Cuando la ciencia se compra
10
de julio de 2017
Monsanto es investigado por el juez
federal de California, Vince Chhabria, acusado de haber pagado 250 mil dólares
a científicos para enunciar que el glifosato no es dañino a la salud. La revista
Science publicó una investigación al respecto.
Por Dario Aranda*
Corrupción en el mundo científico, agrotóxicos
cuestionados y empresas que manipulan estudios y funcionarios. Puede ser la
trama de una película, pero es lo que sucede en Estados Unidos con Monsanto y
la relación con académicos para que oculten las consecuencias del herbicida
glifosato. Así se desprende de la causa judicial que tramita en juzgados
federales y fue revelada por la prensa de ese país. La revista Science ,
espacio de referencia del establishment científico, precisó que se pagaban
hasta 250.000 dólares para que científicos defiendan al agrotóxico. El autor
sospechado, Gary Williams, había sido destacado por académicos argentinos para
defender al glifosato.
“Surgen nuevas dudas sobre la seguridad del
herbicida Roundup (marca comercial del glifosato) de Monsanto”, tituló el
diario The New York Times en marzo pasado. El juez federal de California Vince
Chhabria, a cargo de un juicio de personas con cáncer expuestas a glifosato,
permitió el acceso a documentos del expediente, entre ellos correos internos de
Monsanto.
Los documentos revelan que la empresa
desarrolla “estudios” que luego son firmados por científicos externos (fuera de
toda ética académica), señala que contaba con vínculos con funcionarios que
debían controlar la toxicidad del glifosato (de la Agencia de Protección
Ambiental –EPA, por sus siglas en inglés–) y confirma que dentro de la misma Agencia hubo
opiniones divididas sobre las consecuencias en la salud del agrotóxico.
The New York Times, en base a documentos
judiciales, confirmó que Jess Rowland (subdirector de la EPA) alertó a Monsanto
sobre un posible dictamen desfavorable meses antes de su publicación. La
empresa tuvo tiempo para su campaña de lobby político-científica y frenar la negativa. Los mismos
documentos de Monsanto reconocen que Rowland les había “prometido resistir el
esfuerzo del Departamento de Salud que buscaba realizar su propia revisión (del
glifosato)”.
Dan Jenkins, ejecutivo de Monsanto, explcitó
en un correo electrónico que Rowland le había dicho: “Si puedo darle un carpetazo
a esto (frenar dictamen negativo al glifosato), mereceré una medalla”. La EPA
finalmente no cuestionó la toxicidad del glifosato. Otras agencias regulatorias
del mundo (incluido Argentina) toman esa evaluación como referencia para
permitir el uso de agrotóxicos.
El herbicida glifosato es el más utilizado del
agronegocio actual, pilar del modelo transgénico (soja, maíz y algodón). Se
aplica en más de 28 millones de hectáreas de Argentina. Entre los productores
del herbicida figuran Syngenta, Monsanto, Basf, Bayer, Dupont, Dow
Agrosciences, Atanor, YPF y Nidera. Se utilizan más de 200 millones de litros
al año.
Sólo en Argentina hay más de cien
publicaciones científicas de universidades públicas que dan cuenta de sus
consecuencias en el ambiente (de la UBA, La Plata, Río Cuarto, Córdoba,
Rosario, Litoral, Nordeste, entre otras). Sin embargo, en 2009, una comisión
especial del Ministerio de Ciencia y de Salud elaboró una recopilación de
investigaciones, llamada “Evaluación de la información científica vinculada al
glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”. Concluyó que faltaban
estudios para confirmar el impacto en la salud. Fue muy cuestionado por organizaciones
sociales y científicos de universidades públicas.
El informe oficial citaba de manera reiterada,
como defensa del glifosato, al académico Gary Williams, presentado como
“independiente”.
Fernando Mañas, investigador de la Universidad Nacional
de Río Cuarto (UNRC), alertó en 2009
a PáginaI12 que Gary Williams era un escriba de
Monsanto. Ocho años después, mediante los documentos judiciales de Estados
Unidos, se confirma que Williams estaba vinculado a la empresa.
En 2015, la Agencia Internacional
para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), estableció directa vinculación entre el glifosato y el
cáncer (en una escala de 1 a
5, lo ubicó en segundo nivel de vinculación a la enfermedad). Y confirmó que
produce daño genético. Monsanto, que utilizaba la postura de la OMS como escudo,
pasó a llamarla “ciencia basura”.
El portal de internet Sciencemag es una suerte
de boletín académico-técnico que edita la revista Science. En
un artículo de Warren Cornwall abordó la trama de corrupción. Intentó
comunicarse con Gary Williams, que según la información del tribunal federal de
California puso su nombre en un documento de 2000 páginas que habrían sido
escritas por los empleados de Monsanto. El trabajo afirmaba que el glifosato no
afectaba la salud.
“Los documentos, incluyendo correos electrónicos
internos de 2015, revelan las estrategias de Monsanto sobre maneras de trabajar
con académicos para instalar el mensaje de la compañía”, cuestiona el artículo
de Science.
Los ejecutivos de Monsanto evalúan incluso
precios de producción de hasta 250.000 dólares. Un correo electrónico de
William Heydens, ejecutivo de Monsanto, sugirió recortar costos mediante la
contratación de expertos y la ‘redacción fantasma’. Y precisó que eso hicieron
en el 2000 con “Williams, Kroes y Munro” (Gary Williams, Robert Kroes, Ian
Munro).
Pearl Robertson, abogada de Nueva York que
representa a demandantes contra Monsanto, afirmó que lo revelado en la causa
judicial confirma “un patrón marcado por Monsanto que trata de moldear la
ciencia alrededor del glifosato”.
*Nota publicada en Pagina/12 el 10 de julio del
2017 sin la firma del autor por medida de lucha decidida en asamblea por los
trabajadores.
Fuente:
http://www.anred.org/spip.php?article14546
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