jueves, 31 de agosto de 2017

Estamos ante la "primera presentación regional que procura instalar en la agenda de los organismos regionales de América del Sur, las implicancias nocivas del agronegocio y la necesidad de transformar el modelo agroalimentario regional".

América del Sur exclama 

basta de agronegocio

30 de agosto de 2017
Más de 40 organizaciones socioambientales, gremiales, asambleas y pueblos originarios de la Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay solicitaron, el Jueves 3 de Agosto de 2017, una audiencia temática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Sesión del Mes de Octubre de 2017 en la Ciudad de Montevideo, Uruguay.
El objetivo de la solicitud es exponer sobre la problemática de los impactos sanitarios, ambientales y socioeconómicos de la agricultura industrial en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.
Se trata de la primera presentación regional que procura instalar en la agenda de los organismos regionales de América del Sur, las implicancias nocivas del agronegocio y la necesidad de transformar el modelo agroalimentario regional.
Fueron varios meses de un intenso trabajo de coordinación que se inició, en el mes de Setiembre de 2016, en el 2° Seminario de Agrotóxicos y Derechos Humanos en la Ciudad de Goias, en Brasil, cuando Naturaleza de Derechos fue invitada a exponer sobre la praxis judicial en Argentina.
Luego ese camino de aunar criterios, continuó en el mes de Octubre de 2016 en la ciudad de La Haya, Holanda, en ocasión de la Asamblea de los Pueblos dentro del marco del Tribunal Monsanto, donde Naturaleza de Derechos también tuvo el honor de presentar su trabajo en materia de patentes, en el panel inaugural junto a Vandana Shiva y el agricultor canadiense Percy Schemeiser. La Haya fue una excelente oportunidad para iniciar un contacto con las organizaciones de Paraguay que también participaron en los talleres de trabajo de la Asamblea.
Ese derrotero integrador culminaría el mes de Julio de 2017 tras sumar el consenso de la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos para articular en forma conjunta con los colectivos de Brasil, Paraguay y Argentina.
Efectivamente, el 3 de Agosto de 2017, a escasos minutos del vencimiento del plazo, se pudo formalizar el pedido de audiencia ante la CIDH donde la coalición de organizaciones, asambleas socioambientales, movimientos campesinos y pueblos originarios de los países de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay procuran evidenciar ante el organismo interamericano sobre la violación de los derechos humanos a la salud, al agua potable, a la alimentación adecuada, al ambiente sano y al desarrollo de una agricultura ecológica u orgánica, que representa la agricultura industrial, basada en el uso de paquetes tecnológicos compuestos por organismos genéticamente modificados (OGM) y agrotóxicos.
El fin primordial de la solicitud de la audiencia es exhibir e identificar, en primer término, las vulneraciones a los derechos humanos que genera el modelo agroindustrial pero así también indicar la factibilidad plena de implementar políticas agrícolas que permiten neutralizar la situación disvaliosa que provoca, adoptando medidas que importan restaurar plenamente los estándares de protección consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
En la Audiencia las organizaciones argumentaran como el modelo agroindustrial modificó en los últimos 20 años, el eje de la agricultura en la región, pasando de producir alimentos a producir mercancías (reconocidas por su término en inglés: commodities), muy especialmente.
En la petición, a la CIDH, se le hizo saber que desde los organismos oficiales de los paises involucrados , en consonancia con las empresas productoras de semillas modificadas genéticamente y agrotóxicos - más el acompañamiento de los grandes medios de comunicación corporativos - se venden como bondades del modelo agroindustrial: una supuesta alta eficacia en el control de la microfauna y de los biotipos silvestres, la siembra directa, el aumento de la producción agrícola, las exportaciones y la mayor rentabilidad económica.

Como contraposición a ello, se denunció que no son consideradas, en ese análisis superficial, las “externalidades” que el modelo de producción agroindustrial ha provocado (y sigue haciéndolo) en la región: la grave afectación evidente a la biodiversidad, supresión de los servicios ambientales del agua y suelo (al contaminarlos), evanescencia de la diversidad agrícola, un avance de la frontera agropecuaria en perjuicio de los bosques y montes nativos, con el consecuente despojo de tierras a movimientos campesinos y pueblos originarios.
A todo ello, se le informó a la CIDH que se deben sumar las implicancias en la salud humana que se evidencian en el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles y de las tasas de malformaciones congénitas, enfermedades neurológicas, enfermedades oncológicas y hematológicas , así como el daño en el aparato cognoscitivo en especial en los niños, niñas y adolescentes, enfermedades todas ellas que guardan relación directa y proporcional con el incremento exponencial del uso masivo de agrotóxicos y OGM en la región en las últimas dos décadas.
Sobre esta base, las organizaciones, asambleas y pueblos originarios que suscriben la petición ante la CIDH, expondrán en la Audiencia Temática, de ser otorgada, sobre las estrategias y acciones que apuntan a fortalecer los derechos humanos a la salud, al agua potable, a la alimentación adecuada, a la seguridad y soberanía alimentaria, al ambiente sano y al desarrollo de una agricultura libre de contaminantes, y la adopción de medidas alternativas de producción agroalimentaria en la región.
Los objetivos específicos de la audiencia son:
a) Visibilizar los impactos negativos sanitarios, ambientales y socioeconómicos del modelo agroindustrial en los países representados.
b) Exhibir ejemplos de modelos agroalimentarios que producen alimentos y cultivos sanos respetando el ambiente, la biodiversidad y protegen la salud humana pero que en la región se encuentran seriamente amenazados por la implementación de los paquetes tecnológicos del sistema agroindustrial.
c) Presentar propuestas sobre estrategias y acciones con el fin de adoptar medidas legislativas con metas progresivas para avanzar a un modelo de agricultura que respete y fortalezca los derechos humanos a la salud, al agua potable, a la alimentación adecuada, al ambiente sano y al desarrollo de una agricultura ecológica u orgánica, campesina y ancestral.
A fin de lograr estos objetivos, en la Audiencia se desarrollaran los siguientes puntos:
1) Exhibición de datos sobre la afectación a la salud humana, el ambiente y la biodiversidad
2) Omisión de políticas de los Estados en materia de Salud.
3) Vigilancia Popular de la Salud.
4) Ausencia de Inocuidad Alimentaria en los alimentos y cultivos que produce la agricultura industrial.
5) Omisión de políticas que consideren la protección del Ambiente y la preservación de la Biodiversidad en relación a la agricultura industrial.
6) Autoridades Complacientes.
7) Producción del Conocimiento Científico que sostiene el modelo agroindustrial.
8) Impactos Pluriculturales Socioeconómicos.
9) Omisión de actuación de los Organismos regionales.
10) Acciones regionales.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/America_del_Sur_exclama_basta_de_agronegocio 

Percatémonos de cómo los gobiernos progresistas han sido y son fundamentales para la sobre explotación de la naturaleza, los trabajadores y los campesinos.

El “paquetazo agrario”: claves para entender la política agraria en el Ecuador
31 de agosto de 2017
Por Stalin Herrera 

OCARU- Observatorio del Cambio Rural.
E l “paquetazo” fue una forma de tematizar o entender la estrategia de los distintos gobiernos neoliberales que, a nombre del desarrollo, la democracia y el “bien común” subordinaron al Estado a los intereses de las elites. Entre los años 70 y 80, el Estado fue el promotor central de la modernización y diversificación económica de las elites mientras que, en los 90, financió la crisis económica y financiera a costa del empobrecimiento de la población[1]. Hoy, el drama vivido en los 90 parecería no repetirse porque el gobierno de la Revolución Ciudadana recuperó el rol del Estado en la inversión social –sobre todo en educación, salud e infraestructura[2]– y el desarrollo nacional –Plan Nacional de Desarrollo, Cambio de la Matriz Productiva y Energética–. Sin embargo, la política agraria del Ecuador repite el error: a nombre de los avances constitucionales y las demandas de las organizaciones (el Buen Vivir y la Soberanía Alimentaria) favorece la ganancia de las elites “agroempresariales” y el agronegocio.
El “modelo” de agricultura en el Ecuador, en sus rasgos generales, no ha cambiado: por un lado, existe un polo primario-agroexportador que se sostiene sobre el control de los recursos productivos más importantes (tierra, agua, tecnología) y la sobre explotación laboral (trabajadores sin mayores avances en el reconocimiento de sus derechos laborales)[3]; un importante sector, de pequeños y medianos productores al centro; y en el otro extremo, una enorme proporción de pequeños agricultores que basan su “economía de subsistencia” en las actividades familiares, acusados de ser ineficientes o improductivos.
Contrariamente al sentido común que ubica a la agricultura familiar como un rezago del pasado, los trabajos que analizan la estructura agraria del país muestran que para el 2000 el peso e importancia de las UPAs de agricultura familiar campesina (AFC) es enorme: La CEPAL (2005), al sumar variables de capacidad productiva y tecnología, planteó que la agricultura familiar representaba el 53% de las unidades, mientras que las empresariales figuraban con un 5% y las tradicionales el 43%. Wong y Ludeña (2006), por ejemplo, considerando el tamaño de la propiedad, la cantidad de trabajadores utilizados, el ingreso y gasto de los hogares, calcularon que la AFC representaba el 88% de las UPAs, sumaban 739.952 unidades y controlaban el 41% de la tierra. Chauveau (2008), plantea que el modelo de agricultura está polarizado entre un grupo de más de 200 has que se componen de 16.000 “familias” de agronegocios y 38.000 familias de producción patronal; y un polo de no más de 10 has compuesto por 550.000 familias de Agricultura Familiar, 230.000 familias minifundistas y 100.000 familias campesinas sin tierra.
Al mismo tiempo, Wong y Ludeña (2006), observaron que la agricultura familiar campesina, incluyendo la de subsistencia, vende la mayor parte de su producción (57%) fuera de la finca; el 24% la vende en la finca y sólo consume el 19% de lo que produce. Es decir, que la AFC tiene una enorme importancia económica productiva y está fuertemente integrada al comercio, pero no solo a la producción de alimentos para el consumo interno, sino que también está “presente” –de manera subordinada– en la producción de alimentos agroindustriales[4].
En este sentido, el debate planteado por AVSF – Sipae (2015) con datos del Ecuador, y North y Berry (2015) observando los resultados de Taiwán, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Holanda, nos proponen algo aún más interesante: la AFC o los pequeños productores familiares pueden, cuando disponen de los recursos productivos necesarios y el apoyo de políticas públicas, generar mayor trabajo y riqueza por ha que los modelos de producción terrateniente y pueden constituirse en la base del desarrollo industrial nacional. Sin embargo, la política agraria en el país va en contra sentido y los “esfuerzos” del gobierno de Rafael Correa (2007-1017) no han cambiado la tendencia general que se había instalado desde los años 80 con el neoliberalismo. Valdría preguntarnos entonces ¿qué es lo que ha cambiado para no cambiar nada?

Paquetazo y modernización conservadora
Carrión y S. Herrera (2012), mostraron que la política agraria se alejaba de los avances constitucionales, –Art. 281 de la Constitución que plantea un modelo de soberanía alimentaria para el campo–, y promovía el viejo modelo de exportación a costa de la producción “típicamente campesina” a través de la “modernización” de las instituciones. La gran diferencia con el neoliberalismo era una mayor presencia del Estado en el campo, pero la mayor diferencia con el desarrollismo de los años 80 es que no se impulsaron políticas de desarrollo económico campesino, sino que, fundamentalmente, promovieron políticas de “inclusión económico social” que sirvieron para bajar las tensiones o demandas campesinas.
Este proceso que refuerza el viejo modelo primario agroexportador a costa de una mayor subordinación de la agricultura familiar campesina, en un contexto en el cual la “agenda indígena campesina” (Estado Plurinacional, Soberanía Alimentaria, derechos de la naturaleza, Buen Vivir, etc.) se presentó como la renovación más interesante del horizonte de cambio popular y marca las características de lo que los campesinos definen comoPaquetazo Agrario y nosotros lo caracterizamos como Modernización Conservadora.
El punto central es que el gobierno, a pesar de las demandas indígenas y campesinas y de los avances constitucionales y la mayoría legislativa en la Asamblea, pone al Estado al servicio de la agroindustria y los agronegocios. Ésto lo podemos observar en 4 elementos centrales que dan cuenta de la dirección que toman las políticas públicas agrarias en el país:
1.                  Privatización de los recursos productivos o la contrarreforma agraria. Desde la aprobación de la constitución de 2008, las organizaciones han entrado al debate de la Ley de Tierras, la Ley de Agua y la Ley de Semillas. Las demandas centrales han sido: la distribución de tierra, la desprivatización del agua y administración comunitaria de los sistemas de riego, la libre circulación de semillas y la prohibición de cultivos transgénicos. La respuesta del gobierno al debate propuesto fue asegurar el derecho privado a la tierra y el agua y, en el caso de las semillas, favorecer la circulación de semillas certificadas y promover el uso de transgénicos para la “investigación”. El sentido último del proceso es la privatización de los recursos productivos indispensables para la agricultura indígena campesina y que constituyen bienes comunes de los pueblos y la sociedad. El sentido político fue clausurar la posibilidad de una democratización de recursos productivos y llevar la contrarreforma agraria más allá de la tierra.
2.                  La reprimarización de la agricultura y dependencia económica. En la década de los 90 se evidenciaba que los distintos gobiernos, a diferencia de sus proyectos de industrialización y la apuesta por los mercados existentes generan mayor reprimarización de la economía y dependencia, es decir, una mayor venta de productos primarios y con escaso valor agregado. En el caso del último período, a pesar de la Constitución, el Plan Nacional de Buen Vivir (2009-2013) y su anunciada estrategia nacional para el Cambio de la Matriz Productiva, el gobierno no logró y no hizo mayores esfuerzos para cambiar la matriz productiva en el campo. Uno de los mejores ejemplos es que la proyección de inversiones para la sustitución de importaciones se concentra en un 77% en la producción de caña, soya y canola[5]; además, el gobierno, en su estrategia de cambio de la matriz energética, fomentó la producción de biocombustibles[6]; legalizó la expansión de las camaroneras en zonas de manglar que hasta hace poco estaban protegidas por la ley[7]; legalizó los cultivos ilegales de banano en manos de las grandes empresas[8]; le apostó al uso de transgénicos[9] a pesar de las restricciones constitucionales; y, finalmente, firmó un Tratado Comercial con la Unión Europea que acentúa aún más la reprimarización de la agricultura y la economía.
3.                  La transferencia de recursos estatales para la subordinación campesina. Siguiendo una fórmula neoliberal instalada en los 90 a través de los negocios “inclusivos” y en oposición a cualquier propuesta de soberanía alimentaria, el gobierno ha sido el principal impulsor de lasubordinación campesina al modelo de agroindustria. Este proceso ha tenido dos ejes: por un lado, mantuvo los programas o proyectos estatales que promueven la inclusión de los pequeños productores a las “cadenas de valor” y que instalan los imaginarios de “competitividad empresarial”, tal como reza el componente 3 de su “Agenda de Transformación Productiva Amazónica Reconversión Agroproductiva Sostenible en la Amazonia Ecuatoriana”: Fortalecer los encadenamientos productivos mediante la generación de actividades que promuevan la competitividad sistémica y faciliten el comercio equitativo. Por otro lado, el gobierno realiza transferencias directas a las empresas a nombre de las crisis o el desarrollo productivo. En el 2008, a nombre de bajar los precios de los alimentos y combatir la especulación, transfirió a manera de subsidios a las empresas importadoras de insumos 400 millones (J. León, 2007:7); el Plan Semillas para la recuperación de pequeños productivos invierte entre 25 y 30 millones al año y se realiza un convenio con seis empresas (Agripac, Ecuaquímica, Pronaca/India, Interoc S.A., Afecor y Del Monte).
Así, a nombre de los avances constitucionales y de un acuerdo entre el Estado y la empresa privada, el gobierno a través de los programas y proyectos de desarrollo productivo no sólo trasladó recursos estatales hacia las elites y aseguró su ganancia, sino que financia la subordinación campesina entendida como: la conversión del modelo de la agricultura familiar campesina al monocultivo de alimentos para la agroindustria, indispensable para su incorporación a las cadenas de valor y con esto su dependencia al paquete tecnológico y las redes de mercado controladas por la agroindustria.
4.                  Concentración de capital y precarización laboral. Finalmente, el mundo empresarial, con los recursos y complicidad del Estado, se ha instalado en el sentido común como el paradigma de desarrollo y el futuro. El gobierno, a pesar de los avances constitucionales en torno al Buen Vivir y los derechos de la naturaleza, es permisivo con un modelo que no crea mejores condiciones sociales para sus trabajadores, la sociedad o el mismo medio ambiente. El trabajo más reciente de J. Baéz (2017), muestra que los “sectores agrícolas y agroindustriales”, no sólo mantienen el control de las mejores tierras del país y su producción se destina, fundamentalmente, a la exportación (banano, flores, camarones, cacao, café, camarones, pescado, etc.) o la producción industrial de alimentos (leche, maíz duro, palma, etc.) sino que mantienen un control oligopólico del mercado y sus tasas de ganancia son enormes[10] -las 100 “empresas agropecuarias” más grandes del país concentran el 58% del PIB agrícola; al tiempo que no hay un sistema de impuestos sobre la renta de la tierra y sus ganancias extraordinarias. Contradictoriamente y, a pesar de las “ganancias extraordinarias del sector agrícola”, el gobierno ha promovido reformas laborales a favor de las empresas y ha sido el principal promotor de la formalización de la “flexibilización laboral”[11].
Sintomáticamente, hoy es más común que, en ausencia de los trabajadores, sean los empresarios y el gobierno los que firmen los acuerdos que regulan las relaciones laborales: “Leonardo Berrezueta Carrión, Ministro de Trabajo, junto a Miguel Bustillo, Presidente de la Asociación de Ganaderos de Daule, Lorens Olsen, titular de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, y José Gálvez, Viceministro de Trabajo, firmaron (…) un acuerdo que regula las relaciones de trabajo especial en el sector agropecuario, ganadero y agroindustrial”[12]. Mientras que las organizaciones de trabajadores agrícolas denuncian que se mantiene un régimen de precarización laboral –restricciones a la sindicalización, persecución de dirigentes, listas negras, condiciones laborales inadecuadas, trabajo infantil, acoso a las trabajadoras, etc.
Así, aunque el gobierno reconoce que hay una “deuda agraria” con las organizaciones campesinas, el resultado final es su “despojo”. Con esto, no solo nos referimos al proceso de acaparamiento de tierras y privatización del agua, que están muy bien registrados en el Ecuador, sino al vaciamiento de la Soberanía Alimentaria y su sustitución por un modelo que impulsa la conversión de los pequeños campesinos y comunidades indígenas hacia un modelo de “eficiencia” y “rentabilidad” productiva comandado por la agroindustria. Siguiendo los planteamientos de D. Harvey (2005), asistimos a una reforma institucional y normativa que impulsa la penetración de relaciones sociales y arreglos institucionales (reglas contractuales y esquemas de propiedad privada) que facilitan y actualizan los distintos modos de absorber los excedentes de capital y trabajo existentes, en este caso, de la riqueza producida por los campesinos y la renta de la tierra. No se trata de un esquema puramente económico sino, también, de la subordinación simbólica y cultural.
La línea asumida por el gobierno y la transformación / subordinación de la agricultura familiar no es un “imperativo absoluto”, pero la alianza público – privada marca los límites de cualquier esfuerzo para mejorar la situación y posición de las familias indígenas y campesinas; no es posible que la agroindustria y los agronegocios tengan ganancias extraordinarias sin la complicidad del gobierno. La deuda agraria no puede pagarse con la Minga Agropecuaria porque es un poco más de lo mismo –a nombre de los campesinos e indígenas el Estado crea las condiciones para que los pequeños agricultores se incorporen a las cadenas agroindustriales–. La situación actual exige de una sociedad activa y un Pacto Ético por el Campo.
Bibliografía
Báez Jonathan, 2017, Acumulación en la Revolución Ciudadana: Grupos económicos y concentración de mercado en el sector agropecuario, Centro de Derechos Económicos y Sociales –CDES–, Quito.
Berry, Albert y Liisa North, 2015, Los Beneficios De la Pequeña Propiedad En El campo, en Línea de Fuego,https://lalineadefuego.info/2015/03/17/los-beneficios-de-la-pequena-propiedad-en-el-campo-por-albert-berry-y-liisa-north-2/, vista 17 marzo 2015.
Carrión, Diego y Stalin Herrera, 2012, Ecuador rural del siglo XXI: Soberanía Alimentaria, inversión pública y política agraria, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Quito.
Chaveau, Christophe, 2008, Reflexiones sobre función socioeconómica de la tierra y el modelo de desarrollo agrario en el Ecuador, SIPAE, Quito.
Harvey, David, 2005, “Nuevo Imperialismo: Acumulación por desposesión”, en Socialist register 2004 (enero 2005), CLACSO, Buenos Aires.http://biblioteca.clacso.edu.ar.
León Javier, 2017, “Agroindustria y Soberanía Alimentaria en Ecuador”, artículo presentado en la conferencia El futuro de la alimentación y retos de la agricultura para el siglo XXI: Debates sobre quién, cómo y con qué implicaciones sociales, económicas y ecológicas alimentará el mundo. Elikadura21, documento 4.
[1] Hacia el 2000, a nivel nacional la pobreza alcanzó al 68.8% de la población y la indigencia al 40,3%; en el campo llegó al 84.1%, y la indigencia al 58,2% de la población.
[2] Las políticas del gobierno lograron reducir un 61.3% la pobreza rural en el 2007; un 38.2% en el año 2017.
[3] En el caso del Ecuador, el gobierno resalta como uno de sus logros el incremento sostenido del salario básico, así como la eliminación de la tercerización laboral (Mandato Constituyente No 8). Sin embargo, la reforma laboral no llegó y no tuvo la intención de transformar las relaciones laborales en el campo. Al contrario de esto, las denuncias de las organizaciones se mantienen y la reforma laboral general va en contra sentido de sus demandas cada vez más conservadoras.
[4] Según las cifras del SINAGAP: en el 2001, el 21% de los productores de caña son pequeños productores de menos de 5 has y hacia el año 2004 la superficie sembrada llegó a 92.142 has. En la palma, para el año 2001, el 4% son pequeños productores de menos de 5 has; el 56% son productores “medianos” de entre 5 y 50 has, pero la superficie pasó de 95.303 has en el 2003 a 209.283 has cosechadas. En el banano, en el 2001, el 37% de los productores tienen menos de 10 has, pero la superficie de 252.570 has en el 2000 pasa a ser de 186.225 has en el 2014. En el caso del maíz duro para la agroindustria, el 66% de las UPAs son de pequeños productores de menos de 10 has, al tiempo que la producción pasó de 292.862 has en el 2002 a 322.590 has en el 2014 (Sinagap, http://sinagap.agricultura.gob.ec/)
[5] Los datos fueron divulgados por el Magap en el 2013 en su documento: “El sector agropecuario, acuícola y pesquero en el cambio de la matriz productiva”.
[6] Artículo 1 del Decreto Ejecutivo No.1303 del 28 de septiembre de 2012 declara de interés nacional el desarrollo de biocombustibles en el país.
[7] El Decreto Ejecutivo 1391 que emite reformas al reglamento general de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y texto unificado de legislación pesquera, 15 de Octubre del 2008.
[8] Según Alberto Acosta (7 de diciembre 2012), ‘’en enero del 2011 se declaró amnistía para las siembras ilegales de banano que, en su mayoría, están en manos de los grandes productores-exportadores y que ascienden a 100.000 hectáreas ilegalmente cultivadas”, en revista Línea de Fuego, en https://lalineadefuego.info/2013/01/14/nuestro-compromiso-con-los-productores-bananeros-por-alberto-acosta/.
[9] En el caso de los transgénicos, el principal promotor y defensor de su uso ha sido el propio presidente Rafael Correa en el 2012 cuando plantea que “la prohibición de transgénicos es error de la Constitución de Montecristi” (La Republica, 27 de septiembre 2012, en https://goo.gl/nlILa). El mismo Presidente modificó el articulo 56 de la “Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sustentable” para permitir el uso de transgénicos en mayo del 2017.
[10] “Efecto de la concentración, estas empresas generan tasas de ganancias extraordinarias por encima del promedio, sus ingresos en el año 2013 aumentan de 3.675 en 2006 a 9.794 millones de dólares en 2013. Esta situación implica que, entre los años 2006-2013, el incremento anual de los ingresos de estas empresas es del 15,03%, cerca de tres puntos porcentuales por encima del promedio en el sector agropecuario” (Báez, 2017).
[11] El mismo presidente R. Correa planteó que, en un contexto de crisis y reducción de la competitividad de los sectores empresariales, hay rigidez en los sistemas de contratación; sistemas de contratación que no reconocen las demandas de trabajo temporal, etc. Así que “estamos estableciendo formas de contrato más flexibles para estos tres sectores: construcción, agropecuario y transporte” (Rafael Correa, 26 de diciembre 2015, Enlace Ciudadano No 456, en https://www.youtube.com/watch?v=0lXJXf_ykYc). En octubre de 2015 el Ministerio había emitido la norma para que los trabajadores agrícolas reciban su salario de forma diaria, semanal, quincenal o mensual en formas de “Contratos de trabajo discontinuo”.
[12] El Telégrafo, 22 de Marzo de 2017, “En Daule (Guayas) se firmó un acuerdo que protege laboralmente a los ganaderos y agricultores ecuatorianos”. http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-ministerio-regula-el-trabajo-del-sector-agrícola.
Stalin Herrera: Sociólogo e investigador de temas agrarios y rurales del OCARU.


Veamos a quien redactó la Ley Antiterrorista a pedido de Néstor en 2007

Juan Marteau, el “antiterrorista” de Kirchner que ahora trabaja con Macri

Es profesor de la UBA y asesor del FMI, de la ONU y de grandes empresas. En 2007 redactó la Ley Antiterrorista a pedido de Néstor. Hoy Cambiemos lo puso al frente del “combate” al lavado de dinero.

@saturnetroc
Jueves 31 de marzo de 2016 |

El gobierno nacional acaba de crear el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Según la información oficial, sus funciones serán, entre otras, dictar políticas públicas, proponer proyectos de ley (en coordinación con el Ministerio de Seguridad), firmar convenios sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo, diseñar controles junto a bancos y empresas y producir indicadores para medir si funcionan o no las políticas diseñadas.
El Programa funciona desde febrero bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Pero recién se informó oficialmente el 22 de marzo que a su frente se designó al abogado Juan Félix Marteau, hombre de dilatada trayectoria que ya había sido funcionario junto a Néstor Kirchner.
En 2007, cuando el entonces presidente buscaba congraciarse con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marteau fue el encargado de redactar el texto de la controvertida Ley Antiterrorista, un engendro legal cuyo articulado resultaba ser un verdadero catálogo para la criminalización de la protesta social y la represión.

Cuervo caro

Para gran parte de la población el nombre de Juan Félix Marteau no significa nada. Sin embargo este abogado y profesor universitario hace años forma parte de la crema intelectual que da sustento teórico e ideológico a más de una política represiva que se intenta desplegar desde el Estado. Todo bajo la elegante cobertura del combate al “terrorismo” y al lavado de dinero.
Según versa su currículum vitae, Marteau fundó hace algunos años el estudio “Marteau Abogados / Attorneys-at-Law”, con oficinas en un primer piso de la Avenida Santa Fe al 1300 de la Ciudad de Buenos Aires. Es también profesor de las facultades de Psicología y Derecho de la UBA en las áreas de Criminología y Derecho Penal. Preside a su vez la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint).
Pero lo que más enorgullece a Marteau es haberse convertido, tras años de especialización, en asesor de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Banco Mundial y un importante número de empresas y bancos nacionales y multinacionales.
Entre esas empresas se encuentra el Grupo Clarín, al que Marteau defendió en una causa en la que Ernestina de Noble, Héctor Magnetto y otros directivos de “La Corpo” fueron imputados por realizar operaciones financieras fraudulentas y evadir impuestos mediante la creación de sociedades en el exterior.

Con Néstor sí

En su currículum Marteau también destaca que fue “responsable de la redacción del Proyecto de Ley sobre Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo”, que fue aprobado en junio de 2007 y que pasaría a la posteridad con el nombre más popular de Ley Antiterrorista.
La norma surgió como un esfuerzo del gobierno de Néstor Kirchner para congraciarse con el GAFI y evitar que ese organismo conducido por las potencias imperialistas realizara evaluaciones desfavorables sobre Argentina. Con ese objetivo en 2006 el presidente nombró Coordinador Nacional y Representante del país ante el GAFI al abogado de la Avenida Santa Fe.
Con el aval del “Pingüino”, durante el primer semestre de 2007 Marteau recorrió varias veces los despachos del Congreso para convencer a propios y extraños de la necesidad de aprobar el controvertido proyecto de ley.
Vale recordar que en aquel entonces se generó un duro debate, incluso dentro de las propias filas oficialistas, sobre los alcances de la norma. El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y el periodista y titular del CELS Horacio Verbitsky fueron de los que más cuestionaron la iniciativa de Kirchner. Pero quienes rechazaron de plano la medida fueron, centralmente, los organismos de derechos humanos no cooptados por el Estado, la izquierda y un amplio abanico de organizaciones sociales que alertaban sobre el espíritu de una norma dictada desde las usinas políticas y económicas del stablishment internacional. La discusión, obviamente, fue eludida por gran parte de los voceros políticos y periodísticos del oficialismo.
El 11 de septiembre de ese mismo año, con la Ley Antiterrista ya vigente, Kirchner y sus ministros Peirano (Economía), Taiana (Relaciones Exteriores) e Iribarne (Justicia) firmaron el decreto que creó la “agenda de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo”, a cuyo frente y a modo de premio por los servicios prestados pusieron al propio Marteau.

Con Cristina no

Sin embargo el “Marteau moment” no duraría mucho. En enero de 2008, con Cristina Fernández como presidente, el nuevo ministro de Justicia Aníbal Fernández removió a Marteau y puso en su lugar a otro abogado, relacionado con el burócrata sindical del gremio bancario Juan José Zanola (quien terminaría preso por adulteración de medicamentos).
Desairado, Marteau no tardaría mucho en pasarse a la oposición. En poco tiempo se convirtió en asesor de la entonces diputada Elisa Carrió, en defensor de Clarín y, gracias a sus estrechos contactos diplomáticos, en informante de la embajadora estadounidense Vilma Martínez. Así quedó reflejado en el portal Wikileaks, donde se lo nombra en el cable 1257 sobre “lavado de dinero en la Argentina”, enviado por Martínez al Departamento de Estado el 1 de diciembre de 2009.
Con quien nunca rompió lanzas (no tenía por qué hacerlo) fue con el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Raúl Pleé, quien el año pasado se hizo conocido por organizar la marcha homenaje al fallecido Alberto Nisman. Tan estrecha es la relación con Pleé que Marteau tiene a la hija del fiscal en el staff de su estudio jurídico.
Cuando en diciembre de 2011, en una maniobra que buscaba fortalecer su frente interno, el gobierno de Cristina reformó parte de la Ley Antiterrorista “suavizando” los alcances represivos que tenía la norma respecto a la protesta social, Marteau se sintió poco menos que humillado.
Por eso este año, envalentonado con el triunfo de Mauricio Macri, el abogado decidió volver a la carga. Sabiendo que un lugar destacado le esperaba con Cambiemos, en enero de este año escribió una columna en el diario Clarín donde afirmaba que “el gobierno debería enviar al Congreso una ley integral que derogue la absurda y traicionera norma vigente nro. 26.734”, haciendo referencia precisamente a la modificación que en 2011 se hizo sobre su creación de 2007.

Con Mauricio también

Marteau hace gala de un discurso “anticorrupción” tan elaborado que a más de uno hará creer que se trata de un ángel guardián de la transparencia y la honestidad.
Pero a pesar de los cuidados retóricos, el abogado no disimula su alineamiento casi incondicional con las políticas más duras implementadas por potencias imperialistas como Estados Unidos, Francia o Gran Bretania.
Políticas que, bajo la excusa de combatir las “nuevas amenazas” como el terrorismo y el narcotráfico, producen sistemáticas intervenciones militares que derivan en asesinatos masivos de víctimas inocentes y en el sometimiento cada vez mayor de los pueblos pobres del mundo.
En agosto del año pasado prácticamente nadie imaginaba que Mauricio Macri terminaría siendo el presidente de Argentina. Menos aún Juan Félix Marteau podía imaginar que volvería a tener su revancha como funcionario. Fue entonces cuando, entrevistado por el diario La Nación, el abogado de la Avenida Santa Fe afirmaba que “en Argentina se ha deteriorado el propio sentido del castigo, la función que cumple la ley penal. Estos años del llamado neoprogresismo o, para decirlo más simpáticamente, de penalismo garantista posdictatorial, hemos visto que ha habido una degradación constante de la función del castigo y de la significación que tiene la ley penal para ordenar las conductas humanas”.
Ahora Macri es presidente y sus amigos Germán Garavano y Patricia Bullrich son ministros. Ahora él es el flamante Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ahora va por su revancha.
Fuente:  https://www.laizquierdadiario.com/Juan-Marteau-el-antiterrorista-de-Kirchner-que-ahora-trabaja-con-Macri


Convenzámonos nos quieren aterrorizar para que no sigamos luchando y deleguemos las soluciones en los candidatos del sistema.

Córdoba: allanamientos simultáneos a organizaciones sociales

31 de agosto de 2017


Por orden del fiscal Gustavo Dalma, desde el mediodía la Policía de Córdoba realiza allanamientos simultáneos en diferentes espacios y centros culturales de organizaciones políticas y sociales en varios puntos de la ciudad cordobesa, como la Biblioteca Popular de Villa la Maternidad, la Casa 1234, el espacio social y cultural Ateneo Anarquista en Barrio Güemes, la Kasa Karakol de la Federación de Organizaciones de Base (FOB), el comedor del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) Córdoba, y crece el temor por más allanamientos. Todas las organizaciones tienen en común que participaron el lunes pasado de la 3° Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, y solicitan urgente la más amplia solidaridad de organizaciones de DD.HH., sociales y políticas. AMPLIAREMOS / 14hs: Organizaciones convocan a movilizarse en CABA, a las 15 a Plaza de Mayo y a las 17 frente a la Casa de Córdoba (Callao 332) / Por ANRed - RNMA.

Reflexionemos:"la segunda y tercera gestión del gobierno kirchnerista avanzaron en la utilización de una serie de herramientas represivas que ningún gobierno democrático anterior usó con tanta intensidad, como las patotas oficiosas y la militarización territorial".

Continuidades y rupturas de las estrategias represivas durante el kirchnerismo y el macrismo

16 de marzo de 2016

(Para Marcha / Contrahegemonía). Luego de la rebelión popular de diciembre de 2001 y la movilización que finalizó con la masacre del puente Pueyrredón, el régimen capitalista, con la aparición del kirchnerismo como fracción dirigente del PJ, supo estabilizar la crisis política, recomponer la institucionalidad, cooptar a parte del movimiento popular que había estado movilizado hasta el 2001-2002 y transformarse en la expresión más inteligente de la burguesía para garantizar sus negocios y estabilidad.

Estrategias represivas del kirchnerismo
En un primer momento, el presidente Néstor Kirchner se dedicó a sumar voluntades, a través de una política de cooptación y seducción de referentes de los más diversos ámbitos y orígenes, que pronto conformaron la “transversalidad”, esa especie de protoplasma kirchnerista que reunió, bajo la consigna del “proyecto nacional y popular”, a una buena cantidad de referentes y organizaciones, algunos de los cuales se proclamaban antiimperialistas, anticapitalistas o de izquierda.

Dos fueron los ejes centrales para consolidar esa imagen. Por una parte, el gobierno asumió pleno protagonismo en la reapertura e impulso de los juicios contra represores de la dictadura, promoviendo la anulación de las leyes de impunidad y constituyéndose como querellante, a través de las secretarías de DDHH nacionales y provinciales, en las principales causas. En la misma línea, se sucedieron actos de fuerte contenido simbólico, como el retiro de los cuadros de Videla y otros genocidas del colegio militar, los reiterados actos en la ESMA, el Parque de la Memoria o Campo de Mayo, inaugurando monumentos o museos alusivos. La “política de DDHH” expresada en esas y otras iniciativas, se convirtió, así, en la marca distintiva del gobierno kirchnerista.
Paralelamente, el gobierno adoptó un discurso de “no represión”. Encabezados por el propio Kirchner, que a la semana de asumir declaró: “No quiero criminalizar la protesta social”[1], todos los integrantes del gobierno, y en especial los encargados del área de seguridad, dijeron cosas parecidas. Efectivamente, en los primeros meses de su gestión, no hubo mayores episodios de represión a movilizaciones o manifestaciones populares, y ello generó un clima de expectativa. Los piquetes y cortes de rutas que habían caracterizado los años anteriores, fueron reemplazados por el acompañamiento casi simbólico a los dirigentes que subían a los despachos oficiales para reunirse con Kirchner, con su hermana Alicia, con alguno de los Fernández o con funcionarios de segunda y tercera línea como Sergio Berni o Carlos Kunkel, y volvían para anunciar las promesas logradas, con lo que el gobierno no tuvo mucha necesidad de reprimir, pues no había situaciones de gran confrontación.
Pero, para quien quisiera ver, había claras señales de que ni el discurso de los derechos humanos, ni la promesa de no reprimir la protesta social, respondían a otra causa que la necesidad de legitimación de un gobierno asumido con un muy escaso capital electoral, y que, una vez logrado el suficiente consenso, el aparato de fuerza estatal retomaría explícitamente su tarea disciplinadora sobre los trabajadores y el pueblo. La designación de funcionarios de larga historia represora en sectores clave de los ministerios, secretarías y direcciones fue una de esas señales inequívocas[2], acompañada por una nueva versión, políticamente correcta, de la tesis de la “inseguridad ciudadana”, a la que se sumó una campaña mediática de estigmatización como “violenta” de toda modalidad de lucha que no se limitara a dialogar con el gobierno para consensuar “soluciones”. Sería necesario que trascurriera más de un año para que, al menos en parte, se advirtiera el carácter netamente represor del gobierno kirchnerista.
Al mismo tiempo que el gobierno instalaba su discurso de tolerancia a las movilizaciones populares, se intensificó, por carriles menos oficiales, una campaña dirigida a demonizar todo tipo de reclamo que no fuera explícitamente dialoguista. Poco a poco, los medios de comunicación construyeron la idea de que los cortes de rutas, los piquetes y, por extensión, todo tipo de manifestación callejera, eran actos de naturaleza violenta y antidemocrática. Hábilmente, no se cuestionaba el derecho a protestar ni la pertinencia de los diferentes reclamos, sino que el embate se dirigía a las formas y métodos, con el argumento central de la equivalencia de los derechos de manifestantes y el “resto de la sociedad”, que sin ser el destinatario de la protesta se veía entorpecido para circular libremente.
En el clima general de distensión que se impuso desde esos primeros días de gobierno, los hechos represivos que ocurrieron entre junio y agosto de 2003 no tuvieron la menor repercusión, o, a lo sumo, fueron presentados como “desbordes inorgánicos” de algún integrante de las fuerzas de seguridad[3]. Paralelamente, se agudizó la persecución de militantes por la vía judicial, especialmente reactivando expedientes antiguos[4].
Poco después, hubo un sutil cambio en el discurso, expresado por el ministro de interior Aníbal Fernández que, en referencia a los piqueteros, dijo: “No vamos a reprimirlos, pero tienen que desaparecer[5]. Para entonces, y aunque los medios lo seguían ignorando, ya se acumulaban los hechos represivos en todo el país.
El episodio más significativo, y el más silenciado de todos, ocurrió el 9 de octubre de 2003, en la provincia de Jujuy. Alrededor de 5.000 personas se movilizaron a la comisaría de Libertador San Martín, donde cinco días antes había muerto Cristian Ibáñez, de 20 años, mientras la policía lo torturaba. La manifestación, que reunía prácticamente un tercio de la población local, fue reprimida con refuerzos llegados de la capital de la provincia. La gente se defendió, arrojando piedras a la comisaría. Pronto, los efectivos dejaron el armamento antitumulto y empezaron a disparar con balas de plomo. Luis Marcelo Cuéllar, joven militante de la CCC, cayó fusilado. Fue tan efectivo el operativo de silenciamiento en torno a ese primer asesinato en una manifestación durante el gobierno de Néstor Kirchner[6], que el nombre de Cuéllar, salvo muy puntuales excepciones, no sería mencionado nunca más. Ni siquiera se lo recordaría cuando, cuatro años después, en el otro extremo del país, fue asesinado en similar situación el maestro Carlos Fuentealba.
Casi simultáneamente, el gobierno nacional puso a prueba el consenso. En el mes de octubre de 2003 hubo una serie de declaraciones y trascendidos de funcionarios, desde el presidente y el jefe de gabinete, hasta ministros y secretarios de diversas áreas, que delinearon la nueva estrategia. Ahora, la divisoria establecida era entre la “protesta social lícita” y la “protesta ideológica”, que, por exclusión, quedaba estigmatizada como ilícita. Una fuente oficial no identificada lo explicó así al diario Página/12: “La idea del gobierno es desarticular al piqueterismo (…) dando trabajo primero a los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar, después a los piqueteros sensatos y a los piqueteros amigos (kirchneristas), y dejar aislados a los piqueteros ideológicos. (…) Al que quede afuera porque quiera quedarse afuera, lo esperaremos con el Código Penal en la mano”[7].
Unos meses después de ese globo de ensayo, las declaraciones oficiales, aunque seguían en la línea de la “tolerancia”, anunciaban el cambio. El ministro del interior, Aníbal Fernández, aseguró que el gobierno “no va a criminalizar la protesta social, pero cuando uno se pasa de la raya hay que cumplir con lo que dice la ley”. Para la misma época, el secretario de seguridad, Alberto Iribarne, aclaró: “Cuando decimos que no vamos a criminalizar la protesta social estamos haciendo esa diferenciación: que una cosa es el delito y otra la protesta social”.
Para mediados de 2004, el riesgo de cargar con un costo político por reprimir estaba prácticamente conjurado. Desde su inauguración, el gobierno se propuso no repetir experiencias anteriores como el Puente de Corrientes, el 20 de diciembre o el 26 de junio, porque sabía que eso generaría reacciones como las que sufrieron De La Rua o Duhalde. Su discurso de “no represión”, combinado con la intensa campaña a través de voceros y aliados mediáticos que denunciaban la supuesta “inacción” del gobierno frente a la protesta social y exigían una intervención represiva, en poco más de un año, le permitió pasar a la fase siguiente.
En agosto de 2004, la Subsecretaría de Seguridad Interior, de la que dependen las fuerzas de seguridad federales, hasta ese momento dependiente del Ministerio de Justicia, regresó a la órbita del Ministerio del Interior, bajo la conducción de Aníbal Fernández[8]. Se hizo notar el agravamiento de las imputaciones hacia los manifestantes, con el uso frecuente de figuras muchas veces no excarcelables, totalmente desvinculadas de las supuestas conductas punibles y sobre la base de elementos probatorios especulativos. A lo largo del año, hubo más de medio centenar de presos políticos en todo el país, record absoluto desde 1983, imputados por delitos como coacción agravada, prepotencia ideológica o entorpecimiento de la explotación comercial de un establecimiento que impedían su excarcelación; el poder judicial intensificó la delegación de las supuestas investigaciones en las agencias policiales, que aportaban como prueba sus informes de “inteligencia” y eran miles los procesados con grave riesgo de ser condenados y encarcelados.
Estaba cumplida la misión de acumular consenso para reprimir, sin perder el rótulo ya asegurado de “gobierno de los derechos humanos”. Sobre esa base, la segunda y tercera gestión del gobierno kirchnerista avanzaron en la utilización de una serie de herramientas represivas que ningún gobierno democrático anterior usó con tanta intensidad, como las patotas oficiosas y la militarización territorial. El asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra, en el marco del ataque del grupo de choque de la Unión Ferroviaria de José Pedraza es ejemplo máximo de la primera, así como los episodios de las Heras son prueba de la segunda. La sanción, no de una, sino de siete leyes “antiterroristas”, en consonancia con las exigencias imperiales, y el incontestable incremento del gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, la tortura y las muertes en cárceles y comisarías, los fusilados en manifestaciones (21 entre 2003 y 2015) y los presos políticos que superaron todo índice desde 1983, marcaron un gobierno que se caracterizó por aplicar toda la represión necesaria, con todo el consenso posible, con el saldo objetivo de 3.070 asesinados por el gatillo fácil o en lugares de detención, y 21 fusilados en la represión a manifestaciones populares.

Macrismo: continuidades y rupturas
Con el triunfo electoral de Cambiemos, por primera vez en la historia reciente la derecha más conservadora llegó al gobierno por la vía institucional. Por primera vez, también, una misma fuerza política concentra en sus manos el poder de fuego del aparato federal (PFA, gendarmería, prefectura, PSA), más los servicios de inteligencia federales, junto al poderoso aparato bonaerense, el de la CABA, y las demás provincias, como Mendoza y Jujuy, gobernadas por sus aliados radicales.
Apoyado sobre la firme base construida en el gobierno anterior, el macrismo rápidamente mostró sus cartas. Además del perfil de los elegidos para dirigir el área[9], y de los reiterados episodios represivos contra trabajadores (Cresta Roja, estatales de La Plata, etc.), una de las primeras medidas en el ámbito de la represión fue el decreto que declaró la emergencia nacional en seguridad. Su principal consecuencia es que el poder ejecutivo nacional, y los provinciales que adhieran, pueden, sin siquiera los tibios controles y formalidades existentes, cambiar el destino de partidas presupuestarias y hacer contrataciones directas, o sea, tienen libre manejo de la caja para incrementar el poder de fuego del aparato represivo estatal frente al “delito complejo y crimen organizado”.
El decreto incluye en ese concepto varios delitos de los habitualmente usados para la persecución política, como la asociación ilícita “organizada para cometer delitos por fines políticos” (art. 210 CP) y la asociación ilícita calificada (art. 210 bis CP) y los creados por las leyes antiterroristas sancionadas en la década pasada: asociación ilícita terrorista (art. 41 quinquies CP) y financiación del terrorismo (art. 306 CP).
La “ley de derribo” de aeronaves, que naturalmente implica la ejecución sumaria de sus tripulantes y pasajeros, ha sido quizás el aspecto que más se ha comentado de la norma. No ha recibido mayor atención mediática, en cambio, que el decreto autorice a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria, con excepción de condenados o procesados por delitos de lesa humanidad y pasados a retiro por razones disciplinarias. No es menor recordar que los fusilamientos de gatillo fácil, la aplicación de torturas y otros hechos represivos en democracia no son calificados por los tribunales como “delitos de lesa humanidad”, por lo que tranquilamente cualquier represor, incluso condenado, puede ser reincorporado.
La segunda y central medida del macrismo en materia de represión fue el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, aprobado por el Consejo de Seguridad Interior reunido en Bariloche, con el consenso ampliamente mayoritario de los gobernadores provinciales. Más conocido como Protocolo Antipiquetes, el dispositivo en cuestión expresa la continuidad de un esquema legal represivo que cobró especial relevancia con las leyes antiterroristas del período kirchnerista y el frustrado intento de una norma similar en 2014, como lo pidió la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del 1° de marzo en ocasión de inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso.
El decreto establece que las movilizaciones deberán comunicarse previamente, fijando recorrido y estarán sujetas a aprobación de la autoridad, pese a lo cual, si las autoridades deciden levantarlas, se concederán entre 5 y 10 minutos para hacerlo sin el uso de la fuerza. Cualquier otra manifestación no anunciada y autorizada, será considerada espontánea y, como tal, disuelta sin ningún requisito ni intimación previa.
Se establece un cerco perimetral para el trabajo de la prensa, que implica, además de la restricción a ese trabajo, una imposibilidad concreta de filmar y revelar prácticas represivas por fuera de los registros de las mismas fuerzas. La limitación a la prensa hubiera impedido, por ejemplo, la actuación determinante del fotógrafo independiente que retrató el paso a paso criminal de la policía de Duhalde contra Darío y Maxi el 26 de junio de 2002, o el de los periodistas que filmaron el ataque de la patota de Pedraza en octubre de 2010, que costara la vida al compañero Mariano Ferreyra.
En una clara reedición del Proyecto X del anterior gobierno, se autoriza la filmación de las fuerzas represivas para ser utilizadas en sede judicial y se habilita la filmación de reuniones previas, o la identificación de los organizadores, con la excusa legal de prevenir o evitar la comisión de esos delitos como daño o corte de calles.
La unificación de la PFA y la Metropolitana, y la bendición judicial a las detenciones arbitrarias por el Tribunal Superior de Justicia de la CABA se inscriben en la misma línea.
Así, con puño de hierro, el gobierno de Cambiemos va perfeccionando sus herramientas para el control y disciplinamiento social sobre el pueblo, al tiempo que se apresta a reprimir con más dureza aún a los trabajadores organizados.
Una vez más, se pone a prueba la capacidad de lucha organizada de los trabajadores y el pueblo para lograr que sus urgencias se impongan sobre las del poder. Si esa capacidad se despliega, si la fuerza de la movilización se multiplica, no habrá protocolo ni represión que nos pueda.

(*) Militante de Izquierda Revolucionaria y CORREPI.

Notas(...)
Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/continuidades-y-rupturas-de-las-estrategias-represivas-durante-el-kirchnerismo-y-el-macrismo/