No nos patenten la Vida: Campaña contra la privatización de las semillas en Argentina
Gacetilla de Prensa Buenos
Aires, Argentina 4 de Septiembre, 2014.
Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante
la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de
semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado
por intereses concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría
en manos del Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser
enviado al Congreso Nacional para su tratamiento. En un contexto mundial
marcado por un fuerte embate del neoliberalismo -que incide sobre la
producción y el comercio global de alimentos (transformados en commodities)-,
la expansión del extractivismo agrario, el aflojamiento de controles
ambientales y la desaparición de pequeños agricultores, componen una
ofensiva corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en
la ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.
Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido
ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales
iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y
corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos
gracias al accionar de las resistencias sociales. A pesar de la crisis
económica y del cambio climático, el modelo sojero -paradigma del
extractivismo agrario- continúa profundizándose en nuestro país. La
devaluación del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a
principios de este año permitió que el complejo agroexportador volviera a
obtener ganancias exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la
superficie sembrada con soja transgénica superara, por primera vez en la
historia, las 20 millones de hectáreas. En tanto, las corporaciones del
agronegocio y sus socios especulan con una nueva devaluación para su
beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la crisis financiera
internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que
incide sobre los ingresos de los sectores populares.
Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y
ecológicas de los agronegocios también se profundizan.
El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las
corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo
agro-minero-exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de
sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta
con
destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola
devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las
fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas
sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones), superaron
la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los
suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del
monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato).
Todo ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones,
consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola que continúa
desestructurando economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y
desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a
migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en
los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de
miseria.
A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la
evidencia de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al
afianzamiento del modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte
de la oposición. Así, la institucionalización progresiva del Plan
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por
el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar
una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente
soja) en un plazo de seis (6) años,
supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las
actuales 34 millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias de
una expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las
actuales consecuencias socio-ambientales derivadas de un sistema productivo
que se inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América
Latina. Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno
nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la
aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado -a través
de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió
autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y
algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto,
Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y
Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos
transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de
Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal
beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las
aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin
controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio
precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos
eventos transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados
por las propias empresas. En este contexto general, luego de aprobar las
nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el
gobierno nacional estaría buscando una reforma de la ley de semillas para
favorecer a las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse
por completo de la producción de los alimentos y del control de las cadenas
alimentarias.
El anteproyecto para reformar la ley de semillas
El gobierno nacional y las corporaciones agro-biotecnológicas buscan
armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro
de regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las
expectativas de los intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley
de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los
parámetros internacionales que regulan la protección de las obtenciones
vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad intelectual. En
nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1) la
protección de la propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho
del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema
de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572).
Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas. Es importante
destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican para variedades
que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una invención. Conforme
esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad puede tener derechos
sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda su derecho al uso
propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva
siembra. Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de
patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto
para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente
restringido y además, actividades ancestrales como el libre almacenamiento,
selección, reproducción, mejoramiento, preservación e intercambio de
semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en el peor de
los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone la
creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el
intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así
como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se
adecuen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el
apuntalamiento de un poder de policía para facilitar el decomiso de
semillas, suspensiones, inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la
posibilidad de que otros obtentores puedan reproducir nuevas variedades
vegetales.
Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las
prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que
varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años,
iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo
de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas
agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar
patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la
sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del
Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo
directorio se encuentran
Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los
responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento
transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y
cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de
propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.
Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente, desde
que se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores
agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a
experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las
diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un
consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y,
por ende, su existencia como tal. En efecto, se impulsó la prerrogativa del
productor de reproducir su semilla, estableciéndose que ésta debería ser
considerada patrimonio de la humanidad. Antes de los años treinta, la mayor
parte de los proveedores de la semilla comercial eran pequeñas empresas
familiares. La investigación genética era realizada por las agencias de los
Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las empresas
semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las
variedades de semillas desarrolladas en el dominio público. En 1936 se
establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una
protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos
países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los
agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u
obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una
legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e
inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras
privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la
generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme
primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su
producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos
por ellos mismos.
La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar
Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta
de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada
(campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del
campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas,
dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social,
cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el
texto de la pretendida reforma. El planteo de la convivencia/coexistencia de
los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del
discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva
estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo
está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley
de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de
las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores
familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a
actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De
cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado
tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia
quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las
principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los
asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de
arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras. La llamada “coexistencia”
orientó a los principales actores a conformar una “Mesa de Diálogo”
convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que
reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más
importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional
Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue
resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del
diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder
político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de
ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores
cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y
abultadas rentas. Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo
de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales)
se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base
campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es
un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la
Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia
de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de
mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de
cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013).
Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del
capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante
entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios
documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que
actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las
medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios.
Pareciera que todo ello forma parte del pasado. Estos mandatos
internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las
instituciones que rodean la problemáticas: Universidades Públicas, Agencias
Científicas, el INTA, etcétera.
A modo de conclusión
De
aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas en
relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que
marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar esta
iniciativa de privatización de la vida en muchos países. En definitiva, el
avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una
ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la
Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de
un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus
variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería
contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria;
se multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria
pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a
contramano de la necesidad imperiosa de construir una matriz energética
alternativa -dadas las imprevisibles consecuencias del cambio climático-
prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética, la
construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares.
Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no convencionales o
fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo
de YPF con la transnacional Chevron el año pasado. Afortunadamente, no todo
es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican las
resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida y defienden
nuestros territorios y bienes comunes de la depredación neocolonial del
capitalismo. Las formidables resistencias de las asambleas cordilleranas
contra las corporaciones megamineras; las campañas contra las fumigaciones;
la resistencia indígena en defensa de sus territorios contra el avance
sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de
Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron la
radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de
Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de
nuevas voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco
para cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la
juventud que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad
basada en el arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento,
nos siguen inspirando para continuar resistiendo a pesar de las
adversidades, con la esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la
igualdad y profundamente identificada con la naturaleza. Por
lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:
–
No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los
pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta. –
No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar
la ley de semillas en todas sus versiones.
– No la tramposa operación
política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura
familiar con el agronegocio”.
– Nos pronunciamos por un modelo alternativo
de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana,
energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques
artificiales y papeleras.
– Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria.
Prohibición de la modificación genética de alimentos.
-Por el repoblamiento
del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los
ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.
– Por
encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos
para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.
Con espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas,
organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles
y políticas que compartan esta lucha para desplegar una intensa movilización
y todas las acciones necesarias para impedir el avance del extractivismo
capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar
aprobarse este proyecto de Ley de Semillas.
Las adhesiones son recibidas en semillabiencomun@gmail.com Firmas: Organizaciones y espacios: Acción
Reverdeciente Colectivo Volver a la Tierra -FAUBA Cultivarte Frente de Lucha
por la Soberanía Alimentaria Argentina: Agrupación Visión Sostenible – CTA –
Estudiantes Críticos en el Frente Popular Darío Santillán – Fundación Che
Pibe – Grupo de Reflexión Rural (GRR) – Mishkila Alimentos – Red Tacurú –
Sopita Ropita- Autoconvocadxs por la libertad de las semillas y la Soberanía
Alimentaria – Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y
sustentable” de la Carrera de Comunicación Social (UNER) – Centro de
Educación Agroecológico ASHPA de Guernica – Proyecto Sur Pcia. de Bs.As. en
Corriente Nacional Emancipación Sur – La Usina Cultural del Sur Almagro/Pompeya
en Corriente Nacional Emancipación Sur- Sobre Rieles UnLa – Los Pies en La
Tierra – Oro del Inca Cooperativa – Reforestala “Proyecto Compartir” –
Colectivo desde el Pie – Bandera Negra UNQ. Red Ecosocialista
(MST+Independientes) Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto La Revolución
de la Cuchara Argentina Piratas X Tierra Mojada (colectivo adherente a la
Sexta iniciativa del EZLN)” Individuales: Nora Cortiñas – Mirta Baravalle –
Félix Diaz – Miguel Teubal – Norma Giarracca – Jorge E. Rulli – Jorge
Falcone – Alejandro Bodart – Vilma Ripoll – Laura Isod – Lucila Díaz Rönner
– Patricia Langlais – Maristella Svampa – Miguel Bonasso – Enrique Viale –
Soledad Barruti – Eduardo González. Internacionales: Raúl Prada Alcoreza.
Grupo Comuna, Bolivia.
Fuente:
http://nonospatentenlavida.org/
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