Se trata, entonces, de
generalizar la conciencia sobre
el modelo vigente y sobre
la democracia a construir desde abajo.
El
modelo es violencia. Violencia de despojo, de desalojo, de avasallamiento de
pueblos, grupos e individuos con sus familias. Violencia de sus consecuencias
sociales: el hambre, la desnutrición, el envenenamiento, la quita del agua y la
energía, las sequías e inundaciones, el desamparo, la represión. En fin,
violencia de destrucción de las ecorregiones o sea de las comunidades en
interrelación e interacción con la naturaleza que de este modo establecen las
condiciones de vida del presente y futuro en esos lugares. Pese a este
exterminio masivo y desertificación, las grandes mayorías permanecen pasivas e
indiferentes. ¿Por qué? Está el enmarcamiento referencial en el mito de estar
bajo el gobierno de los derechos humanos y que adquiere sustancia y dinámica en
ideas fuerzas. Intentemos averiguar cuáles son. (...)
Sexto:
la instalación K de la Mesa de Enlace como el enemigo del pueblo, reforzada con
la invocación a industrializar el agro, es funcional a la ocupación económico
territorial a cargo del sistema global de agronegocios y al ocultamiento de los
principales impunes de ayer y de hoy.
En
"Estado, familia y propiedad: Los ricos en la Argentina reciente",
Ana
Castellani y Mariana Heredia
explican:
(...)¿Qué
rasgos sobresalen de este relato y hasta qué punto ejemplifican atributos
característicos de las elites económicas argentinas de las últimas cuatro
décadas?
En primer
lugar, frente a la persistencia en el discurso público de la noción de
“oligarquía” y a las conclusiones de estudios realizados en otros países,
sobresale la importancia
de descendientes de inmigrantes y, por lo tanto, la relativa insignificancia,
entre los multimillonarios argentinos, de miembros de las clases altas tradicionales. De hecho,
en el caso de Eurnekian, Rocca y Burgheroni se trata de familias inmigrantes
de radicación relativamente reciente en el país. En el caso de Pérez Compac y
Lacroze de Fortabat, la relación con las familias patricias no agota ni explica
la prosperidad de sus empresas. El interrogante es entonces si este atributo
relativamente “plebeyo” refiere únicamente a los ocupantes de los escalones más
altos. Aunque las respuestas son provisorias, parecieran indicar que se trata
más bien un rasgo generalizado del gran empresariado local. En un estudio en
curso, constatamos que los apellidos tradicionales constituyen un número
insignificante en el listado de los 130 dueños y dirigentes de empresa que
comandaron las 90 compañías más importantes del país entre 1976 y 2001. Ambos
indicadores darían cuenta de las altas posibilidades de movilidad social
ascendente características del país durante la segunda posguerra.
¿Deberíamos concluir entonces que la que se ha consolidado en los últimos años
es una elite abierta e inestable, sometida a los desafíos de una severa
competencia?
Sería plausible pensarlo a la luz de la singular inestabilidad económica que ha
caracterizado al país desde los años setenta. No obstante, como señalaron
tempranamente Azpiazu, Basualdo y Khavisse (1986), lo más notable es
que estos seis multimillonarios argentinos, como muchos otros miembros de las
clases más altas,
han amasado, incrementado y preservado sus fortunas en el
período que comienza con la dictadura y se extiende hasta la actualidad.
Si las
cambiantes condiciones macroeconómicas no han afectado de manera significativa
estos patrimonios es porque, salvando el caso de Techint donde la capacidad
innovadora es innegable a la hora de conquistar y retener nuevos mercados, el
rasgo dominante de estos empresarios ha sido la relación estrecha y preferencial
con el Estado. Como muestra Castellani (2009) el
gran empresariado se ha visto beneficiado, en tanto contratista, comprador y
deudor condonado por la autoridad pública, de
las medidas adoptadas por gobiernos de distinto signo.
En
este sentido,
aunque se tienda a asociar a la “oligarquía” a las actividades
agropecuarias, estos y otros casos revelan que los hombres de negocio más
prósperos, en la Argentina reciente, son también los más diversificados.
Aunque podamos en todos los casos mencionados identificar una actividad
económica de partida, todos ellos han consolidado su ascenso proyectando sus
negocios sobre otras actividades así como sobre el escenario local e
internacional.
No es
entonces sorprendente que las relaciones estrechas con los gobiernos (más que
con la sociedad) sean un atributo característico de estos empresarios. En Nueva
York o en Santiago, los ricos despliegan abiertamente su patrimonio, dan notas
en la prensa, se sienten con derecho a participar de la vida pública y política,
extrayendo de su experiencia exitosa “lecciones” para el resto de sus
conciudadanos. En la Argentina, en cambio, los grandes empresarios tienden a
eludir la visibilidad pública y la participación política directa. Todos ellos,
no obstante, cultivan muy especialmente, en la discreción de los clubes selectos
y las oficinas ministeriales, los vínculos con las autoridades políticas de
turno. No sorprende: de ellas ha dependido, en un escenario cambiante, la
supervivencia y la expansión de sus negocios.(...)
Leer
Ahora, en
"La Madre tierra como sujeto de la historia"1,
Ana Esther Ceceña plantea:
(...)Las alternativas políticas
de lo rural
Los procesos en marcha en América Latina
con condiciones de formular políticas públicas se han ocupado relativamente
poco de lo rural, a pesar de que evidentemente constituye uno de los nudos
centrales para pensar cualquier tipo de transformación social, particularmente
en regiones del comúnmente llamado sur.
Del sector rural proviene
buena parte de las fuerzas que hicieron posible la llegada a los gobiernos
correspondientes pero, curiosamente, parece persistir en todos los casos una
idea de progreso que en vez de revisar lo rural a la luz de la noción del vivir
bien o buen vivir incorporados en las constituciones, más bien apuesta por su
tránsito hacia formas de vida y lógicas económicas urbanas. De una Bolivia con
experiencias vivas de economía campesina comunitaria, reproductora de usos y
costumbres ancestrales -entre los que se cuentan los pisos ecológicos- aunque
acompañados de sectores campesinos que funcionan bajo criterios de organización
y producción capitalistas, se pasa a una Venezuela petrolera en que el problema
de autoabastecimiento alimentario es absolutamente crítico y a un Ecuador megadiverso
que declara como prioridad alcanzar la soberanía alimentaria. Las políticas
públicas varían entre modificaciones constitucionales en todos los asuntos
relacionados con la tierra, límites de propiedad, reconocimiento de los
territorios indígenas, tímidos atisbos de reforma agraria y estímulos a la
producción alimentaria. En realidad el abandono de lo rural no ha sido
particularmente una preocupación y mucho menos se ha planteado la discusión
acerca de la disolución de fronteras entre campo y ciudad. En Cuba, que el
problema alimentario es crucial, no hay un replanteamiento de la ruralidad como
espacio de experimentación de nuevas formas sociales sino que se ha buscado
traer los huertos a las ciudades, tratando de resolver lo urgente pero no
necesariamente lo trascendente. Siendo
el primer lugar del mundo donde explícitamente se reconocen derechos a la
naturaleza, Ecuador es también el país en el que se establece la importancia de
la soberanía alimentaria como soporte de un proceso de recuperación soberana en
general.
El punto, entonces,
implicaría un amplio debate en torno a las prácticas alimenticias, los
contenidos nutricionales e incluso el concepto mismo de alimentación, y los
diferentes modos de generar y consumir los alimentos. O sea, una discusión en
términos de la civilización material donde deberían revisarse las prácticas
reales y teóricas de producción de la vida material desde las perspectivas del
capitalismo y del buen vivir. Esto no ha ocurrido con la misma celeridad que se
formulan las políticas públicas. El Plan Nacional de Desarrollo ha sido
transformado en el Plan Nacional del Buen Vivir pero,
si bien empieza a
introducir todas las preocupaciones mencionadas arriba, mantiene la
epistemología anterior y los criterios de progreso y eficiencia. Los cambios no
son inmediatos pero no se han construido espacios de debate suficientes como
para procesar la disyuntiva en cuestión, que no es para nada trivial y exige un
esfuerzo colectivo de alta densidad. Los otros gobiernos que conducen procesos
similares tampoco han logrado atender de fondo el problema de la ruralidad o lo
rural. Y los movimientos del continente oscilan entre una reforma agraria
complicada como en el caso de Brasil y la construcción de condiciones para la
autonomía, como en México. La discusión sobre la ruralidad ha estado vinculada
a la del extractivismo en gran medida por la inconsecuencia de algunas
políticas públicas o normas constitucionales con los procesos realmente
existentes.
Discutir la ruralidad en el marco
de diversidad epistemológica característico de estos tiempos de
inestabilidad sistémica supone una profunda revisión de las visiones de
mundo, de las concepciones en torno a la vida y de las relaciones no sólo
sociales sino intersubjetivas, de unas formas de vida con otras.
Es decir, es una discusión que no puede estar delimitada por el pragmatismo
político circunstancial que lleva a presentar al neodesarrollismo como una
alternativa sino que tiene que elevarse al nivel de los desafíos ecológicos
de la vida en la Tierra y del cambio o bifurcación sistémica. No obstante,
las formas bajo las cuales se abre paso en muchas ocasiones se confunden o
se entreveran con los debates acerca del extractivismo, neodesarrollismo,
los procesos nacionales, las relaciones internacionales y los juegos de
fuerzas en ese campo. Este parece ser un momento histórico a la vez con
coordenadas muy rígidas y sin coordenadas, en el que los miedos a lo
incierto propician un apego a viejos conceptos y prácticas que no
corresponden a la urgencia por dar respuesta a la ya evidente
insustentabilidad del capitalismo, ni a los horizontes trazados en los
procesos emancipatorios de la región. La ruralidad, que es un nudo crítico
en las definiciones de esos procesos, tendrá que navegar en estos mares.
1.Publicado en la Revista
de ALASRU.
Fuente: http://www.geopolitica.ws/media/uploads/alasru.pdf
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sobre
la lucha por la reforma agraria en Brasil,
Luiz
Felipe Albuquerque
(Alai)
entrevista a
John Paul Rodrigues,
integrante de la coordinación nacional del MST
"2013 fue el
peor año para la Reforma Agraria"
- ¿Cómo
califica la lucha por la tierra en 2013, en un período de parálisis completo de
la Reforma Agraria?
-A pesar de ser un año completamente negativo en relación a la Reforma Agraria,
los campesinos siguen firmes en la lucha por la tierra.
En marzo, por ejemplo, establecieron un campamento permanente en Brasilia
durante tres meses, llevando a cabo luchas permanentes en la capital federal,
tales como marchas, ocupaciones de ministerios y actos políticos.
En el mismo mes, se desarrolló la jornada de las mujeres, cuando más de 10 000
campesinas se movilizaron para exigir el asentamiento de 150.000 familias
acampadas en todo el país, ocuparon tierras, empresas de agroquímicos y
edificios públicos, efectuaron marchas y bloqueo de carreteras.
Inmediatamente después, en el mes de abril, los “sin tierra” hicieron otra
jornada de carácter nacional, con manifestaciones en 19 estados, además del
Distrito Federal. Nuevamente bloquearon decenas de carreteras, ocuparon más
tierras, edificios públicos, ayuntamientos y realizaron marchas y actos
políticos en todo el país.
En junio y julio, el Movimiento se sumó a las manifestaciones que ocuparon las
calles de las principales ciudades del país e interrumpieron varias carreteras.
En esta onda, la “juventud sin tierra” organizó jornadas de lucha a comienzos
del mes de agosto. A finales de este mes, todo el Movimiento realizó, junto a
las centrales sindicales, una movilización nacional, huelgas y paralizaciones en
las ciudades, mientras en el campo interrumpíamos las carreteras.
En octubre, más de 12 estados se movilizaron en torno a la Jornada Unitaria para
la Soberanía Alimentaria, cuando una vez más, la población rural promovió
marchas, ocupaciones de tierras y edificios públicos. Ese mismo mes, los niños
sin tierra se sumaron la lucha en el campo, destacando la necesidad de la
Reforma Agraria, ocupando los ministerios y departamentos estatales.
Todo esto sólo para hablar de las luchas de carácter nacional, sin contar las
luchas regionales en los estados. O sea, decir que ya no hay más combates en el
campo es una gran mentira.
- ¿Y dónde entra la
cuestión de la reforma agraria?
-Aquí
es donde está el gran problema con un saldo muy negativo. Este es el peor año de
la Reforma Agraria. El gobierno de Rousseff, que siempre ha sido pésimo en esta
materia, podría empeorar. Hasta ahora, sólo 159 familias fueron asentadas en
todo el país. Es una vergüenza.
No pasan de 10, las propiedades expropiadas por el gobierno de Dilma. Peor que
el último gobierno militar del general Figueiredo, cuando se expropiaron 152
predios.
Otro grave problema es
que el gobierno federal está llamando a la "emancipación de los
asentamientos", otorgando el título de los lotes a los asentados. En la
práctica, eso sirve para que el Estado deje de tener responsabilidad sobre
las familias. Pero lo peor es que esta política va a crear una contra
reforma agraria, ya que los grandes hacendados pasarán a presionar a los
asentados a que vendan sus lotes, poniendo todo cuesta abajo y aumentando
aún más concentración de la tierra en el país.
-
¿Y a que se debe esta dificultad de avanzar en la Reforma Agraria?
-Podemos citar dos grandes
cuestiones cruciales. La primera es el hecho de que el gobierno ha sido tomado
como rehén por la Bancada Ruralista, la mayor del Congreso Nacional. Son 162
diputados y 11 senadores, sin contar la legión de adeptos de última hora.
Sólo para tener una dimensión del problema, por más absurda que sea la agenda de
este sector, está logrando salir victorioso en todo, incluso en las propuestas
inconstitucionales.
Podemos mencionar desde el estrangulamiento absoluto del Código Forestal,
pasando por la modificación de la ley sobre el trabajo esclavo, el retroceso en
la legislación relativa a la demarcación de las tierras indígenas, la creación
de una comisión especial para liberar con mayor facilidad nuevos agrotóxicos -
ignorando el trabajo de evaluación ANVISA e IBAMA- y la liberación de nuevos
cultivos transgénicos.
Ninguna de estas
propuestas es de interés de la sociedad brasileña. Todas responden
exclusivamente a los intereses particulares de este sector y están saliendo
victoriosos. La Bancada Ruralista es un cáncer del pueblo brasileño.
La otra cuestión es la ilusión del gobierno en relación con el agronegocio.
Las principales exportaciones de productos básicos promovidos por este
sector permiten al gobierno mantener la política de generación sistemática
del superávit primario, lo que garantiza el destino de los recursos
presupuestarios para el sector financiero, como los pagos de intereses y
servicio de la deuda, lo cual es lamentable.
Pero al mismo tiempo ha
creado algunas de las políticas públicas para la agricultura familiar y
campesina.
En primer lugar,
es muy importante tener en cuenta que todas las políticas
públicas son conquistas de las luchas de los movimientos sociales.
Luchamos para garantizar la compra de alimentos y conquistamos el Programa
Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y el Programa de Adquisición de
Alimentos (PAA). Luchamos por la educación en el campo y conquistamos el
Programa de Educación Nacional de la Reforma Agraria (Pronera).
Luchamos por la agro industrialización de nuestra producción, y conquistamos el
Programa Terra Forte. Luchamos por otro modelo de agricultura, y conquistamos el
Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica – Brasil Agroecológico. Esto
sólo para señalar algunos ejemplos.
Sin embargo, consideramos que si bien estas medidas son importantes, también
tienen sus límites. Son muy desproporcionadas en comparación con las inversiones
en el agronegocio. Para tener una idea, el Plan Cosecha 2013/2014 de la
agricultura familiar representa poco más del 20 % en comparación con lo que se
destina al agronegocio.
Además, contamos con esas políticas de hoy, pero nada nos garantiza que podemos
contar con ellas mañana. Un simple cambio de gobierno, por ejemplo, puede acabar
con todas nuestras conquistas.
-¿Qué es necesario hacer entonces?
-Es necesario dar prioridad a la agricultura familiar y campesina, y no tratarla
como algo secundario. El gobierno debe entender que la única solución a la
pobreza es una extensa Reforma Agraria, creando miles de puestos de trabajo en
el campo. Si esta no se lleva a cabo, habrá un crecimiento desmesurado de los
principales centros urbanos y de los barrios pobres en los suburbios periféricos
de las grandes ciudades.
O sea, cambiar la lógica y la estructura de la producción agrícola en Brasil. La
FAO misma ha reconocido que la única salida de la crisis ambiental y la garantía
de la soberanía alimentaria es la agricultura familiar. Quién dijo eso fue José
Graziano, director de la FAO. Tanto es así que el 2014 ha sido declarado por la
ONU como el Año Internacional de la Agricultura Familiar.
-
Pero ¿por qué los dos modelos de agricultura no pueden conciliarse?
-Son modelos que
contrastan en su lógica y esencia. La codicia del agronegocio, con sus
gigantescos recursos económicos, impide otro tipo de agricultura, pues siempre
buscará incorporar la tierra de los campesinos y los recursos naturales a su
modelo de producción de “commodities”.
Para tener una idea, en las dos últimas décadas más de 6 millones de personas
fueron expulsadas del campo brasileño por el agronegocio. ¿Y donde se fueron? A
los barrios pobres de los centros urbanos. El agronegocio no genera empleo, ya
que más del 70 % de la mano de obra en el campo pertenece a la agricultura
familiar, y se apropia de las pequeñas y medianas propiedades agrícolas, ya que
la concentración de la tierra en Brasil sigue aumentando año tras año.
En el ámbito de la producción de alimentos básicos de la población brasileña, la
situación también es muy grave. De 1990 a 2011, las superficies plantadas de
alimentos básicos como el arroz, los frijoles, la yuca y el trigo disminuyeron
entre un 20 a un 35%, mientras que los productos nobles del agronegocio, tales
como la caña de azúcar y la soja, se han incrementado en un 122% y 107 %. Y todo
orientado a la exportación. Vamos a tener que importar arroz y frijoles a China.
Esto es alarmante.
-En febrero de 2014, el
MST realizará su 6 º Congreso Nacional. ¿Qué pretende el Movimiento con esta
actividad?
-En
el evento
vamos a consolidar nuestra propuesta en torno a la Reforma Agraria Popular.
Ahora más que nunca, la Reforma Agraria es urgente y necesaria. Sin embargo, es
una Reforma Agraria de nuevo tipo, a la que denominamos popular.
Entendemos que la reforma agraria ya no es sólo una política nacional para
la población rural. Ella es urgente y necesaria para toda la sociedad en su
conjunto.
Si queremos comer un
alimento lleno de veneno que nos va a dar cáncer, si queremos cultivar una
producción que destruye el medio ambiente y contribuye a la crisis climática,
expulsa a los campesinos del campo aumentando la población pobre de las grandes
ciudades, entonces, de hecho, la Reforma Agraria, no es necesaria.
Pero si, por el contrario, queremos un modelo productivo que concilie la
producción con la preservación del medio ambiente, que el pueblo brasileño tenga
alimentos sanos y sin pesticidas , que la miseria y la pobreza dejen de existir
en nuestro país , entonces la reforma es ahora más necesaria que nunca.
Por lo tanto, tenemos que demostrar su importancia para la sociedad, para que el
conjunto de la clase obrera ayude a la realización de la Reforma Agraria
Popular, que sólo será posible con una amplia reforma en el sistema político.
- ¿Y cuáles son las
perspectivas de la lucha para el próximo período?
-En este último período,
construimos y ampliamos la unidad de todos los movimientos sociales del campo,
con los ojos puestos en un programa agrario que realmente interese al pueblo
brasileño. Y eso tiende a fortalecerse cada vez más.
Junto a esto, aumentan las evidencias de las contradicciones del modelo del
agronegocio, como la destrucción del medio ambiente, el uso masivo de pesticidas
y la inseguridad de los precios de alimentos.
Además de eso, como resultado de las grandes luchas del año 2013, las
organizaciones sociales construyeron el Plebiscito Popular por una profunda
reforma política en 2014, lo que permitirá cambiar radicalmente el panorama
actual. (Traducción: ALAI)
- Luiz Felipe Albuquerque, De la página del MST - http://www.mst.org.br/node/15571
URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/70217
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En
Argentina:
Declaración del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina
2/12/2013.
En el
marco de la lucha que viene llevando adelante el pueblo de Malvinas Argentinas
en la provincia de Córdoba, y de la confluencia que estamos llevando a cabo
organizaciones de diverso tipo en el Frente de Lucha por la Soberanía
Alimentaria Argentina, convocamos a marchar hacia el Ministerio de Agricultura
el lunes 2 de diciembre .
La empresa
Monsanto, una transnacional vinculada a crímenes de guerra, que nació como
empresa química, siendo parte del grupo de empresas que produjo el agente
naranja utilizado por Estados Unidos para la guerra de Vietnam, busca abrir
nuevas plantas en Argentina. En 2012 anunció la instalación en la localidad de
Malvinas Argentinas, a 12 Km de la capital cordobesa, de una de las plantas más
grandes de América Latina de experimentación con semillas transgénicas.
Este
nuevo desembarco de Monsanto se da en el marco de una política agropecuaria que
tiene su núcleo principal en los agronegocios con la soja transgénica como su
principal exponente, como queda reflejado en el Plan Estratégico Agroalimentario
y Agroindustrial 2010-2020 (PEA2) que impulsa el Gobierno Nacional. Este
plan requiere, para alcanzar sus objetivos en cuanto a volumen y superficie,
profundizar los violentos desalojos de comunidades campesinas e indígenas,
seguir desmontando, destruyendo ecosistemas, acrecentando así el saqueo de
bienes comunes. Consecuentemente nos preguntamos si la riqueza de nuestros
suelos debe ser destinada para la alimentación animal, los agrocombustibles y
para la generación de divisas para continuar pagando una Deuda Externa ilegitima
y fraudulenta, o debería ser para garantizar la alimentación adecuada de nuestro
pueblo y de las futuras generaciones.
Pese a
todo, Monsanto se encuentra hoy con la férrea resistencia de un pueblo que busca
ejercer su soberanía, que quiere decidir quién tiene el poder para determinar
qué se hace en su territorio. Así es que en Malvinas Argentinas se bloquea la
entrada de camiones a la planta de esta empresa desde mediados de septiembre de
este año. Frente a esta resistencia los gobiernos no han hecho otra cosa que
reprimir, por medio de las fuerzas de seguridad o utilizando patotas al servicio
del poder empresarial. Así fue que luego de varios hechos de represión a la
asamblea y al acampe, han amenazado y luego agredido físicamente a Sofía Gatica,
de las Madres de Ituzaingó Anexo, referentes en la lucha contra los agrotóxicos
que han logrado el primer fallo donde se declara como un delito la fumigación en
las zonas periurbanas. Y finalmente, el jueves 28 de noviembre una patota de
la UOCRA atacó el bloqueo rompiendo parte del campamento y golpeando a varios de
los participantes del acampe. Esto se realizó con la presencia cómplice de
la policía de la provincia que solo actúo dispersando con balas de goma no a las
patotas, sino a quienes se encontraban en el acampe.
Con el
fin de profundizar este modelo agrario se requiere reformar la Ley de Semillas,
garantizándole a las semilleras transnacionales la posibilidad de cobrar
regalías indefinidas por el uso de la misma,
prohibiendo de este modo el uso propio de las semillas para futuras cosechas y
el intercambio de las mismas entre agricultores, lo cual generará mayor
dependencia para los productores agropecuarios, y se constituirá en un nuevo
impedimento para la soberanía alimentaria.
Es por
ello que también se quiere elaborar una legislación nacional que regule la
aplicación de productos fitosanitarios (agrotóxicos) que marque un piso menor al
que ya establecen varias ordenanzas municipales, proponiendo metrajes
irrisorios (100 a 200 metros); desoyendo los reclamos de las poblaciones del
interior y los resultados de múltiples informes científicos y asegurando una
mayor superficie para el agronegocio, incluso en los bordes de nuestros pueblos.
Esto se
agrava si tenemos en cuenta que el Ministro recientemente designado para
Agricultura, Ganadería y Pesca es Carlos Casamiquela, del INTA, quien
públicamente ha manifestado su apoyo a la iniciativa en Malvinas argentinas
diciendo: “Tratar de parar el avance tecnológico es complicado; el avance
tecnológico trae una serie de beneficios impresionantes al conjunto de la
sociedad. Yo escucho las críticas a algunos modelos de producción, pero la
Argentina produce hoy alimentos para 400 millones de personas”. Se olvida de
que tenemos cerca de 14 millones de personas, entre pobres e indigentes, que
difícilmente están bien alimentadas o que ni siquiera comen gracias al actual
modelo productivo. Y por otro lado de que los forrajes no alimentan personas
sino que se utilizan para alimentar ganado o hacer agrocombustibles en el
exterior.
También en
la reforma del Código Civil que impulsó el Gobierno Nacional se pueden
ver algunos hechos que ponen más trabas para lograr la Soberanía Alimentaria.
Con esta reforma no se garantizará “el acceso al agua potable” (un derecho que
sí contemplaba en el anteproyecto y fue suprimido), ya que los agronegocios
afectan a diario los cursos de agua (ríos-humedales-acuíferos), al igual que la
mega minería. Además esto ocurre a días de haberse firmado el acuerdo con
Chevron para extraer gas y petróleo no convencional mediante fractura
hidráulica.
El intento
de poner en discusión la función social de la propiedad, fue desoído, la
habilitación de formas contractuales que afectan directamente al trabajo digno
en el campo, la restricción al acceso de la propiedad comunitaria por parte de
las comunidades indígenas sin personería jurídica, y otros temas por demás
preocupantes.
Por último sostenemos que estamos frente a un modelo impuesto en todo nuestro
continente tanto a consumidores como a productores. La
avanzada de las empresas como Monsanto, Syngenta y otras semilleras
transancionales no es algo que solamente sucede en Argentina, sino que viene
sucediendo en toda Latinoamérica. En Colombia por ejemplo, mediante
la resolución 970 de 2010, se controló el uso de las semillas, criminalizando
las semillas criollas, y privatizándolas mediante patentes o derechos de
obtentores vegetales la propiedad intelectual. Esta fue una de las prioridades
de EEUU al firmar el TLC con nuestro hermano país, obligando a garantizar la
seguridad jurídica para dichas empresas. En Paraguay, la intensa presión
empresarial tuvo como resultado el golpe de estado institucional al presidente
Lugo ante el temor de las clases dominantes de una posible reforma agraria y la
recuperación de tierras que pertenecían a las comunidades indígenas, y que
habían sido adquiridas ilegalmente por empresarios y Chile sufre la
intensa presión para reformar su ley de Propiedad de semillas al haber firmado
un TLC con EEUU.
Por estos
motivos es que convocamos a concentrarnos el lunes 2 de diciembre a las 17 hs en
el Acampe frente al Congreso y marchar hacia las 18 hs. al Ministerio de
Agricultura.
-
No más agresiones y
criminalización de la protesta social.
-
Fuera Monsanto, su ley de semillas y sus agrotóxicos, de Argentina y de
Latinoamérica.
Frente
de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina
Articulamos en
el FLSAA: Agrupación Visión Sostenible; Amigos de la Tierra Argentina;
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA); Barricada TV; Cátedra
Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA UNLP); Centro de Educación Agroecológico
ASHPA; Colectivo Documental Semillas; Corriente de Organizaciones de Base (COB)
La Brecha; Corriente Nacional Emancipación Sur (Proyecto Sur Pcia. de Bs.As);
Corriente Unidad Sur (CUS); Central de Trabajadores Argentinos (CTA); Equipo de
Educación Popular Pañuelos en Rebeldía; Espacio Chico Mendes; Frente Popular
Darío Santillán-Corriente Nacional; Fundación Che Pibe; Grupo de Reflexión Rural
(GRR); Marea Popular; Mishkila Alimentos; Movimiento Estudiantil Liberación UNLP;
Movimiento Popular La Dignidad (MPLD); MPR Quebracho; Programa de Extensión “Por
una nueva economía, humana y sustentable” de la Carrera de Comunicación Social (UNER);
Proyecto Squatters; Red Tacurú; Buenos Aires para Todos en Unidad Popular;
Usina Cultural del Sur Almagro y Pompeya.
En
Argentina, el carácter genocida del PEA2 nos interpela a actuar ya
RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA de la
Argentina
Argentina a punto de aprobar nuevo transgénico
resistente al 2,4D uno de los componentes de Agente Naranja. Si desea ayudar
a detener esta aprobación, dirija una carta al Gobierno Argentino
solicitando el rechazo al permiso para el cultivo comercial de este evento,
o cualquier cultivo transgénico resistente al 2,4 D.
Necesitamos urgentemente su apoyo
Argentina está a punto de aprobar la soja transgénica GM 444Ø6 - DAS - 6
desarrollada por Dow AgroSciences Argentina SA, que confiere tolerancia al
herbicida 2,4 - D, al glifosato y al glufosinato de amonio, a partir del
dictamen positivo que ha dado la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de
Biotecnología Agropecuaria) en diciembre del 2013.
El 2,4 D es uno de los componentes del Agente Naranja, un defoliante
utilizado durante la guerra estadounidense contra Vietnam.
Actúe ya desde
