miércoles, 30 de septiembre de 2015

Reflexionemos: son los 'locos ambientalistas' que posibilitan "una organización mucho más rápida y efectiva frente al derrame de líquido cianurado".

Jachal: enterarse del derrame de cianuro 
por un mensaje de texto
30 de septiembre de 2015

En el Enredando las Mañanas, el programa de la RNMA, nos comunicamos con Cindy Carrizo Muñoz, politóloga e integrante del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas de la Universidad Nacional de San Juan, cuya tesis doctoral aborda el desarrollo de la mega-minería en San Juan. Cindy, que nació en Jachal, nos compartió su visión de lo que está sucediendo en su ciudad natal luego de que la Barrcick Gold derrame solución cianurada en las aguas del río y que los habitantes se enteraran del derrame a partir de un mensaje de texto que un trabajador de la mina envía a su familia. ¿Cómo llegan las mineras a las provincias de Argentina? ¿Cómo operan antes de instalarse en las distintas localidades? ¿Cuál es el entramado de complicidades entre el poder político y las empresas trans-nacionales mega-mineras? 

Por RNMA


“Volvemos a la generación de los 80” afirmó Cindy, luego de escuchar la lectura de la solicitada publicada por el Colegio Argentino de Ingenieros en Minas firmada por Marcelo Bellini y Mario Capello presidente y secretario respectivamente, que para justificar la expansión de los proyectos mega-mineros en la provincia de San Juan apela y reivindica la consigna sarmientina de civilización o barbarie. Cindy nos cuenta que Mario Capello, “es sanjuanino, pertenece al Partido Radical y ha acompañado este proceso siempre legitimando, desde su posición dentro del campo científico, como `poseedor de una verdad irrefutable` porque es ingeniero en minas”.

Cindy: yo creo que en esta coyuntura y a partir de este desastre, pensándolo también desde la ciencia, se ponen dos posiciones en disputa. Por un lado el conocimiento de los que defienden a la minería y que la titulan como sustentable, aún a pesar del desastre que ha ocasionado recientemente en San Juan, y siguen sosteniendo además ese discurso, tratando de legitimar, un discurso donde está presente el paradigma neoliberal, son palabras vacías, hablar de sustentabilidad…Y por el otro lado está la verdad de los científicos que están acompañando en la lucha, que es una verdad que no tiene legitimidad dentro de la misma ciencia, termina siendo invisibilizada. Las instituciones científicas, además, han dado muestras de su posición y de estar a favor de la minería, tanto la Universidad Nacional de San Juan como la Universidad Católica de Cuyo, que ha hecho los estudios para el gobierno echando por tierra todos los argumentos científicos de los asamblearios, que en este momento están luchando también contra la minería a cielo abierto.

ELM: Antes de meternos puntualmente en lo que sucedió en Jachal, quisiéramos preguntarte cuál es la génesis de la minería en San Juan, cuáles son los aspectos centrales de esa actividad y cómo se llega al derrame de cianuro en la aguas del río.
Tanto José Luis Gioja, el actual gobernador, como la mayoría sabe, formó parte de la comisión de diputados en los 90, la cual elaboró las leyes mineras para posibilitar inversión extranjera en Argentina, luego en el 2000 cuando asume como gobernador, estuvo siempre en su discurso y fue su propuesta principal. Genera las condiciones para que la minería pueda explotar los recursos naturales de San Juan.
La Barrick Gold llega a San Juan y a la Argentina en el 95; las leyes mineras se aprueban en el año 93, la ley principal de inversiones mineras que es la Ley 24.196 es aprobada en el 93. También esto hay que decirlo, se aprueba con mayoría en el Congreso, las dos cámaras apoyan esta iniciativa y en el 95 llegan las primeras empresas trans-nacionales a hacer exploraciones en Argentina. Barrick llega a San Juan y el proyecto que comienza a explorar es el de la Pascua-Lama que hoy se encuentra cerrado por una decisión de la Corte Suprema de Justicia chilena, entonces también se ha cerrado el lado argentino.
Entre el 2003/2004 compra un proyecto que lo estaba explorando otra empresa trans-nacional, el proyecto Veladero, que ha ocasionado ahora el desastre ambiental en San Juan. Veladero comienza su etapa de construcción en al año 2005 y hoy está en plena producción aunque la vida útil que habían proyectado para esa mina era alrededor de 20 años, ya lleva 10 y se estima que le queda muy poco tiempo.

El sábado 12 de septiembre se produce una rotura en el caño que lleva el líquido cianurado que es el que realiza el proceso de lixiviación y el pueblo de Jachal se entera a partir de un mensaje de un trabajador que está en la mina, que le informa a la familia el domingo en la tarde que no vayan a consumir agua porque se había producido un derrame y que había llegado al río. Jachal tiene una característica muy particular, se encuentra a 160 km al norte de la ciudad de San Juan, limita con La Rioja y es un pueblo muy movilizado, muy comprometido con lo suyo y cuando se trata de defender sus derechos es un pueblo donde la gente está presente y toma las calles. En la crisis del 2001 en Jachal se dio el primer cacerolazo a nivel nacional y logran sacar al intendente. Como para contextualizarles sociológicamente el lugar.

A partir de este mensaje, entonces, se viraliza e inmediatamente se autoconvocan los vecinos en la plaza frente a la cual está la municipalidad, piden que se haga presente el intendente para hablar y ver si era verdad o no el contenido de ese mensaje. Aparece el intendente, Jorge Barifusa, y les dice que era era verdad pero que se quedaran tranquilos porque tampoco tenía noticias todavía el intendente. A todo esto, comienza a llegar más gente y el día lunes recién emite un comunicado Barrick Gold. Barrick Gold tiene una particularidad que es que la única forma de comunicación que tiene con la sociedad es a partir de comunicados generalmente escritos. En el comunicado que emite reconoce que se había producido un derrame y lo que dicen en un principio es que había sido de 1500 litros de líquido cianurado, pero que se estaban haciendo todos los estudios y tomando todas las precauciones e implementando el plan de emergencia que tiene la empresa.
Ante todo esto, el gobernador Gioja aparece en la escena, en el conflicto, como el vocero de la empresa, no como el gobernador de la provincia. Y dice que lo que se estaba intentando hacer era utilizar esto, que estaban apareciendo los oportunistas políticos porque estamos en elecciones. Y en todo momento trata de referirse lo menos posible a lo sucedido. A todo esto, comienza a crecer aún más la cantidad de auto-convocados y deciden que se quedará la asamblea en la plaza hasta que tengan noticias.

Demoraron dos días para dar alguna información sobre si había o no contaminación en el río. Lo que decían, Gioja y la empresa, es que el agua no estaba contaminada. Que el agua que se consume en la ciudad cabecera de Jachal es de otro acueducto que no tiene relación con las cuencas del Río Jachal. Pero, la zona de Iglesias y otros distritos de Jachal sí consumen esa agua y además el agua del río Jachal se utiliza para regar los cultivos, para los animales. Recién a los dos días, el día martes, el gobierno emite un comunicado ordenando que no se consuma agua en el departamento de Iglesias y tres distritos de ese lugar. Para todo esto, la rotura se había producido el sábado, así que pasaron 4 días para que las voces oficiales informen que no se podía consumir el agua. Esos pobladores estuvieron 4 días consumiendo el agua…todavía no hay estudios sobre si han sido afectados o no por el agua contaminada con el líquido cianurado. Otra cuestión importante es que los estudios que se han realizado en el agua fueron solamente para verificar si contenían cianuro. Todo esto siempre hay que tomarlo entre comillas, porque en Jachal no confían en esos estudios y lo cierto es que no son confiables porque las acciones que han realizado desde el principio, el ocultamiento, el no hacerse responsable de lo sucedido ni el gobierno ni la empresa, etc. Obviamente hacen que no se pueda confiar en nada de lo que venga de ese sector.

Entonces en Jachal los asamblearios tomaron la decisión de formar una comisión de profesionales, integrada por bioquímicos, biólogos, sociólogos, etc. que funciona como un grupo veedor ante esta situación. También tomaron muestras para realizar sus propios estudios. Como tanto la empresa como el gobierno estudiaron solamente si había cianuro o no, lo que no termina de quedar claro es el impacto real porque la función del cianuro es la desprender metales de las rocas; entonces por sentido común, si esa es la función que cumple la seguirá cumpliendo en el derrame y en el agua, en el río hay piedras y las piedras hay otros metales, entonces seguramente ha habido desprendimientos de otros metales.
Hasta hoy el gobierno ha desplegado todas sus estrategias para invisibilizar la lucha, los jachalleros han llegado a ser más de 6000 ciudadanos que han estado marchando y constantemente están todos los días en la plaza. Hoy, viernes (por el Viernes 25-09) hay una marcha muy importante, los jachalleros van a viajar hasta la ciudad de San Juan y a las 20 hs. van a caminar hacia la Plaza 25 de Mayo, la plaza central de la ciudad; muchas organizaciones y movimientos sociales e instituciones han adherido a esta marcha y además muchas organizaciones del país han ayudado, por ejemplo el pueblo de Esquel ha enviado una ayuda económica a Jachal para que puedan viajar las personas que no tenían los medios, se han organizado para que la mayoría pueda asistir.
Lo que pasa es que en esto del discurso de la minería sustentable y que supuestamente ha ayudado al desarrollo de estos pueblos de Iglesias y Jachal, Jachal no tiene Internet, solamente tiene Internet de la red móvil.

ELM: En relación a eso te queríamos preguntar cuál era la relación con la Barrick antes de esta situación.
Justamente hace poco tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a un ingeniero, el presidente de la Cámara Minera de San Juan, quien se ha hecho famoso este último tiempo porque dijo que “uno puede tomar medio vaso de cianuro y no le pasa nada”
Lo que este ingeniero me comentaba es que cuando Barrick se instala en Jachal la población estaba en contra, fue el departamento que siempre resistió, eso hay que remarcarlo. Creo que fue el único departamento de San Juan que resistió a la minería, que se organizó desde un primer momento. La Cámara Minera junto con el Gobierno y Barrick contratan una consultora y hacen un estudio para ver la cantidad de habitantes que estaba en contra de la minería; el resultado que obtienen es que el 70 % estaba en contra. Lo que él me comenta es que a partir de ese resultado, comienzan a realizar un trabajo de “concientización”, según sus palabras. En realidad buscaba imponer como sentido común que la minería era sustentable y de convencer en relación a que iba a traer progreso y desarrollo, etc. Que es el lema de toda esta gente. Luego 7 años vuelven a hacer un estudio y obtienen el resultado de que ahora el 70 % estaba a favor…Y me cuenta que en ese trabajo de “concientización” trabajaron de forma conjunta con el gobierno provincial y con las empresas que estaban por explotar, en este caso fue Barrick Gold. Lo que hicieron en realidad fue desarticular a todo el movimiento, a toda la organización, amenazaron a muchos jachalleros, compraron a otros y llegó un momento en que la asamblea quedaban 5, 10; quedaron las madres jachalleras nada más que fueron las que resistieron hasta lo último.

Este derrame lo que ha generado es que se vuelva a retomar esa lucha pero además, a principio de año hubo una iniciativa de explotar uranio en Jachal y a partir de eso se autoconvocan los jachalleros y se constituye la asamblea de “Jachal no se toca, no al uranio”. Una de las que está ahí militando hace mucho tiempo es mi hermana entonces tengo conocimiento sobre el asunto. Entonces, como se arma esa asamblea, hay que decir que todo esto siempre queda invisibilizado, mucho más por los medios de comunicación de San Juan que están todos comprados por la pauta publicitaria de la Barrick y del gobierno; todo el tiempo lo que intentan es desinformar y presentan a la gente como ambientalistas locos que están en contra del progreso. Entonces, como se había conformado esta asamblea, como decía, son ellos los que empiezan a articular de nuevo, de alguna manera ya estaba organizado el movimiento, entonces fue mucho más rápida y mucho más efectiva la organización a partir del derrame de líquido cianurado. Este grupo está activando en Jachal y en San Juan. En San Juan la mayoría son chicos estudiantes y se han sumado jachalleros que están en Mendoza, en La Rioja, también acompaña la asamblea de Famatina. Además en Mendoza está acompañando la asamblea por el agua, muchas organizaciones y movimientos sociales ambientalistas han adherido y están activamente participando, acompañando, asesorando. También está acompañando el abogado Enrique Viale (integrante de Asociación de Abogados Ambientalistas)

ELM: Clarísimo,la verdad nos diste un panorama completo de la situación esperemos que la movilización que se realiza hoy sea masiva y seguramente vamos a estar en contacto para seguir bien de cerca qué pasa con la Barrick Gold ahí en la Provincia.
Como para acotar algo en relación a lo judicial que se está llevando a cabo. Salió una nota en un periódico de San Juan sobre el juez a cargo de la causa quien ha imputado a nueve empleados. Esto también es importante decirlo porque dentro de los imputados hasta ahora son solamente empleados de la empresa. No se ha imputado a ningún funcionario del Estado. No hay ningún funcionario como responsable según las leyes mineras de los 90. Tampoco ninguno ha salido a decir nada. El único que se ha hecho presente en Jachal es el presidente de la empresa de agua que es estatal en San Juan…Ha sido el único funcionario del Estado sanjuanino que se ha hecho presente en Jachal. Y en esto quiero remarcar que alguna de las cuestiones como los petitorios que se han presentado ante el gobierno de San Juan piden la renuncia de Saavedra, también que se responsabilice al gobernador de San Juan, a la secretaría de minería, etc., se está pidiendo que se hagan controles continuos en el agua, le han pedido a la empresa estatal del agua que pongan una oficina en Jachal, un instituto, que haga los controles permanentes del agua con profesionales de Jachal, que sean profesionales de la asamblea porque no confían en nadie y todavía el gobierno no ha dado respuesta a nada de eso.

ELM: Si, además, con el dato de color de que fue Scioli y estuvo en San Juan ayer…

Si, claro, ninguno de los funcionarios del gobierno nacional tampoco ha dicho nada al respecto. Además, el discurso de ayer de Gioja en el acto es el de presentarse como la víctima de todo esto, pero tampoco en ningún momento responsabiliza a la empresa, todo como muy tibio. Y también otra cuestión que tiene que ver con la Universidad Nacional de San Juan, antes de ayer vino a sesionar la comisión de ambiente del senado nacional y le habían pedido el edificio al rectorado y el rector que es ingeniero , no les quiso prestar el edificio para que sesionen y tuvieron que hacerlo en el colegio de abogados de San Juan. La Universidad Nacional de San Juan ha tomado posición ante esto a través del silencio que ha tenido. Es una lástima que como institución científica tenga tan poco compromiso social siendo que es sostenida por la ciudadanía. Eso también quería que se sepa.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article10780

“Nos sentimos muy acompañados por nuestros comprovincianos. No sólo se reunieron asambleístas en la plaza sino la gente en general, solidarizándose con nuestra lucha.”

Argentina: Una multitud pidió que se vaya Barrick Gold de San Juan

28 de septiembre de 2015
Vecinos se concentraron en la Plaza 25 de Mayo de la capital sanjuanina para exigir que la empresa canadiense abandone la provincia.
Este viernes (25/09) a las 18, jachalleros e iglesianos salieron desde la rotonda de Albardón para cubrir los 160 kilómetros que separan Jáchal de la capital sanjuanina. Lo hicieron con el propósito de manifestarse pacíficamente para exigir que se informe a la población de lo ocurrido realmente y del alcance que ha tenido el derrame de cianuro ocurrido el pasado 12 de septiembre en la mina Veladero.

Alrededor de las 19 del viernes, jachalleros, iglesianos y sanjuaninos en general ocuparon la Plaza 25 de mayo al grito de “¡Fuera Barrick!”
Silvina De los Santos, integrante de la asamblea ‘Jáchal No se Toca’, contó a momarandu.com que “hubo y hay muchísima gente. Ya pasaron más de dos horas del acto central y la gente todavía no se quiere ir.”
De los Santos también recalcó que “la caravana, la marcha, la reunión en la plaza todo fue pacífico. Afortunadamente no hubo ningún disturbio.”
Asimismo, contó a momarandu.com que “por la mañana, un grupo reducido de asambleístas, presentamos a diputados y al gobierno de la provincia un petitorio, pero sólo lo hicimos para cumplir con la formalidad”, pues, como señaló también Silvina, “no tiene caso hacer una presentación con una multitud detrás porque ya lo hemos hecho otras veces y nunca nos han respondido”.

La integrante de ‘Jáchal No se Toca’ señaló a momarandu.com que “nos sentimos muy acompañados por nuestros comprovincianos. No sólo se reunieron asambleístas en la plaza sino la gente en general, solidarizándose con nuestra lucha.”

Además, De los Santos recalcó a momarandu.com la importancia de que la información se nacionalice a través de todos los medios, ya que “así nos hacemos oír, nos están ayudando y hacemos ver lo que nos está pasando.”
Se recuerda que el 12 de septiembre se produjo un escape de cianuro de la mina Veladero en Jáchal, San Juan. Los pobladores se fueron enterando a través de mensajes de alerta por WhatsApp. Después de idas y vueltas, este miércoles, la empresa canadiense Barrick Gold admitió que el derrame de solución cianurada había sido de más de un millón de litros, cifra cuatro veces mayor de lo que reportó al gobierno de San Juan en su informe preliminar.
No obstante, la Justicia consideró que ha cumplido con las normas de seguridad que le impuso a partir de ese momento y Barrick Gold continúa operando con cianuro.
Fuente original: Momarandu  Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_Una_multitud_pidio_que_se_vaya_Barrick_Gold_de_San_Juan



Preguntémonos si no será hora de pensar en la unión de los pueblos de Nuestra América contra el extractivismo o mejor contra el capitalismo que privilegia negocios oligopólicos sobre la vida.

Cuatro muertos en protestas contra proyecto minero en Perú
30 de septiembre de 2015

 

Ya son cuatro las víctimas mortales en las protestas contra el proyecto minero de Las Bambas. El gobierno de Humala declaró estado de emergencia en las regiones de Apurímac y Cusco. En el día de ayer se registraron nuevos enfrentamientos. Las comunidades campesinas y los pobladores se movilizan por el rechazo a la empresa China. 

Por ANRed
Otra muerte se confirmó y suman cuatro los asesinados por las protestas contra el proyecto minero de Las Bambas en la región de Apurímac, Perú, informó Edwin Luna el director adjunto de la Dirección Regional de Salud del Cusco. El número de heridos de bala oscila entre 12 y 20 pobladores. También se suman 8 policías heridos en estado delicado que según manifestantes habrían caído de un barranco en pleno operativo. Los detenidos según distintas fuentes se acercan a un centenar.
Ayer martes se registraron nuevos enfrentamientos, las comunidades campesinas que se oponen al proyecto minero Las Bambas volvieron a movilizarse lo que provoco una nueva represión por parte de las fuerzas de seguridad. Por otro lado el ejecutivo declaró el estado de emergencia por 30 días en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros de la región Apurímac, y en las provincias de Chumbivilcas y Espinar en la región Cusco. La situación es similar a las protestas de hace unos meses atrás contra el proyecto minero “Tía María” en Islay. Con el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.
Con la medida crece la militarización de las provincias comprometidas con la protesta a pesar que el presidente Ollanta Humala declaro que disponer de los militares a tareas de seguridad ciudadana generaría riesgos, lo que serían expresiones ligadas más a la situación preelectoral(en siete meses habrá elecciones) que enfrenta a los candidatos Alejandro Toledo y Alan García, quienes han pedido que salgan las fuerzas armadas a las calles.
Amnistía Internacional solicitó al Ministerio Público que realice una investigación inmediata e independiente respecto a las muertes en las protestas contra el proyecto minero Las Bambas.

Inicio del conflicto
El pasado viernes las comunidades campesinas y los pobladores comenzaron un paro indefinido en las provincias de Cotabambas y Grau en la región de Apurímac, el objetivo era el rechazo al proyecto minero Las Bambas. El hecho que desbordo la situación fue que Luis Rivera, vicepresidente de Operaciones de MMG Limited, dijo en una convención minera que el proyecto de Las Bambas se iba a ejecutar si o si durante el primer trimestre del 2016.
La compañía minera china está acusada de haber modificado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sin consultar a la población. Según esa organización civil, la empresa cambió la ubicación de la planta de procesamiento y el sistema de transporte del mineral (cobre). Estas infraestructuras debían estar otros lugares pero comenzaron a instalarse en Cotabambas.
El proyecto minero extraería cobre por unas 6,9 millones de toneladas lo que requiere una inversión de US$ 10,000 millones y sería el proyecto minero más importante en la historia del Perú. Se gestó en mayo del 2013 con la fusión entre las empresas Glencore y Xstrata. Pero se exigió como requisito por las reglas antimonopolio de China, la condición que Xstrata venda el proyecto de cobre en Perú llamado "Las Bambas". En abril del 2014 la empresa china MMG Limited adquirió el yacimiento.
El pasado 12 de setiembre, el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de de Cotabambas decidió iniciar un paro indefinido contra la empresa MMG Limited. Dirigentes comunales y de organizaciones sociales criticaron a esta compañía por modificar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
"Una de las conclusiones principales del primer encuentro interprovincial es exigir a la empresa minera y al gobierno central la nulidad de la modificatoria del EIA por ser atentatorias y nocivas al medio ambiente, y el retiro inmediato de la Empresa MMG las Bambas de las Provincias de Cotabambas y Grau bajo su responsabilidad", afirma el Frente de Defensa.
En su Plataforma de Lucha, piden consulta previa, demolición y retiro de la planta de molibdeno, la renuncia de los funcionarios de la empresa minera, el cierre de las emisoras de la empresa, la renegociación de las tierras comunales, la presencia de altos funcionarios de la empresa. Afirman que si sus demandas no son atendidas: "Las Bambas no va".

Fuente original: Lamula.pe Colectivo Dignidad

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article10774

martes, 29 de septiembre de 2015

Situémonos en que hoy nuestro país está bajo una administración de las poblaciones que legitima la expropiación del territorio y la distribución y explotación de sus habitantes clasificando sus vidas como desechables o superfluas.

Necropolítica: La política como trabajo de muerte
6 de diciembre de 2013

Por Helena Chávez Mac Gregor 
Becaria del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM Instituto de Investigaciones Estéticas Universidad Nacional Autónoma de México 

Introducción
S i algo nos dejó la Teoría Crítica del siglo XX como legado es la responsabilidad de elaborar una crítica de los sistemas totalitarios no sólo desde las manifestaciones del horror y su espectáculo, sino desde las condiciones de posibilidad que permiten su surgimiento y desarrollo. Hoy día, ya debería ser claro, el estupor que provoca el fascismo no es su supuesta excepción sino, más bien, la manera en la que se normaliza y naturaliza bajo otras categorías en el presente. Si bien el fascismo fue el aplastante resultado de ciertas obsesiones de la modernidad como la nación, la colonización, la acumulación, la raza y el exterminio, lo preocupante, como ya advertían desde hace más de cuarenta años Deleuze y Guattari es que el fascismo, como lógica de hacer política, no ha cesado de proliferar. En este sentido, el problema con la visibilidad y casi obsesión con la que se ha identificado el poder de opresión y de represión, que caracteriza al fascismo, con ciertos regímenes y retóricas específicas, es que pareciera que la lógica de muerte se reduce a una manifestación ejemplar y única.

En respuesta a esto, lo que parece necesario es no mirar al otro lado, e interrogarnos cómo se puede pensar y desde dónde ese lugar del poder donde la política toma la forma de un trabajo de muerte. Una vía que me parece relevante para ello es la que abre la categoría de necropolítica propuesta por el historiador y filósofo camerunés Achille Mbembe. Este camino no sólo señala cómo el correlato entre soberanía y excepción es la de una política donde la vida se produce desde su desechabilidad sino que rastrea su conformación, en un arco mucho más profundo que el de los fascismos del siglo XX, a los procesos mismos de colonización.

Lo que este texto propone es presentar ciertas herramientas para pensar y analizar cómo opera en la política contemporánea esta lógica de la administración de la muerte. Desde ahí quizá podamos entender que el peligro de los fascismos no está en las huellas y las formas del pasado sino en las condiciones que siguen operando en el presente.

La noción de necropolítica, que tanto hemos escuchando en los últimos años en una especie de moda teórica que muchas veces no da cuenta de la inmensa complejidad de dicho término, fue acuñado por Achille Mbembe como respuesta para pensar la lógica que se detonaba de manera global posterior al 11 de septiembre y que fundamentaba lo político en nociones como la guerra, el terror y el enemigo. Como él mismo lo planteó en la conferencia que dictó en el simposio “Estética y violencia: necropolítica, militarización y vidas lloradas” en la Ciudad de México en 2011: “El término, “necropolítica”, lo usé, por primera vez, en un artículo que fue publicado en Public Culture, en 2003, una publicación estadounidense. Había escrito el artículo inmediatamente tras el 9/11, mientras los Estados Unidos y sus aliados desencadenaban la guerra contra el terror que luego resultaría en formas renovadas de ocupación militar de tierras lejanas y en su mayoría no-occidentales, así como lo que yo llamaría la “planetarización” de la contra-insurgencia, una técnica que se perfeccionó durante las guerras de resistencia anticoloniales, sobre todo en Vietnam y Argelia.

Antes del 9/11 varios académicos y pensadores buscaban nuevos vocabularios e intentaban aprovechar nuevos recursos críticos con el objetivo de dar cuenta de lo que deberíamos llamar “las depredaciones de la globalización neoliberal”. Yo diría que esto empezó mucho antes que 9/11 y que tomó mucho impulso en su estela. Entonces, “las depredaciones de la globalización neoliberal”, las formas de violencia que conlleva, incluso la privatización de la esfera pública, el fortalecimiento del estado, y más allá su reestructuración económica y política por el capital global”. El sueño, tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, intentó generar la ilusión de una era, la posmodernidad, que permitiría bajo el lema de el “fin de la historia” y el “fin de lo político” diluir las grandes narrativas y los conflictos dialécticos entre capitalismo y comunismo. Con esto se intentaba asegurar la política como un momento de consenso en el que el Estado funcionaría, desde su alianza con el neoliberalismo, como una administración del bienestar y de la multiculturalidad.

Este sueño del “fin” quedó completamente desecho, en términos globales, tras el ataque de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York en 2001. Lo que se iniciaba era la activación del discurso sobre el choque de civilizaciones que, bajo el esquema de Occidente versus Oriente, reactivaba el fantasma de la soberanía para articular una práctica política basada en la posibilidad del Estado de excepción. Es importante subrayar la emergencia del paradigma de la soberanía, pues es desde ahí que se ha intentado articular una práctica política basada en la dicotomía amigo/enemigo que, si bien es parte fundamental del relato moderno -Carl Schmitt pretendió fundar en esta dicotomía, la diferencia polí- tica específica desde la cual determinar lo político- ha cobrado una actualidad asombrosa en los Estados contemporáneos. En este sentido, el tono apocalíptico deslavado que había tomado la política, en los años ochenta y noventa, de pronto se tornó en un discurso civilizatorio sobre la guerra y el terror como el fundamento mismo de lo político, re-activando las formas de la filosofía política que, desde la modernidad, habían legitimado el uso de la violencia por parte del Estado bajo la distinción de entre medios y fines.

El contexto en el que surge la argumentación de Mbembe es importante pues es desde este horizonte que debemos comprender la radicalidad de una noción que buscaba situarse en los debates de esos años. Intentaba no sólo entrar en discusión con otros autores que estaban cuestionando la noción de soberanía y excepción, como lo hacían, entre otros, Agamben, Negri y Hardt y Butler, sino también poder enfrentar, desde la propia académica norteamericana, un tipo de discurso que justificaba en la guerra los modos de ocupación e intervenciones militares, específicamente en Irak y Afganistán.

La importancia de la categoría de necropolítica era posicionar una noción que permitiera generar una crítica al modelo político de la excepción mostrando que la lógica de la política como administración y trabajo de muerte se había normalizado y que esta forma de trabajo de muerte no era algo nuevo sino que estaba localizada en una genealogía mucho más compleja, en el corazón mismo del proyecto colonial y que aquello que había sido la producción de vidas desechables en la plantación, era, en pleno siglo XXI, la regla. Así, el uso de la categoría, según lo expone el propio Mbembe, intentaba referirse al menos a tres cuestiones centrales:

  • “Primero, referirme a aquellos contextos en que lo que comúnmente tomamos como el estado de excepción se ha vuelto lo normal, o al menos ya no es la excepción. La excepción se ha vuelto lo normal. Y tales situaciones no pertenecen exclusivamente al momento post 9/11. La genealogía es mucho más profunda. Las podemos rastrear hacia atrás hasta dónde queramos. Eso fue lo primero.
  • Segundo, lo usaba para referirme a aquellas figuras de la soberanía cuyo proyecto central es la instrumentalización generalizada de la existencia humana, y la destrucción material de los cuerpos y poblaciones humanas juzgados como desechables o superfluos.
  • Y también lo usé para referirme, como el tercer elemento, a aquellas figuras de la soberanía en las cuales el poder, o el gobierno, se refieren o apelan de manera continua a la emergencia, y a una noción ficcionalizada o fantasmática del enemigo. (…).

Así que el término, por lo menos en la forma en que yo lo manejaba, se refiere fundamentalmente a ese tipo de política en que la política se entiende como el trabajo de la muerte en la producción de un mundo en que se acaba con el límite de la muerte”. En este sentido, la necropolítica es una categoría que nos permite problematizar la fundamentación de la política contemporánea desde los modos en que se han entrelazado por un lado, violencia y derecho, y, por el otro, excepción y soberanía. Este debate está presente en toda la filosofía política moderna, lo interesante aquí es como Mbembe se inserta desde una genealogía crítica para revisar el apologético discurso contemporáneo que encuentra en la guerra, el enemigo y el terror, la justificación de la excepción. La genealogía que permite el análisis de Mbembe sobre el papel de la excepción es la abierta por Michael Foucault en la biopolítica. En ella Foucault va a localizar la lógica de administración de la vida donde la modernidad encuentra un umbral biológico. La biopolítica, según lo plantea Foucault, es una tecnología del poder que se establece como la condición histórica desde donde se fundan los Estados modernos. Una lógica donde la política, entendida como el control, distribución y determinación de la vida se genera desde clasificaciones biológicas y formas de regulación (salud, higiene, natalidad, longevidad, raza). Estas distribuciones y clasificaciones de la vida permiten que la soberanía, que se había planteado desde finales de la Edad Media como el poder de matar y dejar vivir, se convirtiera en una especie de administración de una lógica gubernamental en el poder de hacer vivir y abandonar a la muerte. Es decir, la soberanía se configura como una lógica del poder de muerte que se conforma desde una regulación de la vida biológica de la población por parte del Estado. Mbembe retoma los planteamientos de Foucault6 pero en ellos resalta el lugar que tiene la colonia.

En ella la biopolítica se convierte en necropolítica, es decir, la colonia será el espacio donde la administración de las poblaciones se dará bajo una lógica de guerra que legitima la expropiación del territorio y la distribución y explotación de sus habitantes bajo la significación de la vida como desechable o superflua. La violencia de la ocupación implanta una política de muerte que se concreta en la figura de la plantación: “La condición del esclavo es por tanto, el resultado de una triple pérdida: pérdida de un hogar, pérdida de los derechos sobre su cuerpo y pérdida de su estatus político.

Esta triple pérdida equivale a una dominación absoluta, a una alienación desde el nacimiento y a una muerte social (que es una expulsión fuera de la humanidad). En tanto que estructura política-jurídica, la plantación es, sin ninguna duda, el espacio en el que el esclavo pertenece al amo”. Para Mbembe la biopolítica no se puede entender sin su contraparte: la excepción en la colonia, y ahí lo fundamental de su análisis. Esto es lo que nos permite rastrear por un lado ese espacio fundamental de la violencia que se encuentra en todas las historias coloniales, y que es necesario subrayar para entender las condiciones en las que se experimentó la política en gran parte del mundo -y desde ahí entender los efectos y afectos que todavía provoca- y, por otro lado, pensar la colonia en su condición contemporánea para problematizar cómo este paradigma sigue operando. En este sentido, la colonia, según lo planteado por el autor, representa el lugar en el que la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin. La ocupación colonial implica una cuestión de adquisición, de delimitación y de un control físico y geográfico. Aquí, el ejercicio de la soberanía, clasifica, bajo ninguna otra legitimidad que la de la guerra y la conquista, la distribución de sujetos y la delimitación donde hay vidas que son desechables. Este esquema, aunque se ha modificado, no parece haber desaparecido en la colonia contemporánea.

La ocupación, que sigue teniendo como fundamentación la guerra y la excepción como forma de soberanía, sigue generando un modelo donde la política es un trabajo de muerte que permite el control de los territorios para, en la mayoría de los casos, generar una explotación de los recursos naturales, laborales, de manufacturación o de paso para la circulación de mercancías. En este sentido, hay que notar la compleja articulación entre las maquinarias capitalistas y las ideologías nacionalistas. El fantasma del Estado nación sigue operando, como lo hizo en las antiguas colonias, para justificar la conquista como modo de aniquilamiento, pero este poder corre paralelo a figuras y dispositivos que rebasan la estructura del Estado nación como lo son las corporaciones internacionales o el narcotráfico. Un aspecto crucial para entender el tipo de dispositivos y tecnología de la violencia contemporánea es entender que, aunque los marcos que buscan la legitimación de la violencia siguen fundamentados en nociones modernas como la guerra, la soberanía y el enemigo, ya no se pretende que el monopolio de la violencia se encuentre en el Estado. Ahora, una serie de máquinas9 se entrelazan para poder generar el terror necesario para el control de los recursos y la explotación de éstos.

Según lo explica el propio Mbembe: “Estás máquinas se componen de facciones de hombres armados que se escinden o se fusionan según su tarea y circunstancia. Organizaciones difusas y polimorfas, las máquinas de guerra se caracterizan por su capacidad para la metamorfosis. Su relación con el espacio es móvil. Algunas veces mantienen relaciones complejas con las formas estatales (que pueden ir de la autonomía a la incorporación). El Estado puede, por sí mismo, transformarse en una máquina de guerra. Puede, por otra parte, apropiarse para sí de una má- quina de guerra ya existente, o ayudar a crear una. Las máquinas de guerra funcionan tomando prestado de los ejércitos habituales, aunque incorporan nuevos elementos bien adaptados al principio de segmentación y desterritorialización. Los ejércitos habituales, por su parte, pueden apropiarse fácilmente de ciertas características de las máquinas de guerra”. Esta estructura del poder que genera una violencia extrema está inscrita en la lógica contemporánea, y lo que ha producido es una condición de excepción que se extiende, normaliza y marca una temporalidad basada en la muerte: una condición donde el futuro se desvanece en el presente. Esta lógica, a 12 años del ataque de las Torres Gemelas, se ha institucionalizado, y genera una serie de prácticas, retóricas, tecnologías y formas de seguridad que antes eran impensables bajo marcos legales: ataques con drones, espionaje y compra de información tanto de Estados como de particulares, leyes antiterrorismo, centros de detenciones, expulsión masiva de inmigrantes, creación de campos de refugiados y diversas formas donde la excepción se inserta como derecho.

Entre las consecuencias de esta lógica política están, por un lado, establecer el derecho de matar, y por el otro, la significación de la vida como desechable. En grandes rasgos este es el contexto en el que surge la noción de necropolítica y las líneas de argumentación que traza. En este sentido, esta categoría puede ser una herramienta -que nunca una fórmula- para plantear, más allá del estupor y el afecto que la guerra y el terror generan, una posible crítica a la violencia. Esta categoría, y de ahí su importancia, puede ser un detonador para revisar las condiciones en las que muchos lugares, pero en específico quisiera nombrar el caso de México, se establece como norma la condición de excepción, donde ya no sólo es el Estado sino esa máquina de guerra en la que el capitalismo insiste para poder mantener la explotación de recursos y el control de las poblaciones.
Menciono el caso de México porque es mi referente directo. Es evidente que las condiciones de violencia se han complejizado en los últimos años de manera vertiginosa. Un claro fallo del Estado (corrupción, mala administración, imposibilidad de transición partidaria, nepotismo, neoliberalismo y monopolio feroz, etc), mezclado con la proliferación de grupos narcotraficantes (desde los años 80 existen grupos importantes, pero a la vez que el Estado perdía el poder sobre ellos, éstos de multiplicaron y ramificaron) han determinado unas condiciones donde la política en algunas zonas del país se acerca cada vez más a una mera administración de la guerra para un trabajo de muerte. En este sentido, no podemos menospreciar el lugar que el narcotráfico tiene para la política y tampoco el tipo de discurso que activa sobre el enemigo para justificar y legitimar formas de control y represión del Estado. Este tipo de guerra forma parte de un juego retórico complejo en el que se pretende identificar a la máquina de guerra como el enemigo, aunque, como describía Mbembe, esto es casi imposible dada la condición de esta máquina de ser una organización difusa y polimorfa.

Sin duda, la guerra y el terror -en el que es difícil diferenciar los cuerpos militares, de los policiales, de los grupos de narcotraficantes, de los paramilitares o hasta los grupos de autodefensas- es el campo más fructífero para legitimar el estado de excepción, para establecer el derecho de matar y, donde la población más vulnerable, es aquella sin armas: “En tanto que categoría política, las poblaciones son más tarde disgregadas entre rebeldes, niños-soldado, víctimas, refugiados, civiles convertidos en discapacitados por la mutilaciones sufridas o simplemente masacrados siguiendo el modelo de los sacrificios antiguos, mientras que los ‘supervivientes’, tras el horror del éxodo, son encerrados en campos y zonas de excepción”.12 Si bien estas condiciones se pueden identificar a ciertos procesos e instituciones específicas, será importante entender que el problema de estas lógicas, como señalaron Deleuze y Guattari, es que no operan en una especie de “exterioridad” sino que proliferan y se multiplican en los campos y territorios de producción del sujeto.


Está política como trabajo de muerte tiende a ser totalitaria, a abarcarlo todo y desde ahí, se hace difícil imaginar otra significación de la política. La necropolítica sin duda puede ser una categoría fundamental para generar una crítica a la actualidad, pero también, habrá que entender su límite. Desde ella no se pretende encontrar otras formas de la política, por lo que será importante mirar hacia otros lados, a otros procesos y otras categorías que permitan fisurar, quebrar y desbordar la lógica de muerte. De ahí, habrá que cobrar fuerzas y buscar la resistencia de ser ante y por la política puro desecho, abandono y muerte. Leer

Encontremos razones para involucrarnos en que podemos sostener buenos vivires y erradicar el extractivismo.


¿Por qué Perú dice no al Grupo México con sus garras en Tía María?
Trasnacionales mineras: ignorancia y ecocidio colonial en Perú.
21 de mayo de 2015
(Continuación de ““Somos el entorno que hemos construido, el territorio que hemos inventado. Y tenemos derecho a este territorio” en este blog).


 Por Jorge Lora Cam (Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-BUAP)


(…)ROMPER CON LA IGNORANCIA SOBRE EL GRUPO MÉXICOY LA CONTAMINACION DEL SUR PERUANO 
Es este hermoso territorio conocido milimétricamente por las culturas de los pueblos originarios el que hoy se nos hace desconocido. Durante décadas y hasta hoy, el conocimiento geográfico y las disciplinas afines han sido y son un monopolio de los poderosos y sólo las manejan unos pocos; sin embargo, hace algunos años, los pueblos han asumido el combate por sus territorios y se vienen apoderando de saberes parciales desde su experiencia. Además el tema del ecocidio y la justicia ambiental tiene complejas aristas políticas, económicas, jurídicas, sociológicas, culturales, etc. que deben subsanarse para el desarrollo de una conciencia ambiental y ello se va paulatinamente desde la propia lucha.

En este ensayo examinaremos lo ocurrido desde hace 60 años en una de las zonas más desérticas del mundo (parte norte del desierto de Atacama) existente en los departamentos de Moquegua, Tacna y Arequipa, respecto a la sobreexplotación irresponsable de los escasos recursos hídricos, que provienen de humedales, manantiales, aguas subterráneas, filtraciones de cuencas hídricas y glaciares nacientes en las cabeceras, a consecuencia de as captaciones por la empresa minera SOUTHERN PERU (SPCC). Incluso las aguas depositadas en la represa de Pasto Grande, que fue la esperanza para solución de consumo de la población de Moquegua e Ilo, para el mejoramiento del valle viejo, para la ampliación de la frontera agrícola en 10,000 hectáreas, hoy están totalmente contaminadas. La población consume esta agua envenenadas. La micro cuenca del río Torata y el río de Asana-Tumilaca y sus afluentes, que son la única cuenca hídrica que les queda para el consumo de la población de Moquegua e Ilo, para la agricultura alimentaria de Pocata, Coscore, tala, Tumilaca y parte de Samegua y Charsagua, siguen siendo destruidas y contaminadas por la empresa minera SPCC, que ahora se va sobre los ríos de Arequipa. La minera SPCC en Cuajone, Toquepala está utilizando a diario de 5 a 10 toneladas de dinamita y reactivos químicos en forma indiscriminada contaminando el aire, el mar, los ríos, suelos, causando graves e irreversibles daños ambientales.

Los impactos ambientales son estrictamente impactos negativos: demanda de gran cantidad de agua, explosión y molienda de toneladas de roca generación de uso de toneladas de productos químicos: cianuro,Ødrenajes ácidos y movilización de metales pesados  arsénico, ácido clorhídrico, soda caústica, etc Lo mismo se espera de la empresa minera chilena ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. –de un país que hace más de un siglo se apoderó de los yacimientos bolivianos y lo hizo primer productor mundial de cobre- que explota en Moquegua el yacimiento minero del mismo nombre. Esta mina se encuentra ubicada en la cabecera de la cuenca hídrica del rio Asana-tumilaca y en el mismo cause y eje del rio. Con la mundialmente condenada explotación a tajo abierto usan el mismo cause del rio como botadero de los minerales de baja ley, un crimen de lesa humanidad y ecológico. Frente a la usurpación y violación de los derechos del pueblo en territorios comunales alto andinos por las actividades extractivas, estas empresas expropian, desalojan, contaminan, reprimen a las comunidades. Los combates contra la minería han incidido en la visibilización de las comunidades y familias afectadas por las empresas extractivas en actividad y puesto sobre aviso de una inminente crisis alimentaria en el sur de Perú. En todo este país existe un despojo sistemático de la población andina-amazónica de sus tierras y recursos naturales que llega al genocidio, a la voracidad de nuevos señores feudales, de la oligarquía de las empresas mineras, petroleras, gasíferas, y las poderosas empresas transnacionales sólidamente implantadas en territorios y tierras indígenas. No es admisible que las corporaciones financieras internacionales, en complicidad con los gobernantes, a sangre y fuego fomenten la explotación de recursos minerales, hidrocarburíferos, recursos hidro-energéticos y biológicos; en condiciones lesivas al interés nacional, y perniciosas al medio ambiente que es patrimonio de los pueblos y de toda la humanidad. Las comunidades y los pueblos de Perú, no están luchando por un canon, o por más regalías, están defendiendo la soberanía nacional, el territorio de los pueblos originarios de la costa y andino-amazónico, defendiendo la vida, el agua, el aire, el sol, la tierra, el respeto al ser humano.

La situación del territorio y los derechos de las comunidades corren un peligro permanente y propicia el riesgo de una migración desproporcionada a las ciudades en busca de mejores oportunidades. En estos conflictos ambientales, los agricultores y especialmente los mas pobres se alinean al lado de la preservación de los recursos naturales, no por ideología ecologista, sino en virtud de su experiencia y sus propias necesidades de supervivencia, de preservar los medios de vida, a veces expresadas desde la diversidad cultural, como la idea de la madre tierra o expresada en justicia ambiental o los derechos de la naturaleza, hoy abanderadas por los pueblos indígenas.

El informe de la UNOPS (Naciones Unidas) señala que del total de observaciones, el 29% se refiere a la línea de base socioambiental y el 37% a impactos potenciales. Es decir, en el EIA de Tía María no se ha valorizado correctamente algunos impactos del proyecto en la zona. Por ejemplo, el hallazgo 123 del informe señala que no se ha efectuado ningún tipo de valoración económica de impactos en los servicios ambientales relacionados con el agua; el 171 menciona los posibles impactos sociales producto del crecimiento de la población, también se mencionan las sumas y restas en materia de empleo, el encarecimiento del costo de vida, etc. En suma, el informe hace hincapié en temas que no han sido tomados en cuenta y menos aún valorizados. Vandana Shiva advertia al iniciar el nuevo milênio que una renovada estratégia de globalización y libre comercio se cernía sobre el mundo como un huracán, anulando todos los avances ambientales, aumentando las presiones sobre el medio ambiente y engendrando nuevos riesgos ecológicos como la producción de organismos modificados genéticamente.4 De hecho, frente a los progresos en los debates en organismos internacionales, las discusiones promovidos por las ONG y las propuestas de políticas publicas, como las educativas, existe desde que se inicia este saqueo una producción deliberada de ignorancia sobre los peligros ecológicos como la desregulación de la protección ambiental y la destrucción de los modos de vida ecológicamente sostenibles de agricultores, comunidades agrícolas, indígenas, pastorales y artesanas de la periferia. Los más pobres de la humanidad, sufren una devastación, desviación y apropiación de sus ecosistemas para extraer recursos naturales o arrojar residuos, contaminando y destruyendo sus fuentes de vida y sostén. En un mundo en el que todo se vende y las potencias económicas controlan el mundo y son el único factor determinante del poder y el control, los recursos se pierden y nos queda la contaminación. Es frustrante el relativamente escaso impacto de las acciones educativas, de la baja calidad de las propuestas en la educación formal, de la poca preparación del profesorado, de las preocupaciones ante la irreductible permanencia de la monodisciplinariedad en las universidades, y de la cerrada oposición a abrirse a un verdadero cambio de paradigmas. Es preocupante la superficial expresión de muchos programas denominados de educación ambiental, pero dedicados a campañas concretas poco eficaces, o a la simple elaboración de folletos o de cursos esquemáticos sobre aspectos puntuales concernientes a la conservación o a la contaminación Perú, con su débil propuesta de educación formal, y con las dispersas experiencias de educación ambiental comunitaria, participativa e intercultural, no pudo conseguir el desarrollo de la conciencia ambiental. La conciencia se desarrollo en la resistencia. No obstante las enormes resistencias a la inversión minera (CONACAMI y los pueblos en lucha) y la destacada presencia de propuestas de participación comunitaria, los defensores del crecimiento: el Estado, empresarios y los medios abandonaron los temas relativos a la justicia ambiental, la biodiversidad y a la diversidad cultural a favor de trasnacionales. 

Mientras unos buscaban acabar con la contaminación y descubrir rutas creativas para la recuperación, la revalorización y la aplicación de los ancestrales saberes ambientales comunitarios, otros hablaban del “perro del hortelano” y subastaban regiones integras de estos países. En este ensayo nos vamos a referir a la contaminación ambiental y el significado de la ignorancia de una negra historia, la protagonizada por la Southern Perú Copper Corporation, ya en manos del Grupo México desde 1999. Comenzó a explotar una mina a cielo abierto en Toquepala, en 1956, el mayor yacimiento de cobre del país, y construyó una refinería en Ilo, en 1960, ambas en el departamento de Moquegua. En 1976 abrió una segunda mina, más grande aún, Cuajone, en el mismo departamento. Durante años la Southern fue el mayor contribuyente de Perú y el mayor contaminante de tres departamentos: Moquegua, Arequipa y Tacna. En los años 90 ya no encuentran desprevenidos a los pueblos, la experiencia de los combates han desarrollado conciencia. Los agricultores y pobladores conocen lo suficiente como para no dejarse engañar. Los trabajos de exploración para la nueva mina Tía María en Arequipa comenzaron en 1994 y en 2007 la Southern anunció su plan de inversiones de mil cuatrocientos millones de dólares para extraer unas 120 mil toneladas de cátodos de cobre, mediante dos tajos abiertos en alrededor de dos décadas. Así mismo, utilizaría las aguas subterráneas a través de pozos que se ubicarán en el Valle del río Tambo. Aunque luego de ser observado el proyecto, la empresa y el Estado aseguran que se purificara agua extraída del mar mediante una planta de tratamiento. Después veremos que lo mismo se dijo para la su fundición en Ilo y siguieron usaron ríos, aguas subterráneas en la mina. Es por aquella experiencia de los humos, de la que también fueron víctimas que el 2009, los pueblos de todos estos valles rechazan el proyecto minero y denuncian que afectaría la disponibilidad de agua, limitando la producción de arroz, caña de azúcar, ajos, cebollas, páprika y otros productos en este rico valle. La población rechazó desde la primera fase, pues también fueron testigos del estancamiento de todos los pueblos vecinos donde están los yacimientos y del puerto de Ilo.6 Presumen que la minera usará el agua que se utiliza para la agricultura y provocaran un ecocidio similar al anterior.

Desde 2010 la oposición se fue convirtiendo en resistencia permanente. Y es que, para la actividad agrícola no solamente es fundamental el uso del agua, sino los ciclos hidrológicos que se dan a nivel de toda la cuenca, los cuales afectan directamente al suelo. La actividad minera a tajo abierto afecta directamente al suelo y al subsuelo, así como a la vegetación, fundamental como soporte, ya que el ciclo hidrológico incluye al agua subterránea y a los procesos de infiltración, percolación, así como la capilaridad del agua. Es después, el 16 de marzo de 2011, que el Frente de Defensa del Valle de Tambo difundió públicamente un informe de impacto ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos que aseguraba que la empresa no tenía un estudio hidrogeológico de la zona. Las masivas manifestaciones de rechazo fueron recibidas con balas, dejando tres muertos y cincuenta heridos. El gobierno rechazó el estudio de impacto de la empresa y el proyecto quedó congelado. Pero en agosto del 2014, se fueron imponiendo los intereses de la SPCC y el Ministerio de Energía y Minas aprobó el segundo estudio de impacto ambiental asegurando que se habían subsanados las observaciones. Esa decisión disparó la actual movilización popular que cuenta con el apoyo de los tres alcaldes del Valle de Tambo que participan activamente en la protesta. La empresa minera con sede en México tiene serios cuestionamientos. El informe de la UNOPS (Naciones Unidas) señala que del total de observaciones, el 29% se refiere a la línea de base socioambiental y el 37% a impactos potenciales. Es decir, en el EIA de Tía María no se ha valorizado correctamente algunos impactos del proyecto en la zona. Por ejemplo, el hallazgo 123 del informe señala que no se ha efectuado ningún tipo de valoración económica de impactos en los servicios ambientales relacionados con el agua; el 171 menciona los posibles impactos sociales producto del crecimiento de la población, el escaso impacto en materia de empleo, el encarecimiento del costo de vida, etc. En suma, el informe hace hincapié en temas que no han sido tomados en cuenta y menos aún valorizados. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental multó 14 veces a Southern Copper. En mayo del 2008, el Osinergmin multó con 608 mil nuevos soles a Southern por infracción a las normas medioambientales. La empresa minera no cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, superó los límites máximos permisibles y atentó contra la Ley General de Salud, Ley General del Ambiente y el Reglamento para la Protección Ambiental en la actividad minero metalúrgica. En enero de 2015, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de un millón de dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, el mexicano Óscar González Rocha, por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo.

El gobierno central y los medios, conforme a su mayor sometimiento al capital, decidieron actuar asumiendo la representación de la empresa mexicana marcando así una ruptura profunda con la sociedad civil de la región Arequipa. Divorcio que se recrea a cada momento y se puede rastrear en la memoria desde la creación violenta del Estado peruano sobre una nación inexistente, donde los ciudadanos tampoco existen pues las personas tienen derechos diferenciados de acuerdo a sus ingresos y el color de la piel. El desprecio a los pueblos deriva en actitudes como la del Primer Ministro y el Ministro del Interior que al comenzar el paro indefinido el 23 de marzo, decidieron enviar dos mil policías al Valle de Tambo, que volvieron a asesinar a dos e hirió a decenas de luchadores. Y mas tarde recurrieron al mismo ejercito. El gerente de Relaciones Institucionales de la Southern Copper, Julio Morriberón, contratado para hacer “trabajo de campo con los agricultores” (trabajo sucio), al no poder corromperlos dijo que los opositores son “terroristas antimineros”. Un ex congresista declaró que Marco Arana, que dirige la ONG antiminera Grufides, es el sucesor del senderista Abimael Guzmán, que no por casualidad nació en el Valle de Tambo.

Como se ha venido tratando a la oposición en los últimos 20 años todo luchador social es “terrorista senderista”. Mientras el gobierno rechaza la posibilidad de hacer una consulta ciudadana sobre la minería, los medios afines al oficialismo sostienen la falacia de que en el valle de Tambo hay una mayoría silenciosa a favor de la mina que está siendo sometida por una minoría. Sin embargo, hace unos meses los defensores del medio ambiente ganaron las elecciones y el paro es total, al que se ha sumado el pueblo de Mollendo y la ciudad de Arequipa, capital del departamento. El otro argumento se centra en el crecimiento. Según Joan Martínez Alier, ecologista y profesor de la Universidad de Barcelona, el PBI es bruto o en el mejor de los casos ciego. El PBI suma algunos factores y se olvida de restar otros: por ejemplo, nunca se toma en cuenta la pérdida de biodiversidad o los servicios que brinda la naturaleza y que no cuestan; son gratis. Así por ejemplo, el PBI no considera la desaparición irreversible de los glaciares andinos, producidos por el ecosistema hace miles de años y que hoy los extraen las empresas. El PBI creció en un 8% y al mismo tiempo decreció en biodiversidad 4%: no contamos con un inventario general y riguroso de biodiversidad”. La minería no es cualquier actividad, sino aquella que ostenta el mayor grado de militarización del modelo extractivo.

Perú es, junto con México, Chile y Colombia, el país que concentra más conflictos mineros según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Entre los grandes países de la región, son los tres donde el militarismo ha convertido a las comunidades indígenas, negras y mestizas, rurales y urbanas, en campos donde se impone el estado de excepción permanente. Son los países que conforman a Alianza del Pacífico y, como en todo el mundo, sus aliados mas corruptos y autoritarios. Y así como durante décadas fuimos iletrados en estos temas, en el 2013 en una visita al puerto de Ilo pudimos observar que estudiantes de los últimos años de ingeniería ambiental (creada el 2010 en la Universidad Publica) no conocían a la empresa SPCC, ni que decir de su historia, sus instalaciones, el problema del ecocidio o la complejidad de la construcción del saber ambiental.

Ni una noción sobre la conservación y el buen uso de los recursos naturales con mirada intercultural. Tampoco se examinaba la relación entre los procesos de educación formal y no formal o la difusión hacia la sensibilización y la concienciación ambiental enmarcada en una ética ambiental, en el reconocimiento y a la recuperación de los saberes, y la comprensión de las cosmovisiones andina y amazónica. Por tanto no existía la menor la preocupación por ahondar en la investigación, en los debates conceptuales ni la búsqueda de experiencias a ser criticadas y sistematizadas para ampliar los procesos educativos ambientales y para lograr mayores resultados a nivel local y regional. Menos aun el encuentro entre los procesos de educación intercultural y la educación ambiental; o referencias a las cosmovisiones y el pensamiento ambiental; o la creciente importancia de la ética en la reflexión y en la acción ambiental.

Tampoco se daba un diálogo de saberes y su aporte a la complejidad ambiental. En síntesis no se discutía ni se discute la megadiversidad biológica, su conservación y potencialidades. Tampoco alternativas de vida en la gran diversidad cultural y en los valores y potencialidades derivados, reconociendo la existencia de un amplio patrimonio natural, histórico y cultural, base de un pensamiento crítico y constructivo.

En las políticas públicas, mientras la municipalidad y el Gobierno Regional “concertan” con las trasnacionales no existen agendas para municipios autosustentables; en las escuelas no existen centros educativos que enseñen problemas ambientales o que desarrollen acciones en las aulas o en las calles con la comunidad. No hay una política que esté dirigida hacia la gestión ambiental y hacia la sostenibilidad en los ámbitos rural y urbano. No existe una orientación a la participación, a la acción ciudadana y a la gestión. El debate sobre la falacia de la “oportunidad” que generan los recursos naturales para el crecimiento económico tiene ya varias décadas. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado 1968-1973 propuso que los ingresos de Cuajone y Toquepala, así como los provenientes del petróleo de la selva proveerían las bases para la industrialización. Así, los Recursos Naturales serían el medio para conseguir el crecimiento con industrialización y valor agregado. Ello es de particular relevancia política en el caso del sistema minero-energético en países en el que predomina el modelo neo-extractivista tipo enclave vigente en la actualidad. Con su sucesor, el General Morales Bermudez, van cambiando las políticas y con el tiempo aparece el fenómeno denominado “puerta giratoria”, cuando altos funcionarios de empresas privadas dejan su cargo para asumir responsabilidades públicas en instituciones oficiales del ámbito minero-energético y ambiental, sin dejar de lado el de la hacienda pública, y que incluso luego dejan su cargo público para retornar al sector privado relacionado con el sistema, etc., puede generar/reproducir serios conflictos de intereses público-privados, en particular cuando se trata de ingentes sumas de dinero involucradas en algunas decisiones gubernamentales que afectan/benefician a empresas particulares. Tuvieron que transcurrir muchos años para que en esta tierra de nadie se abra un amplio campo para la regulación estatal con miras a implantar con rigor un régimen de incompatibilidades que coadyuve a la renovación/preservación de la moral y ética en el desempeño de las funciones públicas, con énfasis en ámbitos de particular relevancia para los intereses del Estado y la sociedad como es, por ejemplo, el manejo de los recursos naturales no renovables.

Instalada la idea de crecimiento igual a desarrollo se naturaliza el otorgamiento de tratos preferenciales excesivos a favor de unos intereses particulares sin la debida justificación socio-económica ni con una adecuada corresponsabilidad social, que podrían llevar a cuestionar sobre una eventual influencia desmedida de los beneficiados sobre esferas decisorias en las instituciones públicas responsables. Por supuesto, ello conduce a la materialización de faltas u omisiones, individuales o de sistema, según el caso, en la gestión pública a la luz de los fines fundacionales de las entidades oficiales comprometidas. Se tuvo que llegar al siglo XXI para que aparezca el debate jurisprudencial sustancial en la búsqueda por garantizar derechos fundamentales es lo relacionado con la explotación de recursos naturales no renovables, que vindica el principio de precaución, sustentándose, en la aprobación de diversos instrumentos transnacionales para el reconocimiento de la protección del ambiente y el derecho a un ambiente sano en un lugar preferente en el ordenamiento jurídico, y para dar relevancia a la conexidad entre el ambiente sano y el derecho a la vida y la salud. Empieza a discutirse el principio fundamental prevaleciente sobre la obligación estatal e individual de proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación, en el contexto de la relación entre el ser humano y el ecosistema. Y también la aplicabilidad del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río+20 incluyendo los principios generales mediante los cuales los Estados deberán aplicar ampliamente el principio de precaución para, entre otros propósitos, impedir la degradación del medioambiente, sin que pueda sacrificarse su aplicación en aras de la inmadurez científica, es decir a falta de certeza científica. Ante los altos precios de los minerales los congresistas también fueron forzados a debatir los tratos preferenciales a favor de las empresas mineras en los regímenes tributario (y en decisiones sobre liquidación de impuestos de índole administrativa) y cambiario, podrían reflejar en algún grado la influencia determinante de las mismas empresas sobre funcionarios públicos (incluidos congresistas) e instancias de la institucionalidad competente, quizás más allá de lo que se aceptaría bajo prácticas de lobby debidamente regladas.9 La impunidad ya esta naturalizada y no sobra recalcar que, en general, en aquellos casos en que hubiera alguna evidencia de la posible ocurrencia de hechos de tipo delictivo o ilícito como conducentes o explicativos de faltas u omisiones de la gestión pública, individual o de sistema, ni siquiera se ponen en conocimiento de las instancias judiciales competentes para dictaminar sobre el carácter penal, más allá del moral/ético y fiscal/administrativo, de las faltas en cuestión.

Es así que el Grupo México no obstante los cambios legislativos que limitan en algo su accionar continua con las mismas políticas de las trasnacionales norteamericanas de destrucción de la naturaleza y la sociedad, inventando pretextos y comprando funcionarios y políticos para no realizar las inversiones en una nueva fundición que no contamine con los humos ni con los venenos que llevan a ríos, aguas subterráneas y mar los relaves y escorias. Años atrás el Ministro de Energía y Minas fue ex funcionario de la Southern Perú Limited. La contaminación es regional en el suroeste de Perú y afecta con los humos en especial a uno de los puertos más importantes de Perú. La empresa ha evitado que haya registros de enfermedades pulmonares –las más evidentes y con mayor índice de causa de mortalidad- ordenando al Ministerio de Salud que no se cree la unidad de enfermedades broncopulmonares en ningún hospital ni envíe especialistas en neumología, cometiendo un doble homicidio intencional, por el cual –y por muchos motivos más- debería ser juzgado en una corte internacional. La destrucción de las economías nacional-regionales ha provocado un enorme desempleo que ahora sirve de pretexto para que los estados neocoloniales defiendan a estas empresas y que los pueblos a veces no sepan que hacer frente a una empresa que ofrece empleo aunque invierta poco, despida trabajadores y cada vez tenga más exoneraciones tributarias. Las autoridades políticas son fáciles de comprar, incluyendo a los alcaldes que se venden al Grupo México. Uno de ellos amnistió a la SPCC del pago acumulado del impuesto predial urbano por millones de dólares, pues esta empresa además se ha apropiado de gran parte de la ciudad, de sus inmediaciones y del departamento entero. Es en Ilo, el lugar donde la empresa trasnacional mexicana Grupo México heredera de la empresa norteamericana Southern Perú Limited (SPL), a fines de la década de los 50 cuando inicia la explotación de los yacimientos de Toquepala, instala una fundición. Y donde 20 años después el Gobierno Militar les entrega otro inmenso yacimiento (Cuajone) y construye una refineria que mas tarde será privatizada por el Gobierno de Fujimori en favor de la citada trasnacional, que recientemente ha construido, en medio de la ciudad, una planta de ácido sulfúrico con una capacidad de 150 mil TM anuales, cerca de fabricas de harina de pescado concentrando contaminación en un Pueblo de 80 mil habitantes . La producción de cobre blister alcanza las 300 mil Tm/año y se refinan 180 mil con una pureza del 99.99%. Para conseguirlo emiten 1912 TM/dia de gases sulfurosos (mayor que en todo el lado pacífico norteamericano); arroja al mar 2,100TM/dia de escorias restando un metro de playa al més; consume 1800 lt./seg. de agua de alta calidad; deposita 47,000 m3/día de relaves. La cuenca del Moquegua sigue siendo destruida, la extracción de agua subterránea ha secado bofedales y pastizales, la fauna ha muerto o migrado. Al disminuir el caudal de los ríos afectó la agricultura, ganadería y el uso doméstico.

Esta expansión de la SPL corresponde a una etapa del proceso de mundialización de la economía de rapiña capitalista que se inicia a fines del siglo XIX y se le conoce como Imperialismo. Se crean las bases para un incesante saqueo del mundo natural. La responsabilidad de los gobiernos y políticos, de las empresas subcontratistas y profesionistas peruanos subordinados a la trasnacional es enorme. En 1996, ante las demandas por contaminación y daños a la agricultura y a la salud contra la SPL, de pobladores de Ilo, Tacna y Mollendo, el Presidente Fujimori promulga el DL Nº 26631 cuya finalidad es proteger a la SPL de cualquier acción legal de la sociedad ante la contaminación. En su artículo 2 la ley señala que quien cuenta con programas de adecuación ambiental no se le puede iniciar acción penal y que quien decide la procedencia es el ejecutivo. Mientras tanto quienes luchaban contra esa empresa (ONGs, Municipalidad) callan y olvidan y prefieren hablar de de concertación y triunfos, cuando el ecocidio continua con mayor intensidad. Hace medio siglo, Ilo era una pequeña caleta de pescadores donde todos, los menos de 3,000 habitantes, nos conocíamos. Nuestro mundo estaba entre hijos de pescadores, comerciantes, trabajadores urbanos y agricultores. Estábamos orgullosos de nuestro mundo, de los peces extraídos de un mar limpio y bravío, aceitunas de olivos coloniales irrigados por un río que tenía agua casi todo el año y que traía hermosos camarones y lisas. Del mar consumíamos los mariscos, corvinas y lenguados como en pocos lugares del país. Intercambiábamos con Moquegua y los valles cercanos de Tacna los nutritivos complementos alimenticios agropecuarios que allí se producían como las paltas de Moquegua, las papas de Carumas, los panes de Omate y las uvas de los valles de Omate, Locumba, Cinto. Presenciábamos el pastoreo de ganado en las lomas de Ilo y en las vecindades de lo que hoy es la fundición. Pescábamos debajo del muelle y en pequeñas lanchas; y, en verano disfrutábamos de nuestras cercanas, limpias, hermosas y libres playas. En fin vivíamos una complementaridad y equilibrio ecológicos a nivel regional que fueron rotos por la SPCC, desde el 12 de octubre de 1960, hace 55 años. Sin embargo, hay que decirlo, en aquellos primeros años todos compartíamos y asociábamos la idea de progreso a la llegada de la SPCC.

Nuestra ignorancia de lo que es el capitalismo nos creó ilusiones. Ahora "teníamos" un hermoso espigón, otro pequeño pueblo: Ciudad Nueva con casas de concreto, un centro comercial, el club de obreros y un cine al aire libre; una fundición con dos impresionantes chimeneas. Nos asombrábamos de la zona exclusiva donde vivían los "gringos" con jardines y todas las comodidades. Crecieron los primeros negocios y se crearon nuevos: farmacias, heladerías, ferreterías, panaderías, cines, tiendas de prendas de vestir, talleres de servicios, bares y billares, estación de radio. Hasta que aparecieron los problemas. Al llegar a Ilo en unas vacaciones, después de meses de ausencia estudiando en Arequipa, nos enteramos que a los agricultores del valle los estaban indemnizando por su mala cosecha de aceituna, con miles de dólares. Creíamos que era un hecho casual. En otra oportunidad nos encontramos sin agua de uso doméstico, por supuestos problemas con los pozos, y que la SPCC donaba agua a los habitantes del puerto en carros cisterna. La gente opinaba ¡que sería de Ilo sin esta empresa que generosamente nos obsequia agua!. Cada vez teníamos menos playas para disfrutar en verano pues iban desapareciendo por las escorias y relaves, que se juntaban con la aguas servidas de una población en crecimiento e incluso una de las más bellas fue ocupada por un nuevo cuartel, a la sazón construido para proteger a la empresa de los obreros en rebeldía. Para entonces ya comíamos aceituna quemada por los gases de la fundición, la vida encarecía, las lomas estaban en extinción, los peces y mariscos eran mas escasos, contaminados, caros y menos sabrosos que antes. Ocurría el mismo fenómeno que con el abastecimiento de los antes exquisitos productos regionales. A fines de los años 60 la depredación marina por las numerosas empresas extractoras e industriales pesqueras habían agotado algunas especies marinas. Las huelgas y los conflictos sociales iban in crescendo (promediando 30 años -1960-1990- se calcula en 43 días/año de paralización laboral por huelgas de los trabajadores de la SPCC). Las montañas de mineral de Toquepala parecían agotarse –lo que decía la empresa-y se imponía comenzar con el yacimiento de Cuajone.

Al comenzar los años 70 los mineros de Cuajone dirigidos por un sector de la izquierda emprendieron una lucha de varios meses y pocos años después se desatan los combates contra la contaminación ambiental encabezada por otro sector de izquierda, que después cogobernará con Alejandro Toledo, inclusive integrándose en el mismo partido: Perú Posible. Más tarde apoyarán a Alan García y a Ollanta Humala. En 1976-77, cuando entraron en valor Cuajone y el oleoducto, Perú ya atravesaba una fuerte crisis de endeudamiento y de balanza de pagos. El gobierno militar había cambiado de signo y desmontaba las reformas para preparar su salida. Ese nuevo contexto tiro al tacho los planes iniciales. En síntesis, no se puede cometer el error de los años 70 ni tampoco creer que los precios bajos son un bache de corto plazo y que el modelo “está bien”. O que basta con una “buena política macro” que reactive la economía. Esa es condición necesaria, pero no suficiente. No es cierto que el crecimiento deba ser el único objetivo. En esos años, con una tecnología inmensamente superior, con menos costos y trabajadores, acumulando reservas estratégicas pretendían acabar con el yacimiento en menos años. El naciente capitalismo era aislado, salvaje y autoritario: los derechos humanos siempre estuvieron ausentes y los reclamos eran enfrentados con violencia, los trabajadores morían con cirrosis y enfermedades afines.

La democracia nunca logró realizarse, porque entre otros factores la SPCC era superior a cualquier poder interno y distorsionaba toda la vida política. Tuvieron que transcurrir muchos años para tener conciencia del mundo en que vivíamos., Fuimos explicándonos la realidad. Entendimos que la destrucción ecológica y la degradación del medio ambiente era uno de los productos del capitalismo en la minería, que la compulsión por la reproducción ampliada de capital al servicio de una acumulación cuyo centro es exterior a la región y al país solo empobrece y desangra. Dedujimos que al capitalismo era imperialista y no le interesa el agotamiento de inmensos recursos no renovables, ni el irreversible daño a los supuestamente renovables o afectar seriamente la fauna y la flora. Comprendimos también que ciertos metales y minerales como el cobre, el zinc, el hierro, plata, el molibdeno y el renio (que se usa en naves espaciales) entre otros provenían de estos yacimientos, y que constituyeron el factor crítico en el impulso económico industrial de la postguerra, que algunos de ellos son estratégicos en la producción moderna industrial y particularmente en la industria bélica, y también que esas inversiones dieron inmensas ganancias a los inversionistas. A tal punto que entre 1960-1969 la principal socia ASARCO (asociada al Grupo Morgan) recibió de la SPCC el 50% de sus ganancias totales y otra de las socias la Phelps Dodge (Dupon Chemical Bank) percibió el 22% de los beneficios globales. Finalmente es sumamente relevante la dimensión geopolítica de la inversión en materias primas, asociada a las relaciones internacionales de poder, a las alianzas y rivalidades entre las grandes potencias. Tal el caso de Estados Unidos-Inglaterra en los albores del imperialismo. La guerra del Pacífico es un triste ejemplo para los pueblos peruano y particularmente boliviano por no haber entendido la importancia geopolítica y estratégica de las materias primas. No así para el Estado, al que nunca le importó el interés nacional. Revisamos la historia y nos encontramos con que no menos importante es la historia precolonial o prehispánica respecto al "equilibriio geopolítico" interespacial de posesión y disfrute territorial. La coherencia de territorio, recursos, población, cultura, lengua, y de las relaciones económico-sociales y políticas, autodeterminadas e irrepetibles de crecimiento y prosperidad. La simétrica diferenciación étnica, movilidad y consolidación territorial entre oriente y occidente andinos teniendo como eje el centro montañoso. La ancestral y milenaria elaboración colectiva de la explotación simultánea y combinada de pisos ecológicos, de ligazón y complementaridad ecológica, y de la cooperación como relación social básica, la reciprocidad en el intercambio, fueron rotas por la conquista y después por la colonización y mas aun por la independencia criolla.

El sistema colonial cambió la ecología continental en contra del indio y a favor de los pocos blancos, de la costa y los recursos naturales. La historia continúa y aparece en los años 80 una violencia política insurgente que solo se puede inteligir bajo el prisma de un feroz rechazo a la perpetuación de relaciones coloniales, de la colonialidad del saber y del poder, cuando no al capitalismo cuya historia en gran medida equivale a colonialismo y violencia. A fines de los 80 comienza la política neoliberal con Alan García y desde el 90 se generaliza con Fujimori que privatiza las mejores empresas del país. La trasnacional norteamericana: la Southern Perú Cooper Corporation (SPCC) con una concepción depredadora, expoliadora, racista y omnipotente ha deteriorado el medio ambiente del sur peruano, y ahora continua haciéndolo la empresa mexicana asociada a los mismos capitales de antes, sin mas restricción que la hoy débil lucha popular. Hace 20 años fue la izquierda a la que se agregó la presión de la ONG Labor y algunas instituciones como la Municipalidad del puerto de Ilo, que en los últimos años terminaron posternados ante el neoliberalismo de Fujimori y Toledo. Estos Gobiernos no solo no ha aplicado la legislación nacional existente: principalmente el Decreto Ley Nº 17752 "ley general de aguas" y el Código del medio ambiente y los recursos naturales promulgado el 7 de septiembre de 1990; menos aun acuerdos internacionales como el Protocolo para la Protección del Pacífico Sur contra la Contaminación, proveniente de Fuentes Terrestres, o la Resolución del Tribunal Internacional del Agua firmada en Amsterdam el 18 de febrero de 1992, que directamente acusa a la empresa de violentar las leyes para no regular las actividades de trasnacionales. Y es que hay profundos motivos para no hacerlo. (…)
LA MULTINACIONAL SPCC Y EL INFIERNO AMBIENTAL: EL PORQUÉ DEL RECHAZO A TÍA MARÍA
La contaminación del medio ambiente, entendida como el deterioro de las condiciones que permitan una vida material, social y económica saludable, digna y próspera para todos hoy y después, al afectar la ecósfera sostenible. Un aspecto central es la introducción en el ambiente de sustancias o formas de energía que alteren negativamente las relaciones sociales ecosistémicas y los procesos ecológicos esenciales, la diversidad genética, y el aprovechamiento sostenido de especies; que tengan efectos nocivos, que pongan en peligro la salud del hombre y el desarrollo integral de sectores y actividades humanas, dañe el patrimonio nacional y deterioren el equilibrio y conservación de ecosistemas y recursos naturales en general. La SPCC durante 59 años ha contaminado el medio ambiente provocando descargas, emanaciones y vertimentos contaminantes (gases, escorias y relaves) en la atmósfera, suelo, subsuelo y aguas causando perjuicios y alteraciones graves en la vida humana, flora, fauna y en los recursos hidrobiológicos. 
En febrero de 1992, la Asociación Civil Labor, la Municipalidad Provincial de Ilo y la Comisión Multisectorial Permanente del Medio Ambiente acusaron a la SPCC ante el Tribunal Internacional del Agua de: 1.- Ser responsable de extraer aguas de alta calidad de las cuencas altoandinas con impactos negativos en las Cuencas de Locumba y Moquegua, afectando la disponibilidad de agua para uso doméstico y agrícola. 2.- De descargar relaves al mar destruyendo el cauce del rio Locumba y la Bahía de Ite, ecosistema que ha perdido su diversidad biológica. Del desastroso impacto del área afectada por acumulación de sólidos, oxidación de metales en la playa, entre otros, con el consiguiente daño a la fauna y flora típica de la zona. 3.-De verter al mar, de la fundición, 2,100 TM/día de escorias que destruyen el habitat marino, deterioran el paisaje natural, provocando el crecimiento de la línea de playa -mar adentro- y desplazando peces y mariscos del área intermareal rocosa. 4.-De emitir gases que contaminan el medio marino adyacente por efecto de la precipitación de lluvia ácida y las partículas en suspensión en el medio marino"; reduciendo la existencia de peces y mariscos y ocasionando problemas de salud en la población. 5.-La destrucción del ecosistema de lomas naturales costeras alrededor de la fundición; desertificando un área de mas de 20 Km. alrededor, y provocando la interrupción de las migraciones temporales estacionarias de ganado de la zona altoandina. 

Como podemos apreciar la destrucción del ecosistema es interrelacionada e integral. La responsabilidad principal esta en la SPCC y en el Estado cómplice, desde los presidentes y los jefes de las fuerzas armadas (depositarios únicos y reales del poder), hasta los funcionarios involucrados. La contraloría General de la República ordenó investigar a no menos de 75 funcionarios involucrados en actos de corrupción por no aplicar las leyes del país durante mas de 30 años21. Con estas acusaciones el Juez debió haber ordenado hace mucho la clausura del establecimiento y prisión para los responsables. Pero Perú es un país donde desde siempre -en especial con Fujimori-Toledo-García y Humala no existen los derechos humanos básicos y menos los derechos de otros seres y la mayoría de las generaciones actuales están excluidas, inutilizadas y olvidadas, y por tanto ni se piensa en las futuras; donde, por último, desde la conquista no hubo equidad y justicia entre naciones y países, privando las de dominio y opresión. En este país no sorprende que el derecho a sobrevivir este en el origen de la propia naturaleza; donde de los conflictos políticos y la violencia política. 

Ahora veamos con más detalle las acusaciones a la SPCC. Al comenzar los años sesenta la SPCC ya controlaba la totalidad de aguas de dos departamentos Moquegua y Tacna, a través del uso efectivo, concesiones, reservas, denuncios. Su futuro estaba en el agua, pero a expensas del futuro regional. En un paisaje semidesértico abandonar 350 Has. en los valles de Cinto y Cambaya, aparte de otras 70 que quedaron sin agua en Cinto. Es un proceso que además determinó la salinización de tierras del valle Locumba al perder las aguas del rio Locumba las de su afluente del rio Cinto. Otras mas se perdieron en fundos adquiridos por la SPCC en Moquegua (valle con 13,000 Has. cultivadas). Las zonas de Higuerani, Mirave y Calumbraya, dejaron de cultivarse por falta de agua. En Ite Sur se perdieron 20 Has. mas al ser adquiridas por la empresa. Tan grave como esto es bloqueo a proyectos como Pasto Grande y Maure. Que finalmente se iauguro permitiendo extender la frontera agrícola en 8,000 Has. y mejorado el riego en 3,500, además de generar 280 MW con varias centrales hidroeléctricas, que hubieran evitado el uso por la SPCC de 15 millones de galones de petróleo residual para cubrir 75 MW de energía. La empresa que durante casi dos décadas (1950-1970) logró tener posesión de tres ríos: Moquegua, Locumba y Alto Tambo, hoy usa en exclusividad 53.6 millones de metros cúbicos año de agua de alta calidad afectando a medio millón de personas. Era suficiente hacer un "denuncio", para obtener la concesión, sin importarles las necesidades agrícolas de los agricultores y los potenciales proyectos estatales. Exactamente, como si se tratase de una colonia. Recién en 1970, con la ley 17752 el agua pasa a ser pública y podríamos pensar que acabó el colonialismo. Pero no fué así, el Estado acepta que las actividades de la SPCC son de "utilidad pública" y les otorga la reserva de derecho de las aguas de Pasto Grande, usar el agua de los ríos Torata y Asana para la mina de Cuajone y le autoriza explorar el acuífero Capillune, y poco mas tarde el uso de sus aguas subterráneas. Los conflictos entre los propietarios de fundos del valle de Ilo con la empresa comienzan en 1962. Luego de 28 años después de lamentables confrontaciones entre agentes económicos, pueblos y departamentos por el agua, 3 mil campesinos de Candarave exigieron el cierre de pozos en un codo del río Callazas. Al consumir 1,700 litros de agua por segundo en sus operaciones mineras (principalmente el tratamiento de concentrados, que cada vez es mayor en la medida en que disminuye la ley del mineral) acapara entre el 20 y el 40% del consumo regional. Reduce la cantidad y calidad de las aguas del río Locumba, destruye 21 Km de cuenca del mismo río y del área agrícola adyacente del valle de Ite bajo, y causa la pérdida de 130 Has. de tierras cultivables (ex fundo Sopladera) al verter relaves al cauce del río Locumba, luego de derivar el río por un canal. Destruyó el hermoso y productivo Valle de Cinto (70 Has.) al comprar gran parte del valle para disponer de los ríos Tacalaya y Quebrada Honda y derivar las aguas que irrigan dicho valle y continua concentrando sales en la laguna de Aricota. También es culpable del descenso o nulo drenaje de los flujos subsuperficiales que alimentan la cuenca baja del río Moquegua, provocando el decaimiento agropecuario en los valles de Moquegua e Ilo. En 1976 la SPCC comenzó a explotar cuatro pozos de agua en la Pampa de Titijones -500Lts./seg.- donde nacen los rios Tumilaca y Torata, decayendo el caudal en 986 Lts./seg. Igual hizo en las nacientes del río Callazas en la provincia de Candarave (Tacna) disminuyendo el caudal en 250 Lts./seg. De esta manera provocó también la disminución del caudal del rio Moquegua, Callazas, Torata y Tumilaca. Y es que esta sabia empresa tiene como eje articulador de captación a la Laguna de Suches (vaso colector natural, equidistante de ríos lagunas y aguas subterráneas de las cuencas) usada indiscriminadamente desde 1960. En la cuenca del Río Locumba la SPCC cuenta con cuatro pozos de agua subterránea que alimentan al río Callazas y la propia laguna de Suches, los ríos Tacalaya y Quebrada honda y en la cuenca del río Moquegua pozos del acuífero Capillune, en la pampa de Titijones. Al ocupar las fuentes primarias de agua confunde a los usuarios y evita conflictos directos con la población afectada. Desde allí comienza la tragedia regional. Seca bofedales y pastizales, interrumpe el drenaje natural del agua en la cuenca, provoca la muerte o migración de la fauna y comienza una contaminación sobre todas las aguas con boro, metales pesados como el arsénico. La laguna de Aricota fuente actual del agua de uso doméstico de 100 mil pobladores del puerto de Ilo contiene 3 veces mas arsénico y boro que los permitidos por la ONU, no obstante que los altos costos de su potabilización (30 mil dólares al mes, pagados por el pueblo de Ilo). La agricultura y la población en Sama y Locumba se abastecen de agua con contaminación natural mientras la mina las de mas alta pureza. El Estado respetando la soberanía de la SPCC realiza proyectos de derivación de aguas de Pasto Grande y afianzamiento de Aricota, como consecuencia de la apropiación de la laguna de Suche, invirtiendo millones de dólares. Los Relaves son descargados en el mar desde 1960, hasta 1990 ya habían sido descargados 2'936,000 toneladas métricas de metros cúbicos de relaves, al Océano Pacífico, afectando suelos, aguas y 40 Km2 de mar, desapareciendo todo signo de vida y balnearios. 

Actualmente se depositan 47,000 m3 sólidos/día, esparciéndose en el mar y formando depósitos en la orilla y fondo marino. El área circundante esta totalmente deteriorada, formándose meandros de oxido de cobre en la playa, las partículas sólidas han ocupado 11 Km. y la línea de playa desaparece 50 metros al año. A 19 Km. se encontró moluscos con 48 veces mas cobre que el soportable al consumo humano. Y es que las plantas concentradoras de mineral de la SPCC procesan los metales bajo el sistema de flotación, vertiendo inmensos volúmenes de desechos conteniendo grandes cantidades de partículas de sílice y minerales en suspensión: cobre, plomo, zinc, cadmio, mercurio y aluminio. Pero además reactivos químicos tóxicos del proceso de flotación como el cianuro, arsénico y aceite de pino. Todos ellos viajan 139 Km. en cuantiosas cantidades de agua formando en lo que fue cauce del río Locumba meandros de sales de cobre y de hierro; llegando al mar los metales pesados se dispersan, disminuyen la fotosíntesis, impiden el establecimiento de organismos de fondo y penetran en la cadena alimenticia del ecosistema, pasando por los invertebrados superiores y vertebrados llegan al hombre. De este modo la SPCC provoca una pequeña gran catástrofe ecológica, al acabar toda la zona de afloramiento y de productividad en ríos y mar; destruyendo la cuenca baja del río Locumba (los relaves sedimentados han terminado con tierras de cultivo y la fauna del río). En las Pampas de Ite Bajo, los ganaderos pastan sus animales de carne y leche vendiendo su producción contaminada con metales pesados en Arequipa, Ilo y Tacna. Devastaron la Caleta de Ite, y después decretan la progresiva desaparición de la caleta de Meca Grande Las escorias, provenientes de los hornos reverberos de la fundición de cobre de Ilo, durante 22 años fueron arrojadas en las playas del pueblo de Ilo. Seis Km. al norte de la fundición la línea de playa creció 40 metros desapareciendo como lugar recreativo, junto al hábitat de peces y mariscos. La actividad ictiológica esta siendo desplazada cada vez mas lejos. Esta misma fundición desde hace más de 40 años descarga al medio ambiente gases sulfurosos y partículas finas de metales pesados por cuatro chimeneas, contaminando la atmósfera del valle de Ilo y provocando lluvia ácida sobre suelos y mares, afectando a la población de Ilo, a peces y mariscos y a la agricultura de los valle de Ilo y Tambo. En el verano de 1962 los agricultores del valle de Ilo hacen su primera denuncia; y cuatro años después los propietarios de las haciendas Chucarapi y Pampa Blanca del valle de Tambo, a 80 Km. de la fundición, constatan bajos rendimientos en la caña de azucar. El anhídrido sulfuroso o bióxido de azufre en emisiones calculadas en 1912 TM/día volando a una altura de 50 Mts. a mas de 400 mts. provocando la llamada "lluvia ácida" que se deposita sobre la tierra y el mar circundante a la fundición, afectando tóxicamente a todos los cultivos de las lomas y valle de Ilo, calculados en 50 especies vegetales cultivadas y silvestres. La "bruma fotoquímica" se extiende como niebla a decenas de km. a la redonda, disminuyendo la radiación solar y concentrándose acumulativamente el anhídrido sulfuroso en las plantas. Los efectos fitotóxicos del so2 (anhídrido sulfuroso), de la lluvia ácida que surge de la síntesis del so2 en so4H4 (ácido sulfúrico y sulfatos), va desde la necrosis foliar, reducción de la fotosíntesis, retardo en el crecimiento y reducción de la vitalidad de los cultivos, hasta la acidificación y modificación de la composición de los suelos, el abrasamiento de las plantas, repercutiendo en los rendimientos y los precios. La expansión por los vientos llegan a 300 km. a la redonda, incluyendo alejados valles de Arequipa: Majes y Chala, pasando por la propia ciudad de Arequipa. Los daños mas agudos se presentan en el valle de Ilo, las quemaduras y necrosis foliar fueron avanzando desde las hojas del olivo hasta la caída de la aceituna. Ataca los árboles mas cargados de frutos, las ramas que brotan el primer año y los estacones de propagación, afectando la productividad. Si en la campaña 1966-1967 fueron 400 quintales de aceitunas perdidas en la de 1984-1985 aumentaron a 8,998. En las nueve primeras campañas desde 1967 hasta 1976 los gases ingresaron al valle 8.3 veces por campaña. En 1976 se amplió la fundición para procesar el cobre de Cuajone, ahora eran 4 chimeneas, y el promedio de ingresos fue de 44.4 veces. Mientras que la SPCC indemnizó a los agricultores con 230,000 dólares en 25 años.22 La SPCC esta destruyendo el valle de Ilo y a la población del puerto. Esta empresa construyó un pozo de agua en el corazón del valle que terminó con parte del mismo y con el agua potable. De otro lado, por el propio sistema de trabajo en la fundición -para no hablar de los mineros que respiran reactivos químicos y polvo tóxico- los trabajadores están expuestos al so2 y a partículas de metales pesados. La población del puerto de Ilo viene sufriendo altas concentraciones de SO2 en la atmósfera e incluso metales pesados. Faltan estudios exhaustivos y cuidadosos de la incidencia de los humos en la salud de la población. No obstante hay evidencias dramáticas como la suspensión de actividades físicas en centros escolares cuando los accesos de tos en los niños es generalizado. Algunos indicadores como el análisis del número de consultas, asociadas a ya conocidos efectos nocivos del so2, en hospitales públicos y privados, y en consultorios privados, muestran una alta tasa de problemas respiratorios. Igualmente las principales causas de mortalidad en los 10 años están asociadas a tumores, a la circulación sanguínea, al aparato respiratorio y a los órganos hematopoyéicos. En un pueblo desnutrido con un alto porcentaje de enfermedades respiratorias (rinitis, faringitis, traqueitis, fibrosis pumonar, bronquitis crónica y asmatiforme, crisis asmática) las consecuencias son fatales, principalmente para la población con enfermedades crónicas y para los niños y ancianos. Le siguen en porcentaje de consultas las enfermedades digestivas, a la piel, tuberculosis y cáncer. La SPCC-SPL nunca pagó un dólar por daños a la salud. 

Haciendo un resumen global de los efectos de la actividad de la SPCC, tenemos: AGUA: Interrupción de nacientes de rios, desaparición de ojos de agua, descenso del nivel de aguas subterráneas y depresión del nivel freático de acuíferos, disminución de la calidad de agua, envenenamiento de aguas de consumo humano y conflictos entre poblaciones por la distribución del agua. RELAVES: utilización de cauces de ríos, cambios geomorfológicos y contaminación con metales pesados tóxicos del medio ambiente marino, crecimiento de playas de relaves y acumulación de relaves en el fondo marino. ESCORIAS: modificación geomorfológica del litoral , crecimiento de línea de playa y desplazamiento del habitat natural de peces y mariscos y disolución de escorias por efectos de lluvia ácida. Todo ello provoca el deterioro de ecosistemas de las pampas altoandinas, de los valles interandinos y costeros, en su flora y fauna típicas; cambios geomorfológicos y detrimento del ecosistema marino; disminución de la productividad marina y desaparición del habitat del camarón y la liza entre otras especies. En la dimensión físico-química, las consecuencias biológicas son la contaminación de metales pesados tóxicos de los habitat marinos y del ambiente por emanación de gases y lluvia ácida. Los daños a la salud pública por el consumo de productos agropecuarios y marinos intoxicados y por el incremento de enfermedades respiratorias, circulatorias, cancerígenas de las vías urinarias. En lo socio-económico se reduce la pesca artesanal, disminuyen las exportaciones de mariscos, reducción de suelos en producción en valles y lomas, de la productividad y rendimientos agropecuarios, alto costo de vida, interrupción de circuitos económicos y culturales entre pisos ecológicos, desaparición de playas y lugares recreativos para la población regional y el turismo, migraciones campesinas y de víctimas del SO2.(...) 


Fuente: http://www.rebelion.org/docs/199032.pdf