miércoles, 31 de mayo de 2017

"Si pensamos el soviet como experiencia colectiva de insurrección es muy plausible de retomar, porque cuando las izquierdas se entrometen tanto con la cuestión electoral pierde esa dimensión de lo insurreccional, que es lo que permite que la historia tenga una fuerza, una dirección".

El “Mayo argentino”, 48 años después

29 de mayo de 2017


Susana Roitman, autora de “El torno y la molotov. Relatos e imágenes de la Córdoba obrera 60-70” reflexiona sobre el Cordobazo y las efemérides políticas más allá de la nostalgia.
“El 29 de mayo de 1969 entra en acción el movimiento obrero por medio de una huelga general activa, con movilización y concentración, decretada por la CGT local”. Así comienza un conocido ensayo sociológico su crónica sobre el Cordobazo. Aquel día las columnas avanzaron hacia el centro de la ciudad, “el símbolo del poder social” de la provincia. La autodenominada “Revolución Argentina” llevaba tres años usurpando el poder y había anunciado recientemente la derogación del sábado inglés (por el cual se trabajaba medio día pero se cobraba por las 8 horas de la jornada laboral), el congelamiento de sueldos, el aumento de la edad para jubilarse y la paralización de la comisión de salario mínimo, vital y móvil, todas medidas tomadas a través del entonces ministro de Economía Krieger Vasena. Mayo se había iniciado además con una serie de protestas protagonizadas por estudiantes y jóvenes que se manifestaron contra las políticas autoritarias y represivas del entonces presidente de facto, Juan Carlos Onganía. Todas fueron reprimidas. En Corrientes, el 15 de mayo, fue asesinado el estudiante Juan José Cabral. En Rosario, el 17 y el 21 del mismo mes, otros dos jóvenes fueron asesinados en manifestaciones: Alfredo Bello y Norberto Blanco. Entre tanto, en Córdoba, bajo la excusa de “peligro subversivo”, el gobierno había ordenado por esos días cerrar la Universidad. La tapa de la olla saltó por los aires en Córdoba el día 29, cuando las dos fracciones de la Confederación General del Trabajo convocaron a un paro de 37 horas, iniciando un día antes las protestas convocadas por la CGT a nivel nacional para el día 30.

Para conversar sobre aquel acontecimiento histórico y sus repercusiones en la Argentina actual,Zoom dialogó con Susana Roitman, docente e investigadora que se dedica a estudiar cuestiones relacionadas con las luchas del movimiento obrero argentino y autora de El torno y la molotov. Relatos e imágenes de la Córdoba obrera 60-70.

¿Qué te parece, históricamente hablando, que hoy se puede rescatar de este acontecimiento político?
Yo creo que fue un momento cumbre de un período de luchas populares muy alto, el más importante de la historia argentina, te diría. Y el Cordobazo fue el episodio más importante de ese período: esos 15 años que van desde inicios de los sesenta hasta 1973, 1974. Es ese el momento en donde se expresó una subjetivación política revolucionaria de los trabajadores, de la clase obrera, con capacidad de dar batalla no solamente contra la situación coyuntural sino contra el capitalismo. En un momento en el que la correlación de fuerzas fue muy favorable para el trabajo frente al capital. Y esto obligó de alguna manera a que el poder respondiera como respondió. Pero me parece que podría haber sido otra la historia de esos momentos que aun hoy nos asombran. No creo que sea una fatalidad histórica lo que sucedió. El fin de esa oleada de luchas no estaba escrito.

¿Cuanto hubo de espontáneo y cuanto de organizado en El Cordobazo? ¿Que podria decirse sobre la relación bases-dirigentes en ese momento histórico?
Me parece que hoy ya no es tan importante aquella vieja discusión sobre el carácter espontáneo o no del Cordobazo, porque si se piensa en la historia que hubo detrás, esa historia tan fuerte, tan fluida y tan marcada por el trabajo de base es difícil sostener la hipótesis de la espontaneidad. Lo que sí me parece que se discute muchas veces, de manera excesiva, es el papel de los dirigentes, de las cúpulas sindicales combativas, pero no la irrupción de las bases de trabajadores en la vida política de Córdoba, primero, y de todo el país después. Eso es para mí lo más interesante. Sobre todo el rol que jugaron esos dirigentes combativos (como Agustín Tosco y Atilio López) en relación a poner el oído a esa rebelión de las bases. Y ahí retomo algo que dijo el otro día Taurino Atencio [compañero de lucha de Tosco en los setenta], que destacó esto de que el peronismo, ese hecho maldito de la Argentina, tuvo siempre esa ambivalencia de la que hablaba también Daniel James, que produce integración pero también produce resistencia. Y ese equilibrio entre ambos términos, de alguna manera, se desequilibra con el Cordobazo, donde la lucha de las bases superó todas las expectativas. Esa rara relación entre unas bases obreras con potencia revolucionaria y una dirigencia, no diría rara, pero sí que asombró un poco por esa capacidad de escuchar ese run run, ese susurro de las bases transformado en grito el 29 y 30 de mayo de 1969. Por eso me gusta mucho el concepto de subjetivación política, en términos de posibilidad de acumular fuerzas para poder cuestionar al sistema como un todo. Y el Cordobazo fue un momento muy álgido de ese proceso.

¿Qué pasa con Córdoba? Tenemos a la Córdoba de la Reforma Universitaria, que el año que viene cumple 100 años. En estos días el aniversario del Cordobazo. ¿Son momentos excepcionales en una provincia que tiene como rasgo más estructural su conservadurismo?
A mí me gusta mucho la expresión de José Aricó, de Córdoba como “ciudad de fronteras”, en el sentido de que habitan esta provincia lógicas muy encontradas y me parece, en ese sentido, que se hace muy difícil definirlas a priori como conservadoras o revolucionarias. Son dos lógicas que siempre están operando. Yo no soy cordobesa, pero me siento adoptada por Córdoba y eso es un poco lo que me fascina, que se encuentran acá estas lógica que a veces se hibridan y otras no, y que uno diga: ¿cómo puede ser una ciudad mediterránea de fronteras? Y sí, porque tenés por un lado estas lógicas rebeldes que se van pasando solapadamente entre generaciones. Yo no te voy a decir que se puede encontrar un hilo claro de continuidad histórica entre la Reforma y el Cordobazo, por ejemplo, pero sí me parece que hay cuestiones que generan una idiosincrasia, y que tiene que ver con esto de las lógicas dispares que conviven, se oponen, se hibridan. Y eso produce una singularidad de Córdoba. Y te llevo a un caso más actual: después de la elección en la que ganó Mauricio Macri, donde sacó el 70% de los votos en Córdoba, también fue acá en donde se realizó la primera gran movilización del país, con motivo de la cuestión del ente municipal promovido por el intendente radical Ramón Mestre, de Cambiemos. Entonces digo, ¿qué cosa no? No hay una Córdoba. Luego fue lo de la inmensa movilización contra la Ley de Bosques, y después la conmemoración del 24 de marzo, que fue muy masiva en todo el país, pero que en Córdoba tuvo uno de sus picos más alto, al igual que la marcha contra el 2×1, sin dejar de lado toda la lucha de género que se libró en todo el país y no sólo acá. Pero en Córdoba se produjo sí toda esta lucha muy masiva ligada a la problemática ambiental. Por eso habría que hablar de las Córdobas, en plural, porque resulta muy difícil clasificar todo bajo la grilla del nombre Córdoba. Por eso insisto en traer la frase de Aricó, de ciudad de frontera, porque esas fronteras son porosas y permiten esa circulación entre las campañas de la Iglesia y los mamelucos de los trabajadores, y ahora se le suma todo el fenómeno evangélico y toda esa mezcolanza que es muy linda también, a pesar de que uno pueda decir: “que conservadora es esta provincia”. Esta amalgama de sentido común, como diría Antonio Gramsci, está presente en todos lados, obvio, pero tal vez en Córdoba resulta más notoria.
Este martes, 30 de mayo, estarás participando de una serie de actividades. ¿De qué se tratan?
Sí, hacemos unas jornadas desde la Asociación de Estudios del Trabajo, la Universidad Nacional de Villa María y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Una de ellas es junto a la Casa de los Trabajadores también, en la que estarán presentes protagonistas del Cordobazo pero también del Viborazo, que acontece dos años después: Carlos Masera, secretario general del Strac; Taurino Atencio, de EPEC; Carlos Scrimini, entonces secretario general de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y Soledad García, una militante y docente siempre presente en las luchas. Y más temprano se va a realizar una mesa-debate donde estarán presentes protagonistas de experiencias de lucha y organización de los trabajadores en la actualidad. La idea es sobre todo pensar en la dinámica de articulación que se puso de relieve en el Cordobazo, a diferencia de ahora en donde prima la dispersión
¿Qué pasa con los aniversarios? ¿No te da la sensación de que siempre se termina cayendo en un gesto nostálgico?
Es probable. A mí me parece que los aniversarios pueden ser propicios para preguntarse por los posibles puentes que pueden establecerse entre el hoy y lo que pasó, por lo que se quebró, en fin, para pensar una sociología histórica, de comparaciones, no tanto para caer en la nostalgia sino para analizar la correlación de fuerzas en cada momento y que eso nos permita pensar estrategias presentes. Por ejemplo, esta cuestión del protagonismo de las bases puede ser un hilo conductor entre aquella gesta de hace 48 años y el ahora. Por ejemplo, hace unos años, presentamos el libro El torno y la molotov con obreros de Volkswagen, y más que sentir lo que leían como algo lejano en le tiempo, se sentían identificados con ellos mismos, con sus prácticas. Y eso me parece que está bueno, que estas efemérides dan para pensar. Este año tenemos los 100 años de la Revolución Rusa, los 150 años de la primera edición de El capital, y como dice Aldo Casas desde el título de su último libro, vos lees a Karl Marx y decís “sí, este tipo es nuestro compañero”, porque es muy contemporáneo. Y si uno piensa el soviet como experiencia colectiva de insurrección es muy plausible de retomar, porque cuando las izquierdas se entrometen tanto con la cuestión electoral pierde esa dimensión de lo insurreccional, que es lo que permite que la historia tenga una fuerza, una dirección

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/05/29/el-mayo-argentino-48-anos-despues/ 

"Reiteramos que no tiene licencia social para este y ningún emprendimiento megaminero. Esta “conciliación” ningunea la voluntad de un pueblo que sigue expresando el rechazo. Gane quien Gane. Gobierne quien gobierne. Concilie quien concilie Queremos vivir en paz, No queremos megamineria".

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa

31 de Mayo de 2017

¡La decisión del pueblo importa!
San Juan, 30 de Mayo de 2017
La Asamblea Riojana Capital convoca a la comunidad a juntar firmas para ratificar el rechazo a cualquier intento de reanudar los trabajos de la CNEA de exploración y explotación de uranio en la Quebrada de Alipan (Cantadero).
Respecto a la audiencia de conciliación prevista para el 12 de junio del corriente año entre la CNEA, el municipio capital y el gobierno provincial, dispuesta por la Cámara Federal de Córdoba, sostenemos que sea cual fuere la decisión que se tome en la misma como pueblo ya hemos decidimos que no permitiremos la explotación de uranio en la quebrada de Alipan (Cantadero, Las Cañas, Higuerillas, etc.) a 20 km del centro de la ciudad.
Creemos que la conciliación es una artimaña jurídica ya que sabemos que tanto la provincia, el municipio y la nación están de acuerdo en fomentar la política minera de saqueo y contaminación.
Reiteramos que no tiene licencia social para este y ningún emprendimiento megaminero.
Esta “conciliación” ningunea la voluntad de un pueblo que sigue expresando el rechazo. Gane quien GaneGobierne quien gobierne. Concilie quien concilie
Queremos vivir en paz, No queremos megamineria.
Asamblea Riojana Capital – Regional UAC Cuyo/NOA

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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
Contra el Saqueo y la Contaminación


Observamos que se agrava la violencia del Capital y su Estado en el continente y el mundo sobre todo por disputas de territorios

Brasil: Nueva masacre en Pará expone

la fragilidad del Estado en la resolución de conflictos en el campo

29 de mayo de 2017

Las masacres ocasionadas por disputas de tierras en todo Brasil se han vuelto cada vez más intensas. De acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra - CPT, en 2016 fueron registrados 61 asesinatos en conflictos, el mayor número desde el inicio del monitoreo por parte de la entidad.

Por Maura Silva
Diez ocupantes de tierra - una mujer y diez hombres -, fueron asesinados en la mañana de este miércoles (24), en el campamento Nueva Vida, localizado en la Hacienda Santa Lucia, en el municipio de Pau d’Arco, en Pará.La masacre comenzó a ganar repercusión con la divulgación de imágenes de los cuerpos de las víctimas que, según medios de comunicación local, fueron llevados por policías a la morgue del Hospital Municipal de Redenção y después transferidos al Instituto Médico Legal (IML) de Marabá y de Paraupebas.
De acuerdo con informaciones de la Comisión Pastoral de la Terra (CPT), los trabajadores, cuyas identidades no han sido reveladas, murieron durante el cumplimiento de una acción de toma de posesión expedida por el juez de la Sala Agraria de Redenção, Erichson Alves que, contrariando la Cartilla de la Defensoría Agraria Nacional, determinó que la acción fuera cumplida por policías militares y civiles. En situaciones como estas, las directrices del Tribunal de Justicia determinan que la acción sea realizada por el Batallón de la Policía Militar especializado en resolución de conflictos.
En comunicado de prensa enviado en la tarde de ayer, la coordinadora de la Federación de Trabajadores de Agricultura Familiar del Estado de Pará (FETRAP), Viviane Pereira, dijo que el número de muertos en Pau D'Arco puede aumentar, pues no hay precisión sobre la cantidad de heridos y el estado de salud de los involucrados. Aun según el texto, la masacre en la Hacienda Santa Lucia, en número de víctimas, solo es menor que la Masacre de Eldorado de Carajás, que dejó 21 Sin Tierra muertos en abril de 1996.
También en comunicado de prensa, la Fiscalía Federal de Derechos del Ciudadano (PFDC), del Ministerio Público Federal, informó que, está en contacto con fiscales y promotores locales para auxiliar en las investigaciones. Articulaciones entre la Fiscalía General de Justicia, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Confederación Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados de Pará también están en camino).
Histórico:
Aun según informaciones de la CPT, en el segundo semestre del año pasado, durante una reunión de la Comisión Nacional de Combate a la Violencia en el Campo, realizada en la sede del Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), en Marabá, el coordinador del campamento, Ronaldo da Silva Santos, informó que las 150 familias acampadas en el local desde mayo de 2015, deseaban que el inmueble fuera destinado para fines de Reforma Agraria.
Frente a la solicitud, el entonces Superintendente Regional del órgano en Marabá, Claudeck Alves Ferreira, asumió el compromiso de reunirse con el propietario de la hacienda y negociar su expropiación. En la época, participaron de la reunión el entonces Oidor Agrario Nacional y Presidente de la Comisión Nacional de Combate a la Violencia en el Campo, juez de segunda instancia Gercino José da Silva Filho; Aílson Silveira Machado, representante de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Ciudadanía; representantes regionales del INCRA; representante de la Policía Militar de Marabá; y coordinadores de la (FETRAP - PA).
Escalada de violencia y connivencia del Estado:
Para Ayala Ferreira, de la Dirección Nacional del MST, que acompaña los casos de violencia en Pará, el gobierno del estado está nuevamente usando un discurso que criminaliza a lucha por tierra en la región.
“En 1996, cuando sucedió la masacre de Eldorado dos Carajás, la policía habló de confrontación. Ese, por lo demás, es el discurso utilizado en todas las masacres, sea en el campo o en la ciudad. Lo que vale resaltar aquí es que fue una ‘confrontación’ en la que solo murieron acampados. Ningún policía involucrado en la acción fue identificado hasta el momento. La propia Policía Militar desarmó el escenario del conflicto al retirar los cuerpos y cargarlos amontonados en una camioneta hasta Redenção”, concluyó.
Las masacres ocasionadas por disputas de tierra en todo Brasil se han vuelto cada vez más intensas. De acuerdo con la CPT, en 2016 fueron registrados 61 asesinatos en conflictos, el mayor número desde el inicio del monitoreo de la entidad, en 2003. En 2017, el total de muertes llegó a 26, sin contar los casos de ayer.
En abril de este año, nueve trabajadores rurales fueron brutalmente asesinados por un grupo de hombres encapuchados en una masacre en Colniza, en Mato Grosso. Hasta el momento nadie fue preso.
Actos y acciones están siendo construidos en todo el estado para debatir y enfrentar la ola de violencia en el estado paraense.
Con la medida tomada por el gobierno Temer de extinguir la Defensoría Agraria Nacional, entidad que era responsable por prevenir y mediar los conflictos agrarios, la situación tiende a agravarse cada vez más, una vez que el papel de mediación queda a cargo del Estado, que ya probó ser incapaz de garantizar la seguridad de los trabajadores en el campo.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Brasil_Nueva_masacre_en_Para_expone_la_fragilidad_del_Estado_en_la_resolucion_de_conflictos_en_el_campo

Tenemos "la convicción de que el socialismo no puede surgir por sí solo o por decisión de un gobierno o de una vanguardia iluminada ni puede decretarse desde arriba, esta construcción de la sociedad que queremos y anhelamos vivir sólo puede surgir desde las bases, desde el pueblo conciente y organizado".

Semillas de otro futuro

29 de mayo de 2017


"Nuestra visión se nutre de las luchas de las y los trabajadores, de los pueblos indígenas y originarios, de los pueblos afro-descendientes, de los pueblos campesinos, de las luchas de la juventud y las mujeres, de otros colectivos que luchan contra el sistema capitalista y patriarcal, como los grupos LGTBI, ambientalistas y otros".
Por Silvia Ribeiro
A principio de mayo se realizó en Colombia la asamblea de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina), con asistencia de más de 80 organizaciones latinoamericanas y caribeñas. Francisca Rodríguez, de Anamuri (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Chile), contagia el entusiasmo, por lo que ve como una construcción de más de dos décadas que va tomando definiciones importantes, que no son coyunturales, sino resultado de los debates, experiencias y luchas de estos años. Una construcción que conoce de primera mano, porque Francisca es fundadora tanto de la CLOC como de la Vía Campesina internacional.
Ahora está en México para participar en representación de la CLOC-VC en la reunión de la Alianza por la Biodiversidad en América Latina, colaboración de organizaciones que, entre otras tareas, publica la revista Biodiversidad, sustento y culturas (ver aquí).
Para Francisca, esta asamblea de la CLOC-VC fue significativa, porque acordaron caminar juntos no sólo por las cosas a las que se oponen, también por el proyecto de sociedad que quieren construir: campesino, popular y socialista, en alianza entre el campo y la ciudad.
La CLOC nació como resultado de la Campaña 500 años de Resistencia Indígena, Campesina, Negra y Popular. Desde muy temprano identificaron y desarrollaron principios y ejes de lucha, como ser anticapitalistas y antimperialistas. En el V Congreso de la CLOC en Ecuador, 2010, la Asamblea de Mujeres revolucionó el congreso y a muchos en la Vía Campesina con la consigna Sin feminismo no hay socialismo. Sumaron el principio de ser anti-patriarcales, algo que despertó recelos de algunos compañeros, pero que ahora está claramente consolidado como principio y cada vez más como actitud dentro de las organizaciones. También afirmaron la crítica a la agricultura industrial, química y transgénica; así como el cuidado y la defensa de la Madre Tierra, la biodiversidad y el papel de campesinos, campesinas e indígenas como actores fundamentales de esa defensa.
Sobre los nuevos acuerdos de su reciente Asamblea, Francisca relata que si bien para muchas organizaciones de la CLOC-VC los procesos electorales y los gobiernos progresistas se han visto como momentos de oportunidad, también reconocen los límites de seguir bajo las mismas estructuras y bajo la supremacía de burguesías nacionales y transnacionales. En cualquier caso, continúa Francisca, se necesita mucho más para el socialismo que queremos. “El reto mayor para la CLOC-VC es la construcción del socialismo desde los territorios, desde lo local. Pero también, y más aún en las crisis que vivimos en todo el continente, encontrar formas más sólidas de comunicarnos, comprendernos y organizarnos con otros movimientos populares, desde la diversidad y construyendo desde diferentes perspectivas un proyecto común de sociedad. Nuestra definición de la sociedad por la que luchamos emerge desde nuestros procesos históricos, y con la convicción de que el socialismo no puede surgir por sí solo o por decisión de un gobierno o de una vanguardia iluminada ni puede decretarse desde arriba, esta construcción de la sociedad que queremos y anhelamos vivir sólo puede surgir desde las bases, desde el pueblo conciente y organizado. Poco importa, continúa, que nuestras organizaciones lo llamen de distintas maneras, sea socialismo comunitario, sociedad del buen vivir, sociedad de la plenitud u otras nombres. Lo importante son los contenidos reales que ponemos y que este proyecto se transforme en un horizonte común de los pueblos. Hay mucha experiencia acumulada dentro de la CLOC y la Vía Campesina, pero también en muchos otros movimientos y tiempos. Nuestra visión se nutre de las luchas de las y los trabajadores, de los pueblos indígenas y originarios, de los pueblos afro-descendientes, de los pueblos campesinos, de las luchas de la juventud y las mujeres, de otros colectivos que luchan contra el sistema capitalista y patriarcal, como los grupos LGTBI, ambientalistas y otros.”
Estas reflexiones no son una declaración de un foro un evento o de algunos intelectuales, sino que son el cúmulo de trabajo colectivo de muchas organizaciones campesinas durante décadas, a la par de la lucha de resistencia en cada lugar. En ese andar, La Vía Campesina ha desarrollado conceptos fundamentales para el cambio social, como la soberanía alimentaria (opuesto al concepto de seguridad alimentaria de los gobiernos, donde no importa qué y quién produce los alimentos); la afirmación de la agricultura campesina e indígena de base agroecológica como la única vía posible para alimentar a toda la humanidad ahora y en las generaciones futuras y enfriar el planeta; la reforma agraria integral y popular; es decir, no solamente por tierra, también por territorio y por mantener la función social de la tierra, en el reconocimiento de que la alimentación es un tema de toda la sociedad, no sólo rural o de campesinos y campesinas; la defensa y recuperación de las semillas nativas, criollas, ancestrales; el que los bienes comunes (agua, aire, semillas, biodiversidad, suelo, minerales) deben ser comunes, no privatizados y protegidos para garantizar que todas y todos gocemos de ellos ahora y en generaciones futuras.
Cada región de La Vía Campesina internacional tiene sus particularidades y acentos, su diversidad, pero han acordado principios comunes que le dan identidad. Con este acervo y otros aportes desde cada región, convocan ahora a la VII Conferencia mundial de La Vía Campesina, en julio, bajo la consigna Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Semillas_de_otro_futuro

"No podemos esperar por elección, directa o indirecta. Después de todo, ya sabemos muy bien quién manda en el proceso electoral. La lucha por un Brasil de los trabajadores es ya".

El agronegocio avanza sobre la Amazonía
31 de mayo de 2017

Por Elaine Tavares (Rebelión)
Brasil vive una gran crisis política, pero para los diputados del Congreso Nacional, parece que no pasa nada. Sordos a la movilización popular que cuestiona la legitimidad del gobierno Temer y que acusa a más de 300 parlamentarios de corrupción, los legisladores siguen aprobando leyes conforme a los intereses de sus patrocinadores. La conocida “bancada del buey”, en la que se encuentran los representantes del agronegocio es la más activa, garantizando una mayor concentración de tierras y privilegios en manos de los terratenientes. Y si eso no fuera poco, los hacendados siguen asesinando a personas en el interior de Brasil sin que nadie sea molestado. La llamada acumulación primitiva, tan bien explicada por Marx, avanza a marchas forzadas en Brasil: el objetivo es garantizar tierras ricas para los ricos, eliminando cualquier estorbo, ya sean indígenas o campesinos sin tierra. Para conseguir ese objetivo, ¡todo vale!

La semana, cuando más de 150 mil personas tomaran Brasília, la capital nacional, en lucha por el “Fuera Temer” y contra las contrarreformas laboral y de pensiones, los diputados parapetados en el Congreso, aprovechando que los colegas de la oposición se habían retirado del plenario en protesta contra la agresión a los trabajadores que acontecía afuera, votaron una Medida Provisoria, propuesta por el gobierno ilegítimo, que regulariza las tierras de la Unión ocupadas en la Amazonía legal y establece nuevos procedimientos para la regularización de tierras urbanas en Brasil, entre los que se encuentra uno que abre la posibilidad a que las empresas extranjeras se apropien de tierras en territorio nacional, sin límite ninguno por su tamaño.

La MP se tramitó como Proyecto de Ley defendido por el senador Romero Jucá (PMDB / RR), el mismo que es conocido en todo Brasil por haber diseñado el golpe de Estado que destituyó a Dilma Rousseff y que también está involucrado en denuncias de corrupción.

En la propuesta aprobada ahora será posible regularizar áreas mayores que un módulo fiscal de hasta 2.500 hectáreas, una exigencia de los terratenientes y de los grandes “grileiros” (ladrones) de tierra. También permite que los ocupantes hasta 2008 puedan hacer la regularización. Antes de eso sólo era posible para los que estaban en el área hasta 2004. Es decir, la nueva ley legaliza la última expansión realizada por los ladrones de tierra, que en su mayoría son grandes hacendados que, a hierro y fuego, garantizaron el aumento de la frontera agrícola para dentro del bosque que es el pulmón del mundo.

Y también con la posibilidad de compra por parte de las empresas extranjeras, la Amazonia podrá ser apropiada por las transnacionales que usarán a su placer toda la riqueza de la región, incluso una infinidad de plantas que sirven a la industria farmacéutica. Es decir, el país pierde soberanía sobre su propia riqueza. Es el corolario del entreguismo.

Lo que está en juego

La Amazonia legal no es un descampado vacío de gente que los granjeros pueden ir ocupando a su placer. Es un espacio de riquezas interminables, equilibrio del clima mundial y también morada de una infinidad de pueblos originarios, siendo justamente su riqueza la causa de su desgracia, pues los capitalistas, en el proceso incontrolable de acumulación de capital, quieren usurpar cada palmo de tierra sin poner reparos en el cómo. De hecho, el mismo día en que se aprobaba la MP, pistoleros a mando de los hacendados en el estado de Pará, al norte del país, asesinaban a 10 trabajadores sin tierra en una nueva masacre en el campo.

La región amazónica es un laboratorio de vida natural con más de 50 mil kilómetros de ríos navegables, ya que sólo el Amazonas tiene más de mil afluentes. Allí viven cerca del 80% de las variedades de vida del planeta, siendo la mayor selva tropical del mundo. Asimismo, la Amazonia brasileña se extiende a lo largo de nueve estados brasileños y desde que comenzó el proceso de invasión en 1500, ha sido objeto de saqueo y destrucción: primero con la minería de oro en el siglo XVIII y después con la extracción de caucho, la región fue el escenario de grandes batallas, como la Revuelta de los Cabanos (1823 - 1839), en la que indios, negros y trabajadores empobrecidos se levantaron en armas contra el Estado, muriendo asesinadas por las fuerzas estatales más de 30 mil personas, en la que fue la más sangrienta guerra civil de Brasil.

En la investida capitalista sobre la Amazonia durante el ciclo del caucho la región fue tomada por levas gigantescas de trabajadores nordestinos que, sumidos en la más absoluta miseria, provocada por la sequía que asoló el noreste del país, se desplazaron hacia el norte en busca de una vida mejor. De hecho, entre 1870 y 1910 emigraron a la región más de 500 mil nordestinos que siervieron de fuerza de trabajo:el ferrocarril de Madeira-Mamoré, construido en la primera década del siglo XX, dejó un saldo de 30 mil muertos a causa de la precariedad de las condiciones laborales y de vida.

Asimismo, fue en la década de 1930 cuando empezó la entrega de tierras a los extranjeros, siendo el empresario estadounidense Henry Ford el primer beneficiario, al ocupar unas tierras junto a las márgenes del río Tapajós para la extracción del caucho.

El gobierno militar, que se hizo con el poder después del golpe de 1964, fue quien promovió otro fuerte proceso de acumulación capitalista en la región con una estratégica política de colonización del norte, llegando a crear una agencia de fomento para financiar a aquellos que querían invertir en la Amazonia, la conocida SUDAM (Superintendencia del Desarrollo de Amazonía), espacio de grandes procesos de corrupción y desvío de dinero, involucrando a figuras conocidas como Jader Barbalho y Roseana Sarney, pero que siguen sus vidas sin castigo alguno. Fue justamente en ese período cuando se abrieron las fronteras del bosque al capital. Conforme a estudios de Fiorelo Picoli, en el libro El capital y la devastación de la Amazonía, entre 1960 y 1970 sólo el 35,3% de las tierras pertenecían a establecimientos con menos de 100 hectáreas, pero a partir de 1975 la concentración había dado un salto, con el 99,8% de las tierras convertidas en propiedades de más de 100 hectáreas, teniendo el 75% más de mil hectáreas. Es decir, fue el período en que los granjeros se apropiaron de tierra en la región. Y no fue de manera legal.

Este fue también un tiempo en que cientos de miles de indígenas fueron asesinados o desalojados de sus territorios. Todo era válido para que Brasil "progresara". El estado llegó a crear una base militar en el sur de Pará, justamente para apoyar el 'grilaje' (robo) de tierra por los grandes hacendados, actuando contra los campesinos empobrecidos y contra los indígenas. Y fue en ese tiempo de la dictadura militar que los pueblos originarios tuvieron su menor población, llegando a apenas 100 mil almas.

Ahora, con el poder instituido dentro del Congreso Nacional, la “bancada del buey”, que representa los intereses del latifundio, vuelve al ataque con mucha más fuerza. La intención es regular todas las tierras griladas (robadas) en esta nueva embestida del agronegocio que comenzó a finales de los años 1990. El gobierno habla de regularizar tierras de pequeños propietarios, pero no es verdad. La ley tiene un único objetivo: hacer legal la criminal apropiación hecha por los grandes granjeros. De hecho, los pequeños propietarios están siendo sistemáticamente expulsados de sus tierras por pistoleros a sueldo de los latifundistas, lo mismo que los indígenas.

El próximo paso de la bancada de los "soldados" del latifundio será el ataque a las tierras ya demarcadas como territorio indígena; de hecho, desde hace años que los grandes hacendados están intentando meter mano en las tierras que están bajo protección indígena. Y la propuesta en discusión en el Congreso es la de sacar del ejecutivo el poder de demarcar, pasando a la mano de los diputados. Y ellos todavía quieren garantizar el poder de deshacer las demarcaciones ya efectuadas. Es un avance brutal del capital sobre la región. Y la sentencia de muerte a una serie de comunidades originarias.

Así, mientras el ejército era llamado para contener la rebelión de las gentes que protestaban frente al Congreso, los diputados, protegidos y sordos, aplicaban otro golpe a la nación brasileña entregando una de las regiones más caras al planeta al control del capital.

¿Quién podrá parar ese salvaje proceso de profundización de la dependencia, ese crimen de lesa-patria? Ciertamente no será el Chapulín Colorado, sino el pueblo consciente, organizado y en lucha. Por eso, la batalla contra el gobierno necesita ser profundizada, sin miedo de romper ventanas o puertas. Esa gente que hoy asaltó el poder está entregando las riquezas, la vida de los pueblos originarios, la biodiversidad, el aire del mundo. ¿No sería mucho más grave?

El proyecto aún tiene que pasar por el Senado. Y esa lucha tiene que ser trabada ahora, no se puede esperar por elección, directa o indirecta. Después de todo, ya sabemos muy bien quién manda en el proceso electoral. La lucha por un Brasil de los trabajadores es ya.


"Nos ha llevado a identificar vacíos, inconsistencias y limitaciones en la formulación y argumentación a favor del extractivismo promovido por el gobierno. Por esta razón y por las complejidades inherentes, el hacer frente a la destrucción de la naturaleza y adicción al crecimiento obsesivo exige replanteamientos de fondo".


Patrón de acumulación extractivista 
y sus limitaciones
31 de mayo de 2017

Por Gonzalo Colque (Rebelión)
Este trabajo aborda los alcances y limitaciones del extractivismo que se propone desde el gobierno del MAS y que se implementa sin grandes preocupaciones por los impactos ambientales. El tema central es si la extracción intensificada de recursos conduce (en qué grado o no) a un nuevo patrón de acumulación capitalista, donde el modelo primario exportador debería dejar de ser la principal fuente de obtención de la riqueza. Este debate tiene relevancia porque apremia encontrar el equilibrio apropiado entre protección de recursos naturales y desarrollo económico.

Introducción
El gobierno de Evo Morales está dando pasos firmes para desentenderse de su programa anticapitalista y antimercantilización de la naturaleza y pasar a abrazar con más fuerza el extractivismo. Justificar y defender esta transición radical no es una tarea fácil pero el gobierno ha comenzado a ocuparse de ello en los últimos añosi. Como era de esperar, antes que una explicación sistemática sobre por qué es mejor la mercantilización intensificada de los recursos naturales –y cómo ello conduce al Vivir Bien– predomina el hostigamiento a quienes cuestionan este viraje.
La defensa del extractivismo desde una opción confrontacional implica descalificar a los movimientos ambientalistas, como si con ello fueran a desaparecer los problemas de nuestro patrón de desarrollo primario exportador. Los ecologistas están acusados de estar dedicados a cuidar los intereses de los países ricos, es decir serían simples cómplices de los mayores culpables del calentamiento global. Además, estarían en contra de los intereses nacionales por obstaculizar el desarrollo económico y la puesta en marcha de programas de industrialización para la lucha contra la pobreza. Álvaro García Linera, en su ensayo “Medioambiente e igualdad social”, además de reiterar su cuestionamiento al eco-imperialismo, enjuicia el ecologismo elitista que ignora los problemas sociales, pero no lo hace para exigir justicia ambiental, medidas más firmes de los países dominantes para la lucha contra la degradación ecológica o para avanzar en el análisis sobre acumulación y desposesión sino su escrito es, fundamentalmente, un alegato en defensa del extractivismo con inclusión socialii.
La intención en este texto es retomar un punto fundamental que a menudo es ignorado: el extractivismo propugnado por el gobierno, ahora con licencia para contaminar, tiene limitaciones e inconsistencias severas en su formulación como programa de desarrollo, en mucho porque sigue siendo funcional al sistema económico global, al capitalismo destructor de la naturaleza y adicto al crecimiento ilimitado.
La intensificación del extractivismo
El abandono de las políticas (no del discurso) de protección ambiental y la intensificación del modelo extractivista ocurren en un periodo de tiempo breve y marcado por procesos políticos y económicos solapados. Para muchos, el conflicto por el TIPNIS de 2011 que enfrentó a los indígenas y al gobierno marca el punto de inflexión, el momento de retrocesos en las políticas ambientales y de adopción abierta de la economía extractivista. Algunos ejemplos de la intensificación extractiva son las nuevas y flexibles regulaciones para facilitar proyectos de exploración y explotación petrolera en áreas protegidas y territorios indígenas o la ampliación de la frontera agrícola a costa del bosque. Para alcanzar el objetivo de generar riqueza mediante la industrialización se ha puesto en marcha la construcción de megaobras como la planta de fertilizantes de Bulo Bulo (862 millones de dólares, la inversión más alta en la historia de Bolivia), el proyecto siderúrgico El Mutún, el aeropuerto intercontinental o hub de Viru Viru o las hidroeléctricas El Bala y el Chepete.
El inesperado fin del superciclo de precios altos de materias primas (2011-2013) influyó decisivamente en la decisión gubernamental de compensar las pérdidas económicas por mayores volúmenes de producción. Los proyectos de industrialización también se ampliaron a la creación de una empresa estatal de producción de alimentos, una planta industrial de carbonato de litio, otra planta de propileno y polipropileno, una ciudadela de investigación nuclear y otrosiii. Dado que estos y otros proyectos necesitan más renta extractiva, el gobierno acabó por decantarse por una mayor dependencia del modelo primario-exportador. Así, el extractivismo acabó siendo un imperativo económico y político.
En medio de estas medidas económicas puede resultar curioso que el discurso ambientalista del gobierno perviva, especialmente frente a la audiencia global cuestionadora del pésimo papel de los ricos para detener el desastre ecológico y frente a las clases subordinadas. Pero tiene una razón de ser. Por un lado, es un instrumento retórico para conservar su imagen de gobierno indígena y legitimarse como una opción política adscrita al movimiento “Otro mundo es posible”. Por otro lado la intención es, por supuesto, persuadir e influir en la opinión pública para dar por sentado que los movimientos ambientalistas y antiextractivistas tienen nexos con el eco-imperialismo, al igual que las organizaciones de la sociedad civil que cuestionan las contradicciones del gobierno. Esta asociación ligera busca desacreditar a las voces disidentes, despejar el camino de obstáculos y resistencias para mantener en marcha las nuevas iniciativas económicas. Desde esta mirada, los ambientalistas son enemigos de los pobres.
Los activistas son retratados únicamente como idealistas de la ‘naturaleza sin humanos’, que soslayan la importancia del desarrollo económico. Por supuesto que existen movimientos ambientalistas que califican de enemigos de la naturaleza a ciertos grupos poblacionales, específicamente a los campesinos andinos a menudo estigmatizados como “tomatierras” o “depredadores”, pero la realidad es algo más compleja que la oposición binaria de naturaleza y humanos. Una prueba de ello son las múltiples experiencias de gestión integral de territorios y comunidades en áreas protegidas.
Para que el extractivismo tenga la categoría de política de Estado, el gobierno asevera que las prácticas extractivistas son imprescindibles para sostener los programas sociales, en especial las transferencias monetarias hacia los sectores pobres y vulnerables. Dado que los problemas económicos y sociales siguen azotando a la sociedad boliviana, desde el poder se insiste que oponerse a la mercantilización de los bosques, áreas protegidas o territorios indígenas sería una posición atentatoria contra los intereses nacionales y de las mayorías.
En perspectiva, el extractivismo sería una manera de alcanzar de forma escalonada tres grandes etapas de desarrollo: industrialización con excedentes económicos e inclusión social, crecimiento con reducción de impactos ambientales y, por último, una sociedad con “mayor capacidad técnico-productiva para el control de los procesos globales de producción”iv. En estos términos acaba siendo un patrón de desarrollo ideado por un movimiento político; en consecuencia, la interpretación literal o mecanicista –acción extractiva o de extraer– deja de tener relevancia analítica y lo que importa es su connotación como tendencia a intensificar la actividad extractiva, a modo de una condición originaria para instaurar un particular sistema económico y social de creación de riqueza.
Grosso modo, la jugada consiste en superar el extractivismo con más extractivismo, donde el Estado debe ser el protagonista central en calidad de estratega y promotor de procesos económicos y redistributivos. No hay una estimación específica del tiempo que tomaría este proceso. El año del bicentenario, 2025, está marcado en el calendario como hito para que todas las exportaciones tengan valor añadido y según algunas declaraciones públicas, el cambio del patrón de acumulación probablemente lleve unas dos décadasv.
Inconsistencias y limitaciones
Esta formulación que también se puede denominar ‘extractivismo dirigido por el Estado’, a pesar de sus múltiples implicaciones, no ha sido examinada con detenimiento. En parte esto es así porque, excepto un par de ensayos, la propuesta no está expuesta ni desarrollada de forma sistemática sino sigue estando confinada a los documentos políticos y burocráticos. Este hecho en sí mismo es una muestra de la fragilidad de la propuesta. Dejemos de lado este punto para advertir sobre las principales inconsistencias y limitaciones.
Primero, los promotores del modelo asumen que más extractivismo desencadenará un proceso de transformación estructural desde una economía primaria de exportación hacia una economía con alto valor agregado y generadora de excedentes principalmente a partir de la industrialización y las nuevas industrias de energías renovables. Es una narrativa atractiva pero básicamente reproduce ideas evolucionistas y desarrollistas, como si el salto solo fuera cuestión de tiempo, sin reconocer el papel y lugar que ocupamos en relación al mundo. Nuestra condición es de una sociedad subordinada, espacio hacia donde se expande la “acumulación por desposesión” y, además, con un historial de pésimo desempeño durante los años de experimentos latinoamericanos de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI). No es lo mismo transformarse teniendo control sobre las materias primas que suministrándolas al resto del mundo. El extractivismo es tal no por extraer o transformar la naturaleza sino por el vínculo funcional, digamos, con China y otros países capitalistas. Además, el extractivismo no es nuevo en nuestra historia. Por lo tanto, ¿qué marcaría la diferencia?
La respuesta del gobierno es que ahora el Estado tiene un papel decisivo en la economía. Pero este postulado no tiene correlato en los hechos. Un número creciente de estudios confluyen al concluir que el gobierno de Evo Morales subordina e instrumentaliza cualquier faceta del aparato estatal a su proyecto partidario: la conquista, apropiación y dominación ideológica de las clases subordinadas, la reproducción permanente de su legitimad política y su expansión hegemónica. La preferencia por un Estado intervencionista pero a la vez supeditado a los intereses del partido gobernante lógicamente atrofia cualquier posibilidad de hacer de éste una maquinaria burocrática eficiente. Como señalan algunos estudiosvi, haría falta un Estado de tipo ideal weberiano para conducir las transformaciones económicas de carácter estructural pero las evidencias abundan sobre lo contrario, es decir, sobre la persistencia en América Latina (y en Bolivia) de aparatos públicos ineficientes y cooptados por grupos de poder y gobiernos de turno. Si todo esto es así, entonces estamos cerca de repetir la historia de proyectos nacionalistas fallidos.
Segundo, los impulsores del extractivismo dan por descontado que la mercantilización creciente de la naturaleza gestará un proceso sostenido de acumulación y apropiación capitalista. Si bien actualmente Bolivia se caracteriza por relaciones capitalistas que se generalizan y se internalizan en casi todos los circuitos de reproducción social, incluyendo la mercantilización de las economías de subsistencia de campesinos e indígenasvii, no se puede dejar fuera de la ecuación el hecho de que todo esto no ha generado ni está generando acumulación y desarrollo de fuerzas productivas en una escala expectable, digamos en comparación con las tasas medias de los países de la región. El cambio de patrón de acumulación se podría medir, con recaudos, mediante algunos indicadores económicos. Por ejemplo, en materia de productividad laboral Bolivia ocupa el último lugar en América Latina y con un añadido bastante revelador y preocupante: la producción promedio por cada trabajador boliviano es la mitad con respecto a la media de la región y solo la tercera parte en relación al mundoviii. En términos de rentabilidad de las inversiones, el gobierno publicita que Bolivia tiene la mejor tasa de rendimiento pero no menciona o no cae en cuenta que se trata de un excedente capitalista generado por la apropiación mercantil de los recursos naturales por parte de capitales transnacionales buscadores de rentas extraordinarias, es decir capitales incapaces de crear riqueza mediante la “reproducción ampliada” o la explotación capitalista de los trabajadores. ¿De dónde viene la ganancia? En este caso de las rentas extraídas a la naturaleza.
Tercero, los proponentes del modelo esperan que el Estado interventor conduzca el mencionado proceso de transformación estructural y con amplia participación de las empresas públicas en los sectores estratégicos. Esto significa que las mayorías bolivianas están consideradas tan solo como potenciales trabajadores asalariados antes que agentes económicos y políticos. Pero esta idea es precaria en extremo sabiendo que tanto las empresas estatales como la burguesía nacional han sido y son profundamente dependientes de socios foráneos y capitales extranjeros. Por ejemplo, la nacionalización de hidrocarburos no pudo cumplir con la meta de expulsar del negocio a las empresas petroleras transnacionales las que más tarde acabaron siendo defendidas por el propio presidente Morales explicando que ahora son socios y no patrones. La historia también nos enseña que nuestras élites del agro ­­–bien conocidas por su mirada hacia afuera– no son más que socios minoritarios dentro del agronegocio ahora controlado casi por completo por capitales extranjeros. La improvisación del plan de desarrollo también queda delatada por la ausencia de mecanismos y políticas de redistribución de la riqueza, en caso de que prosperase la creación de la riqueza mediante los nuevos patrones de acumulación.
Cuarto, el extractivismo dirigido por el Estado no es parte ni está acompañado de esfuerzos sistemáticos en cuanto a reformas y cambios institucionales hacia dentro de nuestras fronteras. La pobreza, la desigualdad en razón de género y pertenencia étnica, la baja productividad laboral, la creciente dependencia de las importaciones o la incapacidad de controlar la expatriación de la riqueza son parte de los problemas de fondo que sistemáticamente se reproducen. Esto significa que persisten las fallas de gran magnitud en la estructura social y económica nacional. Nuestra inclinación por asuntos macro o “estructuralistas” nos ha hecho perder de vista muchos otros problemas que tenemos en casa. Por ejemplo, los pactos gobierno-latifundistas han saboteado reiteradamente cualquier iniciativa de reforma agraria para modificar la estructura agraria dual que explica la mayor parte de la extrema pobreza en que viven los pobladores rurales. Con este tipo de acuerdos y alianzas, los agroexportadores aumentaron su influencia sobre los gobiernos en las últimas dos décadas y consolidaron nuestra condición de simples suministradores de materias primas, en detrimento de procesos de industrialización interna y creación de clases medias y trabajadoras. Nuestra clase política y gobernante en cierto sentido procrastina al buscar por el mundo a los culpables del cambio climático o aventurándose en soluciones eco-populistas y sin prestar atención de forma sistemática a la necesidad de encarar cambios estructurales hacia adentro.
Conclusión
Para nadie es desconocido que apremia encontrar el equilibrio ‘apropiado’ entre protección de recursos naturales y desarrollo económico. Hasta ahora los virajes bolivianos más bien han pasado de un extremo a otro. E l extractivismo que se propone ahora es un tipo de desarrollo económico sin obligaciones ambientales. Este planteamiento se justifica con enunciados como que el calentamiento global no es un problema nuestro, los culpables de los desastres ecológicos son otros, los ambientalistas obedecen a intereses foráneos y son los enemigos de los pobres. La conclusión obvia de la clase gobernante es tenemos derecho a explotar los recursos naturales para nuestro provecho y sin preocuparnos por los costos ambientales.
En este texto hemos privilegiado una cuestión crucial que se pasa por alto en muchos debates: si el extractivismo intensificado conduce (en qué grado o no) a un nuevo patrón de acumulación donde el saqueo de los recursos naturales no sea la principal fuente generadora de la riqueza. La aproximación crítica que hemos ensayado nos ha llevado a identificar vacíos, inconsistencias y limitaciones en la formulación y argumentación a favor del extractivismo promovido por el gobierno. Por esta razón y por las complejidades inherentes, el hacer frente a la destrucción de la naturaleza y adicción al crecimiento obsesivo exige replanteamientos de fondo.
Notas:
i Álvaro García Linera (2012): “Una vez más sobre el llamado “extractivismo”. En “Geopolítica de la Amazonía: Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista”. Vicepresidencia del Estado Plurinacional-Bolivia.
ii Álvaro García Linera (2017): “Medioambiente e igualdad social” https://goo.gl/drT3wH
iii Gobierno de Bolivia (2016: 3-6): “Plan de desarrollo económico y social 2016-2020: en el marco del desarrollo integral para vivir bien”. http://www.planificacion.gob.bo/pdes/ 25/05/2016
iv Ver el primer texto de esta lista de referencia, p 109
v Carlos Corz (2016) “García Linera dice que Bolivia ganó una década y perfila 20 años de extractivismo”. La Razón Digital. https://goo.gl/uYhl9U18.08.2016
vi Murat Arsel, Barbara Hogenboomb y Lorenzo Pellegrini (2016): “The extractive imperative in Latin America”. En The Extractive Industries and Society. Volumen 3, Issue 4, Noviembre 2016, pp. 880–887.
vii Henry Bernstein (2016) Dinámicas de clase y transformaciones agraria. Cambios agrarios y estudios del campesinado. La Paz: TIERRA.
viii Beatriz Muriel (2016) “¿Cómo está Bolivia en materia de productividad laboral?” https://goo.gl/ZfsUJu 7.03.2016

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227317
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Nos solidarizamos con el "proceso de transformación popular-emancipatorio" que concretan organizaciones populares y movimientos sociales de Venezuela. "El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto".

Venezuela desde adentro: 

siete claves para entender la crisis actual

20 de abril de 2017

Por Emiliano Terán Mantovani 
Análisis
No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso venezolano ni es una especificidad regional de ese país. A su vez planteamos que se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un progresivo socavamiento del tejido social.

El trato que se le da a Venezuela en los grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueismo, demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.

Más allá de las versiones cretinizantes de la neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de ‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’.

El criterio de acción e interpretación basado en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las clases trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura actual.

Presentamos 7 claves para su comprensión, analizando no solo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.

I. No es posible comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea

El rico y vasto conjunto de los llamados ‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.

En este sentido, estos sectores se encargan de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto de interpelación política.

Sin embargo, desde la instauración de la Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States’[1]. Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de esta manera por la potencia del norte.

Actualmente, además de las amenazantes declaraciones del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017), planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela could eventually compel a regional response’[2]–, y de la evidencia de la agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza junto a varios países de la región el intento de aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la democracia’ en el país.

Los ideólogos y operadores mediáticos de la restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus análisis porque extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y prefieren callar.

Sea pues, por razones de intencionalidad política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas instituciones de gobernanza global y regional.

Pero hay algo importante que agregar. Si hablamos de intervención, no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía, incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de flexibilización económica.

Una parte de la izquierda ha preferido callar estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las reivindicaciones populares.

II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el caso venezolano

Casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada, lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.

La ‘dictadura’ suele estar asociada a regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.

El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial, visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.

El asunto es que en Venezuela en la actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–, en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.

Aunque exista un gobierno con un componente militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta capacidad de centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, caotizando aún más la situación.

El hecho de que la oposición venezolana controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la combinación Ejecutivo-Judicial.

Antes pues que hablar de un régimen político homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.

Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo omitidos. Destacan por su gravedad políticas de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para "combatir el hampa", los cuales suelen tener polémicos saldos en muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán; crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización, resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.

Este es el mapa político que, junto a las diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de los venezolanos. Es este el marco en el que se desenvuelven las libertades individuales, la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas, expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras formas de la llamada democracia en Venezuela.

III. En Venezuela se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal

Si hay algo que podría definirse como una especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual está desgarrado, profundamente corrompido y altamente caotizado. Hemos sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina[3], haciendo referencia con esto al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que conforman la República venezolana.

La crisis histórica del modelo de acumulación rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.

En el ámbito económico, la corrupción se ha transformado en un mecanismo transversal y motorizador de distribución de la renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera determinante con PDVSA[4], la principal industria del país, así como con fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas nacionalizadas.

El colapso de la economía formal ha hecho de la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional. Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro)[5] u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de divisas, medicinas, gasolina, etc.

En el ámbito político-jurídico, el estado de derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores políticos, quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras. En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy vulnerable a la población venezolana.

Cada vez reina una mayor impunidad, la cual se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se enquiste aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con sus propias manos.

El colapso del contrato social genera tendencias de ‘sálvese quien pueda’ en la población. La fragmentación del poder también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos poderes territoriales, como lo son los llamados ‘sindicatos mineros’ que controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905[6].

El marco presentado implica nada más y nada menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.

IV. La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017)

El hundimiento de los precios internacionales del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80 hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual fase de caotización de la economía nacional (2013-hoy) es también producto del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?

Varias razones lo explican. Alrededor del 60% de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores, cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social no solo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en aumento.

La hiper-concentración poblacional en las ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los efectos de la llamada ‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún más débil para enfrentar una nueva crisis.

La corrupción socio-política del sistema también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la crisis

La creciente volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen también significativos impactos en la economía nacional.

Mientras se desarrollan todos estos vaivenes económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando, lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y futuro.

La actual solución que impulsa el Gobierno nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y favorecer al capital transnacional.

En suma, cualquiera de las élites que gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No bastará solo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para enfrentarlos.

V. ¿Socialismo? en Venezuela se está llevando a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo

En el país se está desarrollando un proceso de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana. Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo y la Revolución, aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.

Destacan políticas como la creación de las Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90, bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

También resaltan la paulatina flexibilización de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente emisión de bonos soberanos; devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos de deuda externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.

Se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado,  apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un territorio de 111.800 kms2 de extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de dependencia que produce el extractivismo[7].

Cabe destacar que estas reformas se combinan con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.

Estamos en presencia de lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo mutante’, en la medida en la que se combinan formas de mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de intervención estatal y asistencia social.

Parte de la izquierda ha estado muy enfocada en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la ‘vuelta del neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza[8].

VI. ¿La alternativa? El proyecto de los partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es neoliberal

La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con esta.

La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha –que podríamos llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.

A pesar de sus diferencias, a los diferentes grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.

Su matriz ideológica está profundamente determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador, enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’ por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.

Estos pilares ideológicos son más claros en la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más acabada de su modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)’[9]. Se trata de una versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al proyecto del actual Gobierno venezolano.

Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso)[10] y Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela[11]) son gemelas, y consensuan con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.


VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo socavamiento del tejido social

En todos estos procesos de guerra de baja intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la Revolución Bolivariana ha sufrido no sólo un desgaste sino una progresiva desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula de los tejidos comunitarios del país.

La precariedad para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por parte de diversos actores políticos y territoriales; hacen parte de este proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.

Mientras tanto, diversas organizaciones de base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cual será su capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto político nacional.

Si hay una solidaridad irrenunciable que debería impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto.

Caracas, abril de 2017

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, ecologista político e investigador en ciencias sociales.






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