Convocan Asamblea Pública por el Día Mundial contra
la
Megaminería para este sábado 22 de julio
Por: Aporrea.org |
18/07.- El espacio de articulación
para la lucha
Plataforma Contra el Arco Minero hace un llamado amplio a los
diferentes sectores del movimiento ambientalista y a la ciudadanía en general
para participar el próximo sábado 22 de julio en la Asamblea Pública
por el Día Mundial contra la Megamineria a realizarse en el Boulevard de Sábana
Grande, a la altura de Plaza Venezuela.
Desde el
año 2009, por iniciativa de activistas mexicanos y canadienses se celebran
jornadas de lucha contra la minería a cielo abierto en varios países,
principalmente de América Latina, como Perú, Ecuador, Argentina y México. A
continuación reproducimos el comunicado con la convocatoria, la cual puede ser
suscrito por organizaciones e individualidades para la convocatoria a través
del correo plataformacontraelamo@gmail.com.
22-J: ASAMBLEA PÚBLICA CONTRA EL ARCO
MINERO Y
EN DEFENSA
DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
El 24 de
febrero de 2016 el gobierno nacional firmó el decreto N° 2248 para el
desarrollo del proyecto "Arco Minero del Orinoco" (A.M.O), que
contempla el seccionamiento del 12% del territorio nacional para la explotación
minera por parte de 150 empresas transnacionales y nacionales. El gobierno
argumenta que, ante la caída de los precios del petróleo, y la consecuente
disminución de ingresos para el país, el proyecto antes mencionado se justifica
como vía para la búsqueda inmediata de divisas y de mantener negocios y
acuerdos con los organismos financieros internacionales. En este sentido
Venezuela se suma a la dinámica de endeudamiento y entrega de territorio que
suponen los proyectos mega-mineros llevados a cabo en países latinoamericanos
durante los últimos 20 años. Se ignora además el efecto del pago de una deuda
pública con componentes ilegítimos.
El decreto
contempla todo un marco de violación de la Constitución y las Leyes Orgánicas
de la República
Bolivariana de Venezuela, así como de tratados
internacionales a los que está adherido el país. El proyecto se empezó a
ejecutar sin desarrollar los correspondientes estudios de impacto ambiental y
socio-cultural, y progresivamente se han firmado concesiones en zonas
determinadas del Arco Minero sin llevar a cabo el proceso de consulta previa a
las comunidades indígenas de la zona, y sin respeto al derecho a la demarcación
de tierras indígenas contemplado en la Carta Magna. Lo
anterior se puede corroborar directamente en el contenido de los siguientes
artículos constitucionales:
Art.119.- "… Corresponderá al
Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y
garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán
inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con
lo establecido en esta Constitución y en la ley."
Art. 120.- "El
aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte
del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de
los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y
consulta a las comunidades indígenas respectivas…"
Art. 127.- "Es un derecho y un deber de cada
generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo
futuro. Toda
persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de
un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado... Es una obligación fundamental del
Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población
se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde
el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las
especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley."
Art.128.- "El estado desarrollará una política de
ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas,
poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas de acuerdo con las
premisas del desarrollo sustentable que incluya la información,
consulta y participación ciudadana..."
Art.129.- " Todas las actividades susceptibles de
generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de
estudios de impactos ambiental y sociocultural...."
Aunque el
ejecutivo lo plantea como un plan para "diversificar la economía" y
darle "salida" a la crisis actual, el proyecto supone en la práctica
en una profundización del rentismo en el país. La actividad minera que realizan
las empresas transnacionales en países suramericanos es sumamente expansiva y
desastrosa. Se construyen minas gigantescas, que pueden llegar a tener una
extensión de más de 1,5km de diámetro y más de 300m de profundidad, para
procesar millones de toneladas de mineral sin ningún tipo de límites. Estas
compañías se enriquecen aceleradamente y los pueblos quedan padeciendo la
miseria, la degeneración social y la destrucción ambiental que deja dicha
actividad. De fondo se plantea una diversificación del extractivismo en
Venezuela que pone en total riesgo la reserva hídrica más importante del país y
más del 70% de la electricidad generada en el país, generada por las represas
hidroeléctricas ubicadas en la región de Guayana.
A poco más
de 16 meses de haberse hecho el anuncio, se han firmado cartas de intención y
acuerdos con transnacionales, muchas de las cuales tienen denuncias de
violación de soberanía y derechos humanos, así como de responsabilidad en la
ocurrencia de desastres ambientales. Entre esas corporaciones vale destacar a
manera de ejemplo el caso de la Barrick Gold Corp. que actualmente afronta una
demanda internacional por la contaminación de 7 ríos en San Juan, Argentina.
Por otro lado, el proyecto del Arco Minero contempla todo un entramado de
negocios ocultos en las que el estado está constituyendo empresas mixtas con
transnacionales cuyos números de la bolsa estaban en estado crítico hace más de
un año, como la Gold
Reserve. Y tenemos el caso de las empresas
"fantasmas" o de "maletín", como Faoz Corp. de la cual no
se tiene registro de su actividad, su página web oficial es un cascarón vacío y
su sede oficial en Caracas, que no posee ningún tipo de aviso o anuncio, no
corresponde a una compañía que realice trabajos de minería.
De facto la zona A.M .O comprende un
Estado dentro de otro Estado, al formar un entramado legal contrario al marco
constitucional. En el proyecto se generan una serie de beneficios arancelarios
y tributarios para las compañías mineras, llegando a disminuir o eliminar el
cobro de impuestos como el IVA o el ISLR. Además, se cercenan derechos
democráticos, políticos y sociales, como el derecho a la protesta y a la
organización sindical (de acuerdo a lo establecido en el art. 25 del decreto),
derecho a vivir en entornos saludables, entre otros; y el alto mando militar
designado para la zona pasa a ser la máxima autoridad de la región, teniendo
potestades ejecutivas a través del decreto, así como económicas a través de
CAMINPEG, empresa militar constituida en 2016. De igual manera, las condiciones
en las que se desenvuelve el AMO conforman unas instancias asociadas a la
burocracia ambiental del país que tienen como mandato cubrir la formalidad del
resguardo ambiental de la zona, y encubrir el inmenso daño ambiental con base
en una supuesta "minería ecológica".
Al
analizar las condiciones y consecuencias del AMO en el marco de una convocatoria
a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el Presidente de la República,
con unas bases comiciales plagadas de vicios anti-democráticos y en el contexto
de una serie de sucesos irregulares relacionados con el proceso de inscripción
de candidaturas, resulta alarmante la intención de modificar la Carta Magna habida
cuenta de las presiones ejercidas por las corporaciones transnacionales para
desregular la actividad minera, la manera inconsulta e inconstitucional como
fue aprobado el proyecto del Arco Minero del Orinoco y la creación de las
denominadas Zonas Económicas Especiales, mediante la "Ley de
regionalización integral para el desarrollo socio productivo de la
patria", entra en plena contradicción con los artículos 119, 120, 127,
128, y 129 de la CRBV.
Es
preocupante que las dirigencias políticas de los polos PSUV-MUD relegan del
debate nacional el proyecto A.M.O como una cuestión secundaria, cuando debería
tener prioridad en la búsqueda de alternativas al modelo rentista
extractivista, y no su profundización. En el último año, ha quedado en
evidencia discursos contradictorios de ambos. Los dirigentes del PSUV, que
constantemente hablan de "Paz", "Respeto a la Constitución"
y "Eco Socialismo" defienden un mega-proyecto capitalista,
inconstitucional, entreguista, etnocida, ecocida y que se contrapone al quinto
objetivo del Plan de la Patria, el cual es ley de la república desde el 2013 y
que estos mismos aseguran defender. Por otro lado la MUD, cuya mayoría en la Asamblea Nacional
rechazó unánimemente el plan megaminero en junio de 2016, queda en
contradicción cuando Julio Borges, presidente del poder legislativo, aclara en
una carta del 17 de Mayo de 2017 dirigida a los organizadores del "Latin
America Down Under", que los contratos y acuerdos firmados con el actual
gobierno quedan invalidados, pero que una vez cambie la situación nacional y
"se restablezca la
democracia en nuestro país, nuestras puertas estarán abiertas para
recibir las inversiones,
con la debida seguridad jurídica, que el país necesita para
re-direccionarse a lo largo de un camino de progreso y desarrollo".
Ante esta
situación diferentes organizaciones, grupos e individualidades nos hemos dado a
la tarea de hacer un llamado amplio a un gran Asamblea Pública de luchadores
contra el Arco Minero del Orinoco, en defensa de la soberanía y de los derechos
constitucionales. El año transcurrido desde la promulgación del decreto, nos
muestra la imperiosa necesidad de generar un espacio de discusión de todos los
sectores críticos de esta cruda realidad. El reto es el de incorporar a
ambientalistas, luchadores sociales, líderes y activistas comunitarios,
indígenas, trabajadores, profesionales, intelectuales, indígenas, luchadores
sociales, dirigentes comunitarios, trabajadores y estudiantes, en espacios
asamblearios de discusión y articulación de acciones, apoyándonos en los
acuerdos y sin obviar las diferencias que puedan existir. Consideramos que ante
la crisis, este espacio de discusión debe generar alternativas viables al
rentismo extractivista, como el desarrollo de nuestros potenciales
agroecológicos, turísticos, industriales y culturales así como el desarrollo de
una política minera seria.
Lograr la
derogación del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco y defender
nuestros derechos constitucionales, vinculados al tema ambiental, indígena y de
soberanía nacional, constituye una tarea titánica y de largo aliento, que
estamos dispuest@s a asumir. Creemos que con la organización y la movilización
democrática y autónoma del pueblo venezolano podremos alcanzar ese objetivo.
Por ello hacemos el llamado a este Encuentro de Luchadores entendido como un
espacio amplio, democrático, diverso y plural para el debate nacional y la
lucha contra los proyectos extractivistas que amenazan al conjunto de la vida
en Venezuela y el resto del continente.
DEFENDAMOS
LA DEROGACIÓN
DEL
EN DEFENSA
ÍNTEGRA DE LOS ARTÍCULOS 119, 120, 127, 128, Y 129
DE LA CONSTITUCIÓN
NO
QUEREMOS QUE SE CAMBIE LA CONSTITUCIÓN. EXIGIMOS
SÚMATE A
ESTA INCIATIVA EN DEFENSA DEL AMBIENTE, LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA SOBERANÍA
Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/n311648.html
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