viernes, 31 de octubre de 2014

III. Confiemos en expandir la deliberación abajo sobre porqué urge ejercer la soberanía popular y no seguir creyendo en elecciones salvadoras. Partamos de situar el debate en la lucha antifraking.

Ley de hidrocarburos: la consagración cortoplacista del saqueo
30 de octubre de 2014

Un suicidio energético y ambiental de Argentina, una ley más entreguista que la de la dictadura de Onganía, la continuidad del proyecto privatizador en la gestión de nuestros recursos energéticos y estratégicos, una ley de saqueo del petróleo de los argentinos, son solo algunas de las opiniones que pudieron escucharse en la voz de especialistas, parlamentarios y diversas organizaciones, antes y después de la sanción de la nueva ley. En esta nota realizamos una síntesis de las mismas. 
Red Eco Alternativo. 

(Fabiana Arencibia - Red Eco) Argentina - La nueva ley de hidrocarburos fue aprobada anoche en el Parlamento por 130 votos a favor, 116 en contra y una abstención, a través de un trámite exprés, sin el debate público que hubiese sido imprescindible ante la envergadura de lo que se discutía. (1)    
A pesar de las manifestaciones que se hicieron públicas desde diversos sectores políticos y sociales, advirtiendo sobre el retroceso en materia de soberanía que significaba la norma propuesta por el Poder Ejecutivo, se ha legalizado una nueva herramienta para el saqueo por parte del capital extranjero cuando todavía nos preguntamos qué fue lo que se firmó con Chevrón.

Plataforma 2012, grupo de intelectuales integrado por Héctor Bidonde, José Emilio Burucúa, Roberto Gargarella, Diana Kordon, Darío Lagos, Rubén Lo Vuolo, Maristella Svampa, Osvaldo Tcherkaski y Enrique Vial, entre otros, difundió un documento contra el contenido de la norma cuando aún no era ley. 
“El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos del Ejecutivo que busca aprobarse en estos días profundiza este camino, en tanto busca transformar en ley los beneficios entregados al sector empresario a través de decretos nacionales y acuerdos diversos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para explotar el yacimiento de Vaca Muerta en sociedad con Chevrón. Incluso, con la misma pluma que la legislación minera de la década de los 90, esta norma empeora las condiciones, por diversas razones…”, que detallan en el documento (2). Algunas de ellas son: 

1- Se reducen los requisitos que, en su momento, por la vía del Decreto Nacional 929/13, se otorgaron a la empresa Chevrón. Se pasa de exigir a las empresas una inversión de 1.000 millones de dólares para tener derecho a exportar y girar utilidades, a sólo 250 millones. 

2- En función de garantizar la seguridad económica de los grandes actores empresariales del sector, el proyecto de Ley limita el tope del 12% de regalías a las empresas concesionarias, el porcentaje más bajo de todos los países latinoamericanos.

3-El Estado (nacional y provincial) se auto-excluye explícitamente de la exploración y explotación hidrocarburífera en sus propios territorios, así como renuncia al control público de la actividad hidrocarburífera.

4- El proyecto de ley no contempla en absoluto la consulta a los pueblos originarios que habitan los territorios explotados y por explotarse, tal como establece el convenio 169 de la OIT, incluido en nuestra Carta Magna y las Constituciones provinciales.

5- El proyecto de ley no posee ninguna disposición ambiental a pesar de que el Congreso Nacional tiene, a través del artículo 41 de la Constitución Nacional, la potestad de establecer normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.

"Con esta Ley se están entregando nuestros recursos energéticos estratégicos a las multinacionales. (…) Hoy se escribió un capítulo más de la entrega de nuestra soberanía nacional, es la continuidad del proyecto privatizador en la gestión de nuestros recursos energéticos y estratégicos. (…) Esta Ley entreguista acordada a espaldas del pueblo permite concesiones absurdas que nos harán perder soberanía por 60 o 100 años y garantizando la libre disponibilidad de divisas a partir del tercer año de inversión", afirmó José Rigane, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA).

Horacio Micucci es integrante del Instituto de Estudios Nacionales y ha trabajado con Adolfo Silenzi de Stagni, quien fue continuador de la línea del General Mosconi (fundador de YPF) de defensa petróleo en manos del Estado. 
En una entrevista difundida durante la emisión de este jueves de Enredando las Mañanas, el programa de la RNMA, Micucci dijo: La nueva Ley de Hidrocarburos implica profundizar la dependencia que tenemos. Un supuesto gobierno progresista, nacional y popular profundiza una ley de entrega; legaliza el acuerdo con Chevrón que es secreto hasta el día de hoy aun para la misma provincia en que se aplica”.
Se refería a la ley vigente que es la 17.319 y que fue sancionada durante la dictadura militar de Onganía a la que, comentó Micucci, “le agregaron modificaciones parciales que le han profundizado el carácter de ley de dependencia y de entrega de petróleo”.

Durante la entrevista explicó que la nueva ley aprobada, es más entreguista que la de Onganía porque esa ley establecía una superficie que se podía conceder a las empresas privadas de áreas petroleras y decía que no podían ser más de cinco por empresa. A medida que pasaron los años se fue violando esa ley y por distintos medios se llegó a que las empresas pueden tener 30 o 40 concesiones. Esta ley que se acaba de aprobar saca el límite de concesiones. Se puede conceder todo lo que se quiera y por tiempos enormes; estamos hablando de 35 años más 10 de prórroga o de 30 años más 10.  Si das un área petrolera con petróleo asegurado y lo das hasta prácticamente su agotamiento, lo estas regalando”.

Claudio Lozano es diputado nacional de la CTA y presidente del bloque Unidad Popular. En una entrevista realizada ayer miércoles durante el programa Los Locos de Buenos Aires (FM LA Tribu), comentó que el bloque UP presentó una propuesta a todos los legisladores, no solo opositores sino también oficialistas, para alcanzar un compromiso público de que, si no se podía modificar o evitar que se sancione el proyecto, luego de las elecciones 2015 y de la asunción de los nuevos legisladores, la norma se revise y se derogue.
“Desde nuestro punto de vista, con esta norma se sientan las bases que efectivamente habilitan la posibilidad de un suicidio energético y ambiental de Argentina
  • En principio porque ratifica una orientación básica propia de los ‘90 y que se repite aquí, que es entender a los hidrocarburos como una suerte de mercancía, de commodity que se coloca en el mundo, en lugar de entenderlos como un recurso de carácter estratégico y de un bien común que debemos defender y disfrutar el conjunto de las generaciones, no sólo la actual sino también las futuras. 
  • En segundo lugar, ratifica una orientación de carácter exportador, tal como se hizo en los ‘90 con el gas y que ha llevado al disparate de haber bajado las reservas de 30 años a 8. Esto se repite ahora para los hidrocarburos convencionales y no convencionales. Además esa orientación exportadora se la estipula sobre la base de la aplicación generalizada del fracking”.
En este mismo sentido, la CTA Auténtica afirmó en un comunicado: “Queremos denunciar que el proyecto supone la masiva utilización de la fractura hidráulica (fracking) como método para la extracción de los recursos no convencionales, lo que comportará serias consecuencias medioambientales y pondrá en riesgo cierto el uso del agua- nuestro bien común más preciado- para la vida de nuestras comunidades. Asimismo, el uso indiscriminado de distintos agentes químicos de alta toxicidad en los procesos de fractura hidráulica, la degradación irreparable del suelo y la ocurrencia de sismos, son otras de las consecuencias indeseables que comportará el uso masivo de este método de producción”.


La nueva ley “garantiza todas las condiciones favorables a las grandes empresas trasnacionales del petróleo y el gas, mediante la generalización de incentivos impositivos y fiscales que se habían otorgado por Decreto en julio de 2013 luego del acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de un proyecto piloto en Loma La Lata Norte- Loma Campana, en la formación Vaca Muerta, que ya tiene más de un año de vigencia y que contiene inaceptables cláusulas secretas, anomalía que ha sido debidamente denunciada por distintas organizaciones luego de la confirmación del mencionado proyecto”, explicó dicha central sindical. 
El abogado argentino residente en Francia, diplomado en relaciones económicas internacionales en la Universidad de Paris, Alejandro Teitelbaum, se dirigió a los candidatos para las próximas elecciones al afirmar: “Los candidatos en las próximas elecciones que pretendan recibir el voto popular deben comprometerse solemnemente DESDE YA a derogar con efecto retroactivo, por insanablemente inconstitucional y por afectar  la soberanía nacional sobre sus recursos naturales, la INFAME ley petrolera que acaba de votarse. Y también deben comprometerse desde ya a no reconocer ningún contrato firmado en el marco de esa ley. Porque se corre el riesgo de que en caso de rescisión futura de un contrato que celebre el Gobierno nacional actual o alguno de los actuales Gobiernos provinciales con una empresa transnacional, la empresa reclame sumas multimillonarias como indemnización porque se diga privada de ‘los beneficios que podía razonablemente esperar’ o de las ‘ganancias futuras o esperadas’, basada  en alguno de los 54 Tratados de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (TPPI) celebrados y ratificados por el Congreso en el decenio de 1990 durante el Gobierno de Menem”.

El gobierno kirchnerista y los gobiernos de las provincias hidrocarburíferas quedarán en la historia por ser quienes le entregaron a las empresas petroleras privadas nuestro petróleo en lo que se ha nombrado como la “consagración cortoplacista del saqueo y la depredación de nuestros bienes comunes”.  

El 24 de setiembre de 1992, Diputados aprobó la Ley de Privatización de YPF. Oscar Parrilli, entonces diputado nacional por Neuquén, fue el miembro informante. Durante el debate sostuvo: “no pedimos perdón por lo que estamos haciendo (...) esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente”, que entonces era entonces Carlos Menem. Después de la votación, entre los que celebraron públicamente estaban el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner.

Días antes, desde la provincia patagónica, la entonces diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner, había dicho: “Un conjunto de legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación, cada uno con sus respectivas razones, vienen obstruyendo la posibilidad de que aquella Ley de Federalización de Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tenga siquiera su tratamiento en esa Cámara. Como se comprenderá, ninguna argucia reglamentaria debe estar puesta al servicio de retrasar las soluciones que nuestra provincia necesita. Del dictado de esa ley depende hoy el envío de los U$S 480.000.000 y el pago de nuestra parte en la licitación de las áreas ya concretada”. 
Oscar Parrilli es hoy el secretario general de la Presidencia de Cristina Fernández

(1) detalle de la votación en Diputados 

(2) Documento completo de Plataforma 2012 

Notas relacionadas: "La Ley de Hidrocarburos es una vergüenza y es la clara entrega de la soberanía"


Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=14555&Itemid=130



II. Confiemos en expandir la deliberación abajo sobre porqué urge ejercer la soberanía popular y no seguir creyendo en elecciones salvadoras. Partamos de situar el debate en la lucha antifraking.

Argentina: Sobre la Ley de Hidrocarburos
31 de octubre de 2014
Por: Claudio Lozano

Al momento de la recuperación de YPF por parte del Estado Nacional y las Provincias, sostuvimos que tal decisión constituía un paso necesario pero insuficiente si no se abordaban de manera integral el conjunto de problemáticas del sector acosado por la caída productiva, la desinversión y el descenso sistemático de reservas. Esto exigía derogar los decretos desreguladores del menemismo en el marco de una completa auditoría de las reservas y de los pasivos ambientales, así como avanzar en la revisión integral de las concesiones vigentes de modo tal de permitirnos un posicionamiento mucho más sólido a la hora de potenciar la recuperación productiva de la empresa.

Se trataba de maximizar la apropiación en manos públicas de una renta hidrocarburífera que al 2013 ascendió a u$ 15.500 millones en petróleo y u$11.000 millones en gas, para iniciar el camino de la reinversión en el sector, con el objetivo de la integración regional (asociación estratégica con Petrobras, con PDVSA y con Bolivia) y la reorientación (diversificación) de nuestra matriz energética.

Sin embargo, cuando vemos las políticas que se han tomado en estos dos años, lo que observamos es la continuidad de un tipo de intervención del Estado que es totalmente funcional al interés corporativo de las grandes empresas ya que sigue transfiriendo recursos públicos para financiar recomposición de precios tanto en el caso del gas natural, como en la decisión de autorizar cuotas de importación de petróleo crudo, o la convalidación de aumentos en los precios de los combustibles líquidos que en solo dos años se incrementaron un 100% y que entre enero de 2009 y septiembre del 2014 aumentaron un 400%.

De este modo, YPF, más que actuar como empresa testigo que imponga nuevas reglas de juego al resto de los actores en función de la acumulación creciente de capital nacional y de recuperación del control sobre recursos estratégicos, lo hace como empresa líder del cartel de firmas del sector petrolero. Cartel este que sigue ampliando su capacidad de captar renta sin recuperar inversión ni desempeño productivo y haciendo jugosos negocios con un “Estado bobo” que subsidia vía convalidación de precios al alza en toda la cadena.

Es en este marco que debe interpretarse la ley de hidrocarburos que el oficialismo logró aprobar en el Parlamento. La misma corona esta orientación consolidando los decretos menemistas al generalizar para toda la actividad los decretos 927 y 929 emitidos por este gobierno para el caso Chevron y que promueven la “libre disponibilidad del crudo”, la “libre disponibilidad de las divisas” y la “libre importación de equipos”. Esta ley perpetúa nuestra dependencia energética de los hidrocarburos; propicia el suicidio energético y ambiental de transformarnos en exportadores de hidrocarburos vía la generalización, sin ninguna discusión seria, de la tecnología del fracking, al tiempo que prohíbe expresamente el avance del Estado y sus empresas (tanto nacionales como provinciales) sobre la actividad.

La rechazamos, porque repite los fracasos de los noventa al tiempo que habilita condiciones para un “desastre ambiental” y porque entendemos que, una vez más, las urgencias de la coyuntura llevan al gobierno a hipotecarnos el futuro. Más precisamente, con el objetivo de obtener dólares para el 2015, nos hipotecan hasta el 2060.

Nuestro bloque le propone al conjunto de la dirigencia política responsable, firmar un compromiso de derogar esta norma ni bien se modifique la composición actual del Parlamento Nacional.
Fuente: http://www.argenpress.info/2014/10/argentina-sobre-la-ley-de-hidrocarburos_31.html

I. Confiemos en expandir la deliberación abajo sobre porqué urge ejercer la soberanía popular y no seguir creyendo en elecciones salvadoras. Partamos de situar el debate en la lucha antifraking.

Un compromiso ineludible a asumir desde ya: 
Derogar la infame ley petrolera
31 de octubre de 2014


Por: Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

Los candidatos en las próximas elecciones que pretendan recibir el voto popular deben comprometerse solemnemente DESDE YA a derogar con efecto retroactivo, por insanablemente inconstitucional y por afectar la soberanía nacional sobre sus recursos naturales, la INFAME ley petrolera que acaba de votarse.

Y también deben comprometerse desde ya a no reconocer ningún contrato firmado en el marco de esa ley.

Porque se corre el riesgo de que en caso de rescisión futura de un contrato que celebre el Gobierno nacional actual o alguno de los actuales Gobiernos provinciales con una empresa transnacional, la empresa reclame sumas multimillonarias como indemnización porque se diga privada de “los beneficios que podía razonablemente esperar” o de las “ganancias futuras o esperadas”, basada en alguno de los 54 Tratados de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (TPPI) celebrados y ratificados por el Congreso en el decenio de 1990 durante el Gobierno de Menem.

En efecto los TPPI incluyen cláusulas previendo la indemnización en caso de expropiación u “otras medidas de efecto equivalente”. Esta última frase, ambigua, permite exigir la indemnización en caso de medidas adoptadas por el Estado receptor que “privan al inversor de los beneficios que podría razonablemente esperar”, como dijo el tribunal arbitral en el caso “Metalclad c/México”, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1996 la empresa norteamericana Metalclad demandó al gobierno mexicano por violar el capítulo 11 del TLC, cuando el gobierno de San Luis Potosí impidió abrir a dicha empresa un depósito de desechos tóxicos. Bajo las normas del TLC, la denegación del permiso para abrir un vertedero fue considerada un acto de “expropiación” y el gobierno mexicano tuvo que pagar a Metalclad una indemnización de 16,7 millones de dólares.

Los TPPI celebrados por el Gobierno de Menem cumplen escrupulosamente con las exigencias del poder económico transnacional. El acuerdo celebrado con Estados Unidos el 14 de noviembre de 1991, en vigor desde el 20 de octubre de 1994, es un modelo en ese sentido. Puede encontrarse el texto resumido de este tratado en http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngin/publications/spanish99/binv_aus.asp y el texto completo en la ley argentina 24124 sancionada el 26 de agosto de 1992, que ratificó el tratado.

Rectificar un cuarto de siglo de políticas menemistas y kirchneristas de escandaloso saqueo del patrimonio nacional, requiere medidas contundentes y sin medias tintas.
Fuente: http://www.argenpress.info/2014/10/un-compromiso-ineludible-asumir-desde.html 

jueves, 30 de octubre de 2014

"Somos una sociedad post genocidio y la impunidad mantenida por décadas, la injusticia social derivada del dominio resultante de aquel genocidio en las condiciones de débil recuperación de los proyectos colectivos abrió espacios por los cuales un nuevo sujeto social de múltiples caras y cuerpos, fruto de la fusión de las mafias de la droga y la trata con altos sectores de las Policías y Fuerzas de seguridad más empresarios y políticos, ha ocupado vastos territorios..."

La contundente materialidad del discurso justificatorio en la violación de los derechos humanos
30 de Octubre de 2014


Por José Schulman (Rebelión)

"El hecho de que no tenía documentos, no tenía DNI ni cédula federal, tal vez no se registraron en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el hospital público las huellas dactilares, es un tema que ha sido más hospitalario que otra cosa". 
Ricardo Casal, Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sobre el caso Luciano Arruga.
“estas personas, cuando salen a robar, dejan un tendal en la ciudad. La laxitud judicial así se lo permite. Generan delitos que son rápidamente excarcelables y, mientras esperan un juicio que nunca llega, siguen cometiendo delitos."
Sergio Berni, Secretario de Seguridad de la Nación sobre los migrantes pobres de la Patria Grande.
"Es importante el tema de la puerta giratoria: habrá prisión preventiva de acuerdo a la importancia del hecho, a la conmoción social que cause y también se tendrá en cuenta la reincidencia del autor",
Cristina Kirchner. Presidenta de la Nación pronunciándose contra el garantismo jurídico.

Para los cultores del “realismo” en la lucha política, aquellos cultores del respeto irrestricto de la “correlación de fuerzas” hasta reducir el accionar del movimiento social y político a la búsqueda de lo “posible” de alcanzar, nunca más de lo posible porque sería descabellado y terminaría “haciendo el juego a la derecha”, son días difíciles y ciertamente incómodos.
Luego de diez años de Juicios contra los perpetradores del Genocidio y de construcción de políticas públicas de Memoria y de auto erigirse en el modelo de respeto a los derechos humanos, la parte mayoritaria de la fuerza política en el gobierno comienza a asumir sin culpas ni complejos el discurso por medio del cual la derecha clásica y nostálgica resistió esas políticas de Juicios y Memoria hasta lograr instalar en la agenda social su propia secuencia de la historia reciente.

Para quienes luchamos por la verdad, la memoria y la Justicia desde siempre (al menos desde 1937 los militantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre) la secuencia histórica que defendimos en los juicios ha sido la de injusticia social / resistencia popular y generación de proyectos colectivos de transformación revolucionaria / represión genocida y reorganización profunda y sistémica del tejido social y de la estructura económica, la cultura y el resto de la vida social. Somos una sociedad post genocidio y la impunidad mantenida por décadas, la injusticia social derivada del dominio resultante de aquel genocidio en las condiciones de débil recuperación de los proyectos colectivos abrió espacios por los cuales un nuevo sujeto social de múltiples caras y cuerpos, fruto de la fusión de las mafias de la droga y la trata con altos sectores de las Policías y Fuerzas de seguridad más empresarios y políticos, ha ocupado vastos territorios geográficos y culturales instalando nuevas lógicas de supervivencia y de relacionamiento entre los habitantes pobres de la periferia de las grandes y ricas urbes alimentadas a soja transgénica y corrupción.
La derecha, en cambio, construyó otro relato en el que la secuencia es: la inseguridad es el resultado de la acción delincuencial, la misma está facilitada por el “garantismo judicial” (la “puerta giratoria”) que es el resultado de la decisión de los Montoneros en el gobierno de practicar la venganza contra quienes los vencieron en los 70; ese falso garantismo solo enjuicia a una de las partes (si hay juicios que sea contra todos, dice La Nación con persistencia) y ata las manos de la Policía que así perdió terreno contra la delincuencia, engordada por los extranjeros que vienen a robar porque aquí es jauja para ellos.
Inhibida por la crisis estructural y casi total de finales del siglo XX, asustada por la irrupción popular en el diciembre de 2001, fracasado su intento de cortar el ciclo de luchas populares con el asesinato de Kosteki y Santillán en junio del 2002, la derecha se vio inhibida de desplegar su discurso por un largo periodo. Resistió los juicios todo lo que pudo, pero fue vencida y como bien decía Foucault “el derecho genera verdad” y esa verdad vino a ratificar nuestro relato y no el de ellos. Pero no abandonaron la pelea. Se agarraron al hilo de la llamada inseguridad y tiraron de ella hasta desenrollar todo un nuevo discurso de la derecha que no dejó de tener efectos sociales muy tangibles a pesar de que desde el gobierno se decía y hacía (por un largo periodo) otra cosa.
Es que la batalla cultural no es solo un descubrimiento de Fidel Castro o Hugo Chávez, es uno de los modos principales con que el bloque social que sostiene el capitalismo como civilización mundial, regional y nacional, defiende el status quo profundo, ese que se dirime en el carácter de la propiedad y del Estado, aquellas cuestiones que llevaron a Juan Gelman a recordar a Lenin en un poema suyo memorable donde estampó: todo es ilusión, menos el poder.
Y es su poder el que han defendido y defienden.
Ese que no cambió en lo fundamental a pesar de todo lo que pasó en diez años, y claro que pasó mucho más de lo que casi todos imaginábamos.
Pero no cambió el poder y parece que sigue siendo cierto aquella verdad de que quien domina en el terreno de la economía domina en el terreno de las ideas. O para ser más precisos, tiende a dominar si no le oponemos una resistencia en forma.
¿Qué hacer ante la apariencia de un péndulo que pareciera haber tocado su cenit y comienza su descenso cada vez con más fuerza y velocidad?

Lo primero es trazar una correcta línea divisoria. De un lado los que quieren Patria y del otro los que quieren Colonia. Como en el tema de los buitres, o de la Deuda Externa en su conjunto.
De un lado los que quieren Memoria, Verdad y Justicia y del otro los que quieren Olvido, Falsedad e Impunidad que ya es hora de acelerar los juicios antes que se mueran impunes los viejos asesinos y de juzgar al poder económico y al Imperialismo Yanqui que impulsaron y se beneficiaron del Genocidio.

De un lado los que queremos ampliación de derechos e integración de los pueblos de la Patria Grande por el camino de la solidaridad irrestricta entre los que luchamos por el mismo sueño independentista de Bolívar, San Martín, Sandino, Guevara y Chávez; y del otro los que construyen un nuevo enemigo del “progreso” y de la “seguridad” estigmatizando a los migrantes, descalificando el garantismo jurídico y propiciando más mano dura que –deberían admitirlo sin ambages- es el camino directo para más Julio López, más Luciano Arruga y más causas armadas contra los pibes pobres de las barriadas populares.

Y que los de este lado defiendan sus verdades y principios sin asumir el discurso de la derecha clásica, porque es el comienzo de la derrota en todas las líneas, aunque en las urnas parezca que ganemos.

Hace muchos años que aprendimos que la victoria y la derrota son algo más relativos de lo que parece. Porque Raúl Sendic, el revolucionario uruguayo enterrado por años en un pozo, saliendo indemne de su suplicio es mucho más victorioso que el funcionario progresista que asume el discurso de la derecha para conservar su cargo.
Nunca las cosas fueron fáciles para los que quieren humanidad para los seres.
Estos tiempos son excepcionalmente difíciles y requieren lo más difícil de todo: que sigamos siendo nosotros mismos, no importa las condiciones adversas que vengan. Como nos lo enseñaron los treintamil que prefirieron seguir siendo ellos mismos a traicionarse y vivir una vida que no era la suya. Ser nosotros mismos es hoy la táctica más realista y posible, y la más eficaz de todas.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191411

III. Analicemos qué sucede en países hermanos para solidarizarnos y comprender nuestra propia realidad social.

Paraguay
La guerra entre narcos como continuación de la política por otros medios
29 de Octubre de 2014

Por Del Rosario Ignacio Denis (Rebelión)
La muerte del periodista Paulo Medina acribillado a balazos en Curuguaty forman parte del asenso a la mafiocracia, es el poder de las mafias institucionalizada. Es necesario precisar que en Paraguay desde hace mucho tiempo han existido la Narco-política, después del horrendo crimen nuevamente salió en la palestra el término Narco-política, siempre han existido denuncias, opiniones que en épocas electorales las mafia tenían su candidato que lo financiaban, también históricamente fue aliados de los partidos tradicionales y tenían vinculaciones con los grandes medios de comunicación privados, tales así que hechos y crimen de esta naturaleza en su mayoría quedaron en absoluta impunidad, siempre los medios privados se encargan desde su teatro de operaciones sicológica para amortiguar los efectos utilizando las manipulaciones mediáticas, hasta quedarse en algún momento en el olvido.

Ahora el asenso del partidocracia a la mafiocracia va más allá de la Narco-política, en este procesos se van trascendiendo y surgen figuras conocidos de Político-Narco, es la transición de la Narco-Política a la aparición de Político-Narco al frente de las instituciones gubernamentales, el peligro que representa esta realidad es que llevan a imponer la criminalidad por encima a cualquier institucionalidad.

La mafiocracia se consolida con el pacto del poder político, entre los narco empresarios con sus aliados transnacionales, es una expresión y acuerdos entre Político-Narco para la narco-política en la globalidad. Mientras la mafiocracia se mueve con ese carácter transnacional, los Político-Narco se mueven en el ámbito local y regional, el proceso de colombianización que muchos se hablan en Paraguay, es una realidad y no sólo una hipótesis, las consecuencia es traer más criminalidad, más violencia y más impunidad, convirtiendo el terror como cotidiano para la sociedad, todos ellos seguirán contando con el aval de los poderes judiciales, policiales, militares y paramilitares.

La guerra desatada abiertamente entre los narcos en Paraguay en los actuales momentos, es la continuación de la política por otros medios, es resultado de una transición de la Narco-Política al nuevo rumbo con los Político-Narcos, en esta nueva coyuntura su papel no sólo es financiar a los partidos políticos y sus candidatos, sino también es apoderarse de los partidos para imponerse como caudillo y como única garantía a las mafias transnacionales, esta realidad infectan y permean a todos los poderes del estados, golpean directamente a la gran mayoría del pueblo que lo eligieron con sus votos.

La nueva situación política convocan a todos y todas las ciudadanías que defiende y creen en la paz, la estabilidad, la justicia social, seguir exigiendo con responsabilidad una profunda revisión de los poderes públicos, el papel de los partidos políticos, de las instituciones, abrir un debate nacional e internacional de estos temas que amenazan a toda la sociedad, seguir unificando fuerza abarcadora de luchas para la refundación y restitución de una institucionalidad más democrática por el bien y el desarrollo del país. 

Notas:

http://ea.com.py/v2/julio-colman-asegura-que-cartes-recibio-dinero-de-narcos-en-canindeyu/

http://www.abc.com.py/nacionales/anr-analizan-expulsion-de-neneco-1300485.html

http://www.abc.com.py/nacionales/lilian-11-dias-en-silencio-1300111.html

http://ea.com.py/v2/filizzola-recibio-informes-sobre-proteccion-de-cristina-villalba-a-narcopoliticos/

http://www.abc.com.py/nacionales/narcotrafico-compra-instituciones-y-autoridades-1298118.html

http://www.abc.com.py/nacionales/policia-espera-denuncias-1300496.html

http://ea.com.py/v2/paraguay-pais-rico-y-mendigo-sometido/

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=190463

Del Rosario Ignacio Denis. Ingeniero Agroecologico graduado en Instituto Latinoamericano de Agroecologia Paulo Freire (IALA)

Twitter: @yiyoparaguay

Blog del Autor: http://ayvuguasu.blogspot.com/


II. Analicemos qué sucede en países hermanos para solidarizarnos y comprender nuestra propia realidad social.


Elección 2014
No hay lo que conmemorar
29 de Octubre de 2014

Editorial de Correio da Cidadanía (Rebelión)
Traducción de Ernesto Herrera- Correspondencia de Prensa
Para quien está comprometido con la lucha social y aspira a una sociedad basada en la igualdad sustantiva, la derrota de Aécio fue un alivio. De los males, el menor, pero la victoria de Dilma no deja nada para conmemorar.
El saldo de la campaña es tenebroso. Contratados a precio oro para manipular la opinión pública, los marquetineros vendieron candidatos como mercaderías. Para diferencias sus productos, abusaron de la ingenuidad de la población. Magos de la pirotecnia mediática, redujeron el elector a consumidor, creando expectativas que no se realizarán. Para destruir a los adversarios, explotaron medios que alimentan falsos antagonismos y envenenan el ambiente político.
En la falta de sustancia política, la elección fue transformada en una pelea torcida. En clima de caza de brujas, las pasiones fueron llevadas a un paroxismo desenfrenado. La apelación a la emoción fue proporcional al detrimento de la razón. La virulencia de las agresiones mutuas fue en razón inversa a las reales diferencias entre los contendores.
El elector fue sistemáticamente engañado. Las divergencias existentes entre las dos alas del Partido del Orden son secundarias y circunstanciales. Los que hoy están con el PT -Sarney, Maluf, Collor, Kátia Abreu- estaban ayer con Fernando Henrique Cardoso y Collor de Mello y anteayer servían a la dictadura militar. Mañana pueden perfectamente pasarse al PSDB. La excepción de algunos extremados, los que mandan de hecho -el capital internacional y la plutocracia nacional- están muy bien servidos en las dos candidaturas. Basta ver el río de dinero invertido en ambas.
La completa desconexión del debate electoral con la realidad transformó el país en un manicomio. Sorprendido por el antagonismo entre petistas y tucanos, un distraído que aterrizase en paracaídas podría imaginar que Brasil vive una situación pre-revolucionaria, cuando, en verdad, lo que están en cuestión es exactamente la conservación del status quo. La elección fue apenas para escoger quién comandará el reciclaje del capitalismo liberal implantado por Collor de Mello hace 25 años atrás. Nada más.
El clima apocalíptico que tomó cuenta del segundo turno es un despropósito y hace recordar a las legendarias guerras entre las familias Sampaio y Alencar por la alcaldía de Exu en el siglo pasado. Para los que se alineaban con el clan Sampaio, la victoria, tenía consecuencia real (y viceversa), pero, para los que no hacían parte de la contienda y estaban condenados a empujar para sobrevivir, el resultado era indiferente. Las familias se alternaban durante décadas en el poder sin que la miseria se modificase.
Deliran los que imaginan que el país está ante una inminente ruptura institucional. No hay movimiento golpista alguno, ni a la derecha ni a la izquierda. La única conspiración en curso es aquélla que une a las dos fracciones del Partido del Orden contra el pueblo, patente en la complicidad de ambas con la política de contra-insurgencia preventiva para contener el conflicto social y en la hermandad a la hora de diseñar tenebrosas transacciones.
La pelea es una máscara, un teatro, y hace parte del juego electoral. Cuando es conveniente, el antagonismo es inmediatamente suspendido. ¿Quién se olvida de la idílica cena de Haddad (PT) y Alckmin (PSDB), muy confortables, en un lujoso restaurante de París, en junio de 2013, pocos meses después de haber intercambiado cobras y lagartos en la reñida disputa por la alcaldía de San Pablo? En tanto las calles de San Pablo eran tomadas por jóvenes trabajadores que luchaban contra el aumento de las tarifas del transporte público, alcalde y gobernador estaban perfectamente de acuerdo en la política de represión a las protestas y en la estrategia de negociación con los gangsters que controlan los mega-eventos internacionales.
Destituida de sustancia, la polarización entre las dos alas del Partido del Orden sólo sirvió para degradar el ambiente político. El brasilero sale de la campaña más descreído en los políticos y sin ninguna conciencia sobre las causas de sus problemas y sus posibles soluciones.
Nadie puede bañarse dos veces en la misma agua del río. El segundo gobierno Dilma no será una repetición del primero. Por la fuerza de las circunstancias, será más conservador y truculento. Las condiciones objetivas y subjetivas que lo determinan se deterioran, estrechando sensiblemente el radio de maniobra para acomodar, a través de la expansión del desempleo, del aumento de los beneficiarios de las políticas compensatorias y de la cooptación de los movimientos sociales, las maldades de una modernización tramposa que profundiza la dependencia y el subdesarrollo.

En la economía el escenario es sombrío. Los problemas acumulados en la farra del consumo de bienes conspicuos, impulsada por la especulación internacional, tienen consecuencias. El aumento de la dependencia externa deja la economía brasilera a merced de los humores del mercado internacional. El agravamiento de la crisis mundial, que entra en su séptimo años sin perspectiva de solución, no abre espacio para el crecimiento. La amenaza de movimiento de fuga de capitales sujeta al país al jaque mate de la deuda externa. En ese contexto, las presiones de la gran burguesía globalizada para que Brasil realice una nueva rueda de ajustes fiscales empuja la política económica hacia una absoluta ortodoxia. Las veleidades neo-desarrollistas son cosas del pasado. El próximo Ministro de Hacienda será elegido directamente por el mercado y estará más cerca de Armínio Fraga que de Guido Mantega.

En el ámbito de la sociedad, la perspectiva es creciente convulsión. La modernización mimética que copia los estilos de vida y padrones de consumo de las economías centrales, agrava los problemas fundamentales del pueblo. La frustración generalizada con un cotidiano infernal agita los ánimos polariza la lucha de clases. Sin vislumbrar salida para el circuito cerrado que transforma la vida del trabajador en una pesadilla sin fin -en la fábrica y fuera de ella-, el brasilero se torna en un barril de pólvora pronto a explotar. El aumento de la violencia y el fin de la paz social preanuncian un futuro de grandes tensiones y creciente turbulencia social.
En las altas esferas de la política, la clase dominante afila las garras para enfrentar el conflicto social. La crisis del sistema representativo refuerza el consenso a favor de las soluciones represivas contra la inquietud social, aumentando la presión a favor de la criminalización de las protesta social como presupuesto de la estabilidad democrática. El giro conservador de la opinión pública, el aumento tremendo de la bancada de diputados de la derecha más descalificada y la movilización de un clase media histérica, desplazan el status quo sensiblemente hacia la derecha. Interpelado por la juventud que fue a las calles para protestar contra los desmanes de los gobernantes, el sistema democrático brasilero asume, descaradamente, su carácter de clase y se afirma abiertamente como una democracia de segregación social. La libertad política es exclusivo de la plutocracia y se manifiesta concretamente en la posibilidad de elección entre alternativas integralmente comprometidas con los parámetros del orden.
La presidenta retoma su puesto en el Planalto (sede del gobierno) en medio del fango. Antes incluso de asumir el segundo madato, su credibilidad ya se encuentra comprometida por la gravedad de las denuncias que apuntan a la complicidad directa del Planalto con los esquemas de corrupción diseñados por la alta cúpula de los partidos de su base aliada. De esta fiesta, no habrá luna de miel. Ávida de volver al gobierno luego de la cuarta derrota consecutiva, la oposición no dará tregua. Sin arsenal ideológico y programático para diferenciarse cualitativamente del gobierno petista, sólo le resta sangrar a Dilma del primer al último día de su mandato.
Nadie sale impune por pactar con el diablo. Sin capacidad de movilizar a la población y prisionera de compromisos inmorales, Dilma quedará en manos de la mafia que, al mando de los negocios, controla el Congreso Nacional. Víctima de su propia cobardía, que no le permitió enfrentar la tiranía de los magnates de la información, será objeto diario del chantaje de los grandes poderes mediáticos. Sin medios para defenderse, se tornará cada vez más dócil a las exigencias del capital. Si osa desafiarlos, será inmediatamente confrontada con el espectro del “impeachment” (juicio político) democrático. Es el modo de funcionamiento de las democracias burguesas contemporáneas en la periferia latinoamericana del capitalismo.
Para quien se ilusiona con la posibilidad de una tardía redención del PT, la resaca de la fiesta democrática será monumental. La juventud romántica y los hombres de buena fe seducidos por el canto de sirena del “corazón valiente” luego percibirán en la piel un sentir de ingratitud de la presidenta. Cuando la población vuelva a las calles para protestar contra los descalabros del capitalismo salvaje, las disputas fratricidas entre las fracciones del Partido del Orden serán suspendidas. Como hermanos siameses, las dos alas del Partido del Orden estarán monolíticamente unificadas, armadas hasta los dientes, para reprimir a los manifestantes con brutalidad, como si fuesen enemigos internos que deben ser aniquilados, como ocurrió en junio de 2013, en las jornadas de la Copa de 2014 y toda vez que el pueblo se levanta contra los privilegios de los ricos. Pasado el riesgo inminente de descontrol social, las dos fracciones volverán a pelearse en la disputa por el del control del Estado.
La falsa polarización entre la izquierda y la derecha del orden, solamente será superada cuando los trabajadores no tengan ninguna ilusión en relación a la posibilidad de que el capitalismo puede ser domesticado, sea por el PT o por otro cualquiera. El capitalismo dependiente vive de la superexplotación del trabajo y tiene en la perpetuación de un gran reservatorio de pobreza uno de sus presupuestos. La situación se torna todavía más grave cuando la sociedad enfrenta un proceso de reversión neocolonial que solapa la capacidad del Estado de hacer políticas públicas.
Del show de horror de la elección de 2014, queda una lección: para salir del antro estrecho de las opciones binarias entre lo malo y lo peor, es preciso que la izquierda socialista se unifique y entre en escena. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191339

I. Analicemos qué sucede en países hermanos para solidarizarnos y comprender nuestra propia realidad social.

Un balance de los gobiernos del Partido de los Trabajadores
El voto a Dilma no es un cheque en blanco
29 de Octubre de 2014

Por Juan Luís Berterretche (Rebelión)
Se estuvo a un tris de que el país quedara sin intermediarios, en manos del capital financiero internacional. Después del ‘sufrido’ triunfo de Dilma -con grave retroceso en la integración del nuevo Congreso- es la hora de una profunda crítica y autocrítica de la política “petista”. Hay que abandonar la estrategia del lulismo* y sumar fuerzas con la marea popular que reclama cambios profundos. La continuidad de la actual política gubernamental del PT es un peligro para la población brasileña organizada en una galaxia de movimientos sociales combativos que buscan restaurar el horizonte utópico. Es con ellos y sus luchas que se debe imaginar y concebir el futuro.
Graves errores del “lulismo”

El Mensalão que implicaba un abandono explícito de la ética política en beneficio de la “gobernabilidad” burguesa fue el primer grave síntoma de pérdida de rumbo en la orientación de un partido originado entre los trabajadores y demás movimientos populares.
El “lulismo” pensó que como los partidos patronales lo hacían con normalidad era una práctica que podían adoptar y entonces armaron un esquema de votos comprados en el Congreso que les explotó en las manos. Se engañaron especulando que, como Fernando Henrique Cardoso (Partido Social Demócrata Brasileiro - PSDB) compró los votos para su reelección y los gobiernos del Distrito Federal o Minas Geraes funcionaban con esquemas similares y lo hicieron con total impunidad, el gobierno del PT podía usufructuar de ese pacto político inter-burgués y no ser punido. El escándalo que armó la burguesía y las penas que les aplicó la justicia, que con regularidad ignora los delitos de la élite política, demostró que el pacto no era abierto a los “advenedizos” con origen en los movimientos sociales. Y así pagaron un costo inmenso en descrédito social y político ante todos aquellos que rechazan la corrupción institucional.
De ese primero gran revés, el PT no sacó las conclusiones obvias que sacaría un partido con claridad sobre la lucha de clases: para impulsar un programa de cambios, lo básico es apoyarse en la movilización de masas e imponer medidas gubernamentales favorables a los trabajadores y el pueblo, con el sostén de centenares de miles o millones exigiéndolo en las calles.

Un acierto parcial desaprovechado
Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Brasil redujo radicalmente la pobreza extrema y el hambre durante los gobiernos del PT. Estos pasaron de castigar al 25,5% de la población en 1990, para un 3,5% en 2012. La importante mejora para los desposeídos fue consecuencia directa de los planes asistenciales (Bolsa Familia, Fome Cero, etc.) en la primera presidencia de Lula que continuó en los tres gobiernos del PT. Pero este acierto inicial de aprobar limitados planes asistenciales para los millones de excluidos que tenía el país, algo que debería inscribirse en una estrategia mayor de conquista política de las masas subyugadas y despreciadas por los gobiernos burgueses, fue pergeñado como una maniobra de votos cautivos y de ampliación del mercado interno capitalista. Esos cuarenta millones de sub-proletarios que el asistencialismo “lulista” sacó de la extrema miseria y exclusión para sumarlos al proletariado con acceso a la educación, fueron considerados como masa de maniobra del “clientelismo electoral” y del consumo despolitizado, cuando el “petismo” intentó denominarlos con el título perverso de “nueva clase media” brasileña.

El PT estaba demasiado ocupado en administrar la institucionalidad burguesa y enviciado con sus hábitos: sus militantes y cuadros durante los tres gobiernos petistas abandonaron la educación política de las bases y su propia formación en contacto con los trabajadores, desaprovechando esa oportunidad única de crecimiento sólido, consciente y decidido de millones de obreros, empleados y activistas sociales que quedaron huérfanos de formación política. Por suerte esa no fue una pérdida definitiva, porque esos nuevos integrantes del proletariado se sumaron a la clase con combatividad y fueron haciendo su experiencia a través de muchas luchas victoriosas, en muchos casos contra los propios sindicatos y centrales burocratizadas.
Esto explica también que hayan sido los estados del nordeste y el norte, donde los planes asistenciales tuvieron mayor predominio, donde se gestó el triunfo de Dilma en el primer turno de la elección 2014. Y esa fidelidad de los pobres se obtuvo con una pequeña inversión si la comparamos con lo que al mismo tiempo recibieron de los gobiernos del PT, los bancos y los rentistas de la deuda pública.  Según datos del Presupuesto Federal para 2013- en nueve días de pago de la deuda pública se supera el monto previsto para un año entero del programa “Bolsa Familia” que atiende cerca de 13,5 millones de hogares.

Continuó la sangría de una deuda fraudulenta /1.
Como los gobiernos anteriores, los de Lula y Dilma Rousseff aunque tomaron una actitud pública prescindente de los organismos financieros imperialistas, se subordinaron a las recomendaciones del FMI y el Consenso de Washington en la elaboración del presupuesto, priorizando el “superávit primario” que pone en primer lugar el pago de la deuda pública en detrimento de las necesidades de las áreas sociales. 
La única diferencia con los gobiernos anteriores del PSDB es una alteración apenas aparente: antes había predominio en el pago de la deuda externa y hoy la mayor parte de los gastos es con la denominada “deuda pública”, que a pesar del nombre también tiene como beneficiarios a bancos e inversionistas extranjeros. Es una nueva careta de la antigua deuda externa y continúa sustrayendo recursos de los más pobres (por medio de tributos incidentes sobre el consumo y sobre los salarios) para privilegiar a los rentistas y especuladores.
La deuda pública es hoy un mero instrumento del mercado financiero. En lugar de servir como medio de obtención de recursos para financiar al Estado e incrementar las condiciones de vida de los brasileños, se tornó un mecanismo de substracción de crecientes volúmenes de recursos públicos, inviabilizando destinar verbas para las áreas sociales y provocando el empeoramiento de las condiciones de vida de la sociedad en general en cuanto favorece al sector financiero.
Por el actual sistema de lanzamiento de títulos de deuda pública, apenas doce bancos pueden adquirirlos del Tesoro Nacional. Esos bancos llamadosdealers solo compran títulos cuando la tasa de interés alcanza el nivel que ellos desean. Con esto, Brasil continúa a pagar intereses de usura. Y ningún “economista” del capital financiero relaciona la inflación en aumento, al pago de la deuda pública. Su solución siempre es aumentar la desocupación para presionar el salario a la baja y reducir el consumo de la población.
El esquema fraudulento de la Deuda funciona por medio de diversos mecanismos que generan deudas, la mayoría de las veces sin cualquier contrapartida, promoviendo su continuo crecimiento. El sistema cuenta con privilegios legales, políticos, económicos y con apoyo permanente de los grandes medios. Tiene además el soporte del FMI y el Banco Mundial -que en realidad son instrumentos del imperialismo estadounidense- que imponen medidas favoreciendo la actuación de ese sistema extractivo de riqueza.. 
El Presupuesto Federal programado para el año 2013 es buen un indicador de las prioridades gubernamentales. Casi la mitad de este presupuesto, -exactos 42%- estuvo destinado al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública brasileña. De los 2,4 billones (millones de millones) de reales, 900 mil millones (unos 400 mil millones de U$S) se gastarían en el pago de intereses y amortizaciones de la deuda, en cuanto estaban previstos por ejemplo, 71,7 miles de millones para Educación y 87,7 para la Salud o sea una doceava parte y un décimo respectivamente del monto reservado para el pago de la deuda pública. Para la reforma agraria se dispondría de 5 mil millones, es decir 180 veces menos. En esas cifras del presupuesto federal se resumen las prioridades económicas a las que se subordinaron los gobiernos del PT.
Al final, el costo de la deuda pública es transferido para la sociedad, en particular para los más pobres, tanto por medio del pago de elevados impuestos que inciden sobre todo lo que consumen, así como tarifas abusivas de los servicios esenciales, y por la ausencia o insuficiencia de servicios públicos a que tienen derecho: salud, educación, asistencia social, previdencia y entregando patrimonio público mediante las privatizaciones y la explotación ilimitada de riquezas naturales, con irreparables daños ambientales, ecológicos y sociales. El costo social es inmenso. 
El sistema deuda y la propia Deuda debieron ser auditados para eliminar toda la deuda ilegítima y terminar con la sangría, poniendo la deuda al servicio de las necesidades populares. Sin embargo el PT desperdició tres gobiernos sin avanzar nada al respecto. Sólo en el último ejercicio hubo intentos tímidos de reducir la tasa selic que se toma como base para las tasas de la deuda pública. Pero se volvió a los aumentos de la selic y hoy está en el 11% lo que la coloca en el lugar de las más altas del mundo.

Sistema tributario refuerza desigualdad /2
Si bien es en la injusta propiedad de la tierra donde están concentradas la mayor parte de las causas de la desigualdad social en Brasil, el sistema tributario que rige el país incide directamente en la persistencia de las desigualdades de renta e impide que esta situación cambie. La carga tributaria brasileña recae sobre los más pobres y los asalariados del país, por medio de tributos indirectos y acumulativos que castigan al consumo popular. Mientras existe una baja tributación sobre la renta y el patrimonio de la élite capitalista.
Más de la mitad de la recaudación se trata de impuestos sobre los bienes y servicios, de esta forma los pobres y asalariados aportan el 71,38% del total de impuestos contribuciones y tasas recaudados por el fondo público en Brasil. Pero la regresividad del sistema es peor aún. Los elevados tributos sobre los productos que componen la cesta básica imprescindible del sustento humano, castigan con preferencia a los más pobres y en especial a negros y negras. Por tanto la tributación actúa como un factor directo de profundizar la desigualdad racial y de género. Pesquisas recientes demuestran que de todo el espectro social, son las mujeres negras las más perjudicadas por los impuestos. Y que son ellas las que pagan, proporcionalmente y en relación a sus rendimientos, mucho más tributos que los hombres blancos.
En ese sentido Brasil va a contramano de los países mal llamados “desarrollados” donde la tributación sobre el patrimonio y las rentas de capital responden por cerca de 2/3 de la recaudación tributaria. Es entonces el sistema tributario regresivo uno de los principales responsables de que un país considerado la séptima economía mundial este en el 79 lugar de la tabla mundial de índice de desarrollo humano (IDH).
Entre las principales medidas tributarias implementadas tanto por los gobiernos de PSDB como del PT que agravaron la injusticia del sistema impositivo en Brasil tenemos:
1 - la exención de impuestos a la renta de lucros y dividendos distribuidos a socios capitalistas, incluidas las remesas para el exterior, aplicada por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso para favorecer a las corporaciones tanto nacionales como extranjeras e impulsar la libre circulación de capitales.
2 - La reducción del impuesto a la renta en las operaciones de la bolsa de valores y la exención de impuestos a la renta de los títulos de deuda pública brasileña implementada en los gobiernos de Lula.
3 - las exoneraciones tributarias, que implican poner en peligro el financiamiento de las políticas sociales, aplicadas durante el gobierno de Dilma Rousseff. La última, la medida provisoria 651/14 aprobada el 14 de octubre por la cámara de diputados -en acuerdo del PT con el Partido del Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)- que otorga “incentivos tributarios” a un amplio espectro de empresas, reduciendo drásticamente de 20% a 1 y 2% la retención jubilatoria que aporta la patronal para el pago de jubilaciones a los trabajadores, aprobando renegociar deudas empresariales y reduciendo la tributación del mercado de acciones. Con la coartada de revitalizar la economía en medio de la crisis mundial. Pero en realidad una nueva guiñada a los empresarios entre el primer turno y el segundo de las elecciones nacionales /3.
Para el profesor Evilasio Salvador de la Universidad de Brasilia y autor del estudio en que basamos este subtítulo: “es necesario revocar las medidas expuestas tomadas después de 1996, para construir un sistema tributario que actúe en el sentido de la redistribución de la renta y la riqueza del país y para incidir positivamente sobre las desigualdades sociales”. Y centrar la tributación sobre el patrimonio y la renta de los contribuyentes, colocando el impuesto a la renta del capital como el tributo directo principal. Para centrar el sistema tributario en el aporte de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente. Eliminando los impuestos sobre el consumo imprescindible de la población, como el impuesto al valor agregado, con el cual Arminio Fraga amenazó sustituir todos los demás impuestos para llevar al extremo la desigualdad social del sistema impositivo y reducir el ingreso de los asalariados, sin actuar contra el salario mínimo o los convenios obrero-patronales.

Dilma: “En la segunda mitad del año habrá un festival de licitaciones”/4
Desde el primer gobierno de Lula hubo una presión sobre los capitalistas para desarrollar un proceso acelerado de fusiones empresariales y de adaptación productiva para globalizarlas. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) /5 se transformó en el financiador con préstamos a largo plazo para hacer posible esa expansión global de las empresas como Petrobras u otras transnacionales privadas de capital mayoritario brasileño como las cuatro grandes constructoras que dominan el mercado del país, y los bancos de capital nacional.
BNDES Participaçoes (BNDESPAR) contribuyó a crear Brasil Foods (fusión de Sadia con Perdigão) y Fibria, con US$ 2.400 millones (Aracruz Celulose y Votorantim Celulose e Papel). También apoyó con US$ 760 millones a la fusión entre JBS y Friboi, la segunda mayor inversión en private equity en los últimos tres años en Brasil. Con la posterior adquisición de la estadounidense Pilgrim’s Pride, esta empresa se convirtió en la mayor de carne bovina del mundo. BNDES también ayudó a crear el décimo banco mundial por capitalización de mercado, producto de la fusión del Banco Itaú y Unibanco. Una “aliado” que apoyó públicamente, primero la candidatura de Marina Silva y luego cuando ella fue eliminada de la disputa por la presidencia, la de Aécio Neves contra Dilma Roussef, en el balotaje.
Como resultado, BNDES es el mayor accionista de las más grandes corporaciones brasileñas: 17% de Vale, si incluimos el holding Valepar, 9% de Eletrobras y Brasiliana, 6% de Telemar, Copel y JBS-Friboi y 4% de Petrobras. Aunque más de 50% de sus inversiones están en energía, su intervención alcanza a todos los sectores y tamaños.
Los Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC I y II) de los dos gobiernos Lula apuntaron a realizar las obras de infraestructura que permitieran ese crecimiento para transformar Brasil en una “China latinoamericana”. El PAC I contó con US$ 370.000 millones para la realización de 2471 proyectos de infraestructura. El PAC II anunciado oportunamente antes de iniciarse la campaña electoral de 2010, destinó US$ 878.000 millones con igual objetivo. Fue una enorme inyección de capital que favoreció en primer lugar a las constructoras transnacionales de capital brasileño, pero que se expandió hacia toda la economía interna.
En marzo de 2009 el gobierno Lula lanzó un programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” con financiamiento hipotecario. La inversión prevista era de 34 mil millones de R$ (unos 17 mil millones de U$S) para construir un millón de viviendas. Que se continuó y amplió en el gobierno Dilma con dos nuevas etapas /6.

Por su parte el 15 de agosto de 2012 la presidenta Dilma lanzó el Plano Nacional de Logística (PNL) para la construcción de autopistas y ferrovías por la forma privatizante de la “concesión”. Todo el sistema de transporte público en los municipios, estados y la Unión está estructurado en base a empresas concesionarias o permisionarias, así como los contratos del Estado con las empresas de energía eléctrica, de telefonía y telecomunicaciones. De igual forma se privatizaron (o extranjerizaron) la explotación del subsuelo por las mineras, parte importante de la explotación petrolera o el sistema privado de radio y TV en manos de grandes medios retrógrados o de cadenas de evangélicos y neo-pentecostales. Se trató de un plan privatizador que favorece en primer lugar a cuatro grandes corporaciones globalizadas de la construcción y sus subsidiarias.
Menos de un año después, en la entrevista exclusiva de Luis Nassif (junio 2013) que citamos en el subtítulo, Dilma detalló: “Serán licitadas 7.500 km de autopistas, aeropuertos, ferrovías, la cuenca de Libra, gas en tierra (fracking), almacenes, líneas de transmisión y generación eléctrica y el TAV (Tren de Alta Velocidad). Los empresarios internacionales ya acordaron con eso.” Licitaciones y concesiones es la forma de privatización de obras y servicios públicos que fue adoptando en forma persistente el gobierno del PT.

La Agencia Nacional de Petróleo Gas Natural y Biocombustibles (ANP) que había suspendido en 2008 las licitaciones de petróleo las retomó licitando en mayo de 2013/7, 289 bloques de exploración de petróleo y gas en tierra -de un área equivalente al estado de Ceará- que irían a afectar directamente a familias de asentados de la reforma agraria, tierras indígenas y comunidades quilombolas. Estudio hecho por el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), Greenpeace, y el Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inese) señala que algunos bloques están localizados en el territorio de 76 asentamientos en el nordeste del país. Por su parte la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia y la Academia Brasileña de Ciencias habían solicitado la moratoria de la explotación de “recursos no convencionales” como denomina la ANP al método de fractura hidráulica (fracking) para extraer gas, por los riesgos ambientales verificados en otros países. Es decir, el gobierno Dilma atropellando con licitaciones a los movimientos sociales para favorecer transnacionales de hidrocarburos. Y todavía el “festival” no había empezado.

Concluido el año 2013 fueron concedidas a las corporaciones 4.250 kilómetros de autopistas y carreteras en las regiones sudeste, nordeste y centro-oeste, con lo que el año cerró con 81% de aumento de la red federal de autovías transferidas a las empresas privadas. En todos los llamamientos de concesiones de autopistas están previstos, además de la duplicación de todos los trechos, el servicio de recuperación, manutención, conservación, operación, implantación de mejorías y ampliación de capacidad. Y el sistema de privatización se rige por la Ley de Parceria Público Privada (PPP) donde empresas estatales intervienen de modo minoritario, abriendo camino para las financiaciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
También fueron concedidos a las empresas privadas dos aeropuertos: el del Galeão en Río de Janeiro y el de Confins en Belo Horizonte. En el de Río la concesión es por 25 años, en cuanto el de Minas Gerais es por 30 años. Con esto, el Programa de Inversiones en Logística (PIL) suma cinco concesiones aeroportuarias, ya que las unidades de Guarulhos y Campinas en São Paulo y el de Brasilia habían sido rematados en 2012. Es parte de los planes del gobierno que se invierta con la modalidad Parcería Público Privada (PPP), en la infraestructura de 270 aeropuertos regionales.
De las privatizaciones no se salvaron ni los bancos estatales. En octubre de 2013 el gobierno Dilma aumentó la participación de los capitales extranjeros del 20% al 30% en el Banco do Brasil.
Además de estas licitaciones hay que agregar el remate de concesiones de puertos, ferrovías, hidroeléctricas, redes de transmisión de electricidad, etc. Pero sin lugar a dudas el día más “festivo” del “festival de privatizaciones” fue el 21 de octubre de 2013 cuando se licitó la cuenca petrolera Libra del pre-sal por la ANP. Libra en la cuenca de Santos se estima en 15 mil millones de barriles. Lo que implica un billón de U$S (un millón de millones en español o un trillón en portugués) que irían a manos -en parte- del cártel petrolero.
En Brasil existe un mito que identifica a Petrobras con una empresa estatal. En 1997, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC-PSDB) la transformó en una sociedad anónima con un 70% de su capital comprado por grandes especuladores extranjeros que presionaron para tercerizar la mano de obra. En los 16 años siguientes cerca del 80% de la mano de obra de la empresa, -más de 250 mil funcionarios- fueron tercerizados en subsidiarias. Al mismo tiempo que privatizaba Petrobras, FHC eliminó el monopolio estatal sobre la explotación petrolera. Sin monopolio la exploración de petróleo es hecha a partir de tres tipos de contrato: concesión, contrato de explotación conjunta con el estado, y contrato de servicios. En el caso de la licitación de Libra realizada en octubre pasado fue el de explotación conjunta, por el cual el gobierno recibe una parte del crudo a ser producido por la corporación concesionaria.

El Banco Central de Brasil defiende las concesiones -privatizaciones- petroleras como mecanismo de alcanzar la “estabilidad financiera” y, todo indica, que la presidente Rousseff utilizó la licitación para garantir la meta fiscal (superávit primario). Por eso marcó en R$ 15 mil millones el bono que deberían pagar las petroleras que licitaron Libra para poder entrar en el negocio. En realidad está cambiando recibir menos lucro durante 25 años para obtener un préstamo al 22% anual de interés por encima de la inflación. Un pésimo negocio.
Considerando que se trata de un pozo de riesgo cero -basta perforar para obtener el crudo- los sindicatos de petroleros así como la mayoría de los movimientos sociales identificó la licitación como una política entreguista. Un ingeniero explica: las licitaciones serían “aceptables” para bloques de búsqueda de petróleo, no para un campo con las reservas conocidas. Y agregó: “Solo en Irak y en Brasil se licita petróleo conocido existente en el subsuelo”/8. Pero Irak es una colonia en vías de desintegración.
Seis días antes de la licitación los trabajadores de Petrobras y sus subsidiarias entraron en huelga contra lo que definieron como “la mayor privatización de la historia de Brasil”. Las movilizaciones contaron con el apoyo de sindicatos y organizaciones estudiantiles.
En el local del remate, el Windsor Barra Hotel, en Barra da Tijuca, las policías Civil y Militar, el Cuerpo de Bomberos y la guardia municipal de Rio de Janeiro, protegían la privatización. Y a pedido del gobernador del estado Sérgio Cabral también intervino el Ejército y la Fuerza Nacional de Seguridad. El operativo fue coordinado por un general del Comando Militar del Este.
Para el coordinador-general de la Federaçión Única de los Petroleros (FUP), João Antônio de Moraes, "La entrega de 60% de Libra para las empresas extranjeras es uno de los mayores crímenes de lesa-patria que ya tuvimos en el país. Un día triste para el pueblo brasileño" La licitación, además del 40% correspondiente a Petrobras, se dividió entre la francesa Total (20%), la anglo-holandesa Shell (20%) y las chinas CNPC e CNOOC (10% cada una).

En Brasil la libre movilidad de capitales, los planes de crecimiento económico y desarrollo infraestructural con ayuda estatal y el impulso globalizante a las empresas y bancos, es un excelente ambiente de desenvolvimiento del capital imperialista. Entre el año 2003 de inicio del gobierno del PT y 2011, se concretaron 4724 fusiones y adquisiciones de empresas en el país. Con una tendencia permanente a aumentar estas transacciones año a año y con una aceleración que se hace evidente al comparar el primer trimestre de los dos primeros años de la presidencia Dilma: en el 1er. trimestre de 2011 fueron 167 y en igual período de 2012 se realizaron 204 transacciones. Lo que manifiesta un aumento del 22%. Casi el 50% de estas operaciones implicaron capitales extranjeros (la mayoría de EUA, Francia, Inglaterra y Alemania) comprando empresas brasileñas. En 2012, el mayor número de extranjerizaciones de dio en el rubro de informática e Internet. Otros dos sectores muy procurados por este proceso de extranjerización de las empresas son las compañías de salud y de educación privadas /9. 

A mitad de 2013 el gobierno Dilma enfrentó multitudinarias movilizaciones de pobladores y jóvenes que no llegaron a la fantasiosa “nueva clase media” brasileña y salieron contra la carestía y el costo del transporte. A estos se sumaron las comunidades de favelas perjudicadas por la contra-reforma urbana, -bajo el subterfugio de los mega-eventos deportivos- de corporaciones predatorias de la construcción, que desalojaron más de 150 mil familias para impulsar una extensa especulación inmobiliaria. Mientras los verdaderos guetos de explotación de clase y de discriminación étnica que son las favelas eran ocupados por policías corruptas de las Unidades de Pacificación Policial (UPP) y militares entrenados en la represión con la ocupación de Haití.
Los asalariados rurales y trabajadores sin tierra (MST y Vía Campesina) denunciaron el freno total a la reforma agraria, el conjunto de los pueblos indígenas se movilizaron contra el fin de la demarcación de sus tierras y el avance del agro-negocio, la minería y las corporaciones petroleras sobre su territorio. Quilombolas resisten el modelo extractivista. Pescadores artesanales y ribereños enfrentan la contaminación industrial de ríos y costas oceánicas. Diversos sectores desafían la prepotencia de las mega-hidroeléctricas que los expulsan de sus tierras y los dejan sin agua, sin vivienda y sin alimentos.
Las grandes movilizaciones urbanas iniciadas en junio de 2013 duraron poco más de un mes pero alcanzaron para marcar un cambio radical en la coyuntura política. “Millones descubrieron el camino de las calles, de las movilizaciones y auto-movilizaciones y de las demandas. A partir de allí hubo un cruzamiento entre los trabajadores y los movimientos sociales urbanos, en especial por vivienda. Hay también un aumento del activismo social que confluye con la automovilización sindical y el resurgimiento de un movimiento social urbano. Todo esto provoca un sentimiento social de indignación, huelgas, protestas y desafíos a los gobiernos y empresas” /10. Mientras, la presidenta Dilma no asimiló las enseñanzas obvias de esa marejada popular, e insistía tozuda con “más de lo mismo”.

Una alianza nefasta empeora la retrógrada posesión de tierras
Luego del desastre del Mensalão, la opción inmediata para continuar garantizando la “gobernabilidad” no fue apelar al pueblo y sus ansias de cambio, sino la búsqueda de alianzas con representantes de oligarquías regionales, de empresarios y banqueros. O sea aliarse a sectores de una élite política patrimonialista y corrupta que domina el Congreso desde hace décadas.
La cúpula gubernamental pactó entonces con lo peor del Congreso brasileño: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Y con ellos obtuvo el apoyo envenenado de los “ruralistas”. Hacendados latifundistas usurpadores de tierras fiscales, indígenas o quilombolas y volcados a la agro-industria. Ganaderos que desmatan la Amazonia para transformarla en pasturas para sus vaquerías. Plantadores de granos bio-degradados transgénicos, contaminadores de tierras, aire y ríos con agro-tóxicos y también eliminadores de bosques naturales y de la mata ciliar en las riberas de las corrientes y nacientes de agua. Como resultado hoy tenemos la agonía de grandes ríos como el Sao Francisco -que atraviesa 8 estados brasileños- por pérdida de caudal, que ya secó en sus nacientes y amenaza la producción agrícola que depende de su agua y el sustento de los pescadores ribereños.
El secretario general del Observatorio del Clima, Carlos Ritti, “destaca la relación directa entre desmonte, contaminación, mudanza climática y la crisis hídrica que avanza sobre el país” A la enorme crisis hídrica en S ã o Paulo, que condujo al racionamiento del agua, -luego de ser ocultada por los grandes medios para que no perjudicara la elección como gobernador de de Alckmin (PSDB)-, ahora se suma la amenaza de disminución de los acuíferos en Rio de Janeiro. Con el actual sistema productivo en vigencia la escasez de agua sólo puede empeorar.
El aumento del desmonte en la Amazonia -una de las razones de las grandes secas en otras regiones- tiene cifras alarmantes: en el último año evaluado (agosto 2012/julio 2013) el desarbolado en la Amazonia creció casi un 30%. Se trata de 5.891 km2 de florestas arrasadas. Esta destrucción de las matas y selvas naturales implica la remoción completa de la cobertura forestal. Y esto es obra principal de los hacendados de los estados de Pará, Mato Grosso y Rondonia. En los años 2011, 2012 y 2013 del gobierno de Dilma Rousseff, se arrasaron 24.650 Km2 de arboledas. Una superficie mayor que la extensión territorial de El Salvador /11. Y esta destrucción de florestas continúa hasta la fecha: sólo en setiembre de 2014 el desmonte creció 290% en relación a igual mes de 2013 /12.
Está identificado con claridad el responsable principal de este crimen forestal: casi la mitad del desmonte entre 2004 y 2011 se produjo en propiedades mayores a 500 ha. mientras sólo el 12% en pequeños campos menores a 100 há. /13 Son los mayores hacendados los que devastan en mayor medida las florestas.
En la cosecha 2013-2014 de granos de Brasil, la soja transgénica ocupó 30 millones de hectáreas sembradas (o 300 mil km2) -una superficie del tamaño de Italia- aumentando un 9% su producción anual, que viene en crecimiento continuo durante los tres gobiernos del PT. Brasil aporta con el 60% de la superficie sembrada de soja del total del enclave sojero sudamericano, que incluye también a Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Y esta situación se extiende a los demás plantíos de semillas transgénicas: recordemos que en la zafra 2014 la variedad transgénica del algodón ocupa 65% (710 mil hectáreas) de la producción total; y en la zafra de 2013 del total de maíz producido en el país, 89,9% era transgénico. Hoy ya se plantan 18 especies de estos maíces mutantes producidos por Monsanto, Syngenta, Basf, Bayer, Dow Agrosciences y Dupont. Con un agravante para los bebedores de cerveza: las marcas Antárctica, Bohemia, Brahma, Itaipava, Kaiser, Skol y todas aquellas en que consta como ingrediente “cereales no maltados”, de acuerdo a la legislación brasileña pueden sustituir hasta el 45% de la malta de cebada por maíz transgénico.

Desde el punto de vista social y humano, el enclave sojero y transgénico en general es un área de exclusión de trabajadores rurales, de campesinos, de agricultores familiares, de indígenas y descendientes de esclavos liberados. Es una política de deterioro rural que excluye todo lo posible el trabajo humano y exige una inmensa inversión en “tecnología” agrícola. Más tractores, fumigadoras terrestres -conocidas popularmente como mosquitos- o aéreas, cosechadoras computarizadas y drones (usados para controlar la marcha de los plantíos). Y no se trata de una discriminación y exclusión pacífica. Esta política pro-ruralistas del PT puso en riesgo de vida a todos esos sectores, que son agredidos por los “gatillo-fácil” al servicio de los latifundistas.
La violencia rural está en aumento en el país. Según el informe de la ONG Global Witness /14, antes del mundial de fútbol, Brasil obtuvo un título: primero en el mundo en muertes de defensores ambientales. Con 448 asesinatos de ambientalistas entre los 908 casos registrados en todo el mundo entre 2002 y 2013, Brasil se lleva la “copa” del crimen ambiental. Para tener una idea de la magnitud del enfrentamiento actual recordemos que el número supera los muertos y desaparecidos políticos en el período de veinte años del régimen militar en el mismo país, entre 1964 e 1985.

Tanto el proyecto productivo como la matriz energética que impulsa el gobierno, han desatado enfrentamientos con pueblos indígenas, pobladores costeros y pescadores, pequeños productores rurales y organizaciones sociales que luchan por la tierra. Es durante el gobierno de Dilma Rousseff que las grandes obras hidroeléctricas y los diques que retienen agua para la agro-industria o la minería, así como la agresión a la naturaleza y a los pobladores -tanto rurales como urbanos- que proviene de los monocultivos y las mineras, han generado variados e intensos conflictos. 

Un caso emblemático como el de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte, construida en el Río Xingu (Pará) por el consorcio Norte Energía, se arrastra durante más de 20 años y perjudica los medios de existencia (alimentación, vivienda, territorio, etc.) de más de 300 mil personas entre pescadores ribereños, indígenas y quilombolas, por las inundaciones, desvíos de ríos, destrucción de zonas selváticas y contaminación. Con la complicidad de gobiernos estaduales y federales fueron facilitados los licenciamientos legales sin previa consulta a los pobladores afectados. Y existen nuevos proyectos de mega usinas hidroeléctricas en la Amazonia, como la del río Tapajós que resisten los indios munduruku porque afectarían sus tierras indígenas de São Luiz do Tapajós y Boa Fé así como desaparecerían varias aldeas ribereñas del río.
Esta situación no es localizada sino que se extiende a todo el país. En el Mapa de Conflictos envolviendo Injusticia Ambiental y Salud en Brasil son relatados 343 conflictos ambientales que tienen impacto en la salud colectiva del país. Las principales víctimas de estos conflictos son los indígenas en 33,67 % de los casos, en 31,99% son los agricultores familiares y en el 21,55% los quilombolas” /15.

Esta estrategia “lulista” de alianza con los ruralistas tiene otras variadas consecuencias además de las sociales y ambientales. Desde 2008, Brasil es el mayor consumidor de agro-tóxicos del mundo, y se trata de un proceso que aumenta año a año el costo productivo. En 2013 fueron consumidos en el país mil millones de litros de “defensivos agrícolas” (eufemismo con que los llaman las corporaciones químicas), una cuota de 5 litros por habitante. Pero esta cifra no refleja la realidad de los estados como Mato Grosso donde la soja OGM es la cultura dominante. Allí, en el municipio de Lucas de Rio Verde se vuelcan anualmente, en media, 136 litros de venenos por habitante. En dicha zona en 100% de las muestras de leche materna analizadas por un grupo de investigadores de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT) fue encontrado al menos un tipo de agro-tóxico y en 85% de los casos fueron encontrados entre 2 y 6 tipos /16. Esto, como es inevitable está creando problemas de salud pública que aún no se miden en su verdadera magnitud. Pero que pueden sospecharse mirándose en el espejo de Argentina que inició la experiencia de semillas bio-degradadas una década antes y ya comprueba un gran aumento del cáncer y múltiples deformaciones genéticas en los nacimientos, en las zonas de influencia transgénica.

PT Insiste en una estrategia errada para el próximo decenio
Las populosas movilizaciones iniciadas en junio de 2013 abrieron un debate público en el Partido de los Trabajadores de Brasil. No vamos a hablar de un ala “izquierda” y otra “derecha” dentro del partido porque ambos términos están desacreditados para definir corrientes políticas en la actualidad y no implican conceptos programáticos similares para quienes los siguen utilizando. O sea más que todo ayudan a la confusión.
Quienes dentro del Partido no estaban conformes con la orientación gubernamental señalaron la agitación social multitudinaria de 2013 como un síntoma general de descontento de los sectores populares y empezaron a hacer críticas públicas tanto al gobierno Dilma como a los parlamentarios oficialistas y aliados al PT en el Congreso. Era un sector desplazado del poder que poco se expresó en forma conjunta durante los dos ejercicios de Lula /17.
En el año transcurrido desde las primeras protestas de 2013, los petistas discrepantes con la orientación política oficial, encontraron una situación favorable a sus críticas que se han ido endureciendo y en la actualidad abarcan innumerables aspectos. Que la presidencia la ejerza una persona sin tradición petista como Dilma, favorece el ánimo de discrepancia. No es lo mismo que enfrentar a Lula. Las críticas van desde la política ambiental o de derechos humanos, a las deficiencias en salud, enseñanza y transporte urbano, o la abierta represión en las ciudades y en especial en las favelas; el aumento y endurecimiento del aparato represivo; la alianza parlamentaria con los ruralistas y la política económica centrada en la exportación de commodities -dos aspectos complementarios- y el retroceso en la soberanía económica con la licitación del yacimiento de Libra en el pre-sal y el aumento permanente de una deuda pública cuyo servicio en mayo de 2014 ya había consumido el 54% del gasto federal /18.
Esta situación de duras y variadas críticas y la campaña electoral que se abrió luego de la Copa mundial de fútbol obligó a la dirección del PT y la intelectualidad del gobierno a asumir el debate y exponer su caracterización sobre la situación actual. Pero la primicia es que ahora despliega una estrategia de economía política oficialista para desarrollar en el próximo decenio.
Esta estrategia fue esbozada en un editorial de Carta Maior del 25 de junio de 2014 /19 en el que se sugiere que proviene de Lula da Silva con apoyo de la economista petista Maria da Conceição Tavares /20.
El texto presenta dicha estrategia como un programa que se contrapone al de los sectores “conservadores” del país. Según él, el país está en una“encrucijada de desarrollo económico”, y para superar ésta, la oposición económica al gobierno (liderada por el Partido Social Demócrata Brasileño PSDB) está proponiendo realizar un ajuste fiscal-similar al de los países metropolitanos- y a través del desempleo masivo y la reducción del salario consecuente intentaría alcanzar una tasa de explotación compatible con las necesidades de competitividad que impone el mercado mundial en este momento. 
Ante esto, se afirma que la “continuidad del proyecto progresista” exige una “inflexión de densidad” que no puede ser “subestimada”. Y que el“enorme esfuerzo político” a realizar debe apoyarse en tres puntos: “organización popular, democracia participativa y salto tecnológico sistémico que irradie la productividad necesaria para atender la demanda por derechos y calidad de vida”. Pero en este trípode la “productividad” es el“lubricante estratégico” que el programa petista contrapone a la rebaja salarial y el desempleo.
Y allí se introduce el plazo necesario para desarrollar esta estrategia: “Brasil precisa de más una década para que madure el pre-sal y los BRICS se consoliden como un polo alternativo a la truculenta hegemonía del capital financiero mundial”
Y los tres sectores elegidos para apuntalar un nuevo empuje del desarrollo brasileño son: la agropecuaria (centrada en los monocultivos transgénicos y la ganadería extensiva), el petróleo (priorizando el pre-sal) y la aeronáutica. Los dos primeros se trata de una continuación de los planes que se vienen desarrollando y el tercero ya tiene un impulso importante que le ha permitido competir con aeronaves de 100 pasajeros en escala internacional, pero la estrategia señala que le ha faltado un apoyo económico del estado más decidido.
Respecto al pre-sal y luego de la fuerte resistencia sindical y el descontento de los defensores de la soberanía a la licitación de la cuenca de Libra, como parte de esta nueva estrategia hace pocas semanas el gobierno le entregó a Petrobras cuatro áreas concentradas en el campo de Franco (ahora Búzios) que tienen entre 10 y 15 mil millones de barriles de petróleo recuperables. Franco es un 25% mayor en reservas que Libra.
Es interesante remarcar que cuando el texto argumenta a favor de la productividad tecnológica, se da como ejemplo el desarrollo de EUA basado en el armamentismo. Por eso algunos observadores llaman la atención sobre un proyecto poco publicitado de cooperación bilateral Brasil-Israel de tecnología que incluye a la industria armamentista.
Organizaciones internacionales denuncian la Cooperación Bilateral Brasil-Israel en Investigación y Desarrollo Industrial y afirman que “este tipo de cooperación con Israel no solo directa o indirectamente legitima políticas israelitas actuales sino que también contribuye con la prolongación de la ocupación y legitima la colonización y el apartheid israelita aplicado a los palestinos.” Se denuncia también que esta cooperación ya está“apoyando empresas o entidades que funcionan en territorios palestinos ocupados, actividades israelitas ilegales en ellos, o actividades (pesquisa, producción, comercio) que benefician actos ilegales de Israel en territorios ocupados, incluyendo la construcción del Muro y el desarrollo de nuevos asentamientos” y se remarca que ““esto está en clara contradicción con el compromiso de Brasil con la creación de un estado palestino en las fronteras de 1967 y el derecho palestino a la autodeterminación” /21.
Pero quizá lo más cuestionado de la estrategia “petista” para el próximo decenio sea la continuidad de un programa productivo y de exportación basado en el agro-negocio de monocultivos transgénicos, algo rechazado por todos los sectores de la agro-ecología, los ambientalistas, los indígenas y los quilombolas y otros amplios sectores que lo consideran una gran amenaza para la salud pública.

Estrategia petista errada obtiene integración retrógrada del Congreso
La clara y abierta opción a favor del agro-negocio en los tres gobiernos del PT y que se proyecta también para el próximo decenio, tuvo como consecuencia política directa un crecimiento espectacular de la bancada ruralista del agro-negocio en el Congreso. Los números cantan.
En Brasil el grupo "ruralista”, que representa al agro-negocio en el Congreso es la mayor bancada en el legislativo. El impulso a los monocultivos agrícolas de commodities brindado por los gobiernos del PT ha favorecido su crecimiento en el período 2003-2014. Hasta 2003 el lobby contaba con 89 parlamentarios; en el segundo ejercicio del presidente Lula ya había alcanzado los 120 legisladores y en el ejercicio de Dilma Rousseff tuvo 160 representantes. Es decir, durante los dos primeros gobiernos petistas casi duplicó su fuerza.
Pero en las elecciones de 2014 dio un salto mayor aún. Los grandes terratenientes del campo y sus políticos afines reunidos en el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) son a partir de 2015 la mayor bancada del Congreso. Ha crecido un 33% sumando 273 asientos entre diputados y senadores. En la Cámara de los Diputados junto a otros 131 parlamentarios vinculados al agro-negocio, conseguirían una mayoría de 257 representantes del sector ruralista, frente a los 256 no ruralistas. O sea controlan más de la mitad de los diputados federales. Entre sus prioridades está la aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC-215) que haría que la demarcación de las tierras indígenas (TI) saliera del ámbito de la Funai (Fundación Nacional del Indio) y pasara a manos del Legislativo para impedir que se aprobaran nuevas demarcaciones territoriales de pueblos originarios. Entre otros retrocesos, porque está pendiente la explotación minera en TI y ya se están invadiendo reservas forestales e indígenas con la construcción de mega-hidroeléctricas, lo que en conjunto representa una auténtica amenaza de exterminio étnico y mayor degradación ambiental /22.
Otra ofensiva de la bancada ruralista es contra la criminalización del trabajo esclavo. Es sabido que los principales bolsones de trabajo esclavo en el campo están en las grandes extensiones terratenientes. Y existe en las autoridades una cierta actitud benévola al respecto. Un equipo de fiscalización del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) en una operación en la hacienda Taiaçu II -en el nordeste de Mato Grosso- liberó un grupo de trabajadores en condición de esclavitud. Esto no sería novedad si el dueño no fuera hermano de la senadora Kátia Abreu, la Presidente de la Confederación de la Agricultura y la Pecuaria de Brasil (CNA) y líder de los ruralistas en el senado /23.
Aunque los grandes hacendados son los principales responsables del trabajo esclavo o forzado rural, no se manifiestan públicamente a favor de dicha forma de explotación. La táctica utilizada en el Congreso para impedir que se aplique la ley de expropiación de las haciendas donde se identifica un bolsón de trabajo con las características de esclavitud, es cambiar los términos de la ley donde se determina qué debe ser considerado como trabajo esclavo, para que formulaciones confusas o de variada interpretación impidan la aplicación del dictamen de expropiación. Este sería otro retroceso social, que la bancada ruralista puede aprobar en un parlamento donde ahora tiene mayoría.
Y al crecimiento de la bancada ruralista se suman otros segmentos conservadores como militares, policías e incluso algún representante de las “milicias” conocidos como la “bancada de la bala” que se prevé puede llegar al 30% del total de parlamentarios, lo que pone en evidencia la amenaza de reducción para 16 años de la mayoría penal y da nuevo impulso al genocidio actual de adolescentes negros. O los evangélicos medievalistas defensores de la homofobia y condenadores del aborto y los derechos de género. etc. Lo que hizo afirmar al director delDepartamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), Antônio Augusto Queiroz: “este nuevo Congreso es seguramente el más conservador desde 1964”. Es decir comparable al que “convivió” con la pasada dictadura militar.
Al mismo tiempo, el Diap informó que el número de diputados ligados a causas sociales cayó drásticamente, aunque los números totales todavía están siendo calculados. Lo que significa que la descriminalización del aborto, la unión de personas del mismo sexo o la legalización de la marihuana tienen pocas chances de ser abordados y aprobados en este Congreso que tomará pose en febrero de 2015 /24.
Otra retracción significativa fue la cantidad de diputados electos para integrar el frente parlamentario sindical en el Congreso: esta bancada se redujo casi a la mitad, de 83 legisladores bajó para 47. Para poder comparar digamos que antes del primer gobierno Lula había 44 sindicalistas como diputados en la cámara y después de tres ejercicios del PT y de haber tenido 83 legisladores, a partir de 2015 el sindicalismo tendrá sólo tres parlamentarios más que bajo el último gobierno de FHC (PSDB).
Para Queiroz el motivo de la reducción de la bancada de sindicalistas deviene de la decisión de los partidos de dar prioridad a los candidatos con acceso a financiación empresarial o de la máquina pública, mientras los militantes perdieron espacio frente al predominio del electoralismo sin contenido programático. Para el PT es el resultado de priorizar la politiquería de la institucionalidad y las alianzas con la burguesía, frente a la organización y las luchas de los movimientos sociales.
Como contrapartida la bancada empresarial tendrá cerca de 190 miembros. Y con seguridad, como no hay en el horizonte la expectativa de que el gobierno haga nuevas exoneraciones de los aportes patronales o dar incentivos fiscales y crediticios como hizo hasta ahora para favorecer la conciliación de clases, la tendencia es que la patronal presionará para que se vote en el Congreso -entre otras cosas- el proyecto de tercerización del trabajo en las empresas que impone la precarización -para reducir los costos salariales- y el que obliga a prevalecer la legislación sobre lo que es negociado entre patrones y trabajadores. Esto por ejemplo tiraría abajo las conquistas en salario mínimo de varios estados como Paraná, Santa Catarina o Rio Grande del Sur, que están por encima del salario mínimo nacional y que, entonces, es el único que regiría. Esta relación de fuerzas descarta también el proyecto de reducción de la jornada de trabajo que, con poco entusiasmo hasta ahora, han planteado las centrales sindicales/25.

Para completar el panorama de este congreso retrógrado tenemos que según Queiroz "algunas conquistas como garantía de los derechos humanos pueden ser anuladas o mismo retroceder con la elección de un parlamento extremamente conservador” Como los pocos avances en derechos de género ya que la representación femenina sólo alcanza poco menos del 10% del total del parlamento. O respecto a conquistas como las cuotas para negros en la Universidad y en los empleos públicos, en un Congreso cuyo 80% de los legisladores son blancos y dentro de ese espectro el conservadorismo es amplia mayoría. Considerando que la población de negros y “pardos” en Brasil representa el 52% de los habitantes, el Legislativo no refleja una vez más la composición étnica de la sociedad e indica que la denuncia de los afro-descendientes de que en el país el racismo es institucional, se confirma.
Para terminar de medir la dimensión del revés político que significó la elección del Congreso en el primer turno, sepamos que a partir de 2015, el PT perdió 18 parlamentarios bajando su bancada de 88 para 70. Mientras el PSDB aumentó 10 bancas, subiendo de 44 para 54.

Rectificación de rumbo
Concluyendo, todo lo planteado es clara evidencia de que la estrategia política petista para quienes esperaban un cambio radical de la sociedad, fue una completa decepción. Aún en términos de reducción de la desigualdad social en el país, los efectos son bastante pobres. Es necesario entonces hacer un balance de esta política para ubicar sus mecanismos equivocados y encarar el resultado fallido aún de sus limitados objetivos que no iban más allá de reducir muy parcialmente los peores aspectos de la explotación y discriminación capitalista.
Pero en muchos aspectos como el ambiental o de derechos democráticos de las etnias postergadas, la situación empeoró. Así como en los derechos de género, pues si bien la ley María da Penha contra la violencia doméstica, fue un gran avance, en contrapartida el rechazo a la descriminalización del aborto en el Congreso bajo la presidencia Dlma significó una derrota importante a lo que se suma un crecimiento de la bancada evangélica y sus ideas atrasadas contrarias a los derechos femeninos. En términos de libertades individuales, con la persecución y represión a las protestas ciudadanas durante la Copa del mundo y el aumento del armamento a las policías militares se instauró una verdadera prohibición de la movilización callejera y del libre uso de los espacios públicos urbanos.
Una cifra nos completa el retrato de la democracia brasileña: en sus prisiones se hacinan más de 550.000 detenidos, lo que ubica al país en el 4º lugar en el mundo por su población carcelaria, después de las “democracias” de EEUU, China y Rusia. También en Brasil la política de penalidad punitiva contra los pobres y los negros -que son la mayoría de los detenidos- encubierta bajo el embuste de la “lucha contra la droga” sigue haciendo desastres.
Y en términos de representación democrática de la sociedad en las instituciones gubernamentales la “estrategia lulista” fue un verdadero fracaso cuya instantánea destacada es un congreso retrógrado.
Es cierto que el progresismo no tuvo nunca el objetivo de construir el socialismo en Brasil, sino aliviar algunos aspectos de la explotación y discriminación capitalista. Pero también en su restringido proyecto los resultados son infortunados. La pésima integración de la cámara y el senado para la nueva legislatura es consecuencia directa de los errores estratégicos del Partido de los Trabajadores y sus gobiernos, con el desliz final de una presidencia Dilma que se alejó de los movimientos y el pueblo que con sus luchas condujeron al PT al gobierno.

Dilma: sin cheque en blanco de sus votantes
Aún así, las organizaciones de la agricultura orgánica familiar dieron su apoyo a la candidatura de Dilma temerosos de perder los pocos beneficios que les otorgó el “lulismo”, pero haciendo críticas severas a la orientación productiva de los gobiernos del PT.
La Asociação Nacional da Agro-ecología (ANA) que reúne más de 60 asociaciones y articulaciones, declaró:  Somos críticos al modelo de desarrollo en curso, que incentiva los monocultivos y estimula la destrucción forestal, intensifica el uso de agro-tóxicos y transgénicos, provoca el freno a la reforma agraria y no reconoce los derechos territoriales de las comunidades indígenas y demás comunidades tradicionales haciendo a la economía del país depender de la exportación de pocos commodities agrícolas y mineros” /26.
Igual actitud tomaron las organizaciones representativas del movimiento negro. 21 entidades del Movimento Negro Unificado (MNU) destacaron en su declaración el actual “exterminio selectivo de la juventud negra” exigiendo “acciones decisivas a fin de extirpar las causas y efectos de ese fenómeno nefasto en nuestra sociedad”: También exigen la “titulación de las tierras quilombolas”...”en las áreas urbanas y rurales del país” /27.
Y existen organizaciones de negros que se colocan en una oposición mucho más crítica que el MNU y definen claramente el racismo brasileño como institucional, social y judicial y a la masacre de jóvenes negros la caracterizan de genocidio. El 22 de agosto de 2014 se realizó en múltiples ciudades de Brasil una marcha contra el genocidio del pueblo negro. Es imposible ignorar que en São Paulo, por ejemplo, dos de cada tres jóvenes entre 15 y 19 años muertos por la policía militar son negros mientras el 79% de los policías envueltos en estas muertes son blancos /28. Y un joven negro morador del Distrito Federal (sede del gobierno) tiene 4 veces más chances de morir por causas violentas que otro de la misma edad que no sea negro. Esta es la situación en todas las grandes ciudades de Brasil con pocas variaciones. La posición de la Coordinación Nacional de Entidades Negras (CONEN) junto a apoyar la reelección de Dilma, afirma: “A pesar de los avances durante los gobiernos Lula-Dilma, continuamos viviendo en un país donde las desigualdades raciales, sociales, regionales, de clase, de género y generacionales, todavía son inmensas”.
Tanto los movimientos agrícolas populares, como las entidades de afro-descendientes y la gran mayoría de los movimientos sociales no le dieron el voto a la candidata petista como un cheque en blanco. Señalaron con claridad las rémoras de su gobierno, exigiendo una rectificación de rumbo.

Hay que nombrar sin eufemismos la estrategia petista
Hay que ponerle nombre e identificar con claridad esta política fallida que desarma al pueblo en sus reclamos. Teniendo en cuenta que todos estos movimientos sociales hoy opositores, eran parte de los aliados incondicionales del PT desde su surgimiento, lo que han logrado los gobiernos del PT y en especial el de Dilma es un verdadero record. Es el descalabro de una visión burocrática y estrecha de la democracia, que se niega a aprender las enseñanzas que le dicta un pueblo movilizado. Es la derrota de una concepción de “progreso” y “desarrollo” que acepta los postulados del capitalismo, de que el crecimiento económico permanente debe ignorar la degradación de los territorios y las consecuencias sobre sus habitantes. Es el inaceptable retraso social a que se condenó a los explotados y discriminados de las favelas. Es el fracaso del llamado “progresismo” brasileño, al gobernar junto con los capitalistas aceptando los límites que ellos imponen. Es en fin, el fiasco terminante de una estrategia suicida de conciliación y colaboración de clases.
Es el momento en que ese complejo y poderoso sistema de movimientos sociales que tiene Brasil en la actualidad, cree un ámbito común para coordinar sus demandas y sus luchas e imponer sus posiciones, descartando y superando las evidentes ineptitudes que el PT ha mostrado con su integración a la institucionalidad. Es esa inquietud masiva de resistencias y protestas la capaz de torcer el rumbo y empezar a imponer cambios sociales y populares, radicales e irreversibles.
* André Singer: Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. Companhia das Letras, San Pablo, 2012, p. 13-29. Usamos los términos “lulista” o “lulismo” en el sentido que le da Singer en el libro mencionado: como un proceso político liderado por Lula da Silva, que tuvo grandes consecuencias sociales y económicas. Para el intelectual y ex-vocero de la Presidencia de la República André Singer, esta transformación en la sociología electoral del PT se relaciona con un cambio fundamental en el electorado y abre un ciclo político amplio. Singer hace un paralelismo de lo ocurrido en Estados Unidos en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt en 1932, con Brasil en 2002, una típica elección de alternancia devino en una nueva mayoría. En el contexto de un nuevo ciclo marcado por una agenda asistencialista de “lucha contra la pobreza”, el lulismo sería el encuentro de Lula, en tanto líder, con una fracción de clase, el subproletariado. Mediante el empleo formal, el sub-proletariado alcanza la condición proletaria y así el lulismo constituye la ruptura real de la articulación anterior, al separar al subproletariado de la burguesía, y abre posibilidades inéditas a partir de esta novedad histórica, con lo que crea un “nuevo bloque de poder”. De acuerdo con Singer, ese subproletariado como fracción de clase, a pesar de ser mayoritario, enfrenta dificultades para crear sus propias organizaciones. Sin embargo, emerge con fuerza en la política con el gobierno de Lula y, por su tamaño, se torna decisivo en las elecciones, sobre todo en el Nordeste. Hecho comprobado fehacientemente en el primer turno de la elección de 2014.
Notas
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191337