petrolero argentino, que encontró que totalizaron más de 13 mil millones de pesos de 2009 a 2015 (5). Esto equivale aproximadamente a una vez y media al presupuesto en salarios de todas esas empresas (privadas y estatales). Emerge aquí la obvia alternativa de usar esos dineros en apoyar otros sectores productivos. Es más, un postextractivismo petrolero en Argentina permitiría pagar los salarios de todos esos trabajadores asignándolos a otros sectores, y aun así se ahorrarían fondos públicos.
Casos como estos se repiten en otros sectores y en todos los países, lo que muestra que no es que el Estado no tenga fondos, sino que usa buena parte de éstos para sostener financieramente a los extractivismos.
La reducción de los sectores extractivistas debe ir acompasada con una diversificación productiva. Esta es una meta que nuevamente está en el centro de muchas discusiones, y por ello es necesario precisarla desde el punto de vista postextractivista.
Es claro que Argentina tiene enormes potenciales para diversificar su producción agropecuaria rompiendo el cerco de la sojización. Pero esa diversificación debe apuntar a esquemas orgánicos y ecológicos, para así aminorar los impactos ambientales y las necesidades energéticas, y a la vez, absorbiendo mano de obra. Esto además permitiría asegurar una alimentación plena a toda la población, anulando uno de los componentes más dolorosos de la pobreza que es la desnutrición. Finalmente, esa reorganización agropecuaria permite pasar a eslabones siguientes en la industria de los alimentos.
En el sector industrial el país tiene ventajas si por ejemplo se la compara con las naciones andinas, al poseer infraestructura, tecnologías y saberes en ese campo. Pero la industria también necesita una reconfiguración social y ecológica, con más énfasis en productos necesarios y duraderos para acompasar una menor tasa de extracción de recursos naturales y consumo de energía. Este cambio impone organizar cadenas industriales donde participen también los países vecinos.
Por este tipo de condiciones la reflexión sobre postextractivismo otorga una enorme atención al marco externo. Ir más allá de los extractivismo pasa por una desvinculación selectiva de la globalización como modo necesario para recuperar autonomía frente al capital. Esto requiere de un nuevo tipo de articulaciones entre países, en unos casos potenciando instrumentos que se dejaron de lado en los últimos años (como la coordinación en la oferta, comercio y precio de las materias primas) e instalando otros de nuevo tipo (como las coordinaciones productivas entrelazadas con complementaridades ecológicas) (6).
Todas estas transformaciones productivas deben ir de la mano con abandonar el consumismo que derrocha en materia y energía. Es necesario promover un consumo más austero pero más efectivo en asegurar la calidad de vida, enfatizando el uso antes que la posesión, y que aproveche bienes más durables. Medidas postextractivistas como alargar el tiempo de obsolescencia de los electrodomésticos eran criticadas hasta hace poco, pero ahora son aceptadas como necesarias e incluso algunos países comienzan a aplicarlas.
Entramados conservadores y progresistas
Los extractivismos requieren sin duda muchos cambios en los escenarios y dinámicas políticas. Muchos de ellos avanzan violando los derechos humanos, y por ello un postextractivismo insiste en salvaguardarlos plenamente. También se mantienen gracias a la corrupción, usándola de variadas maneras, tales como acceder a contratos o evitar las sanciones (como evidencia la conexión argentina de los sobornos de Odebrecht para tener el contrato de la red de gasoductos; 7). El postextractivismo es entonces el mejor antídoto ante esa corrupción anulándola en su propio origen.
Pero una cuestión más compleja se debe a que los extractivismos proliferaron bajo distintas condiciones políticas y eso ofrece muchas lecciones para pensar las alternativas. Sin olvidar sus raíces históricas, en el pasado más reciente los extractivismos fueron promovidos por los gobiernos kirchneristas primero, y ahora por el macrismo. El avance la sojización fue alentado por Néstor Kirchner, y la apertura al fracking se redobló con Cristina F. de Kirchner; los dos, además, sostuvieron una minería bajo mínimos controles. Su implementación es parte de los llamados “extractivismos progresistas” que, entre otras cosas, tenía cierta participación estatal (con la creación de Enarsa o la reestatización de YPF).
Bajo el gobierno Macri se refuerzan los extractivismos pero se instrumentalizan de otra manera: el Estado retrocede dejando mayores espacios al mercado, a los inversores extranjeros y a las corporaciones transnacionales. Es un caso de “extractivismo conservador”. Entre sus componentes destacados están los apoyos a los monocultivos y al fracking en el sur. En la misma línea opera el reciente “Acuerdo Federal Minero” que es una medida típica de los extractivismos conservadores actuales porque acepta algunas medidas ambientales, casi siempre cosméticas (8). En el acuerdo se indica que se clausurará la minera que alcance tres faltas ambientales graves, una promesa que comprensiblemente es tomada con escepticismo (ya que esas faltas ocurrieron con Veladero y desde el ministro del ambiente Sergio Bergman al poder judicial nacional y provincial, no impusieron esa sanción; 9). El grueso del acuerdo promueve la megaminería y favorece a sus capitales, en línea con la meta gubernamental de alcanzar los US$ 25 mil millones de inversiones mineras, para lo cual deberá flexibilizar los requisitos ambientales (como ha ocurrido en Perú y Bolivia, por ejemplo) (10). La reciente emisión de deuda externa a cien años de plazo reforzará todavía más las presiones extractivistas para pagar esos bonos.
Por lo tanto, los extractivismos argentinos actuales son una mezcla progresista y conservadora, kirchnerista y macrista. Se confirma así una advertencia clave en recientes estudios que indican que más allá de la instrumentalización, sea progresista o conservadora, todos los extractivismos mantienen una misma esencia en sus ideas sobre el desarrollo como crecimiento económico basado en una apropiación masiva de la Naturaleza.
Esto tiene enorme importancia para las opciones postextractivistas. El horizonte de cambio no está en ir desde los extractivismos conservadores basados en el mercado (como los del macrismo) a unos extractivismos progresistas más estatales (imitando, pongamos por caso, aquellos de Ecuador o Bolivia). Toda la información comparativa internacional muestra que incluso bajo los extractivismos progresistas se repiten los impactos sociales y ambientales, que la obsesión con generar rentabilidad en las empresas estatales termina en las mismas manipulaciones sobre los trabajadores, las comunidades locales y el ambiente, llegando a la criminalización y persecución. Y por si fuera poco, también deberán subordinarse a los mercados globales para poder exportar esas materias primas. Todo esto apunta a que los postextractivismos deben brindar alternativas tanto a las posturas progresistas como conservadoras.
Hay quienes defienden los extractivismos progresistas sosteniendo que nada se puede hacer ya que los países del sur están atrapados dentro de la globalización (como piensa, por ejemplo, Alvaro García Linera en Bolivia y que en Argentina repite Atilio Borón). Bajo esa mirada ya no hay alternativas radicales, sólo queda la resignación al desarrollo dependiente con la esperanza de un Estado que reparta de mejor manera los dineros, o sea, aceptar alguna variedad de un capitalismo benévolo. En cambio, los postextractivismos sostienen que hay alternativas posibles, ya que nuestros países no están condenados a ser proveedores de materias primas.
Perspectivas de los postextractivismos
Los debates sobre alternativas postextractivistas están en marcha en varios países. Se nutren de muchas experiencias locales que ofrecen ejemplos notables, y ofrece marcos conceptuales para sumarlas y organizarlas en propuestas de transformaciones sustanciales. Se brindan instrumentos concretos para políticas públicas precisas que permitan avanzar hacia esas alternativas.
La mayor barrera que enfrentan los postextractivismos no está ni en la escasez de antecedentes ni la ausencia de otros instrumentos o políticas, sino en lo que podría llamarse barreras “culturales”. Son los mitos y prejuicios ampliamente compartidos, y que anteceden a las ideologías partidarias convencionales, y que resultan en la fatalista aceptación de ser extractivistas. Las alternativas radicales se juegan ahora en esa otra frontera, y los postextractivismos son uno de sus principales frentes de exploración.
Referencias
1. Una biblioteca con artículos, reportes y libros sobre extractivismos, incluyendo sus definiciones e impactos, se puede encontrar en: www.extractivismo.com 2. Samaniego, P. y colaboradores, Commercial and biophysical déficits in South America, 1990-2013, en Ecological Economics, 2017.
3. Una biblioteca con textos y otros recursos sobre postextractivismo está disponible en: www.transiciones.org 4. Desmontes S.A. Parte 3. El mapa del delito forestal en Argentina. Greenpeace, 2016.
5. López Crespo, F. y colaboradores. Transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina. Ejes, Observatorio Petrolero del Sur y Taller Ecologista, 2016.
6. Una introducción a los aspectos internacionales de los postextractivismos en Gudynas, E. La dimensión continental y global de las transiciones hacia las alternativas al desarrollo, en “Transiciones y alternativas al extractivismo en la región andina”, A. Alayza y E. Gudynas, eds, RedGE y CEPES, Lima, 2012.
7. Odebrecht: revelan que De Vido acordó coimas por US$ 25 millones, H. Alconado Mon, La Nación, 18 junio 2017.
8. Macri y las provincias firman el postergado "Nuevo Acuerdo Federal Minero", Perfil, 13 junio 2017.
El acuerdo está disponible en https://www.minem.gob.ar/prensa/26445/el-presidente-macri-presento-el-acuerdo-federal-minero.html
9. Nuevo derrame de Barrick Gold en San Juan, La Izquierda Diario, 13 enero 2017, 10. El Gobierno apuesta a duplicar la inversión en minería, G. Sued, La Nación, 30 enero 2017. La Justicia habilitó a Barrick Gold a operar en Veladero. Infobae, 16 junio 2017.
Este artículo es parte de una serie sobre postextractivismo en América del Sur; la primera entrega abordó a Chile (publicada en Rebelión el 14 junio 2017 - http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227830)
Eduardo Gudynas es investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. 
Twitter: @EGudynas
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228541



" Podemos repetir con certeza algo mil veces dicho: los ríos son las arterias de la tierra, y al igual que en el sistema circulatorio del cuerpo humano, que transporta nutrientes hacia órganos y tejidos, el mantener un río libre le permite transportar nutrientes hacia los territorios y el mar. Cuando alguien dice “el agua del río se pierde en el mar”, está ignorando las intrincadas relaciones y procesos entre el río y su cuenca, los bosques, la lluvia, el mar y toda la biodiversidad asociada a estos ecosistemas".

Los derechos de los ríos
30 de junio de 2017
Por Jens Benöhr y Tomás González Astorga (Rebelión)
Cuatro límites planetarios ya han sido transgredidos (Rockström & Steffen, 2015): el calentamiento global, la extinción de especies, el ciclo del nitrógeno y el cambio de uso de suelo de bosques a pastizales. Otros tres están cerca de superarse: el uso del agua dulce, la acidificación de los océanos y el ciclo del fósforo. Actualmente gran parte de las iniciativas políticas “verdes”, en vez de revertir estos procesos de degradación del planeta, han sido cómplices de empeorarlo y de generar pobreza y guerras. Modelos de gestión centralizados, que en definitiva no son democráticos, generan desconfianza entre las poblaciones locales, acostumbradas a luchar contra alianzas entre Estado y empresas bien dispuestas a la extracción, pero sin interés en la protección de los bienes comunes. 
De esta manera, podemos señalar una profunda contradicción en nuestro sistema jurídico, el cual trata a los seres vivos como objetos o propiedades mientras que las corporaciones (que son una forma de propiedad), son tratadas como sujetos de la ley con personalidad jurídica y derechos. Esto alimenta un paradigma económico basado en el crecimiento ilimitado a costa de la naturaleza, modelo que en última instancia no beneficia a nadie. Dentro de este panorama, en los últimos años han surgido una serie de propuestas legislativas, fundamentadas en cosmovisiones indígenas y filosofías ambientales, las cuales proponen el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y entre ellos, los derechos de los ríos. 

Derechos de la naturaleza 

 La idea de los derechos fundamentales de la naturaleza proviene de la comprensión de nuestra especie como una más entre muchísimas otras que habitan el planeta, donde cada ser tiene derecho a vivir y ser respetado. Estos seres no son sólo aquellos que tradicionalmente hemos definido como “vivos”; también se incluyen montañas, glaciares, ríos, lagos y bosques, elementos del paisaje y el territorio que son considerados seres sintientes y sagrados por diversas culturas. Esta idea no es nueva, pues hace siglos que gran cantidad de pueblos originarios de todo el mundo han pedido un reconocimiento distinto de la naturaleza, desde que los reinos europeos comenzaron a entrar en contacto con ellos y a explotar las riquezas naturales de sus territorios. Sin embargo, hace apenas unos 10 años que esta idea ha cobrado fuerza y voz en los sistemas de legislación occidental. Al respecto, en Sudamérica desde hace algunos años puede identificarse la proliferación de declaraciones y normas jurídicas que claramente se posicionan afirmando los derechos de la naturaleza. 

En este contexto, destaca la Constitución de Ecuador de 2008, en la que en el capítulo séptimo, en el artículo 71, se expone que “la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. De esta forma, Ecuador se ha instaurado como el primer el país en el mundo en reconocer formalmente los derechos de la naturaleza y establecer una Constitución biocéntrica. 

Otros ejemplos que le siguen son: la Ley de Derechos de la Madre Tierra de Bolivia anunciada el 2010; la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada el 2010 en Bolivia; y la Declaración del Foro Alternativo Mundial del Agua, desarrollado en 2012 en Marsella, Francia, en el que se afirmó “el reconocimiento de los derechos de los ecosistemas y especies, para su existencia, su desarrollo, su reproducción y perpetuación. Se apela a la elaboración y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza para garantizar a la biosfera, y a sus habitantes, la protección necesaria de su equilibrio y perennidad”. (Berros, 2013). 

Un caso en el que esta visión de la naturaleza propició resultados concretos es el de Colombia. El domingo 26 de marzo de 2017 y bajo el lema el “agua vale más que el oro” los habitantes del municipio de Cajamarca votaron en plebiscito en contra de la explotación de oro en su territorio. De esta manera, se opusieron al proyecto minero La Colosa, de la multinacional Anglo Gold Ashanti, que ponía en riesgo a 161 ríos que surten a 27 municipios del Tolima. 

Derechos de los ríos 

Los ríos son una parte clave del gran sistema terrestre llamado biósfera. Son el soporte de diversos ecosistemas, repercuten en la regulación del clima, en el aprovisionamiento de agua y renuevan los suelos. Además, la relación entre los ríos y el bienestar humano se refleja directamente en nuestra supervivencia a través de la disponibilidad de agua potable y de riego. En su nacimiento en las montañas, los ríos obtienen sedimentos y minerales esenciales para la vida que redistribuyen aguas abajo, en los valles y desembocaduras. 

Podemos repetir con certeza algo mil veces dicho: los ríos son las arterias de la tierra, y al igual que en el sistema circulatorio del cuerpo humano, que transporta nutrientes hacia órganos y tejidos, el mantener un río libre le permite transportar nutrientes hacia los territorios y el mar. Cuando alguien dice “el agua del río se pierde en el mar”, está ignorando las intrincadas relaciones y procesos entre el río y su cuenca, los bosques, la lluvia, el mar y toda la biodiversidad asociada a estos ecosistemas (existen estudios que señalan a represas y embalses en ríos como agentes significativos que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero que no están siendo contabilizadas). Un ejemplo de esta interdependencia son las diatomeas, pequeños microorganismos que son transportadas en el agua de los ríos hacia los océanos y las cuales están asociadas a la alta biodiversidad de los mares cercanos a desembocaduras (Pfister et al, 2009). Podríamos decir, por ejemplo, que la condición de Chile de país largo y estrecho repleto de ríos que desembocan con nutrientes en el océano Pacífico, sumado a la corriente de Humboldt, aporta a la riqueza específica del mar, es decir, la salud de nuestros ríos está directamente ligada a la salud marina. 

Los motivos por reconocer los derechos de los ríos son variados; entre ellos destacan las prácticas ancestrales asociadas a estos cuerpos de agua y su importancia espiritual. Este año han surgido una serie de leyes que proponen cuidar un río como si fuera una persona. En Nueva Zelanda, en marzo de 2017, se ha otorgado el estatus de persona jurídica al río Whanganui, venerado por los maoríes. El parlamento neozelandés ha aprobado una ley que combina los precedentes legales occidentales con la cosmovisión maorí. La iniciativa es pionera en el mundo. Los maoríes, pueblo originario de Nueva Zelanda, llevaban 160 años pidiendo el reconocimiento del río como una entidad viva. El parlamento firmó un acuerdo para que el río Whanganui tenga los mismos derechos que una persona y ha asignado a la comunidad whanganui su administradora legal. Curiosamente, cinco días más tarde, el 20 de marzo, el Alto Tribunal de Uttarakhand declaró los ríos Ganges y Yamuna (el afluente más grande del Ganges) entidades vivas con derechos legales. Otro caso en India es el río Narmada, reconocido como una entidad viva hace algunas semanas. 

Sin embargo, ante esta serie de reconocimientos nos preguntamos ¿Qué significa para un río tener los derechos de una persona? Si el derecho humano más fundamental es el derecho a la vida y la libertad, ¿significa que el río debería ser capaz de fluir libremente, libre de obstrucciones como las represas? ¿Se extiende el derecho del río a todas las criaturas del sistema fluvial? ¿Cómo puede un río, sin voz propia, asegurarse de que se respeten estos derechos o pedir compensación si son violados? ¿Quién recibiría alguna compensación? ¿Y esos derechos pueden deshacer los errores del pasado? 

Un alentador ejemplo en Latinoamérica es el río Atrato en Colombia. La Corte Constitucional colombiana reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. La decisión fue tomada en noviembre del año pasado; establece que el río Atrato es un “sujeto de derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración”. Así, el alto tribunal le ordenó al gobierno de Colombia que cree una “comisión de guardianes del río Atrato” que proteja este afluente. 

En Chile aún tenemos mucho que aprender de estas experiencias; podríamos partir conversando con las culturas que habitan nuestro territorio. Para el pueblo mapuche los ríos, y cuerpos de agua en general, son sagrados pues poseen ngenko, espíritu de la naturaleza que habita y protege los espacios de agua (Grebe, 1993). Además, distinguen entre trayenko, lil y menoko, los que podría considerarse como esteros, vertientes y pantanos (o humedales). Estos lugares son habitados por una gran diversidad de plantas y animales, y deben ser respetados, incluso hay que pedir permiso para entrar en ellos para buscar medicina, alimento o agua para beber (Neira et al., 2012). 

A la luz de la actual degradación de los ecosistemas del planeta, producto de la contaminación del aire y el agua, la deforestación de bosques milenarios para el monocultivo o la construcción de enormes diques de hormigón para embalsar ríos; los derechos de la naturaleza, y dentro de ellos los derechos de los ríos, son cambios que sólo serán posibles si la voz de los pueblos originarios, y de los grupos de ciudadanos conscientes, es reconocida en las esferas públicas
, como en Nueva Zelanda o Colombia. La abogada ambientalista Gloria Amparo Rodríguez cuenta que alguna vez le preguntó a un mamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, cuáles eran sus derechos. Su respuesta la dejó sorprendida: “No, no tengo derechos, pero tienen derecho el río, el viento, la montaña. Nosotros sólo tenemos los deberes de protegerlos a ellos”. 


Bibliografía: 

- Berros, V. (2013). El río posee derecho a no ser desviado de su curso: nuevas herramientas jurídicas disponibles en defensa de la naturaleza. X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 
- Constitución de la república de Ecuador (2008). 
- Grebe, M. (1993). “El subsistema de los ngen en la religiosidad mapuche”, en Revista Chilena de Antropología, 12: 45-64. 
- Neira, Z. et al. (2012). “Espacios ecológico-culturales en un territorio mapuche de la región de la Araucanía en Chile”, en revista Chungará, 44(2): 313-323. 
- Pfister et al. (2009). “The rivers are alive: on the potential for diatoms as a tracer of water source and hydrological connectivity”, en Hydrol. Process. 23, 2841–2845. 
- Steffen, W. et al. (2015). “Planetary boundaries: guiding human developement on a changing planet”, en Science, 347(6223).  
Jens Benöhr es antropólogo y trabaja en educación ambiental en Chile.  
Tomás González Astorga es ingeniero en conservación de recursos naturales y activista socioambiental en Chile.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228553


"Nos explicita el reto sociocultural que enfrentamos, y nos convoca a construir propuestas, basadas en la afirmación de que lo que interesa es la reproducción de la vida, y no del capital".

Presentación del libro de Alberto Acosta y Ulrich Brand
Salidas del laberinto capitalista: 
decrecimiento y postextractivismo

30 de junio de 2017
Por Lucrecia Wagner (Rebelión)

Hablamos de modos de vida insertados en una lógica imperial que subordina la naturaleza y el trabajo a las insaciables demandas de acumulación de capital, así de simple, así de complejo". Esta frase, extraída del libro de Alberto y Ulrich, resume el problema ante el cual nos coloca este libro. Alberto Acosta y Ulrich Brand proponen un diálogo Norte-Sur (nortes-sures, entre los sures del norte y los nortes del sur), a partir de los conceptosDecrecimiento y Postextractivismo. Detallan sus contextos de emergencia, concluyendo que se trata de dos expresiones relacionadas de una misma realidad.
Considero que la riqueza de presentarlos de esta manera, radica en colocar en el centro del debate las relaciones de producción, extracción, uso y consumo que vinculan estos nortes y sures de nuestro planeta. ¿Y por qué hacer hincapié en estas relaciones es de suma importancia? Porque en medio de esta crisis polifacética, la “crisis ambiental” no es asumida como parte de la crisis general, y esto habilita soluciones paliativas, como las propuestas por la economía verde. Así, además, quienes sí consideran que la crisis ambiental es parte de la crisis civilizatoria global, son presentados como “unos pocos”, que están en contra del progreso, que son anti-desarrollistas, y que no reconocen que la lógica capitalista es un “mal necesario” del cual no es posible salir. De esta manera, el “modo de vida imperial”, se presenta como un proceso irremediable, incluso deseable, ante el cual sólo resta resignarse y adaptarse. 
Contrariamente, los autores de este libro destacan la posibilidad de diseñar y alcanzar propuestas alternativas, al mismo tiempo que destacan las limitaciones y dificultades que éstas implican. Así, decrecimiento y postextractivismo son, precisamente, puntos de partida para pensar alternativas.
Se trata, como afirma Maristella Svampa en el prólogo, de un pensamiento en transición. Esto nos lleva a “pensar en la incomodidad”, en la incertidumbre, en el marco de muchos caminos posibles y no libres de dificultades.
Sin embargo, partir de la esperanza, reconociendo y explicitando las limitaciones y dificultades, es el camino elegido por Alberto y Ulrich. En este devenir, destacan que Decrecimiento y Postextractivismo son conceptos necesarios pero no suficientes. Describen varios problemas a los que se enfrentan estas propuestas, entre los cuales hay uno que emerge como central: la existencia de un ADN extractivista en nuestras sociedades. Como afirma Maristella Svampa, “no ha habido una descolonización del imaginario del consumo”.
Se establece así una tensión entre los deseos de consumo y los requisitos de sustentabilidad. Pensamos y deseamos individualmente, tendencia que hoy se ha exacerbado con gobiernos neoliberales que incitan a depositar en el individuo la responsabilidad exclusiva sobre su propio destino, incitando a una competencia extrema, muy alejada de los valores de solidaridad y comunalidad necesarios para pensar y dar forma a otras opciones de vida.
Por otro lado, avanzar en el diseño de alternativas implica un gran desafío, que los autores van a destacar repetidamente a lo largo de las páginas: se necesita un cambio de dirección que se produzca tanto en nivel macro (instituciones económicas y políticas) como a nivel micro (valores y aspiraciones individuales). Se requiere un cambio social integral a la vez que necesitamos contextualizar experiencias concretas.
Sumado a ello, las metas deben pensarse y desplegarse a corto plazo, pero considerando retos estructurales y metas de mediano y largo plazo.
Aparecen así algunos interrogantes desafiantes: ¿Cómo brindar propuestas acotadas al momento sin perder de vista la estructura? Si consideramos que estas alternativas implicarán, para muchos sectores de nuestras poblaciones, resignar comodidades y aspiraciones de consumo, ante lo cual posiblemente surgirán muchos desacuerdos ¿Cómo hacer para que los principios y prácticas del decrecimiento no se vuelvan un paradigma represivo? ¿Cómo instalar globalmente el paradigma de que “podemos estar mejor con menos, que parece tan ajeno a la mayor parte de nuestras sociedades? 
Otra gran limitación destacada es el uso del prefijo “post”: indica lo que no se quiere más, pero no da pautas de hacia dónde caminar. Por eso, Alberto y Ulrich enfatizan otras nociones, como buen vivir y buenos convivires, que avanzan en propuestas concretas hacia una vida digna. Así, los autores nos invitan a desprendernos de estos conceptos (Decrecimiento y Postextractivismo), que carecen de atractivo simbólico.
A pesar de estos desafíos, este libro intenta evidenciar las posibilidades que pueden emerger de un debate conjunto, por ello, uno de sus mayores aportes es precisamente esta invitación a pensarnos en común. Como destacan los autores, se hace imprescindible multiplicar espacios heterogéneos de discusión, y revitalizar la discusión política en tanto “espacio vivo” de la sociedad.
Este cambio debe partir de situaciones y experiencias existentes. Se trata de una transición, no de un corte abrupto, en la cual hay mínimos comunes, con diversidad de objetivos y caminos, y diferentes temporalidades para cada proceso.
En conclusión, este libro nos explicita el reto sociocultural que enfrentamos, y nos convoca a construir propuestas, basadas en la afirmación de que lo que interesa es la reproducción de la vida, y no del capital.
Fuente:  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228555


Percibamos que es "un mecanismo institucional de imposición planetaria del modelo desregulador neoliberal, erosionando seriamente las funciones de los poderes públicos en el interior de cada Estado, su capacidad de negociación externa y el derecho de autodeterminación de los pueblos y de los Estados".

La Organización Mundial del Comercio
30 de junio de 2017

Por Alejandro Teitelbaum (Rebelión)
Fragmento del libro La armadura del capitalismo. El poder de las sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo, Editorial Icaria, España. Año 2010
La Organización Mundial del Comercio (OMC) se creó en virtud de uno de los acuerdos contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay, firmada en Marrakech en abril de 1994 y entró oficialmente en funciones el 1 de enero de 1995.
El GATT (Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio) que existía desde 1947, no era una institución sino un tratado de 38 artículos, con una estructura burocrática muy ligera: un director, un director general adjunto, tres subdirectores, etc., hasta que fue reemplazado en 1995 por la Organización Mundial del Comercio. En el GATT las negociaciones entre países podían ser globales, lo que posibilitaba que las partes pudieran hacer concesiones recíprocas sobre sectores distintos, por ejemplo productos agrícolas contra productos manufacturados.
Los países del Tercer Mundo participan en las discusiones preliminares y en las discusiones de fondo en la OMC con una serie de desventajas. En primer lugar, la OMC tenía, en julio de 2008, 153 Estados Miembros y 30 observadores, pero en las negociaciones participan realmente entre 30 y 35 Estados, siendo la mayoría de los ausentes Estados del Tercer Mundo. Además, sólo un tercio de dichos Estados tienen una delegación permanente en la OMC [1] . Las negociaciones se realizan por sector y estos son numerosos, lo que requiere que cada Estado cuente con muchos funcionarios especializados, cosa que no sucede con la mayoría de los países del Tercer Mundo.
En el cúmulo de reuniones y negociaciones, a muchas de las cuales la mayoría de los Estados no asisten, se discuten asuntos aparentemente técnicos pero con serias consecuencias de política económica, como ser qué subsectores entran en cada sector. Por ejemplo hay que decidir si la gestión de un hospital se la clasífica en los servicios de gestión (liberalizados) o en la esfera del servicio público de la salud (excluído hasta ahora de las negociaciones) o si el audiovisual es una mercancía (sector liberalizado) o un servicio (todavía sujeto a negociación). Después muchos países se encuentran con el hecho consumado y deben soportar las consecuencias.
Por el contrario, los países del G8, en particular los Estados Unidos, cuentan con numerosos funcionarios especializados y equipos de asesores, en muchos casos estudios de abogados especializados en negocios internacionales que representan de hecho los intereses de las empresas transnacionales, lo que les permite aprovechar en su beneficio las dificultades técnicas que entrañan las negociaciones.
Además, en la reunión ministerial de la OMC en Doha en noviembre de 2001, que comenzó la ronda de negociaciones que lleva el nombre de la ciudad sede de la reunión inaugural, en su etapa preparatoria se utilizó un procedimiento de toma de decisiones totalmente antidemocrático, consistente en que previamente los miembros, individualmente y/o en grupos plurilaterales, negociaban con la Secretaría. En Doha los ministros daban sus opiniones a los "facilitadores", nombrados por el Presidente de la reunión sin consulta previa. Los "facilitadores" y la Secretaría trabajaron en una conclusión que no tenía relación alguna con las opiniones vertidas por varios ministros.
Sólo algunos iniciados saben quienes son realmente los "facilitadores", llamados "hombres verdes", porque los primeros conciliábulos de esta naturaleza se realizaron en un salón verde en la reunión de Seattle.
Después de la reunión de noviembre de 2001 en Doha, el Director saliente de la OMC, Mike Moore, propuso institucionalizar el sistema de los "hombres verdes", propuesta que fue muy bien acogida por Pascal Lamy, hasta hace poco Comisario de Comercio de la Unión Europea y ahora Director de la OMC.
El sistema de los "hombres verdes" cuenta con el apoyo total de la Unión Europea y de Estados Unidos y es un paso más para que la OMC esté al servicio de los países ricos y de las sociedades transnacionales. De este modo se excluye de la adopción de decisiones a la mayoría de los países miembros de la OMC [2] .
Las decisiones de la Organización Mundial de Comercio son obligatorias y los Estados que no las acatan pueden sufrir sanciones. Las consecuencias de estas decisiones pueden ser dramáticas para los derechos fundamentales de los pueblos.
Los principales acuerdos celebrados en la Organización Mundial del Comercio son:
El Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, el Acuerdo relativo a textiles y vestidos, el Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, el Acuerdo general sobre el comercio de servicios, el Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio y las negociaciones para llegar a un acuerdo en materia de comercio agricola, que se hallan en una impasse.
Veamos cada uno de dichos acuerdos y las negociaciones para un acuerdo en materia de comercio agrícola.  
a) El Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)
En el marco de este Acuerdo, la India ya perdió un litigio en la OMC frente a Estados Unidos y a la Unión Europea por una cuestión similar a la planteada en el juicio de las 39 transnacionales farmacéuticas (que finalizó con un arreglo entre las partes) contra Africa del Sur. En 1997 el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio dio la razón a los Estados Unidos, que reclamaba contra la legislación de la India que impide de manera temporaria el registro de patentes sobre productos farmacéuticos y agroquímicos (Decisión AB‑1997‑5. WT/DS50/AB/R, del Órgano de Apelación de la OMC, del 13 de diciembre de 1997). El Órgano de Apelación hizo una interpretación discutible de los procedimientos y de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo ADPIC para exigir a la India que otorgara de inmediato a las transnacionales farmacéuticas derechos exclusivos de comercialización sin esperar el 1 1 de enero del 2005, como sostenía la India, de acuerdo con su interpretación de los párrafos mencionados del artículo 70 y de los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 65 del Acuerdo.
La Unión Europea (Comunidades Europeas), que actuó en el litigio como tercero, junto a Estados Unidos y contra la India, argumentó que era inadmisible la referencia de la India a la importancia para los países en desarrollo de la cuestión de los derechos exclusivos de comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos. La Unión Europea invocó el principio “pacta sunt servanda” (los tratados deben ser cumplidos) contenido en el artículo 26 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, pero olvidó el artículo 53 de la misma Convención, que dispone la nulidad de todo tratado opuesto a una norma imperativa de derecho internacional general. En este caso las normas que consagran el derecho a la salud y a la vida.
Por el contrario, la India ganó en 2007 un juicio que le inició Novartis ante un tribunal hindú por un asunto semejante: el derecho a fabricar medicamentos genéricos. Véanse en el Capítulo III, los párrafos 5 y 5.1: Las sociedades transnacionales farmacéuticas y el derecho a la salud. La cuestión de los medicamentos genéricos a bajo precio.
Aunque no se invoque la nulidad del ADPIC, se debe hacer prevalecer en la interpretación de dicho Acuerdo la primacía de los derechos humanos fundamentales y del interés general. La prohibición temporaria de registrar patentes establecida por la India responde al objetivo de mejorar los niveles de salud de la población de la India, facilitándole el acceso a precios módicos a los medicamentos esenciales [3] . En la decisión del Órgano de Apelación primó una interpretación discutible del ADPIC favorable a los intereses de las empresas transnacionales farmacéuticas y contraria a los derechos fundamentales del pueblo de la India y a la política de la Organización Mundial de la Salud que favorece (¿favorecía?) la utilización de una lista de medicamentos esenciales.
El Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), es uno de los acuerdos fundadores de la Organización Mundial del Comercio. La orientación decididamente «liberalizadora » de la OMC cambia bruscamente en este Acuerdo, porque se trata de la propiedad monopólica u oligopólica que detentan las sociedades transnacionales, de las tecnologías más avanzadas y de muchas marcas y patentes, que es fuente de enormes ganancias. Por eso nunca se llegó a un acuerdo en las discusiones celebradas durante años en el CNUCED - UNCTAD para aprobar un Código Internacional de Conducta sobre la Transferencia de Tecnología y finalmente se aprobó el ADPIC, que refuerza en los hechos la propiedad oligopólica o monopólica de los conocimientos aprovechables económicamente.
La duración de la protección conferida por una patente se ha fijado en 20 años (art. 33) y la de las marcas es indefinida (siete años renovables indefinidamente, art. 18), lo que significa demorar excesivamente el momento en que los nuevos conocimientos pasan al dominio público, en beneficio exclusivo de los propietarios de las patentes, generalmente sociedades transnacionales. Pero las grandes empresas han encontrado la manera de prolongar la duración de las patentes de los medicamentos mediante una nueva presentación del mismo medicamente (nuevo uso) sin que haya innovación técnica.
Se argumenta que la protección del propietario durante un largo plazo motiva a éste para invertir en la investigación, pero se olvidan cuatro aspectos: 1) que buena parte de la inversión en investigación la hace el Estado (es decir los contribuyentes) y que los laboratorios gastan mucho más en publicidad que en investigación; 2) que los beneficios de la comercialización de los conocimientos (que suelen ser exorbitantes como es el caso de las drogas de base en la industria farmacéutica) amortizan la inversión que ha hecho el propietario de la patente y comienza a producirle enormes ganancias netas en lapsos muy breves; 3) que los nuevos conocimientos son el resultado de un trabajo social realizado por científicos, técnicos y trabajadores y de un proceso histórico de acumulación de saber, de modo que es muy discutible su pertenencia exclusiva a quien invirtió capital en la investigación (si realmente invirtió y no se limitó a aprovechar la inversión pública) y 4) que un derecho de patente muy prolongado fomenta el precio de monopolio y perjudica por consiguiente al consumidor.
Por ello es inexacto lo que afirmaba el entonces Secretario General de la ONU Koffi Annan que “solo el sector privado tiene el dinero, las habilidades y la capacidad de gestión para dirigir las cuestiones relacionadas con el desarrollo” (only the private sector has the money, the skills and the management to address the development issues). (Citado por el World Business Council of Sustainable Development (WBCSD) en la página web que este conglomerado de 120 sociedades transnacionales comparte con las Naciones Unidas).
En los hechos, las grandes sociedades transnacionales se apropian, por diversos medios y en su exclusivo beneficio, de los conocimientos que son por naturaleza sociales.
Entre los medios utilizados está la apropiación “legal” (el acuerdo ADPIC y las patentes y marcas) y la biopiratería, consistente en la apropiación de hecho y patentamiento ilegal de los conocimientos ancestrales y de materia orgánica y organismos vivos y sus partes, entre ellos los genes [4] .
El Acuerdo ADPIC incluye el patentamiento de formas de vida (artículo 27, inciso 3, apartado b: microorganismos), lo que implica, entre otras cosas, una infracción a la legislación internacional en materia de patentes [5] y la eventual apropiación privada de conocimientos y técnicas tradicionales que pertenecen al patrimonio común de diferentes pueblos.
Formalmente, el Acuerdo ADPIC admite la posibilidad de excluir del sistema de patentes a los seres vivos, aunque en el artículo 27, 3, b) del mismo dice: “Sin embargo, los Miembros preverán la protección de variedades vegetales por brevets, mediante un sistema sui generis eficaz o por una combinación de ambos…”. No especifica qué quiere decir un “sistema sui generis eficaz”. Así, en el ADPIC, de todas maneras queda la puerta abierta al patentamiento de variedades vegetales.
Este “sistema sui generis eficaz” está establecido, con el nombre de “derechos del obtentor” en la UPOV (Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas), que no es mencionada en el ADPIC. Pero en la gran mayoría de los tratados bilaterales en materia de propiedad intelectual está incluida la obligación de adherir a dicha Unión, con lo que en tales tratados desaparece hasta la posibilidad formal de excluir el patentamiento de organismos vivos (véase más adelante en el párrafo 4 c) de este Capítulo: Los tratados bilaterales en materia de propiedad intelectual).  
Las Directrices de 1998 para el examen de solicitudes de patentes de la Oficina Europea de Patentes también dejan abierta la puerta para el patentamiento de organismos vivos. Comienzan diciendo que “encontrar una substancia que se produce libremente en la naturaleza”, es un “mero descubrimiento y, por lo tanto, no patentable”. Pero continúa: “..Si una sustancia encontrada en la naturaleza tiene que ser en principio aislada de lo que la rodea y se desarrolla un proceso para obtenerla, ese proceso es patentable. Por otra parte, si la sustancia puede caracterizarse apropiadamente por su estructura, por el proceso mediante el cual se la obtiene o por otros parámetros (…) y es “nueva” en el sentido absoluto de no tener una existencia previamente reconocida, entonces la sustancia per se puede ser patentable” [6] .
Además, el patentamiento de organismos vivos plantea un nuevo problema en lo referente a la transmisión de los conocimientos, porque “cuando se trata de un organismo vivo, por más completa que sea una descripción, no permitirá la reproducción de la invención... [como exige la norma vigente sobre patentes]... para eludir esa dificultad se ha decidido no exigir la descripción sino el depósito del organismo vivo (o del material biológico)” [7] . De modo que los derechos reconocidos al supuesto inventor (que no es tal porque se trata de un organismo vivo o un material biológico) ya no tienen como contrapartida la transmisión de un nuevo saber.
El Acuerdo ADPIC, que ha acentuado los aspectos negativos ya existentes en la transferencia de tecnología, producirá una profundización de la brecha tecnológica entre los países industrializados y los países periféricos en detrimento del desarrollo de éstos últimos y afectará derechos humanos fundamentales como los derechos a la salud y a una alimentación suficiente, con consecuencias quizás menos espectaculares que las del sida en África, pero igualmente funestas para buena parte de la humanidad.
El 27 de noviembre del 2000, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales organizó un debate sobre el derecho de propiedad intelectual como derecho humano, en el que participamos. Allí propusimos dos cosas:
1) que el Comité estableciera una clara distinción en este derecho como derecho humano por un lado, cuando se trata del derecho intelectual de la persona autora del invento o creación y como derecho patrimonial por el otro, cuando se trata de la propiedad de una patente, detentada por ejemplo por una empresa y
2) que el Comité recomendase que, en todo lo que se refiere a la propiedad intelectual, en particular en lo que concierne a la interpretación del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) y a la solución de diferendos en el marco de dicho Acuerdo, se reconociera la primacía de los derechos humanos y del interés general.
Varios otros participantes hicieron propuestas similares.
Posteriormente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una declaración en la que se decía: « Mientras que los derechos de propiedad intelectual se pueden atribuir y son de alcance y duración limitados y susceptibles de transacción, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son eternos y constituyen la expresión de una reivindicación fundamental de la persona humana. Mientras que los derechos humanos tiene por objeto garantizar un grado satisfactorio de bienestar humano y social, los regímenes de propiedad intelectual -aunque tradicionalmente brindan protección a los autores y creadores individuales - se centran cada vez más en proteger los intereses e inversiones comerciales y empresariales» [8] .
En noviembre de 2005 el Comité aprobó la Observación General Nº 17 sobre los derechos de autor, donde reiteró que el artículo 15, inciso 1 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales protege los intereses morales y materiales del autor o autores, los que no necesariamente coinciden con los intereses e inversiones de las corporaciones, protegidos como propiedad intelectual en las legislaciones nacionales y en los tratados internacionales [9] .
Nos referiremos brevemente a otros acuerdos celebrados en el marco de la OMC, con la finalidad de demostrar que en ellos también los principales beneficiarios son las grandes sociedades transnacionales [10] .

b) El Acuerdo relativo a textiles y vestidos.
En materia de comercio internacional de textiles y vestidos desde 1974 existían los acuerdos multifibras, destinados a establecer restricciones a la exportación de vestimentas y textiles de los países periféricos hacia los países desarrollados. Los acuerdos multifibras (que eran fundamentalmente proteccionistas de la industria textil de los países desarrollados) costaban miles de millones de dólares a los consumidores de los países de la Organización de la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE), perjudicando especialmente especialmente a los consumidores de más bajos ingresos, que consagran una buena parte de sus recursos a la compra de ropa.
Conviene señalar que, hasta la liberación del comercio textil en 2005, las pérdidas de empleo en la industria textil en los países desarrollados era sobre todo consecuencia de los cambios tecnológicos y no de la competencia de la industria textil de los países periféricos. Los acuerdos multifibras no tenían por objeto proteger el empleo, sino las inversiones de capital [11] .
Las grandes beneficiarias de los acuerdos multifibras eran las sociedades transnacionales, que actuaban como exportadores privilegiados, implantándose en las zonas francas de los países pobres aprovechando el bajo costo de la mano de obra en general y femenina e infantil en particular y también como importadoras privilegiadas con tarifas preferenciales y como distribuidores en los países desarrollados [12] .
El Acuerdo GATT de 1994 relativo a textiles y vestidos, que entró en vigor en 1995, previó la eliminación total de los acuerdos multifibras en un plazo de diez años, que se cumplió en enero de 2005.
Además, el acuerdo de 1994 previó medidas de salvaguarda, antidumping, de salvaguarda transitorias, etc. En los primeros meses de 1994, la Unión Europea impuso unas veinte medidas antidumping sobre productos textiles provenientes de nuevos exportadores, como la India y Paquistán [13] .
Esto puede explicar el gran interés existente en los países desarrollados por introducir en los convenios comerciales una cláusula social, interés manifiestamente económico y con una finalidad proteccionista y no revelador de una súbita preocupación social.
El 1º de enero de 2005 quedó liberado el comercio de textiles y China, que ya ocupaba un lugar muy importante en ese sector, aumentó verticalmente a partir de esa fecha sus exportaciones. Por ejemplo, en pocos meses las exportaciones destinadas a Europa se multiplicaron por dos y hasta por cinco, según las prendas. Algo similar ocurre en Estados Unidos.
Los industriales textiles de los países desarrollados pensaron poder resistir la competencia concentrándose en la alta calidad, pero China tiene los conocimientos y la maquinaria, adquirida en Alemania, Japón y Corea del Sur, para competir también ventajosamente en ese sector.
Las consecuencias para los países que tienen un sector industrial textil que emplea una numerosa mano de obra (Grecia, Portugal, Turquía, Marruecos, Túnez, América Latina y el Caribe, Bangladesh, etc.) de la irrupción masiva en el mercado mundial de los productos textiles de origen chino a un precio muy bajo que desafía toda competencia, entre otras razones por el salario extremadamente bajo de los trabajadores chinos [14] , han sido particularmente graves, en términos de cierre de fábricas, cesantías, disminución de salarios y empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal que permanece ocupado [15] . La industria textil de los países desarrollados también acusó el impacto [16] . Estados Unidos reaccionó inmediatamente imponiendo cuotas a la importación de textiles de origen chino y la Unión Europea negoció con China en junio 2005 cuotas de importación.
Si bien la industria textil de los países desarrollados sufre los efectos de la competencia de China, los Gobiernos de dichos países no quieren desatar una guerra económica con el gigante asiático. Por una parte, porque los sectores dominantes de sus economías son otros : maquinaria de alta tecnología, aeronáutica, biotecnología, servicios, etc. y prefieren sacrificar la industria textil a cambio de mantener abierto el mercado chino para la producción de sus industrias dominantes.
Por otra parte, los textiles a muy bajo precio que entran al mercado de los países desarrollados tienen la ventaja de que pueden disminuir el costo de la fuerza de trabajo [17] en dichos países. En efecto, en el presupuesto de las familias, la ropa ocupa un lugar importante, que varía en más o en menos entre el 10 y el 40 por ciento según el nivel de ingresos, según se trate de familias con niños o no, urbanas o rurales, etc. En las familias de bajos recursos la comida y la ropa y, si es el caso, el alquiler de la vivienda, constituyen los rubros más importantes.
De modo que el acceso a ropa muy barata alivia en mayor o en menor medida el presupuesto familiar o por lo menos compensa los aumentos en otros rubros de dicho presupuesto y, como consecuencia, puede disminuir o por lo menos no aumentar el costo de la fuerza de trabajo.
Según el acuerdo de junio 2005 entre la Unión Europea y China, que estableció cuotas para el ingreso de textiles chinos en Europa, China fue autorizada a exportar a la UE un total de 105 millones de pantalones para hombre entre el 11 de junio y el 31 de diciembre de 2005, lo cual situaría la cuota anual de este producto en 316 millones de unidades, pero ya a principios de agosto estaba cubierta la cuota, como consecuencia de los pedidos masivos formulados a China por los importadores y grandes distribuidores europeos, deseosos de aumentar considerablemente el volumen de sus negocios con la venta de ropa a muy bajo precio. La consecuencia es que quedaron bloqueados en los puertos europeos durante cierto tiempo decenas de millones de prendas de vestir de origen chino hasta que se encontró una solución para que esa ropa entrara al mercado europeo. Con la implantación de las cuotas se quiso satisfacer a los industriales textiles europeos y con la “flexibilización” de las mismas se cede a la presión de la gran distribución, deseosa de vender enormes cantidades de ropa barata al consumidor europeo de bajos recursos.
Estas son las consecuencias de la “mano invisible del mercado” y de la “libre competencia” a escala mundial, que incluye la libre competencia en materia de costo de la mano de obra, con sus perdedores y sus ganadores. Los perdedores son las decenas de millones de trabajadores (en este caso de la industria textil y del vestido) que se quedan en la calle o están obligados a aceptar el deterioro de sus condiciones de empleo. Y también pierde la industria textil de numerosos países que no puede competir con los productos de origen chino. Los ganadores son los gigantes de la importación y de la distribución y las grandes empresas de las industrias dominantes en los países desarrollados, que se benefician con la disminución o por lo menos la estabilización del costo de la fuerza de trabajo, como se explicó unas líneas más arriba.
Esto desmiente una vez más la teoría económica neoclásica de que el libre comercio internacional tiende a la nivelación de la remuneración de factores a escala mundial. Dicho de otra manera, los hechos desmienten la afirmación de que el “libre” comercio internacional a la larga “empuja” hacia arriba el desarrollo económico y el nivel de vida a escala planetaria.
Siempre subsisten las diferencias de remuneración del capital (beneficios) entre diferentes sectores industriales (textil y aeronáutica, por ejemplo) y la tendencia del capital a reducir el costo de la mano de obra orientando sus inversiones hacia las regiones de salarios más bajos. Esa es la estrategia de las sociedades transnacionales, que libran una lucha feroz entre ellas, totalmente ajena a la idea de la “competencia pura y perfecta”. La reorientación del capital hacia sectores industriales o regiones geográficas más rentables se reproduce incesantemente y el resultado es bien perceptible: algunos ganadores y decenas de millones de perdedores, lo que explica en buena medida el hecho de que la brecha entre ricos y pobres, a escala mundial y también nacional hace decenios que no cesa de aumentar [18] 
c) El Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio.
El artículo 1 de este Acuerdo establece que el mismo se aplicará a las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio de mercancías, es decir que excluye a las inversiones relacionadas con el comercio de servicios, tema que veremos más adelante en el subpárrafo e).
El artículo 2 establece que ningún Miembro aplicará medidas que sean incompatibles con las obligaciones de "trato nacional" y de "eliminación general de las restricciones cuantitativas" (arts. III y XI del GATT de 1994).
Esto puede entenderse como la renuncia de los Estados a su prerrogativa soberana de establecer condiciones a las inversiones extranjeras, en función de los intereses nacionales. En nombre de la “libre competencia” cuyos resultados sociales acabamos de comentar.

d) El Acuerdo general sobre el comercio de servicios [19] (AGCS, GATS en inglés) de la OMC está completamente separado del acuerdo sobre bienes (GATT) lo que impide la negociación "cruzada", es decir por ejemplo que un país en desarrollo ponga como condición para abrir sus fronteras a los servicios que se abran las fronteras de la otra parte a sus propios productos. El Acta Final permite en cambio las represalias "cruzadas", es decir que una gran potencia puede cerrar sus fronteras a los bienes de un país en desarrollo si, por ejemplo, éste no cumple con los acuerdos de "liberalización" en materia de servicios [20] .
Dice Rafael H. Barrera Gallón: “El AGCS tuvo su origen en las presiones de las multinacionales de USA agrupadas en la Coalición Americana de Servicios creada en 1982, y de las multinacionales europeas agrupadas también desde 1982 en el Foro Europeo de Servicios auspiciado por la OCDE [21] .
El Acuerdo general sobre el comercio de servicios de la OMC tiene dos partes: el acuerdo principal que contiene las normas y disciplinas generales y las "listas" nacionales en las que figuran los compromisos concretos que asume cada país con respecto al acceso de los proveedores extranjeros a sus mercados internos.
El AGCS abarca todos los servicios que son objeto del comercio internacional con dos excepciones: los servicios suministrados al público en el ejercicio de las facultades gubernamentales , es decir todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios (Art. 1º, inciso c) y, en el sector del transporte aéreo, los derechos de tráfico y todos los servicios relacionados directamente con el ejercicio de los derechos de tráfico. 

El AGCS define, asimismo, cuatro formas en que un servicio puede ser objeto de comercio, conocidas como "modos de suministro": i)Suministro transfronterizo. Servicios suministrados de un país a otro. Por ejemplo un usuario de un país recibe servicios del extranjero a través de su infraestructura de telecomunicaciones o de correos. Ese suministro puede incluir servicios de consultoría o informes sobre investigación de mercado, asesoramiento telemédico, capacitación a distancia o proyectos de arquitectura. ii) Consumo en el extranjero. Los consumidores de un país utilizan un servicio en otro país. Por ejemplo, nacionales de un país se trasladan al extranjero en calidad de turistas o pacientes para recibir los servicios correspondientes. iii) Presencia comercial. Una empresa de un país establece sucursales o filiales para que presten servicios en otro país. Por ejemplo, un servicio es suministrado en un país por una filial, sucursal u oficina, de una empresa de propiedad y control extranjeros ( banco, grupo hotelero, constructora, etc.) establecida en el territorio de dicho país. iv)Movimiento de personas físicas. Personas físicas que se desplazan de su propio país para suministrar servicios en otro país ya sea como proveedor independiente (por ejemplo, consultor, profesional sanitario, docente) o como empleado de un proveedor de servicios ( por ejemplo, consultoría, hospital, constructora).
Globalmente el sector servicios es potencialmente el más rentable de la economía contemporánea, lo que explica el particular interés por el mismo del gran capital transnacional [22] .
El Acuerdo general sobre el comercio de servicios tiene como objetivo la liberalización progresiva del comercio de servicios: … “los Miembros entablarán una serie de negociaciones sucesivas…y que tendrán lugar periódicamente, con miras a elevar progresivamente el nivel de liberalización” (Art. XIX del Acuerdo). Esta “liberalización progresiva”, está acompañada en el Acuerdo por la cláusula del “acceso a los mercados” (art. XVI), el “trato nacional” (art. XVII) es decir que las empresas extranjeras deben recibir igual trato que las empresas nacionales, incluso el mismo que las empresas del Estado de servicios públicos y también el trato de “nación más favorecida”. El trato de la nación más favorecida constituye uno de los principios más importantes del AGCS, cuyo artículo II prescribe que los Miembros otorguen a los servicios y los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro el mejor trato que otorguen a los servicios y proveedores de servicios de cualquier otro país, independientemente de que este último sea o no Miembro de la OMC. Esta obligación garantiza que cualquier medida liberalizadora, ya sea negociada bilateralmente o aplicada unilateralmente, se ampliará a la totalidad de los Miembros. 
Como el Acuerdo no define los servicios, qué es un servicio es también objeto de las negociaciones, pero el gran capital transnacional tiene claros sus objetivos en este terreno: las finanzas, las comunicaciones, los transportes, la informática, la industria audiovisual, la publicidad, la salud, la educación en todos los niveles, los seguros, las pensiones, la distribución de mercancías, la hotelería, el turismo, el suministro de energía, el suministro de agua, la gestión de residuos, etc. Muchos de esos sectores ya son ampliamente dominados por grandes sociedades transnacionales y otros, como la educación y la salud, están en camino de serlo.
El AGCS y las sucesivas negociaciones sobre la aplicación del mismo implican la privatización de los servicios públicos esenciales, es decir que lo que deberían ser derechos básicos para cada ser humano con independencia de su nivel de ingresos. La consecuencia es que la salud, la educación, el agua potable, etc., se están convirtiendo en mercancías que sólo están al alcance de las personas solventes. 
Las negociaciones en el marco del ACGS comenzaron el año 2000 y debieron culminar en 2005, pero continúan estancadas después del fracaso de la reunión en Ginebra de julio de 2008. Los compromisos que asuman los Estados en dichas negociaciones serán en buena medida irreversibles, en el sentido de que el desistimiento de un compromiso implica compensaciones de un costo sumamente elevado, difícilmente soportable para un país pobre, entre otras cosas por la obligación de reconocer y pagar el lucro cesante a las empresas que se consideren perjudicadas. 
Las negociaciones en el marco del ACGS se están llevando a cabo de manera completamente confidencial y reservada, sin que la información sobre las mismas llegue a la opinión pública ni a los respectivos parlamentos nacionales. 
Es decir que cuestiones esenciales que pueden afectar gravemente el modo y las condiciones de vida de las personas se están decidiendo en círculos cerrados de los gobiernos con participación decisiva del poder económico transnacional a través de sus representantes, que actúan como asesores de los Gobiernos o como funcionarios de los Estados o de organismos interestatales. Los pueblos, que sufrirán las consecuencias de estas decisiones, no participan en absoluto, ni directamente a través de sus propias organizaciones, ni por intermedio de los parlamentos nacionales.

e) Las negociaciones sobre el comercio agrícola
El fracaso de las negociaciones de setiembre 2003 en Cancún sobre el comercio agrícola ha puesto de relieve la profunda contradicción existente, también en ese plano, entre la Unión Europea y Estados Unidos por un lado y los países pobres o semidesarrollados, por el otro.
La raíz del conflicto consiste en que la sobreproducción agrícola de la Unión Europea y de Estados Unidos está ampliamente subvencionada, especialmente los cereales, el azúcar, los productos lecheros, el algodón, etc. que compiten en el mercado internacional con los mismos productos del Tercer Mundo.
Se estima que en 2003 el monto total de las subvenciones ascendió a más de 300 mil millones de dólares anuales, es decir unas seis veces la "ayuda" al desarrollo.
Este "dumping" de los países ricos tiene por consecuencia la limitación del acceso al mercado internacional de los países exportadores del Tercer Mundo y la ruina en estos últimos países de los pequeños campesinos que producen cultivos de subsistencia y para el mercado interno y también para la exportación, pues no pueden competir con la producción subvencionada.
Por ejemplo en el caso del algodón, unos 12000 productores estadounidenses recibieron en 2002 más de 3 mil millones de dólares de subvenciones, lo que les permite vender por debajo del costo de producción. Por otro lado, el beneficio de los cultivadores de algodón en África, que tendría que dar para vivir a unas 10 millones de personas, se redujo prácticamente a cero. Y los principales países de África exportadores de algodón (Benin, 75% de las exportaciones, Mali, 50 % de sus recursos en divisas y Tchad, primer producto de exportación) perdieron 250 millones de dólares.
Además, sobre todo las transnacionales agroalimentarias estadounidenses están cambiando desde hace años los hábitos alimentarios en distintas regiones del mundo. Por ejemplo han logrado suplantar en algunos países africanos la mandioca, producida localmente, por el trigo que dichos países deben importar, en Japón el arroz y el pescado ha sido en buena parte suplantado por el trigo y la carne, también importados, etc. O han logrado introducir su propia producción compitiendo con el mismo producto local, como ocurre con el maíz en México, que se autoabastecía desde hace miles de años y ahora importa de los Estados Unidos el 30 por ciento del maíz que se consume en el país.
La agricultura local, con sus sistemas tradicionales adaptados al clima y a la tierra, tienden a desaparecer y al mismo tiempo desaparecen el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria.
La Unión Europea y Estados Unidos realizan esa política no sólo por razones económicas, sino también políticas: sus agricultores no son muy numerosos pero constituyen una reserva electoral mayoritariamente conservadora que puede resultar decisiva en una elección. Lo mismo ocurre en Japón con los productores de arroz, que están subvencionados a nivel del 700 por ciento del costo de producción.
Dice Messerlin (op.cit. pág. 63) que las subvenciones a las agricultura costaron 86 mil millones de dólares a los contribuyentes y a los consumidores de la Unión Europea en 1990. Pero en muchos casos, sigue diciendo Messerlin, los agricultores están lejos de ser los principales beneficiarios de esta política: el 80% de las subvenciones a la exportación para los cereales franceses son percibidas por siete sociedades transnacionales: tres europeas (Richco, Soufflet y Toepfer) y cuatro estadounidenses (Cargill, Continental, Dreyfus y Tradigrain).
Cabe concluir que los países ricos "exportan" su problema agrícola de sobreproducción con las consecuencias que se acaban de ver (elevado costo -unos mil dólares anuales por familia- para los contribuyentes europeos, estadounidenses y japoneses por un lado y hambrunas, cambio de los hábitos alimentarios y ruina de la agricultura local en los países pobres, por el otro) y que los principales beneficiarios de esta política son las sociedades transnacionales agroalimentarias [23] .

f) La OMC instrumento de la mundialización capitalista ultraliberal. 
En el contexto de la mundialización de la economía (mundialización de la producción, del comercio, de las finanzas, de las comunicaciones, etc.), la OMC va mucho más allá de la regulación del comercio transfronterizo y constituye un mecanismo institucional de imposición planetaria del modelo desregulador neoliberal, erosionando seriamente las funciones de los poderes públicos en el interior de cada Estado, su capacidad de negociación externa y el derecho de autodeterminación de los pueblos y de los Estados.
La cooperación con el FMI y con el Banco Mundial (art. III del Acuerdo constitutivo de la OMC) y la Declaración sobre la contribución de la OMC para una mayor coherencia en la elaboración de políticas económicas a nivel mundial están dirigidas a ese fin. La Declaración... “invita al Director de la OMC a examinar, con el Director general del FMI y el Presidente del Banco Mundial, las formas de cooperación de las tres instituciones con miras a lograr una mayor coherencia en la elaboración de políticas económicas a nivel mundial.
También el Órgano de examen de políticas comerciales (OEPC) creado por el Anexo 3 del Acuerdo de Marrakech, contribuye a la imposición del modelo único neoliberal a escala planetaria. En dicho Anexo 3 se lee: ... “el mecanismo de examen permite apreciar y evaluar colectivamente, de manera periódica, toda la gama de las políticas y prácticas comerciales de los diversos Miembros…”.
Es así como el OEPC produce informes de evaluación de los Estados Miembros, calificándolos según la diligencia con que aplican las políticas de desregulación, privatización de los servicios públicos, apertura de las fronteras a la importación, etc.
El 1º de agosto de 2004 los entonces 147 países miembros de la OMC aprobaron un acuerdo sobre el fin de los subsidios a la agricultura el que, sin embargo, no establece cómo ni cuando se pondrá fin a los mismos. La política de subsidios a la agricultura que practican los países desarrollados, en particular Europa y Estados Unidos, es un motivo de preocupación mayor de los países periféricos grandes exportadores de productos agrícolas.
El precio pagado por los países pobres por este Acuerdo, de contornos sumamente imprecisos, fue muy alto : aceptar la reanudación de las negociaciones sobre otros temas que fracasaron en Cancún en setiembre 2003 y que debieron culminar en Hong Kong en diciembre 2005. Esos «otros temas» son los que realmente interesan a las grandes potencias : reanudar verdaderas negociaciones y fijar las nuevas reglas del juego para reimpulsar la liberalización de los intercambios mundiales, objetivo de la ronda de Doha, iniciada en 2001. Esa « liberalización » incluye la reducción o eliminación de las barreras arancelarias en los países del « Sur » a los productos industriales del « Norte » y la « liberalización » de los servicios, lo cual implica una competencia insostenible para la industria nacional de los países pobres y la privatización y el control por empresas transnacionales de servicios esenciales como la salud y la educación.
Las negociaciones de la Ronda de Doha celebradas en Hong Kong fracasaron, volvieron fracasar en julio de 2006 y fracasaron una vez más en Ginebra en julio de 2008.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) emitió un comunicado el 8 de agosto de 2006, en el que dijo entre otras cosas que el fracaso de la Ronda de Doha de negociaciones para liberalizar el comercio internacional se debía sobre todo a la lucha para obtener ventajas en los mercados agrícolas por parte de las grandes potencias, empresas y lobbies. El enfoque adoptado en las negociaciones fue equivocado desde el principio, según la FAO, ya que no tuvo suficientemente en cuenta los intereses de los países en desarrollo y se centró en “el libre comercio, más que en el comercio justo”. Se esperaba que las negociaciones ofrecieran soluciones a las necesidades de los países pobres y los pequeños campesinos, “pero nunca se centraron en estas cuestiones », dijo también la FAO.

Puede afirmarse que la Organización Mundial del Comercio sirve de base y complementa la trama de tratados regionales, subregionales y bilaterales de libre comercio y ha venido a sumarse al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional como parte del sistema institucional internacional económico-financiero al servicio del gran capital transnacional.
Notas: (…)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228556