sábado, 28 de febrero de 2015

II. I. Asociemos discurso CFK (1/03/2014) con su privilegiar a Milani de modo creciente.

Fuera Milani, fuera la Side
28 de diciembre de 2014 

 Por Marcelo Ramal
La crisis política saca a la luz un Estado de “servicios”


El kirchnerismo ha concluido 2014 con una velada crisis de gabinete, en torno de la crucial cuestión de los aparatos de represión e inteligencia que él mismo prohijó a lo largo de una década. No es un secreto que la destitución de los jefes de la ex Side fueron la reacción oficial a la filtración de datos sobre las corruptelas K, desde los “servicios” hacia la justicia. Sin ir más lejos, la mayor de esas denuncias -la operación de lavado de dinero entre Lázaro Báez y los K- habría sido provista a los jueces desde las usinas de los “servicios” oficiales. El kirchnerismo montó un férreo sistema de espionaje y delación, que se expresó en el Proyecto X y otras operaciones de fisgoneo sobre el movimiento popular. Hace rato, sin embargo, que estos “servicios” iniciaron su pasaje al poskirchnerismo y a la oposición política, agregando otro episodio a la disgregación oficial. Pero la activación de denuncias en los estrados revela una cuestión de mayor alcance: el sistema judicial es una criatura de los “servicios”. La infiltración es mucho más vasta: por caso, un histórico de la Side, Darío Richarte, vicerrector de la UBA que cogobiernan los K con las camarillas radicales, es también el abogado de Boudou y, según algunos, propietario en las sombras de los medios del grupo Szpolski. La crisis de estos días, en definitiva, pone de manifiesto el carácter conspirativo de la llamada “democracia argentina”, movida en las sombras por elementos ligados a camarillas capitalistas y a los servicios de inteligencia internacionales. 


Massa, Macri 

Por eso mismo, la responsabilidad en el “régimen de servicios” se extiende a la oposición. Se ha revelado que uno de los capos del espionaje, Francisco Larcher, fue expulsado por Cristina a raíz de su afinidad política con Massa. Un columnista de La Nación ha señalado que “es sorprendente que Massa no desmienta que su frente, denominado “renovador” incluye una parte del aparato estatal de inteligencia” (22/12). 

En todos estos años, las tareas de los servicios kirchneristas se desplegaron ante la completa impotencia del Congreso y, en particular, de su “bicameral de control de las actividades de inteligencia”. Las razones de esta inoperancia deben encontrarse en la complicidad de todas las fracciones opositoras. El mismo columnista señala que los “servicios” lograron la complacencia del PRO cuando, a cambio de la postulación de una diputada macrista ligada al espía Larcher en esa bicameral, le prometieron a Macri que “iban a aliviar su situación en la causa por espionaje clandestino del espía Ciro James” (ídem). Está muy claro que, a cambio de esta complacencia PRO, el kirchnerismo bajó los decibeles en el escándalo de Fino Palacios y los espías porteños, que debió haber terminado con la destitución de Mauricio Macri. 


Milani 

En este cuadro, la crisis intentó cerrarse con dos movidas que retratan la catadura de los “nacionales y populares”. Por un lado, Cristina colocó como jefe de gabinete de facto a Aníbal Fernández, un histórico provocador contra el movimiento popular. Del otro, ha reforzado las atribuciones del Ejército y del represor César Milani como jefe del espionaje interior. Esta decisión, sin embargo, ha llevado a la crisis a un plano superior, pues Milani acaba de ser citado a indagatoria en la causa que lo responsabiliza por la desaparición del conscripto Ledo. Nora Cortiñas, por su parte, ha reclamado que se lo investigue por el secuestro de su propio hijo. La designación de Milani -un hombre de la inteligencia militar- al frente del Ejército, delató la intención oficial de devolverle a las fuerzas armadas un protagonismo inédito en los últimos treinta años, con vistas a trasladarle a las masas el fardo de la crisis. Por eso mismo, una caída de Milani implicaría una victoria contra esa orientación represiva. Con esa comprensión, nuestros diputados presentaron muy tempranamente una iniciativa en el Congreso (ver recuadro). Ahora, la crisis abierta replantea con fuerza esta lucha, que debemos unir a la denuncia de todo el carácter conspirativo del Estado y de sus “servicios”. Señalamos la complicidad de los opositores tradicionales, que han gobernado y gobiernan con los espías, y llamamos a redoblar la movilización independiente para que se vaya Milani; por la apertura de todos los archivos de inteligencia y la disolución de los organismos de espionaje y delación del Estado. 

Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/469/politicas/fuera-milani-fuera-la-side

I. Asociemos discurso CFK (1/03/2014) con su privilegiar a Milani de modo creciente.

PRESUPUESTO 2015
Cesar Milani: El Gobierno invierte en espionaje
9 de octubre de 2014

El proyecto de presupuesto para el año próximo que el oficialismo elevó para ser tratado y votado en Diputados tiene pautado un fuerte aumento para el área de Inteligencia del Ejército. El dinero destinado a espionaje será de $ 568,5 millones, un 31,8% más que este año. César Milani, hombre fuerte del gobierno, especialista en esta área, parece tener así un nuevo espaldarazo.

La fuerza que dirige Milani recibe este aumento, mayor que el de otras áreas. Por caso, y para tomar como parámetro las áreas que se dedican a inteligencia y espionaje, la Secretaría de Inteligencia (ex Side) tendrá un crecimiento presupuestario del 16%.
La distribución de los $ 836,9 millones destinados al aparato de inteligencia militar será realizada en 2015 de la siguiente manera: $ 568,5 millones para el Ejército; $ 123 millones para la Armada, y $ 104 millones para la Fuerza Aérea. El Ministerio de Defensa se reservará para su servicio de inteligencia $ 40,7 millones, según informó La Nación.
Ni el estado ni la justicia han hecho lugar a los reclamos de los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas como la del ex conscripto Ledo que tienen fundadas sospechas para solicitar que se impute a Milani y se investiguen las denuncias. Por el contrario, la señal es de absoluto respaldo para el militar e irritante para el movimiento de derechos humanos que no está comprometido con el gobierno.
Este aumento para las tareas de inteligencia del Ejército se da en el marco de una serie de denuncias alrededor del sobreseimiento de personajes como Gerardo Martínez sobre quien se ha demostrado a través de las listas entregadas por el propio gobierno, que revistió durante la dictadura, en el Batallón 601, es decir: era un buchón destinado a marcar trabajadores.
Se da también mientras las denuncias de infiltración en las manifestaciones de la Panamericana, que se denunciaron y fueron conocidas mundialmente a través de la actuación del llamado “gendarme carancho” y de la destitución luego del escándalo provocado, del Coronel Galeano, “el canoso de barba”, exjefe de Inteligencia del Cuerpo de Ejército de Córdoba, que se infiltraba en las movilizaciones de los obreros de Lear.
El aumento para tareas de Inteligencia del Ejército se da el marco, por si fuera poco, de la presentación del proyecto de ley por parte del diputado del PTS en el FIT Nicolás del Caño, acompañado por Myriam Bregman, abogada del CeProDH, que establece que se derogue el Decreto Ley 9.021/63 que instituye el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina y su decreto reglamentario 2.322/67. Es decir un proyecto que va claramente en contra de toda actividad paraestatal de informaciones y de inteligencia como es la de este Cuerpo especial de la Federal. De allí salió nada menos que el espía infiltrado en la Agencia Rodolfo Walsh, Américo Balbuena.
Esta ayudita a Milani no deja tranquilo a ninguno de los sectores que vienen denunciándolo ni a quienes rechazamos el espionaje como método para perseguir y armar causas penales, vale el famoso Proyecto X como botón de muestra.
Las tareas de inteligencia, a manos de fuerzas armadas o de seguridad, destinadas a espiar a los luchadores, movimientos sociales, estudiantiles y de trabajadores deben ser abolidas de inmediato.
“Como ya lo es de la comisión interna de Kraft, Pepsico y otros sectores combativos de los trabajadores, esta lucha (por desmantelar los aparatos de inteligencia contra los que luchan NdE) debe ser bandera de todo el movimiento obrero, popular y estudiantil que lucha o va a luchar por sus derechos” señaló Myriam Bregman en diálogo con La Izquierda Diario.


II. Recordemos el discurso de CFK(1-03-14) e implicancias para ver qué democracia impulsa .La Presidenta dio la orden de legislar para "reglamentar” (es decir, prohibir) las movilizaciones y protestas callejeras".

BASTA DE REPRESIÓN,

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA, NI AJUSTE-NI REPRESIÓN

24 de Julio de 2014
(AW) Una multitud marchó hoy a Plaza de Mayo, denunciando la represión a todas las luchas sociales.  Como mecanismo evidente para imponer el sistemático plan de ajuste que pesa sobre todo el pueblo y frenar la resistencia y organización obrera anti burocrática, que cambie el rol de sumisión a los designios patronales; de suspensiones, despidos hambre y exclusión y muerte.

Tatsa Emfer, Paty, Gestamp.Lear, Calsa, Multisectorial del Chaco, Jujuy, Salta,… y sus consecuencias de persecución y judicialización que mantiene presos a decenas de luchadores,
Presos de ATE de Santa Cruz, Corral e Bustos, Esteche y E Boli Lescano,  la condena ejemplificadora de los petroleros de Las Heras, las desapariciones y muertes de nuestros pibes, como el asesinato  de nuestros compañeros en lucha-

La represión sistemática también a los que se oponen a este modelo extractivo de muerte y despojo, Chevron, Monsanto, Las mineras, el desmonte,
El robo persecución, abandono y asesinatos de nuestros hermanos originarios  y el despojo de sus tierras y dignidad.

Repudiaron la hipocresía de continuar con las relaciones comerciales con El  estado de Israel, que con sus aliados imperiales continua avanzando sobre la sangre yla vida de un pueblo desbastado y que hoy vive  y resiste un holocausto, el heroico pueblo Palestino-

El acto cerro con la consigna de reencontrarnos en las calles y en cada lucha, de los que están tomando el presente en sus manos, y se organizan  con sus banderas de futuro y dignidad para  todos.

Transcribimos el documento leído en el acto, consensuado por cientos de organizaciones pertenecientes al Encuentro MVJ-


24 de julio de 2014
Documento Encuentro Memoria Verdad y Justicia

Compañeras y compañeros
Hoy levantamos esta tribuna en la Plaza de Mayo para denunciar la represión a las luchas obreras y populares que recorren el país por parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de variado signo político.
Las organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, gremiales y estudiantiles reunidas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocamos a esta jornada nacional contra la represión y la criminalización de la protesta y en defensa de los trabajadores que resisten los despidos y suspensiones, que luchan en defensa  de sus salarios y contra la confiscación que implica el mal llamado impuesto a las ganancias; de los pueblos originarios y de los campesinos que enfrentan el despojo de sus tierras a manos de los monopolios agrícolas; de los que luchan por tierra y vivienda; de los pueblos que denuncian el envenenamiento a manos de Monsanto, el frackingy la megaminería contaminante; de los trabajadores petroleros que sufren la persecución de gobernadores, intendentes, jueces y policías que actúan a cuenta de las  multinacionales saqueadoras de los recursos del país.
A medida que se profundiza el ajuste y la entrega, el gobierno avanza en la criminalización de la protesta y de las luchas sociales  para acallar la creciente respuesta obrera y popular a sus políticas..

En las últimas semanas, hemos asistido a la militarización de los conflictos obreros.El gobierno responde a la lucha de los trabajadores enviando a la Policía Federal y la Gendarmería al mando de Sergio Berni. Es lo que ha ocurrido recientemente en Lear y en Emfer-TATSA y, poco antes, en Gestamp, Paty y Kromberg. Este gobierno-que se dice nacional y popular- pone las fuerzas represivas al servicio de empresas imperialistas y de vaciadores ferroviarios como los hermanos Cirigliano.Pretende de ese modo darles a las patronales la señal de que podrán despedir ysuspender a discreción, sin que sus ganancias ni derechos de propiedad vayan a ser afectados. En EMFER los trabajadores fueron procesados por haber denunciado la responsabilidad de la patronal en la masacre de Once. La multinacional LEAR incumple toda la legislación laboral argentina con la complicidad de Ministerio de Trabajo. En ambos casos la política del gobierno nacional ha sido la de  amparar a la patronal y reprimir la  resistencia de los trabajadores. Las patotas de la burocracia sindical complementan la fuerza de choque del gobierno contra el  movimiento obrero.Pignanelli–al igual que José Pedraza y que el buchón de la dictadura militar Gerardo Martínez- actúan como una pata más del Estado  contra la iniciativa y la lucha de los trabajadores. La semana pasada la burocracia del SMATA, con la complicidad de la patronal y bajo amenaza de despido, realizó un verdadero secuestro de los trabajadores de la planta de LEAR. Los trabajadores,  fueron trasladados a la Sede Central del SMATA, dónde se fraguó una asamblea con la presencia del Ministerio de Trabajo para conseguir la destitución de la actual Comisión Interna.

En materia represiva  los gobiernos provinciales no se quedan atrás. El gobierno de Bacileff, en el Chaco, ha impuesto un estado policial que tuvo su máxima expresión el 4 de junio, en la feroz represión  contra los pueblos originarios, los trabajadores estatales, de la salud, los docentes y los desocupados que se movilizaron desde distintos puntos de la provincia a la ciudad de Resistencia por sus reclamos y  que culminó en una cacería de manifestantes y en una persecución a dirigentes que continua hasta hoy. Del mismo modo actuó De la Sota contra quienes se oponían a la sanción de la ley Monsanto. Gravísimas represiones se vivieron también durante los últimos meses en Jujuy, Santiago del Estero y Misiones. El 16 de julio fueron reprimidos y atacados con balas de goma campesinos y pequeños productores de las quintas cercanas a La Plata. Todos estos atropellos fueron acompañados, además, por ataques, amenazas de desafuero y pedidos de sanción contra los diputados de la izquierda, como los que aun sufren los legisladores Cintia Frencia en Córdoba y Claudio del Pla en Salta y de dirigentes políticos y sindicales en diferentes lugares del país. Se trata de una variante de represión política contra los que luchan.
 En la Ciudad de Buenos Aires, Macri utilizó la Metropolitana contra los pacientes, los trabajadores y vecinos en el Borda donde fueron procesados compañeros que sufrieron la salvaje represión macrista.  El jefe de gobierno porteño debería estar preso por organizar una red de espionaje contra los trabajadores.  Hace unos días fueron absueltos los policías procesados por la represión en el Indoamericano mientras siguen procesados los dirigentes sociales del lugar. Las policías municipales de Scioli reforzarán la trama de corrupción y gatillo fácil en la que conviven con la Bonaerense los intendentes y punteros. El Secretario de Seguridad de la Provincia Granados ha incorporado recientemente a los policías apartados de la policía bonaerense por el secuestro de Luciano Arruga.

El gobierno pretende que la crisis recaiga sobre las espaldas de los trabajadores mientras todos estos años subsidió y sostuvo las ganancias de las grandes empresas privatizadas, las multinacionales y la banca.

Durante una década, los Kirchner pagaron religiosamente a los buitres financieros y al FMI en base al sacrificio de los jubilados, a la precarización laboral de los jóvenes y a la consolidación de altísimos niveles de pobreza y miseria de nuestro pueblo. Diez años después, la deuda externa se ha duplicado. El gobierno se sometió al  Banco Mundial, a Repsol y al Club de París.Hoy van en el mismo camino ante los buitres que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y de 2010. De concretarse esta nueva entrega que cuenta con la complicidad de gran parte de la oposición, implicará más inflación, más tarifazos , más ajuste contra el pueblo.

El reforzamiento de la legislación represiva que el Frente para la Victoria pretende acordar en el Congreso tiene la mirada puesta en la conflictividad social suscitada por la entrega y el ajuste.

El bloque oficialista avanza en comprometer políticamente al PRO, al Frente Renovador de Massa y a  gran parte del radicalismo, opositores que son cómplices en la entrega y la represión, para sancionar la llamada ley anti piquetes. En sentido contrario, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ha impulsado un proyecto de ley Contra la Criminalización de la Protesta que plantea la extinción de toda acción penal y de toda condena que tengan su raíz en protestas sociales. Exigimos su aprobación inmediata, por los más de cinco mil luchadores procesados que hay en el país, por los compañeros condenados y por los trabajadores y militantes presos por luchar,por Fernando Esteche y Raul "Boli" Lescano, por los municipales de Río Gallegos presos y los compañeros de Las Heras condenados,por los compañeros de Corral de Bustos. Asimismo, repudiamos el chantaje de la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, que pretende canjear la aprobación de una ley represiva por una amnistía fraudulenta.

Desde esta plaza,reivindicamos la lucha de nuestro pueblo en defensa de sus derechos, y reivindicamos el piquete como un método histórico de las clases explotadas,desde los inicios del movimiento obrero argentino, que fue ratificado a una escala monumental por el movimiento de desocupados que enfrentó a Menem y De la Rúa; que fue adoptado por los pobladores de Gualeguaychú y Fray Bentos contra la instalación de las pasteras sobre el río Uruguay, por Famatina, Andalgalá y todos los pueblos que enfrentaron a la Barrick y demás empresas imperialistas de la megaminería contaminante, por los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires contra los cortes de luz durante el verano pasado, entre centenares de ejemplos protagonizados por trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes y pueblos enteros.

La política represiva del gobierno avanza en una escalada sostenida. Primero, cuando se llenaba la boca hablando de los derechos humanos y de una supuesta seguridad democrática que nunca existió, tercerizaba la represión a través de las patotas sindicales.Luego, su bloque legislativo aprobó la llamada ley antiterrorista reclamada por el imperialismo, dotándose de nuevas herramientas legales para atacar las luchas sociales. El Proyecto X,  el nombramiento de Berni  y del genocida César Milani al frente del Ejército para hacer intervenir a las fuerzas armadas en la represión interior, representaron un nuevo salto. El apoyo de la Presidenta a la sentencia a prisión perpetua de los trabajadores de Las Heras –sometidos a un juicio infame y condenados por un crimen que no cometieron- y su reclamo al Congreso de la sanción de la ley contra los piquetes y luchas durante su discurso del 1 de marzo fueron la ratificación de ese curso represivo.

Mientras se criminalizan las luchas, el gobierno hizo aprobar una ley de irresponsabilidad del Estado que consagra la impunidad de sus funcionarios, acosados por denuncias de corrupción, malversación de fondos y complicidad con fraudes varios, incluido el vaciamiento que condujo a la masacre de Once.

La represión, la judicialización de la protesta, la intimidación pública, la acción ilegal de los funcionarios del Ministerio de Trabajo contra los delegados combativos y la campaña mediática para estigmatizar las movilizaciones populares buscan, en definitiva, acallar la respuesta de los trabajadores al ajuste y bloquear su organización independiente.
Las huelgas docentes que recorrieron el país, el paro nacional del 10 de abril, las luchas obreras y populares en curso como LEAR y EMFER demuestran la disposición de lucha de nuestro pueblo para enfrentar la política de ajuste.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia hoy estamos aquí, al igual que  los compañeros que en las distintas provincias se están manifestando en esta Jornada Nacional Contra la Criminalización de la Protesta, levantando esta tribuna unitaria para defender el derecho a luchar contra la explotación, la opresión y la entrega. Por eso, reafirmamos:
¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA!
¡NI AJUSTE NI ENTREGA!
¡POR EL TRIUNFO DE TODAS LAS LUCHAS OBRERAS Y POPULARES!
¡BASTA DE REPRESIÓN!

Fuente: https://www.facebook.com/notes/rodolfo-jorge-walsh/basta-de-represi%C3%B3n-no-a-la-criminalizaci%C3%B3n-de-la-protesta-ni-ajuste-ni-represi%C3%B3n/698423180195164

I. Recordemos el discurso de CFK(1-03-14) e implicancias para ver qué democracia impulsa .La Presidenta dio la orden de legislar para "reglamentar” (es decir, prohibir) las movilizaciones y protestas callejeras".

Proyecto Conti: 
Una ley para legitimar la represión

"El primer proyecto de ley con que el Frente para la Victoria obedeció la orden recibida de su jefa, la presidenta Kirchner, en el discurso del 1º de marzo de este año, de legislar para “reglamentar” (es decir, prohibir) las movilizaciones y protestas callejeras, generó un repudio tan amplio que hasta sectores oficialistas se plegaron a criticarla (...) En su reemplazo apareció el promovido por la diputada ultra kirchnerista Diana Conti (...) Se trata, simple y brutalmente, de la prohibición explícita de cualquier protesta". 

Por CORREPI, para ANRed.
Era demasiado burdo, aun para el kirchnerismo, promover un texto que contenía cláusulas copiadas de un decreto de Pinochet, y que utilizaba categorías tan expresamente represivas como “protesta legítima” y “protesta ilegítima”.

En su reemplazo apareció el promovido por la diputada ultra kirchnerista Diana Conti, que en escasos seis artículos, más el que invita a los gobernadores a adherirse y el de forma, crea una “Comisión de Mediación” dentro del ministerio de Justicia y DDHH, que deberá intervenir de inmediato ante cualquier protesta con “exteriorizaciones que afecten a terceros ajenos al conflicto”, lo que incluye absolutamente todo acto de repudio o reclamo.

El procedimiento previsto deja bien claro que se trata, simple y brutalmente, de la prohibición explícita de cualquier protesta. Ante una “reunión de personas que peticionan o se expresan sin ejercer violencia, ni utilizando armas”, la“autoridad competente” (eufemismo que siempre remite a las fuerzas de seguridad) deberá intimar al cese y llamar a la Comisión.
Así, en primer lugar, aunque no se hable expresamente de “manifestaciones legítimas o ilegítimas”, se consolida de hecho la distinción, y se autoriza la inmediata represión, sin mediación ni intimación alguna, sobre las “reuniones de personas” que, a criterio de esa “autoridad competente”, ejerzan violencia o utilicen armas. Ya sabemos cuál es el concepto de “violencia” y de“armas” que aplican los funcionarios estatales (de policías a jueces, de gendarmes a fiscales) cuando el que está del otro lado es un trabajador organizado.
Mil veces hemos defendido en causas penales compañeros imputados como“violentos” porque alguno tenía el rostro cubierto, o porque se calificó como“elemento contundente” una caña de una bandera. Ni hablar si hay cordones de seguridad, bastones de autodefensa o si se ingresa a un edificio público. La semana pasada, sin ir más lejos, una radio abierta frente a la Cámara Criminal, organizada por CORREPI, la RNMA y ENECA, fue calificada a viva voz como“acto violento” por la presidenta de la Sala V, porque se escuchaba desde dentro del edificio.
La tarea de la Comisión es la de “canalizar las pretensiones o reclamos de un modo en que no afecten los derechos de terceros”, lo que claramente se traduce en la desactivación de la protesta, para sustituirla por alguna instancia puertas adentro (elevación de petitorios, reuniones, mesas de diálogo, etc.), es decir, todo lo que precede habitualmente cualquier reclamo que llega a la calle.

Terminada la mediación, si la protesta se mantiene, las fuerzas de seguridad tienen vía libre para intervenir y hacerla cesar, lo que también se dice tratando que no se note tanto: “si [la mediación] no tiene éxito, se hará una intimación ordenando el cese de las acciones que afectan derechos de terceros, y sólo si la orden no es obedecida se podrá hacer uso de la fuerza pública para hacer cesar la comisión de los delitos.
La formulación “derechos de terceros” incluye, naturalmente, lo que sea necesario para justificar la intervención represiva. Podrá ser cualquier cosa, desde el“derecho de circular” si hay una calle cortada, hasta el de dormir la siesta sin ruidos en la vereda.
El artículo 6º es el que contiene la zanahoria envenenada para que algún distraído crea que su sanción pudiera ser útil a los trabajadores.
“Se declara la amnistía de todas las personas incursas en delitos cometidos en el marco de protestas, movilizaciones y reivindicaciones sociales, gremiales y políticas, producidas a partir del 10 de diciembre del año 2001 y hasta la sanción de la presente ley. Se excluyen los delitos de homicidio, lesiones graves y cualquier otro que implique el ejercicio directo de violencia física sobre las personas”.
Prácticamente ningún compañero, de los más de 5.000 que hoy enfrentan causas penales como consecuencia de movilizaciones o protestas, podrá ser beneficiado con la anunciada amnistía. No hace falta detenernos en los petroleros de Las Heras, condenados por homicidio calificado y coacción agravada, que quedan claramente excluidos. La figura penal más liviana, y la más usada cuando hay detenciones en una movilización, es el “atentado o resistencia a la autoridad”, casi siempre combinado con daño y lesiones, lo que hace años llamamos “combo manifestación”. Ni hablar del resto del menú habitual de imputaciones en causas contra la militancia.
Salvo algún caso muy excepcional en el que sólo se acuse por la obstrucción o interrupción del tránsito (que, en el ámbito de la CABA, se canaliza más frecuentemente ante la justicia penal o contravencional de la ciudad, a la que no alcanza este proyecto), no habrá cierre de ninguna causa.
La pretendida “amnistía” no cambiará la situación de los compañeros condenados y presos, como los de Corral de Bustos o Esteche y Lezcano, ni de los que esperan su juicio, como los de los saqueos de Bariloche, los que defendieron la Sala Alberdi o los vecinos indignados que arremeten contra una comisaría después de un fusilamiento o una muerte en la tortura.

Mientras el texto del proyecto intenta disimular su verdadero objetivo, en la exposición de motivos la diputada oficialista los confiesa. Allí habla de la necesidad de “reglamentar las protestas sociales para la mejor convivencia” (o sea, la mejor conveniencia de los gobiernos) y pontifica que “el Estado debe preferir en tanto sea posible, la utilización de todos sus elementos de gestión, de prevención, de disuasión, atención y solución de conflictos, antes de recurrir a la represión y al castigo penal”. El objetivo expresado es “solucionar un problema real y acuciante de la Argentina actual... gestionando con criterio democrático los conflictos sociales”.
El “problema real y acuciante” no son los despidos y suspensiones, los salarios caídos, la inflación ni ninguno de los que aquejan al pueblo trabajador. El “problema real y acuciante” del gobierno es disponer de más y mejores herramientas para reprimir, como siempre en democracia, con todo el consenso posible.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article8137

viernes, 27 de febrero de 2015

"Marchamos, todas las familias que somos víctimas de hechos de impunidad, todos los conjuntos y colectivos sociales que demandamos que se termine esta violación sistemática de los derechos humanos”.

Alberto Lebbos: “Queremos se declare la emergencia en derechos humanos en todo el país”
26 de febrero de 2015


Hoy se cumplen 9 años de la desaparición de Paulina, quien fue hallada asesinada pocos días después. Desde entonces, su padre organiza una Jornada Anual de Lucha Contra la Impunidad en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, en la que se convocan también familiares de víctimas de todo el país, además de organizaciones sociales y políticas. Horas antes de esta nueva movilización, La Retaguardia dialogó con Alberto Lebbos sobre la participación de importantes funcionarios judiciales en el encubrimiento del crimen de Paulina y la impunidad que rodea el caso. 

Por La Retaguardia.

 “Con toda la adrenalina, la energía, la expectativa, esperando a los queridos amigos que van a llegar de todo el país a sumarse a la 9º jornada anual de lucha contra la impunidad en Tucumán, que es un reclamo para que se termine con la impunidad, no solo para el caso de Paulina, sino por todas las causas de Tucumán y del país”, afirmó Alberto Lebbos en diálogo con La Retaguardia, en la previa a la marcha que anualmente organiza para esta fecha en Tucumán y para la que espera la llegada de familiares y compañeros de distintas provincias: “van a venir de La Rioja, Santiago del Estero, viene María Luján Rey que es una figura emblemática de esos luchadores, de los familiares del estrago doloso, porque a mí no me gusta decirle tragedia, es un delito grave que se ha cometido en Once; vienen familiares de Santiago del Estero, son muchísimos de todo el país; inundados de La Plata, de Santa Fe, de Córdoba, Salta, Rosario, también Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Todo un conglomerado de luchadores sociales que nos acompañan y que nos venimos acompañando conjuntamente porque nosotros también vamos allá, vienen los queridos amigos, familiares de Cromañón, y los que no pueden venir porque muchas veces resulta caro, costoso, por razones laborales, nosotros sentimos que nos están acompañando. Sabemos que se van a hacer marchas también en muchos lugares del país. Es un día de gran lucha contra la impunidad”, agregó.

Para esta movilización vienen trabajando desde tres meses, pero además Lebbos recordó que junto a la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán, que integra, marchan todos los martes desde hace nueve años: “es un trabajo que nosotros, como no queremos ni premios ni plata de nadie, lo hacemos absolutamente a pulmón con toda la energía de las familias, los amigos, de los partidos políticos que están comprometidos con las luchas populares. Gracias a dios existen estos partidos que son de izquierda y realmente lo están demostrando con el valor que tienen, y las organizaciones sociales y de luchas populares que nos acompañan siempre. Es más fácil, se torna más llevadero y además más placentero luchar junto a tan corajudos compañeros por causas tan justas”. 
A su vez, Lebbos contó que la Federación Argentina de Colegios de Abogados ha instituido el 26 de febrero como Día Nacional de Lucha en Contra de la Impunidad en Democracia. “Es un colectivo amplio de luchadores sociales y de representantes institucionales y del pueblo que se suman a esta jornada donde queremos visibilizar con mucha potencia esta realidad triste que nos toca vivir que es la impunidad, y exigir el cumplimiento del lema de esta jornada que es que se declare la emergencia en derechos humanos, inmediatamente, en todo el país. Es una decisión que ha tomado una audiencia pública que hemos hecho en Tucumán en julio con representantes de todo el país también, escuchando lo que ocurre en cada rincón de la Argentina.

Nosotros consideramos que más que la ley antiterrorista, más que agencias de inteligencia, aquí lo que hay que declarar inmediatamente es la emergencia en derechos humanos, que están siendo violentados brutalmente por un Estado que de lo único que se preocupa es de sus negocios privados y no de lo que le pasa al pueblo argentino, y me refiero no sólo a los hechos de homicidios o de delitos en contra de la persona, sino de lo que le pasa a los jubilados, a los desocupados, a los pobres, al medio ambiente, los problemas de salud; en Tucumán hay sectores que están absolutamente inundados y hay otros sectores que no tienen agua, que se la tienen que llevar en carreta en pleno siglo XXI como si viviéramos en la edad media. Todos son avasallamientos a los derechos humanos donde los responsables de esta situación son quienes gobiernan”, aseveró Lebbos a La Retaguardia.

Pasan los años, se suman responsables
Paulina Alejandra Lebbos tenía 24 años cuando fue vista con vida por última vez. Era la madrugada del 26 de febrero de 2006, había ido a bailar y luego había llevado a una amiga a su casa en un remís para posteriormente dirigirse a lo de su novio. Tenía un hijo de cinco años y estudiaba la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Tucumán. Su cuerpo fue hallado a la vera de la ruta a unos 30 kilómetros de la capital provincial el 11 de marzo. Desde entonces el encubrimiento y la impunidad rodean el caso.
La última vez que La Retaguardia entrevistó a Alberto Lebbos fue en junio del año pasado. En ese momento, el fiscal a cargo de la causa, Diego López Ávila, había pedido cotejar el ADN de Gabriel, uno de los hijos del gobernador José Alperovich. Sin embargo, el estudio no pudo realizarse: “las muestras estaban absolutamente destruidas a propósito porque eso formó parte de las maniobras de encubrimiento que cometieron los lacayos del gobernador Alperovich y de su esposa Beatriz Rojkés, del ministro de Seguridad, secretario de Seguridad, jefe de Policía, fiscal (Carlos) Albaca, todos se han confabulado para armar una red mafiosa de encubrimiento y las pruebas estaban degradadas, destruidas así que no se pudieron hacer los cotejos como corresponde. Después de más de siete años todo se ha hecho a propósito para proteger a los asesinos de Paulina. Pero que no haya pruebas porque las han destruido no quiere decir que sean inocentes, ya se ha pedido que se eleve la causa a juicio oral en contra de los encubridores que son el secretario de Seguridad de la provincia, jefe y sub jefe de policía, esto tiene una gravedad institucional terrible, porque no estoy hablando de un funcionario cuatro de copas, es gente que está protegida por el gobernador Alperovich y que han hecho todas estas maniobras a sabiendas de él”, afirmó Lebbos.
El padre de Paulina denunció penalmente todo esto el 20 de abril de 2006, apenas dos meses después de la desaparición de su hija: “también hice entrar un expediente en Casa de Gobierno para que Alperovich conozca esta situación, pero el gobernador los sostuvo en sus cargos a todos, los ascendió, los protegió, porque, claro, obedecían sus órdenes para destruir las pruebas y para que no se sepa la verdad de lo que ocurrió con Paulina. No hay que olvidarse que Alperovich también dijo que ya sabía el nombre del asesino, que faltaban pocas horas para que lo atrapen y hasta ahora estamos esperando que diga el nombre”.
Siguen pasando los años y pareciera ser que en vez de encontrar justicia para Paulina se sumarán más responsables, ahora del encubrimiento. “Pero se va destruyendo esa muralla que ellos pretendían que iba a ser inexpugnable –advirtió Lebbos–, va cayendo ese muro de impunidad y esta gente, irá a juicio oral, yo espero que entonces digan la verdad y digan a quién estaban encubriendo porque sino se confabulan los tres poderes del Estado, porque los legisladores oficialistas de Tucumán también le han dado un blindaje de impunidad a los fiscales, al jefe de los fiscales, que no le han querido hacer juicio político. Ojo que a mí no me gusta atacar al Estado, pero son delincuentes disfrazados de legisladores, de secretarios de Seguridad, de fiscales, y de gobernadores, esa es la triste realidad. Espero que digan a quién protegían porque se van a comer 20 años de cárcel, nosotros vamos a hacer que les den la máxima pena que es 20 años de cárcel. Ellos han sido altos funcionarios del gobierno y ya está comprobado que han sido partícipes directos de las maniobras de encubrimiento”.

Marchar a viva voz
Al ser consultado sobre la realización de la llamada Marcha del Silencio el pasado 18 de febrero, convocada por un grupo de fiscales, Lebbos fue contundente: “a mí me parece de terror que los causantes de los problemas convoquen, nunca van a ser los responsables de la solución. Yo no creo en marchas asépticas, ni en marchas del silencio, nosotros vamos a marchar como lo hacemos siempre a viva voz, con firmeza, exigiendo justicia, que se termine la impunidad de los tres poderes del Estado, marchamos bien identificados porque queremos saber muy bien quiénes nos acompañan. Lo que pasa es que acá se ha producido ya un desastre total, qué nos queda al pueblo si vemos que los fiscales marcharon, porque si ellos quieren realmente honrar a la justicia que metan presos y procesen a todos los que se roban el patrimonio del pueblo. Acá tenemos al ministro de Salud de la Nación (Juan Manzur, que justo este 26 de febrero fue reemplazado en su cargo seguramente para entrar en campaña electoral), candidato a gobernador de Tucumán, uno de los multimillonarios que hay en el país y que hace 20 años que lo único que hace es trabajar en el Estado y ha acumulado una fortuna incalculable, y resulta que está investigado por enriquecimiento ilícito y los jueces o fiscales, nadie se anima a procesarlo, a que haya un proceso como corresponde, entonces lo que estamos pidiendo nosotros es que realmente cada uno cumpla con su función como corresponde, que los fiscales investiguen, que los jueces condenen y que no haya coronita, acá hay un montón de funcionarios públicos en Tucumán que están acusados de enriquecimiento ilícito y no avanza ninguna causa”.
En este sentido, Lebbos remarcó: “Hay participación directa de punteros políticos, de políticos, en todos estos delitos que denunciamos, entonces nosotros queremos que se termine eso. Nosotros marchamos, todas las familias que somos víctimas de hechos de impunidad, todos los conjuntos y colectivos sociales que demandamos que se termine esta violación sistemática de los derechos humanos”.

La convocatoria es para hoy 26 de febrero, a partir de las 20, en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán. Marchas similares se harán en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires será en la Casa de la provincia de Tucumán, ubicada en Suipacha 844.


Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article9387

“Estábamos luchando para mantener el Acuífero Guaraní libre de contaminación, por el derecho al agua, que no es solamente para nosotros, es para todos, para los que vivimos hoy, para los que van a venir en el futuro".

27 de febrero de 2015
Lo resolvió el 19 de febrero pasado el Juez Federal Pablo Sero, por el delito penal de “Entorpecimiento del normal funcionamiento del Transporte Terrestre”. Se trata de Horacio Miguel De Carli, Facundo Scattone Moulins, Bernardo Zalisñak, Francisco Domingo Larocca y Cesar Arístides Pibernus que en agosto pasado ayudaron a desviar a la banquina, en Concordia, a cuatro camiones que transportaban equipos para exploración sísmica con el objetivo de localizar yacimientos de petróleo bajo el Acuífero Guaraní en la zona de Salto y Piedra Sola de la República Oriental del Uruguay. En la emisión de Enredando las Mañanas del martes 24 de febrero dialogamos con Francisco Larocca, quien recordó lo sucedido el año pasado y detalló cómo continúa el proceso en su contra.

Por RNMA
“Nosotros estamos en la lucha contra el fracking, que es la extracción de combustible por métodos no convencionales, que significa hacer perforaciones e inyectar productos químicos y hacer explosionar la piedra que se encuentra en los suelos de nuestra zona para poder extraer la energía no convencional, alternativa. Ese día venían desde el sur camiones que provenían de Vaca Muerta y que estaban destinados a hacer vibraciones y empezar así la posibilidad de explotación vía fracking en la zona de la República Oriental del Uruguay, la zona de Salto. Todos nosotros, inclusive Salto, vivimos en la zona del Acuífero Guaraní, que es la mayor reserva de agua dulce del mundo, y nosotros vivimos de esa agua que bebemos diariamente. Entonces vemos con profunda preocupación que en esta zona se empiece a explorar el subsuelo con el método de fracking con un alto riesgo de contaminación del Acuífero e incluso del agua del Río Uruguay. Entonces cuando venían los camiones se hacían algunas manifestaciones, y ese día estaban los compañeros al costado de la ruta repartiendo volantes, folletos, concientizando sobre esta situación y pidiendo el no paso de esos camiones a Uruguay, ellos pararon sobre la banquina e hicimos una asamblea y estuvimos casi más de un día con ellos, deliberando, hasta que una noche vino la Gendarmería Nacional”, explicó Francisco Larocca a Enredando las Mañanas.
“Nos reprimieron sin ninguna orden de juez, nos pidieron que desalojemos la banquina, de hecho nosotros estábamos en una forma legal porque uno puede estar al costado de la banquina, justamente la banquina de un ruta es para estacionar, estar detenido, y la Gendarmería nos reprimió igual. A mí me dieron varios golpes en la cabeza y nos detuvieron de forma irregular en la sede de Gendarmería de Concordia, después nos pasaron al juzgado de Concepción del Uruguay donde el juez Sero, después de un trámite con los abogados, nos liberó, pero quedamos imputados”.
La causa se inició por dos delitos: agresión a la autoridad – “cosa que nosotros nunca hicimos, al contrario fue la autoridad la que nos agredió”, aclaró Larocca –, y entorpecimiento del libre tránsito de los vehículos por la ruta – “también es falso porque nosotros estábamos en la banquina”, expresó el asambleísta.
“El juez nos sobreseyó de la parte de agresión a la autoridad pero sí nos procesaron por el tema de entorpecer el libre tránsito por una ruta nacional”, agregó.
Los asambleístas procesados son Horacio Miguel De Carli de la localidad de Colón, Facundo Scattone Moulins y Bernardo Zalisñak de Concordia, Cesar Arístides Pibernus de Chajarí, y Francisco Domingo Larocca de Concepción del Uruguay. Todas ciudades que se encuentran en la costa del Río Uruguay.

“Yo soy ingeniero, estoy trabajando en la construcción, otros asambleístas son docentes, otro es jubilado, otro es militante social y trabaja. Todo esto complica mucho, porque hay que reunirse, organizar cosas, estar defendiéndose de la Justicia cuando nosotros quisiéramos invertir ese tiempo en seguir defendiendo el medio ambiente”, agregó Francisco Larocca.
Sobre aquella noche, Larocca aseveró: “Evidentemente no es que Gendarmería Nacional actuó de forma rápida, fue prácticamente más de un día y medio, dos, que estuvimos ahí en la ruta, o sea que Gendarmería recibió una orden del gobierno nacional. La Justicia a nuestro entender debería estar garantizando nuestra seguridad y no la de los camiones que pertenecen a empresas multinacionales que vienen a extraer lo que está en el subsuelo de nuestro país y de nuestra región. La Justicia hace todo por el contrario, nos manda a la Gendarmería para agredirnos y detenernos. Por lo que se vio ese día y se ve siempre hay mucha connivencia entre el poder político y las grandes empresas multinacionales”.

Respecto al motivo principal de la lucha de los asambleístas aquel día, Larocca fue contundente: “Estábamos luchando para mantener el Acuífero Guaraní libre de contaminación, por el derecho al agua, que no es solamente para nosotros, es para todos, para los que vivimos hoy, para los que van a venir en el futuro. Nosotros estábamos luchando para tener un agua limpia, no porque nosotros tenemos una empresa que embotella agua mineral. Nosotros estamos luchando por la defensa del medio ambiente y en ese tema concreto la defensa del agua dulce”.
Tras el procesamiento, los abogados de los asambleístas, que ya habían logrado su liberación en agosto, se encuentran presentando recursos de apelación: “Después tendremos la posibilidad de hacer nuestro descargo y esperar que nos dicten el sobreseimiento”, explicó Larocca.
Respecto al accionar de la justicia agregó: “Es un debate que hay que hacer y la ciudadanía tiene que saber qué tipo de jueces tiene, qué tipo de políticos tienen que promueven jueces que en vez de cuidar a la gente que lucha por el bien común prefiere inclinarse por los intereses de algunas empresas multinacionales”.

Libres de fracking
En el último tiempo, los Concejos Deliberantes de varias localidades de la provincia de Entre Ríos votaron a sus ciudades como libres de explotación a través del sistema de fracking. “Hay varias asambleas ciudadanas ambientales que venimos hace rato militando sobre todo en lo que es la costa del Río Uruguay –afirmó al respecto Larocca–, con la instalación de las papeleras en Gualeguaychu. Nosotros hemos iniciado en Entre Ríos una idea de concientizar a la clase política, a la sociedad sobre los perjuicios que trae el fracking. De a poquito fuimos hablando con concejales, autoridades; de pronto en algunos concejos deliberantes que son más autónomos del gobierno nacional o del provincial que responde al gobierno kirchnerista se fue dando un debate sobre el fracking, hemos proyectado videos, hemos llevado a técnicos para que puedan explicar qué es el fracking. En definitiva muchos concejos deliberantes terminan votando que su ciudad sea libre de fracking. Es una tarea de concientización, de explicar, de utilizar los métodos que da la democracia, la participación ciudadana y eso es muy positivo. Y de a poquito vamos poniendo algunos puntitos, ya son varios puntitos en la provincia de Entre Ríos en la que varios concejos deliberantes han manifestado que sus ciudades sean libres de fracking, eso para nosotros es una gran ayuda”.
De todos modos, Larocca se mostró preocupado por el incumplimiento de un convenio internacional firmado entre Brasil, Argentina y Uruguay. Allí se señala que una exploración de cualquier tipo de emprendimiento que signifique poner en riesgo el Acuífero Guaraní debe contar con el consentimiento de los tres países: “sin embargo resulta que van los camiones igual a explorar en Uruguay, y nosotros le hemos pedido al gobierno nacional que haga cumplir ese acuerdo internacional. Hay una ley a partir de la que Argentina adhiere a esta idea de preservar el Acuífero Guaraní, pero como muchas veces pasa se proclama una cosa, se hace un relato de que se cuida el Acuífero pero cuando hay que mandar a los organismos pertinentes del Estado para evitar que se dañe al Acuífero, nos mandan en realidad a la Gendarmería, palo y adentro”, denunció Larocca a ELM.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article9388

jueves, 26 de febrero de 2015

Analicemos cómo el capitalismo local se desarrolla contra la vida presente-futura e involucrémonos en el Nunca Más al predominio de los negocios arriba sin importar las graves consecuencias.

Libro: Tierra Arrasada. Petróleo, soja, pasteras y megaminería.

24 de febrero de 2015 | Darío Aranda
¿Qué país nos deja el extractivismo ambiental?
¿Por qué ningún juez, empresario o político aceptó nunca el vaso de agua que le ofrecen los habitantes de los pueblos mineros cada vez que los visitan? ¿A qué se debe la aparición de enfermedades inéditas y desconocidas en el medio de la pampa húmeda? ¿Dónde viven las miles de personas desplazadas del campo y que las ciudades no cobijan? ¿Quién está detrás de los feroces ataques a los indígenas argentinos? ¿Qué secretos escondieron las pasteras en Gualeguaychú? ¿Por qué el negocio de Vaca Muerta puede dejar una parte de la Patagonia inhabitable? ¿Cuánto queda realmente en el país de esta ganancia extraordinaria? ¿Por qué nunca se escucha a los que proponen otro camino? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de la tierra y qué planes tienen para sus habitantes?
Pueblos envenenados, matones a la luz del día, muertes sospechosas, bebés con malformaciones, tasas de cáncer inéditas, abortos espontáneos, ríos sin peces, bosques sin árboles y enfermedades sin cura: durante los últimos quince años, la Argentina ha sido sometida a la transformación más radical y quizás irreversible de su historia. Detrás del negocio multimillonario de la soja, la megaminería, las pasteras y los combustibles no convencionales, no sólo hay consecuencias inmediatas para todos los habitantes del país, sino también la amenaza de convertir a la Argentina en un territorio agotado, enfermo y hambriento.
En Tierra arrasada Darío Aranda viaja hasta diversos rincones del país donde este modelo político, económico y social busca imponerse con violencia por sobre todo derecho humano. El resultado es una radiografía escalofriante que nos permite terminar de entender en qué país vivimos y elegir en cuál queremos vivir.
* Editorial Sudamericana.



Tierra arrasada, pueblos estrujados

Con siete días de vida, un bebé tuvo, por intoxicación, su primera visita al hospital después del paso de un tractor fumigador que roció todas las casas de su calle con agrotóxicos.


Los negocios de la soja, la megaminería, las pasteras y los combustibles no convencionales afectan a una parte importante del territorio nacional. Se trata de emprendimientos de grandes empresas que se instalan en puntos estratégicos para obtener un rédito millonario, y ocasionan daños graves en la salud de los habitantes y un deterioro irreparable en el ambiente.

Las resistencias de las asambleas socioambientales, de los campesinos, de los habitantes de pueblos indígenas son reprimidas por las corporaciones, y esto muchas veces no encuentra eco en los medios: algunos, por el compromiso que puedan tener con las empresas, y otros, por su dependencia del gobierno.

La resistencia de las poblaciones campesinas en Misiones frente al avance de los monocultivos de árboles, en particular, tiene poca prensa, porque estamos más enfocados en el tema de la soja; pero las plantaciones de árboles para la industria en Misiones y en Corrientes [y en Entre Ríos, agrego] funcionan de la misma manera: tienen tan malas, o peores, consecuencias que las de soja.

El libro contiene un trabajo de archivo que, como premisa principal, demuestra el impacto del extractivismo en el medio ambiente, pero también la resistencia que se produce ante ello, y la violación de los derechos de las personas que, frente a estas corporaciones, son objeto vulnerable, y frente al Estado parece que fueran objeto invisible.



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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
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(pdf cuadernillo uac:) --> 
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Responsabilizamos a Apache y a los dos gobiernos provinciales por el Fracking. "Los que quedaron afectados por su actividad extractiva no son sólo crianceros indígenas y chacareros criollos productores de peras, sino todos aquellos seres que nos abastecemos y vivimos gracias al agua de la cuenca del Río Negro y del acuífero de Zapala".

Carta abierta a la empresa Apache Coorporation

        Nos dirigimos a Ustedes para expresar nuestras opiniones y críticas sobre los hechos ocurridos por mano de la empresa Apache Corporation en  nuestro territorio del Comahue  en el norte de la Patagonia argentina. Sobre todo, nos referimos a aquellos lugares cercanos a los yacimientos Anticlinal Campamento, en  la zona de Barda Negra, Portezuelo Norte en el paraje Portezuelo Chico, en la provincia de Neuquén y del yacimiento Estación Fernadez Oro en Allen, en Río Negro.

        Escribimos esta carta abierta desde nuestro lugar de seres humanos cuyo cuerpo está constituido por un 75% de agua y que diariamente, sobreviven gracias al hecho de beber agua.
En el mundo las defunciones diarias generadas por tomar agua contaminada, tanto a nivel bacteriológico como químico, son más de 50.000. En el mundo entero, más de 1.200 millones de personas carecen del abastecimiento  
básico de agua.

         No apuntamos a pedir alguna forma de remediación, ni intentar alguna acción legal. Sabemos que hace tiempo las concesiones de la empresa Apache en nuestro territorio han sido compradas por la subsidiaria YSUR que responde a YPF, y que a su vez responde a Chevron.

        El objetivo de esta comunicación es  responsabilizar a  la empresa Apache a nivel histórico y ético, frente a la humanidad y a la naturaleza misma , que nos ofrece la posibilidad de llevar adelante nuestras vidas día tras día. Quisieramos tener las condiciones de vida que teníamos antes de sus acciones en nuestros territorios, pero no queremos su dinero empetrolado y sangriento!

        Nos parece importante resaltar que los responsabilizamos, y lo hacemos sin demasiados tecnicismos, como el pueblo lo entiende y para que Apache sepa de la propia voz del pueblo de que toda la comunidad sabe qué hace esta empresa y cómo lo hace.

Los que quedaron afectados por su actividad extractiva no son sólo crianceros indígenas y chacareros criollos productores de peras, sino todos aquellos seres que nos abastecemos y vivimos gracias al agua de la cuenca del Río Negro y del acuífero de Zapala.

        Apache no ha actuado sola, sino con la complicidad de los gobiernos provinciales de Neuquén, con el gobernador Jorge Sapag del Movimiento Popular Neuquino, y del gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck del Frente Para la Victoria.  Esta clase de políticos corruptos ha permitido que se introduzca por primera vez en el continente latinoamericano, una técnica extractiva altamente contaminante como lo es el Fracking.

        Apache ha  llevado a cabo este tipo de prácticas a pocos kilómetros del acuífero de Zapala,  en el yacimiento Anticlinal Campamento dentro del territorio comunitario del pueblo mapuche, sin cumplir con los procesos de consulta previa, como es requerido por el Art. 169 del Convenio Internacional de la OIT, poniendo en riesgo la calidad de su agua, y destinando decenas de millones de litros de ella para la fracturación hidráulica.

        Al mismo tiempo, intentó “convencer” a la comunidad para que aceptara el régimen extractivo de los “no convencionales” por medio de proyectos de Responsabilidad Social Empresarial,  destinados a dividir a la comunidad, ejerciendo una presión constante sobre los integrantes del territorio que estaban en desacuerdo con el Fracking.

        La muerte de Cristina Linkopan, longko de la comunidad de Gelay Ko, cierra trágicamente este capítulo de la presencia de Apache en Barda Negra. A Cristina la mató a los 30 años  una hipertensión pulmonar probablemente engendrada por su constante exposición a los hidrocarburos explotados desde  las décadas pasadas.

        En 2011, cuando se agudizó el conflicto entre la comunidad de Gelay Ko y Apache, al mismo tiempo que la salud de Cristina fue destrozada por la manera descuidada de tratar los miles de litros de agua de reflujo contaminada y por la continua presión y la violenta represión ejercida por la policía provincial neuquina, que actúa a sueldo para las empresas petroleras.

        Este cínico encarnizamiento, aceleró el proceso de muerte de nuestra hermana, que el 14 de marzo del año 2013 ha dejado cuatro hijos huérfanos. Cada año vamos a   recordar este suceso con un significado comunicativo, porque a pesar del duelo, su muerte ha sido una manera de transmitirnos un legado espiritual por la defensa del agua, del aire, de la tierra, de la vida y del pueblo mapuche,  en contra de todos aquellos que se atrevan a vulnerarlos!

        También en la comunidad mapuche Winkul Newen, la presencia de Apache ha dejado una marca profunda. El 15 de octubre de 2012 la misma comunidad denunció el derrame de petróleo en un ducto de la empresa Apache, en el yacimiento Portezuelo Norte.
No sólo el reclamo no ha sido atendido, sino que dos meses después, el 28 de diciembre, y por orden de la jueza Ivonne San Martín (conocida por sus frecuentes fallos contra el Pueblo Mapuche), una auxiliar del Poder Judicial, junto a policías y funcionarios de la empresa Apache, llegaron hasta el territorio de la comunidad para permitir que la compañía reactive diez pozos petroleros.

Este hecho  terminó  con dos autoridades mapuches detenidas: Martín Maliqueo, werken de la comunidad, y Mauricio Rain, lonko de la comunidad Wiñoy Folil, además de ser  baleado un adolescente de la comunidad y golpeada una mujer, autoridad indígena de 83 años.

       Sabemos que el poder de turno y empresas como APACHE pretenderán que estos delitos, que cuentan con al complicidad del poder judicial y se operativizan con el accionar policial, queden  impunes , pero las organizaciones y movimientos del pueblo alzaremos la voz para repudair el genocidio que historicamente sufren los pueblos originarios.

         Hoy los miembros de la comunidad siguen viviendo en el territorio comunitario, que está afectado por diez pozos convencionales y no tienen acceso al agua ni a servivios basicos
Además de esto sufren al judicializacion por los hechos del 28 de diciembre de 2012, es decir, por haber defendido su casa.
Relmu Ñanku afronta una acusación por inteno de homicidio y Martin Maliqueo  por daños. Ambos son los padres de tres NIÑOS .
Apache tambienes repsonsable de esto!

           En sintesis Apache nunca saneó lo que contaminó en ese territorio y nunca reconoció el nefasto  impacto cultural y ambiental de su actividad en la comunidad, inclusive sobre los niños.

        En Allen, Rio Negro, la actividad de exploración y explotación de Apache en el yacimiento Estación Fernández Oro,  ha coincidido con el fin de la pequeña y mediana producción local de peras. El aparecer en el ejido urbano del pueblo de las así llamadas “chacras petroleras” ha marcado el inicio de una situación insostenible. Las torres de perforaciones empezaron a ocupar las chacras, ya sea mediante su alquiler o compra.

        Laborear el suelo de un lugar como el Alto Valle, transformarlo de semiárido a fértil ha costado el trabajo de enteras generaciones desde la primera mitad del siglo XX, sin embargo, con la extracción de de tight gas entre las chacras fruticolas, todo ello se ha aniquilado en pocos años.
La fractura multidireccional también han afectado al territorio por una contaminación que cada vez se expande más y cuyas nefastas consecuencias ya podemos pronosticar.

                 Pretendieron instalar una mentira, tanto la intendencia como la empresa, la mentira de que en Allen no se realizaba hidrofractura.Todo ello, mientras cotidianamente los pobladores de Allen han sido afectados por los gases emanados durante la operación de pozos sin tener en cuenta  otro sinfín de impactos ambientales y sociales como la contaminación de napas y ríos, el desabastecimiento de agua potable, los ruidos permanentes, incluso en las horas de descanso, la contaminación lumínica que afecta también a los montes frutales, el aumento del tráfico de camiones y camionetas 4x4, y los consecuentes accidentes de tránsito, los costos de vida elevados, el tráfico de drogas y la trata de personas cada vez más presentes en nuestra comunidad.

          Hay que agregar la negligencia  con que se han operado los pozos en el yacimiento EFO, al punto de haber llegado a accidentes graves desde que empezó la explotación.
Uno de ellos ocurrió en el pozo AP.RN.EFO 141 a las 21 horas del 19 de marzo de 2014.
La explosión por demanejo en la maniobra provocó el temblor de las viviendas  cercanas  Allí, a  50 metros de una de las vivienda ubicada en un vivero se alzaron llamas  y emanaciones de gases tóxicos durantes horas  que llevaron a que los vecinos, ante la falta de previsión de la empresa y de los organos de control,  tuvieran que organizar improvisadamente su propio plan de contingencia.

          Don  Ruben Ibañez, trabajador rural es uno de los principales afectados desde que hace mas de dos años la empresa Apache comenzó con las perforaciones en la locación que se encuentra a escasos metros de la vivienda que ocupa. Él ha dejado expuesto su temor por lo que pueda pasar. Expresando públicamente “Si ellos vinieran y sintieran lo que estamos sintiendo con toda mi familia... dolor de estómago, dolor de cabeza, tenemos que dormir con la ventana cerrada”.

       Funcionarios de la ahora YSUR, que aún llevan la impronta de la empresa Apache, que veló siempre para sostener una “buena imagen” declararon que no subsistían riesgos por el ambiente y por los habitantes. Pese a todo esto accidente de venteo conllevó la suspensión de las actividades por unos 10 días.

       Don ibañez y su familia han padecido las consecuencias de un problema que los funcionarios y la empresa aun se niegan a  reconocer. Otra vez se trata de afecciones pulmonares graves como la enfermedad pulmonar obtructiva crónica ya diagnosticada que van mutilando la vida de los pobladores. Apache pretendió que ésta y otra affecciones en la salud de los pobladores locales quede invisibilizada para evadir su responsabilidad por los prejuicios de una actividad extractiva, que la comunidad no planeó ni demandó. Apache es también responsable de esto!

        Otro accidente ocurrió a las 2 de la madrugada del día 14 de julio de 2014 en el pozo 236. Ya Apache se había ido de Argentina pero los problemas con los venteos quedaban. De nuevo una explosión y un incendio en menos de seis meses.
En esta ocasión poniendo al decubierto la práctica de maniobras no autorizadas por los entes de control, como son la aplicación de gasoil en las maniobras, que quedó a la vista de todos como una evidente contaminación de napas.
En ambos casos los hechos no quedaron bajo silencio y los vecinos reunidos en Asamblea lograron levantar una voz en defensa de las propias vidas amenazadas por estos continuos accidentes.
El pueblo de Allen nunca ha querido esta forma de explotación en el ejido urbano de su ciudad.

        Por medio de una ordenanza municipal en el  año 2013 el pueblo de Allen rechazó la explotación de hidrocarburos no convencionales en su ejido urbano. Dicha ordenanza se fundamentaba en el artículo 5° de la Carta Municipal: "Asegurar en todas sus formas el derecho de los habitantes a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo del ser humano, preservando su salud, manteniendo y protegiendo el sistema ecológico y el paisaje, mediante el uso racional de recursos naturales, considerando a la tierra, el agua y el aire patrimonio común del municipio, regulando el uso propio y el del resto de la comunidad, adoptando medidas apropiadas para evitar la contaminación".

        Sin embargo, esta ordenanza fue declarada inconstitucional por una intervención del mismo gobernador, meses después de su aprobación.
El uso político de la justicia es algo que ha favorecido los negocios de Apache, ya que si se  hubiera respetado las leyes,  por la misma aplicación del citado artículo 5° de la carta orgánica, ni siquiera podrían haber comenzado sus actividades en Allen y mucho menos haberlas continuado después de la aprobación de la ordenanza municipal antifracking.

        Desde nuestro punto de vista, todas las empresas petroleras nacionales y multinacionales se benefician con la extracción del crudo para obtener grandes ganancias monetarias, pero poco les importa lo más preciado y esencial que son las poblaciones que hacen vida en los alrededores del rio,  la fauna, el agua y los ecosistemas complejos! Estas grandes maquinarias de extraer petróleo que ustedes usan y exportan son como vampiros modernos succionando a nuestra madre tierra y, por su grave negligencia en los manejos de los sistemas, crean destrucción por medio de los efectos contaminantes de los derrames.

        Creemos que es la hora y el momento de defender firmemente todo nuestro entorno natural, de ello depende la vida en el presente y en el futuro y una mayor conciencia de vida .
        
Es por eso que consideramos vital y necesario el movimiento fuerte y sin pausas de las causas y organizaciones socio-ambientales y de pueblos originarios es que llegamos a hacerle conocer que hasta la fecha hemos sido determinantes en la batalla  por la des-contaminación y la prevención de la contaminación del Planeta, que sólo puede darse mediante los principios éticos de las diferentes cosmovisiones y con el respeto jurídico del principio de precautorio.


APCA - Asamblea Permanente del Comahue por el Agua

Adhieren

Convocatoria Segunda Independencia

Gremial de abogadas

Abogados de la Republica Argentina


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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac

(pdf cuadernillo uac:) --> 
http://go4.es/0aJa