viernes, 31 de julio de 2015

II. Apreciemos cuánto los trabajadores nos han permitido esclarecer la realidad que el año electoral oculta

¿Hacen política los trabajadores de la 60?
1ro de agosto de 2015

 

Durante este conflicto largo, los choferes de la línea 60 de colectivos (autobuses) han recibido la reiterada acusación de estar “haciendo política”. “Politizar”, “hacer política”, esto haría que un conflicto laboral fuera no legítimo. Esta acusación proviene de la prensa, de los empresarios de la Línea de buses. Lo más paradójico es que la crítica provenga de los mismos representantes políticos, esto es, de quienes hacen política. ¿Hacen política los trabajadores de la 60? ¿Qué es hacer política y en qué sentidos es legítimo? 
Por Pedro Burdoux, sociólogo, para ANRed.
¿De qué se trata un conflicto laboral? A primera vista, se trata de una pregunta obvia, pero no lo es. Los conflictos entre trabajadores y empresarios tratarían de motivos económicos, que se distinguen de los motivos políticos. Tenemos entonces aquí una distinción entre lo económico y lo político muy tajante, en apariencia clara. Se trata de dos esferas de la sociedad, con dos formas de acción distintas. Con sus reclamos sindicales, los trabajadores actúan en la economía, y está bien que así sea. En todo caso, lo que claramente está mal es que hagan reclamos políticos, usando las huelgas para ello. Recordemos, además, que para muchos empresarios, tampoco está bien que los trabajadores colectivamente interfieran en la economía. Según el discurso liberal, la acción conjunta del trabajo “distorsiona” la libre economía, ahuyenta las inversiones, llevando a la crisis de las empresas perjudicando a todos, incluidos los trabajadores.
Ahora bien, ¿Qué es lo económico -“sin nada” de política? Esto es, ¿puede alguien actuar económicamente por fuera de lo político? Recordemos que en el conflicto del campo fueron los ruralistas quienes esgrimían esta idea. Estos establecieron el antagonismo entre el campo y el Estado. El Estado, cual parásito de una casta, “roba” la riqueza que producía el campo. Los dirigentes del Gobierno contestaron que no habría riqueza sin intervención del Estado. La respuesta consistía en poner en directa relación la política y la economía. Si bien el debate no fue seguido por la mayoría, alcanzaba momentos teóricos complejos, volviendo a la idea de economía política.
Todavía no hemos llegado al núcleo de la idea “economicista”. Pero la analogía con el campo es útil, porque en este período histórico han sido los ruralistas quienes han puesto más claramente esta idea como idea movilizadora en un conflicto social (que conmovió al país en 2008). La riqueza es producida por individuos en conexión directa con su trabajo, y la propiedad (que es fruto de este trabajo). El trabajo y la propiedad entonces son atributos de las personas. Luego, estas personas intercambian lo que tienen, para generar más riqueza o bienestar. Este es el derecho básico sobre el cual se monta la sociedad. “Mi” propiedad, mi trabajo, (y mi familia), son los “pilares” de la sociedad, porque están “antes”, la sociedad son las normas que los protegen.

Esto por supuesto es el credo liberal. Pero este credo es la base ideológica de la economía y la política hegemónicas, que establece un campo de relaciones de poder fundamental en las relaciones sociales. Cuando se acusa a los huelguistas de hacer política se les recrimina que no están actuando según sus intereses legítimos. Las huelgas de trabajadores asalariados son legítimas cuando defienden el puesto de trabajo, el salario, condiciones de trabajo (los motivos económicos). Pero son ilegítimas cuando cuestionan o piden por una política de gobierno, cuando son en solidaridad con otros trabajadores, cuando se relacionan con pujas internas a la organización gremial, o incluso cuando se motivan simplemente para organizar un sindicato (motivos políticos). Este último punto, que los trabajadores puedan hacer huelgas en disconformidad con su sindicato, también se supone (ilegítimamente) político, sugiriendo que no tiene conexión con el quehacer económico de los trabajadores, y que por tanto, introduce otros “intereses” por fuera de la relación de empleo.
Por supuesto que esta concepción es criticada incluso por resoluciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo 1996), las que consideran legal toda acción obrera en defensa de sus intereses, incluyendo a las huelgas políticas (a favor o en contra de tales o cuales medidas desde el Gobierno).

De hecho, los sindicatos surgen contraviniendo el credo liberal, y esta supuesta “pureza” de la economía frente a la política. Los empresarios, así como los ruralistas, se basan en esta pureza, la cual se remite a la propiedad privada, como noción “pura” que vincula de manera natural a las personas con las cosas (el dinero, las maquinas, los autos, o la tierra). Aparece como natural la propiedad de la tierra, del dinero, de las casas. Pero los asalariados tienen fundamentalmente… salarios, o su trabajo, o más bien, su capacidad para trabajar. Un trabajador a lo sumo se compra un auto. Con mucho esfuerzo en su vida laboral construye o se compra una casa. Pero es probable que lo echen, que pierda lo poco que ahorre. En pocas palabras, el trabajador no tiene propiedad, salvo su propia personalidad y corporeidad. La cuales a su vez solo se pueden realizar trabajando (si es que se “realiza”).

Es cierto: ¡nos estamos yendo a discusiones de 1844, cuando Marx comenzaba a estudiar a los economistas ingleses en París! Pero hemos visto que estas nociones establecen lenguajes de batalla del presente. En algunos aspectos se ha avanzado. Sin embargo, cuando vemos conflictos como el de la Línea 60, o el conflicto del campo, pareciera que la historia se repite, que no hemos avanzado mucho.

Los primeros sindicatos fueron prohibidos porque hacían política, según el credo liberal. Lo que estaba en cuestión es el derecho de la lucha por sus condiciones sociales de reproducción, lo cual no podía separarse del derecho “político” de organización, ya que según hemos visto, los trabajadores no tienen propiedad. Solo pueden defender sus intereses colectivamente. Esto no quiere decir que no existan intereses individuales en los obreros, pero fundamentalmente estos son usados como argumentación mantener la desigualdad en la relación de poder/propiedad. Hay una desigualdad fundamental entre el individuo propietario de capital y el individuo trabajador. Para el trabajador no hay “economía” sin política. Este es el terreno del empresario y el terrateniente.

Hemos abundado en nociones básicas escondidas (a veces explícitas) en el lenguaje del conflicto laboral, según el cual hay huelgas económicas legítimas y huelgas políticas ilegítimas. Pero aunque los economistas neoliberales lo expliciten, ellos suponen la naturalidad (no social) de la propiedad y el trabajo. Estos conceptos prácticos están en la base de la comprensión de los conflictos laborales. En la medida en que constituyen el campo hegemónico, se convierten en los lenguajes en conflicto usados por los mismos trabajadores. “Nosotros no hacemos política”. Y por supuesto que no la hacen, en el sentido que le acusan. Pero la defensa de sus intereses conecta lo económico y político, al cuestionar la pureza (un determinado tipo de abstracción no social) de lo económico. Lo que están diciendo los trabajadores, con sus acciones más que con una teoría, es que no hay economía primero y política después. La economía pura es la propiedad, y ellos no tienen propiedad. La economía está dentro de la sociedad, no existe sin una relación de poder, que se expresa en lo político y en las instituciones del Estado. La sociedad es un campo de fuerzas, donde se miden intereses colectivos, los cuales cooperan al mismo tiempo que luchan entre sí.
También se les recrimina no seguir la legalidad. Recordemos que los choferes de la 60 mantuvieron el servicio de transporte, bajo protesta, no cobrando boletos a los usuarios. Luego realizaron cortes de ruta en la Panamericana. Derecho de la propiedad de la empresa (los trabajadores quieren controlar la empresa), derecho de circulación (impiden el libre tránsito). Derecho contra derecho, gana la fuerza. La normativa vigente introduce derechos legales contradictorios en conflicto. La conflictividad pone en entredicho la normativa. Por ejemplo, la Constitución establece al mismo tiempo el derecho de la propiedad privada, junto con el derecho del trabajo, la vida digna, la justa distribución de las ganancias, libertad de organización sindical. Si los trabajadores piden estos derechos, ¿estarán haciendo política, metiéndose en lo que no les corresponde?
Escribimos estas notas mientras la lucha continua. La reflexión es parte de la lucha, permite las estrategias. Continuaremos estas notas de campo de sociología combatiente.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article10356

I. Apreciemos cuánto los trabajadores nos han permitido esclarecer la realidad que el año electoral oculta.

La patronal de Monsa-Dota apuesta a derrotar la organización de base de los trabajadores
La lucha de la 60 y la tradición de las comisiones internas combativas
30 de julio de 2015

Por Ruth Werner (La izquierda diario)

Los trabajadores de la 60 protagonizan un conflicto testigo. No por nada los medios de comunicación lo comparan con otros de gran trascendencia como fue en 2009 el de Kraft y el año pasado, Gestamp, y posteriormente Lear. Como analizaba La Izquierda Diario ayer, a días de las PASO, el kirchnerismo decidió brindar un gesto contundente para demostrarle a la clase dominante la "gobernabilidad" de la que es capaz Daniel Scioli si llega a la presidencia. La lucha de la 60 lleva 35 días de resistencia contra una patronal que declaró un lockout y dejó en la calle a 53 trabajadores. En pleno fin de ciclo kirchnerista, las caras del ex carapintada Sergio Berni y del "sheriff" Alejandro Granados junto a la ráfaga de balas de gomas y gases utilizadas en las dos represiones del 28 de julio sobre la Panamericana son solo una muestra de lo que se viene. Cristina se va en octubre y ha dejado un sucesor. No es un "inocuo" que “hace la plancha” sino el mismo Scioli que dejó año tras año sin cobrar a miles de maestros en su provincia, el de la represión al conflicto de Lear, el que controla un ministerio de Trabajo que en connivencia con las burocracias sindicales no ha dudado, en medio de sus trampas como la conciliación violentada en Gestamp, en apelar al contraataque de los gendarmes y la Policía para ahogar la lucha de la vanguardia obrera. Siguiendo el ejemplo de Lear, como diría "Carta Abierta" los choferes de la 60 volvieron a traer a escena ese "teatro político" que es la Panamericana. El progresismo kirchnerista decía en una de sus cartas, que allí se palpaba una "discusión ostensible sobre los derechos sociales que emanan de las diversas situaciones que se producen ante decisiones de gerencias empresariales".

El debate sobre el "delito" que significa que los trabajadores corten una ruta, volvió a correr por cuenta del gobierno, la justicia y los medios de comunicación empezando por Clarín. Las decenas de heridos y hasta un obrero en terapia intensiva desnudaron, una vez más, las mentiras del relato kirchnerista.

Pero el pre candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el FpV, Aníbal Fernández, necesitó todavía sobreactuar sobre lo hecho por Scioli, Berni y Granados: “los de la 60 se creen que estamos en la Comuna de París” dijo en su habitual discurso matutino. La comparación con una de las gestas más heroicas de la lucha de la clase obrera internacional y fuente enorme de enseñanzas para el marxismo, no resiste el menor análisis. En boca de Aníbal Fernández nombrar al primer gobierno obrero de la historia tiene el único objeto de tildar a los trabajadores de la 60 de "zurdos" e "infiltrados". Es el método de Fernández, ya se sabe, lo que empieza como “chicana” le sigue como patota. El mismo estilo provocador con que solía atacar a los movimientos de desocupados que fueron reprimidos brutalmente en la Masacre de Avellaneda, allá por 2002, donde cayeron Maxi y Darío. El jefe de gabinete creyó también necesario recordarles a los choferes que "no pueden hacer lo que quieren".
Es sabido también que para Fernandéz hay que acatar lo que dice la burocracia sindical, en este caso el Secretario General de la UTA e integrante de la CATT, Roberto Fernández, es decir, aceptar los despidos sin hacer absolutamente nada. Ayer por la tarde los trabajadores de la 60 denunciaban que no había habido ninguna solución a sus reclamos. Hoy se espera un nuevo corte de la Panamericana.

El objetivo detrás del lockout patronal es atacar a la organización obrera. En la 60 funciona un cuerpo de delegados que desde siempre quisieron barrer. Lo intentaron de distintas maneras, no pagando los sueldos a los delegados durante un año y operando mil y un maniobras. Esta organización de base ha extendido su influencia a otras líneas de colectivos y conformado una especie de coordinadora llamada "Interlíneas" que nuclea a algunas empresas importantes de colectivos. Entre los delegados hay trabajadores de izquierda y peronistas, la mayoría de las decisiones se toman por asamblea, utilizan la acción directa le guste o no le guste a los dirigentes burocráticos, buscan la unidad con otros trabajadores y promueven una política no corporativa hacia los usuarios.

Es esta organización lo que la patronal, el gobierno y la burocracia de la UTA quieren destruir, un proceso de recuperación del organismo de base de los trabajadores que levanta cabeza frente a la colaboración con los empresarios de los dirigentes sindicales. Se trata de un tipo de organización que tiene su historia en la lucha de clases argentina, esa que está escrita con mayúsculas, la de las comisiones internas.
Estas organizaciones no pudieron ser derrotadas ni por la dictadura, ni por la hiperinflación de Alfonsín, ni por el menemismo, aunque fue con los militares y durante la década neoliberal cuando sufrieron los golpes más duros. Siempre en nuestro país las comisiones internas y los cuerpos de delegados permitieron unir por la base a los trabajadores y es por donde a menudo ha comenzado el enfrentamiento con las patronales y la burocracia sindical. Lo fue durante el segundo gobierno peronista contra los Congresos de la Productividad, en la Resistencia Peronista contra la Fusiladora, y en el ascenso revolucionario de los ‘70, dando origen al clasismo y a las rebeliones antiburocráticas que parieron las coordinadoras interfabriles de junio y julio de 1975 contra el Rodrigazo de Isabel y López Rega. En el ciclo kirchnerista las gestas más aguerridas contra las patronales y la burocracia sindical fueron protagonizadas por estas organizaciones, sobre todo cuando estuvieron a su frente direcciones combativas y con peso de la izquierda. Así como los trabajadores muchas veces avanzaron por la "línea de falla" de las comisiones internas donde la base obrera tiene un mayor protagonismo, también fue en ellas donde siempre se concentraron los ataques de las patronales, la burocracia y el Estado. El kirchnerismo-sciolismo sigue esta línea histórica: lo demostró en 12 años de gobierno buscando derrotar la lucha del Garrahan, del Casino, Mafissa, Kraft, Gestamp y Lear.

Pero es también en el terreno fértil de las comisiones internas y cuerpos de delegados donde el clasismo y la izquierda pueden hundir sus raíces más profundas. Así se logró hacer en Zanon, en el Subte, en Maddygraf, en Kraft, en Pepsico. Para Scioli y el kirchnerismo descabezar a la 60 es empezar un nuevo ciclo dando una fuerte señal de que la rebeldía obrera no será tolerada, un espaldarazo a una burocracia sindical que se propone como fuerza de contención frente al próximo gobierno.

La lucha de la 60 concitó una gran solidaridad de los trabajadores y la juventud y el repudio a la represión de organismos de Derechos Humanos como el CELS y el CeProDH. Los candidatos de la lista 1 A que se propone Renovar y fortalecer el Frente de Izquierda, se vienen jugando por la victoria de la 60 ya que contribuye a la preparación de los trabajadores para enfrentar los futuros intentos de ajuste de los hijos políticos de Menem, se llamen, Scioli, Macri o Massa. Los candidatos de la lista 1 A han sabido compartir la Panamericana junto a los trabajadores combativos y aportado al fondo de huelga para que la lucha no sea quebrada por el hambre, han difundido el programa de los socialistas por recuperar los sindicatos de manos de la burocracia sindical para convertirlos en organizaciones que sirvan para la lucha de clases y señalado una perspectiva que supere el horizonte del sindicalismo y haga fuerte la lucha por la independencia política de los trabajadores.


Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201653

miércoles, 29 de julio de 2015

Exijamos "una respuesta concreta y efectiva al Gobierno y la Justicia Nacional ante la permanente expropiación de sus legítimas tierras".

¡ VENI A RECIBIR A LA CARAVANA QO.PI.WI.NI. !
LA TIERRA ES NUESTRA VIDA

Las comunidades de los pueblos originarios formoseños que conforman la organización QO.PI.WI.NI, desde hace más de cinco meses sostienen un acampe en pleno centro porteño (Avenida de Mayo y 9 de Julio) en protesta contra el despojo continuo de sus milenarias tierras. Al día de la fecha, después de tanto tiempo de acampe en condiciones precarias y clima adverso, no han recibido respuesta alguna por parte del Gobierno tanto nacional como provincial.
Debido a esto, este jueves 30 desde Formosa saldrá una caravana de más sesenta hermanos de distintas comunidades para dar su apoyo y sumar su fuerza al Acampe Qo.Pi.Wi.Ni y llegará a Buenos Aires para recibir el Día de la Pacha Mama. Estarán exigiendo una respuesta concreta y efectiva al Gobierno y la Justicia Nacional ante la permanente expropiación de sus legítimas tierras. El gobierno provincial de Gildo Insfrán les ha arrebatado más de tres cuartas partes de su territorio. Esta práctica se ve acompañada de la persecución y asesinato de integrantes de las comunidades, y el silencio de los medios de comunicación y las autoridades judiciales en ningún ámbito.
Las comunidades originarias, con el apoyo de organizaciones sociales, partidos políticos, referentes de los Derechos Humanos y la Cultura, y personas no agrupadas solidarias convocan a participar y difundir la recepción de la caravana en Buenos Aires.
Acampe Qo.Pi.Wi.Ni

*Por pedido de lxs hermanxs Qo.Pi.Wi.Ni se resolvió participar sin banderas de organizaciones, marchando todxs con nuestras wiphalas y consignas de los pueblos-

 Evento en FB

QOPIWINI en Facebook

4. Advirtamos cómo avanza el estado represor. Veamos algunos ejemplos:

¿Victoria de los derechos humanos?
Con Scioli aumentaron el gatillo fácil y las torturas
29 de julio de 2015

Por Daniel Satur (La Izquierda Diario)

Un balance sobre lo hecho por el gobernador bonaerense durante los últimos ocho años confirma que las violaciones a los derechos humanos y la impunidad son norma en el sistema de “seguridad” y penitenciario provincial. Lo denuncia la Comisión Provincial por la Memoria.
Los datos de la realidad enrojecen los ojos de cualquiera que se asuma “progresista”. Mientras Página/12 abandona las denuncias documentadas contra la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerenses, al tiempo que el mismo medio presenta a Daniel Scioli como “nuestro hombre en La Habana”, en la provincia que gobierna hace ocho años el “hijo político de Menem” reinan todo tipo de violaciones a los derechos humanos.
En el territorio provincial son marca registrada la falta de vivienda para cientos de miles de familias, el trabajo precario para la juventud y la salud y la educación de décima categoría para la población trabajadora y pobre.
Pero la cosa es más oscura si se analizan los datos sobre torturas en comisarías y cárceles, desapariciones forzadas de personas que quedan impunes y muertes por supuestos “suicidios” o “enfrentamientos” entre uniformados armados hasta los dientes y víctimas que mueren sin haber disparado ningún tiro.

Un "sistema de la crueldad" para la victoria
Aún no se sabe si Daniel Scioli será el próximo presidente de la Nación. Pero sí está claro que el 10 de diciembre concluirán sus ocho años al frente de la gobernación bonaerense. Y un balance necesario es aquel que muestra el rostro quizás más perverso de la gestión de quien hoy habla de “victorias” por doquier como continuador del proyecto kirchnerista.
“La gestión actual finaliza demostrando que (…) [se ha] agravado la violación de derechos”. “La política criminal impulsada por el gobierno de la Provincia ha desencadenado una situación de grave crisis en materia de derechos humanos”. “La mayor tasa de encarcelamiento de la historia de la Provincia, que ha implicado una agudización del hacinamiento en cárceles y comisarías, y un agravamiento en la situación estructural, ya existente, de vulneración masiva y sistemática de los derechos de las personas detenidas”. “También ha aumentado considerablemente el ejercicio de la violencia policial no sólo en prácticas sistemáticas de tortura y detenciones arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza”. “Esta violencia cotidiana (…) crea condiciones de posibilidad de hechos aun más graves como torturas o ejecuciones sumarias, más conocidas como ’gatillo fácil’.”
Mientras ese cuadro se reproduce, “no ha habido ninguna propuesta consistente ni efectiva para los mercados ilegales de drogas, autopartes, arma, trata de personas, que son los que organizan el delito en toda su complejidad”. A su vez es regla “la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos”, existiendo “escasísimas condenas por torturas o apremios ilegales, a pesar de los miles de casos que acontecen cotidianamente”. Así se sigue dando vía libre a represores de uniforme para que utilicen “la tortura y la muerte como herramienta de control”.
De forma complementaria, “el gobierno es incapaz de mostrar información certera y confiable que dé cuenta de forma fehaciente de que estamos ante una grave crisis en materia de seguridad. Se basa en percepciones sociales, construcciones mediáticas que se afianzan en el discurso belicista que el propio Estado despliega”. Lo que demuestra que hay “una estrategia de gobierno del conflicto social que se despliega en el territorio militarizándolo, aumentando los dispositivos de vigilancia, captando más personas para el sistema penal y desplegando distintas violencias tanto afuera como adentro del encierro. A esta modalidad de gobierno la hemos llamado el ’sistema de la crueldad’.”

La única verdad es la realidad
Esas afirmaciones entrecomilladas no pertenecen a Nicolás del Caño, ni a Myriam Bregman, ni a Christian Castillo ni a ningún otro candidato del Frente de Izquierda. Y aunque esos dirigentes puedan suscribir cada palabra, esas frases textuales son parte de las conclusiones a las que arribó la Comisión Provincial por la Memoria y que fueron vertidas en su Informe Anual 2015 publicado a finales de junio.
Quienes están al frente de la CPM, como Adolfo Pérez Esquivel, la monja Martha Pelloni o Víctor De Gennaro, no podrían ser tildados de “trotskistas”. Será por eso que sus informes y denuncias son ninguneados por la militancia kirchnerista, que al no hallar chicanas ni latiguillos de ocasión para desvalorizados (como lo hacen macartistamente con los “zurdos que le hacen el juego a la derecha”) prefiere mirar para otro lado y hacerle la campaña a Scioli. Es que resulta imposible refutar la realidad que la CPM documenta.
Las prácticas represivas que derivan en torturas, desapariciones y muertes a manos de policías o penitenciarios, con la consiguiente impunidad garantizada por funcionarios judiciales y políticos, se extienden de norte a sur y de este a oeste de la Provincia de Buenos Aires. La provincia que Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, Alejandro Granados, Ricardo Casal y las decenas de los Barones de las intendencias gobiernan desde hace años. En algunas ciudades podrá haber menos casos, en otras el odio popular a los asesinos decantará en mayor desprestigio institucional, pero la lógica es una sola y así queda demostrado pese al discurso edulcorado de las autoridades.

La muerte como regla
A través de inspecciones en barrios, comisarías y cárceles, encuestas a centenares de jóvenes pobres y testimonios directos de las víctimas, la comisión arriba a conclusiones lapidarias. En el informe, como muestras contundentes, se presentan algunos casos que estremecen y a la vez dan por tierra con cualquier justificación oficial.
Algunos datos configuran el mapa de terror. Hoy la población encerrada en cárceles y comisarías de la Provincia es de casi 35.000 personas, un récord histórico (cuando Scioli asumió en 2008 eran 27.840). De ese total, casi 2.200 personas están alojadas en comisarías, ocupando unos 1060 camastros inhumanos. La sobrepoblación carcelaria tiene picos alarmantes, como en la Departamental La Matanza donde supera el 600 % o como en Lomas de Zamora, con un porcentaje incluso mayor.
En ese marco, morir encerrado o bajo control de uniformados no sólo es posible, sino que es más que probable. Entre 2013 y 2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y al menos 18 en comisarías. A su vez la policía bonaerense informó que al menos 111 personas fueron “abatidas en enfrentamientos” entre abril y octubre de 2014.
Esa misma lógica de desprecio por la vida se reproduce en los neuropsiquiátricos: sólo en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero murieron 133 internos entre febrero del 2012 y febrero de 2014.
Esas muertes (que son un subregistro) se produjeron por acción u omisión del Estado. Algunas ejecuciones las realizaron agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo custodia o “protección” del Estado. Entre 2013 y 2014 el Registro Nacional de Casos de Torturas o Malos Tratos contabilizó 4.987 hechos de torturas padecidas por 1.136 personas en la Provincia de Buenos Aires.
Un dato político ayuda a entender estos números. “La declaración de la emergencia en seguridad, vía decreto en abril de 2014, fue la herramienta normativa que activó una aceleración profunda en el deterioro de la situación de los derechos humanos en la Provincia, producida por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y policiales”, afirma la CPM.
A estos datos se puede agregar que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que registra desde hace décadas los casos de gatillo fácil y asesinatos en lugares de encierro, al presentar su informe 2014 contabilizaba 185 muertes en todo el país durante los primeros diez meses del año, lo que proyectado daría un registro anual de más de 200 casos. El 45% de esas muertes fue en la Provincia de Buenos Aires. Es decir que el año pasado al menos un centenar de muertes por gatillo fácil o en lugares de encierro se produjeron bajo la tutela política de Daniel Scioli y Alejandro Granados.
Por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky, constató que a nivel nacional “2014 fue el año con más muertes ocasionadas por las fuerzas federales desde el año 2003”, es decir desde que asumió la presidencia Néstor Kirchner. Y que, justamente, esa evolución histórica se evidencia sobre todo en la Región Metropolitana de Buenos Aires, gobernada en gran parte de su extensión por Daniel Scioli y por los Barones del conurbano. El CELS afirma que entre 2003 y 2014 hubo en la región 1223 muertes de civiles a manos de uniformados (policías, gendarmes, prefectos, penitenciarios o militares), y que las 154 muertes del año pasado representan un crecimiento importante respecto a los años anteriores. Vale aclarar que muchos de estos números son registrados por organismos de derechos humanos no estatales, ya que las cifras oficiales brillan por su ausencia.

Herencia menemista
La Comisión por la Memoria concluye en que “hoy tenemos indicadores que miden la acción punitiva del Estado similares a los niveles de los años 2001-2002, cuando la crisis social campeaba las calles y los indicadores sociales de pobreza y desocupación alcanzaban los récords históricos”. Los años, ni más ni menos, de gobernación de Carlos “meta bala” Ruckauf y de Felipe Solá.
Todo lo anterior es parte de políticas reproducidas a nivel nacional. Según las mismas definiciones de la CPM, esas políticas “comienzan a corroer al menos en términos simbólicos la clara demarcación entre seguridad interior y seguridad exterior que constituyó uno de los grandes consensos construidos en los años iniciales de la transición democrática por un amplio espectro político y social”. Casi como respondiéndole a la maniobra de Cristina Fernández para “reconciliar” a la sociedad con las Fuerzas Armadas (plagadas aún de genocidas y represores), la comisión plantea que “preocupa la habilitación de tareas, fronteras adentro, del Ejército nacional”.
En este artículo se optó por no presentar los casos emblemáticos que cita el informe de la CPM. No sólo porque son muchos sino porque pueden verse en extenso en el informe que enlazamos más arriba. Lo que sí se debe remarcar es que cuando se habla de torturas, desapariciones y muertes se encuentran porcentajes altísimos de víctimas jóvenes y pobres. Desde niños en situación de calle hasta activistas ecologistas, desde jóvenes que se niegan a robar para la policía hasta presos sin condena que mueren supuestamente “ahorcados” en sus celdas. Desde chicas robadas para ser prostituidas por empresarios y comisarios hasta familias enteras desalojadas con gases y balas de predios ocupados para exigir vivienda.
La provincia que Scioli quiere mostrar como ejemplo de su gestión, buscando convencer al país de que ese “modelo” puede reproducirlo a nivel nacional, tiene este costado atroz de criminalización, represión e impunidad. Es una provincia en la que los magnates del gran delito organizado pueden actuar sin preocupaciones, asociados con los estamentos más variados de un Estado preocupado centralmente en llenar las cárceles de pobres y las calles de patrulleros.
Es el “modelo” en el que 9 de cada 10 presos fueron encarcelados sin orden judicial previa (agarrados por la policía en la calle); en el que más de la mitad de esos detenidos esperan durante años un juicio que diga si son culpables o inocentes; en el que esas personas viven hacinadas en celdas con agua contaminada, sin condiciones mínimas de salud e higiene y hasta encerradas en habitáculos de dos por dos durante días; en el que la policía y el servicio penitenciario garantizan y gerencian el narcotráfico, la trata de personas, el juego clandestino, los desarmaderos de autos y la prostitución.
Contra ese modelo peleó durante el último año y medio Christian Castillo en la Legislatura Bonaerense. El diputado del PTS y el Frente de Izquierda se opuso tenazmente a cuanto proyecto de ley presentó el sciolismo en pos de aumentar la criminalización y la represión. Y a su vez presentó decenas de proyectos que buscaron poner un freno a la avanzada reaccionaria. Fue él quien se opuso a la formación de las policías locales (el "chiche nuevo" de Scioli y Granados) y el único diputado de toda la Cámara que votó en contra del presupuesto 2015. Presupuesto, vale recordar, que mientras aumentó un 28% la partida de educación y un 31% las de salud y desarrollo social, lo hizo en un 66% para “seguridad”, es decir para más poder de fuego y personal de la Bonaerense. Pero esa pelea fue dada en soledad, sin contar siquiera con el apoyo de quienes desde el kirchnerismo se presentan como defensores de los derechos humanos.
Queda demostrado que cuando las candidatas y los candidatos del Frente de Izquierda como Myriam Bregman, Alejandrina Barry, María Victoria Moyano, Carla Lacorte, Edgardo Moyano y demás integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos levantan la voz para denunciar al Estado represor del pueblo trabajador, no se equivocan.
Tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri y Sergio Massa comparten un proyecto criminalizador y disciplinador hacia las masas populares. Control y domesticación, sería el plan de consenso. Mal que les pese a muchos kirchneristas que intentan ver en Carlos Zanini y algunos candidatos a diputados el contrapeso “progre” al conservador y derechoso gobernador bonaerense, lo que no se puede desonocer es que si Scioli llega a la Casa Rosada lo hará con su “balance de gestión” de ocho años gobernando desde La Plata. Y eso, más que un sapo a tragar, puede convertirse en un factor determinante de complicidades y acompañamiento a un giro aún más conservador y represivo protagonizado por el PJ.

Fuente original:  http://www.laizquierdadiario.com/Con-Scioli-aumentaron-el-gatillo-facil-y-las-torturas
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201567

3. Advirtamos cómo avanza el estado represor. Veamos algunos ejemplos:

Cortes de trabajadores de la Línea 60 y violenta represión de gendarmería en Panamericana
28 de julio de 2015
  
En Puente La Noria alrededor de 200 trabajadores realizaban un corte. Mientras, otro grupo cortaba cerca de puente en la salida de la empresa.
En Panamericana
y 197, mientras una columna realizaba un corte de la ruta, fue reprimida duramente por fuerzas de seguridad. Hay heridos, con convulsiones, uno de ellos es delegado del Suteba Tigre, y tiene un corte en la cabeza de cuatro centímetros. También hay dos choferes de la Línea 60 detenidos. Se reportan también dos camarógrafos heridos de América y de Telefé.

Ahora los trabajadores del corte de Puente La Noria se dirigen al corte en Panamericana a brindar su apoyo y repudio a la represión.

Por ANRed
El desalojo realizado por la gendarmería en la autopista Panamericana fue ordenado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. 
Están confirmados 5 detenidos que en estos momentos se encuentran en el puesto 4 que posee gendarmería en la localidad de Boulogne, cercano al lugar de la violenta represión. A la vez que los heridos llegan a 20.
(10:00) Nuevamente la gendarmería vuelve a reprimir a los choferes de la línea 60 y organizaciones sociales que los apoyan.
Gendarmes apostados sobre el puente de la ruta 197 tiran suponemos con balas de gomas a los manifestantes. 
Los trabajadores sobre la colectora mano hacia el norte, siguen recibiendo balazos y gases lacrimógenos.
A pesar de haber desalojado la Panamericana, gendarmería continúa reprimiendo a los trabajadores que se reagruparon sobre la 197.
Choferes de la 60 confirman 2 detenciones más, llegando a 7 en total, estos últimos estarían en los camiones de gendarmería en el lugar.
(10:50) Los delegados de los choferes informan que el ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Santiago Granados, se ofreció a mediar. De todas formas continuarán en el lugar hasta que solucionen el conflicto.
Comunicado de prensa
Urgente: represión en la panamericana, cinco detenidos y al menos veinte heridos
Lejos de dar una solución al conflicto en la Línea 60, el gobierno nacional acaba de reprimir unos de los tres cortes programados hoy en el marco de la lucha por la reincorporación de los 53 despedidos. Fue hace instantes en la Panamericana, donde cinco trabajadores fueron detenidos y, al menos, otros 20 compañeros resultaron heridos, tres de ellos con convulsiones por los palazos en la cabeza dados por Gendarmería y otro camarógrafo de un medio comercial.
Desde primera hora un mega operativo de Gendarmería intentó prohibir el corte de la Panamericana y cuando una columna de compañeros apenas piso el cordón de la ruta, se desató la brutal represión.
En estos momentos, se encuentra cortada la 197 y colectora, reclamando la liberación de los compañeros detenidos, que se encuentran en el puesto 4 de Gendarmería, a la altura de Boulogne Sur Mer y a disposición de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Convocamos a todos los medios de comunicación, a lxs luchadorxs, las organizaciones de izquierda, de trabajadores y del campo popular, a hacerse presentes para defender a los compañeros.
Esta represión se da en un contexto de una profundización de los conflictos sindicales, no sólo con el caso de la 60, con 4 semanas de lockout patronal; sino con el de Cresta Roja, donde lxs trabajadores alcanzaron un acuerdo que revirtió los despidos y la reapertura de la planta con todxs los trabajadores; o la emblemática lucha de los aceiteros, que lograron romper el techo salarial impuesto por el gobierno. Ante la ofensiva de las patronales y su gobierno, la respuesta de lxs trabajadores no puede ser otra que la unidad y la lucha.
Rompiendo Cadenas

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article10319

2. Advirtamos cómo avanza el estado represor. Veamos algunos ejemplos:

"De la AFI a la SIDE sólo cambió el nombre"
25 de julio de 2015

Por Camila Tártara (brújulacomunicación.com)
Son palabras de Nicolás Tauber, quién define a la creación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como “un cambio de cartel”. Afirma que a esta última “se le traspasa todo el personal, todos los bienes, todos los edificios, todos los autos, los archivos y el presupuesto de la SIDE”. El análisis sobre las implicancias sobre dar preponderancia a la agencia militar y los riesgos de esta nueva Oficina en relación a la democracia.
“La ley 27.126 no modifica de raíz el sistema, sino que reforma algunos aspectos puntuales” declaró el profesor de la UBA, miembro de Liberpueblo y Plataforma 2012 a La Brújula de la Mañana. Según sus dichos, este cambio implica más bien un corrimiento en el sector que lideraba los organismos de inteligencia. En este sentido, Tauber es contundente: “Stiuso fue socio del gobierno e instrumento para hacer inteligencia interna durante estos doce años. De repente descubrieron que la SIDE hacia inteligencia interna y que Stiuso era un delincuente. Lo cierto es que lo sabían todo el tiempo y fue la mano de obra de este gobierno y de gobiernos anteriores”. Jaime Stiuso –ex Director de Operaciones de la SIDE- se encuentra actualmente imputado por incumplimiento de sus deberes como funcionario. Posee denuncias por haber ocultado información importante referida al caso AMIA, y también está acusado por casos de trata de personas y de tráfico de estupefacientes.
Tauber advierte que este cambio de la SIDE -Secretaría de Inteligencia del Estado- a la AFI -Agencia Federal de Inteligencia-, apunta más bien a darle poder a la inteligencia militar, liderada hasta hace poco tiempo por Milani. De acuerdo a sus datos, el dinero destinado a la SIDE creció desde 2007 un 177%, mientras que el de la inteligencia militar se aumentó en un 726%. Así, este último organismo se volvió más grande que todo el resto de los organismos de inteligencia juntos. Señala: “si uno ve el presupuesto del año 2015 fue de 2410 millones de pesos, cuando en el 2007 había sido de 471 millones”.
Es decir, que hubo 400% más de dinero destinado a la inteligencia. Sin embargo, dicho aumento no fue equitativo en cada organismo: números significativos que muestran cómo la inteligencia militar ha tomado un rol preponderante.
Además, otro cambio que implica la creación de la AFI fue el hecho que la investigación criminal de lo que se llama ‘delitos complejos’ pasara del Ministerio de Seguridad, a estar a cargo de este nuevo organismo. “Nosotros vemos en eso un profundo retroceso porque la investigación criminal no tiene que estar a cargo de los servicios de inteligencia”, anunció Tauber y prosiguió: “la demostración de que los servicios de inteligencia no sirven para hacer esto es que no han evitado ninguno de los dos ataques terroristas de la AMIA, ni el de la embajada, ni tampoco han evitado el crecimiento del narcotráfico, ni de la trata de personas”. Para él, “una cosa es la inteligencia criminal, que no tiene por qué estar en manos de una agencia de inteligencia, y otra es la inteligencia sobre amenazas externas”. En declaraciones a La Brújula de la Mañana, aclara que un servicio de inteligencia de un país soberano debería hacer inteligencia sobre, por ejemplo, las amenazas del Reino Unido hacia la Argentina. “Un servicio de inteligencia al servicio de la soberanía nacional debería estar preocupado en eso y no en espiar a dirigentes sindicales o políticos.”
Nicolás Tauber también informó que el gobierno hizo ingresar a 138 personas en la AFI realizando solamente un curso de 5 días. “Está claro que quieren colonizar este nuevo organismo”, declaró. Finalmente reflexionó acerca del peligro que entraña una institución de esta naturaleza: “Se esta armando un aparato que mezcla seguridad, inteligencia y control social muy dañino y muy perjudicial para la democracia. Se genera un dispositivo y se dan atribuciones a organismos que están por fuera de todo control ciudadano o político, que son amenazas para el autogobierno de los argentinos”.



1. Advirtamos cómo avanza el estado represor. Veamos algunos ejemplos

Impunidad en la provincia de Río Negro
Liberan a siete policías imputados 
por la desaparición de Daniel Solano
25 de julio de 2015

Por Daniel Satur (La Izquierda Diario)
Tras cumplir tres años de prisión preventiva sin juicio, el juez decidió soltar a los acusados de asesinar al obrero salteño en noviembre de 2011. Frente a tanta impunidad, el padre de Daniel comenzará una huelga de hambre en Choele Choel.

El 19 julio de 2012, la movilización popular y las pruebas cada vez más contundentes obligaron a que siete agentes de la Provincia de Río Negro fueran detenidos acusados de hacer desaparecer y asesinar el joven obrero golondrina salteño Daniel Solano.
Durante tres años Sandro Berthe, Juan Barrera, Pablo Bender, Diego Cuello, Andrés Albarrán, Diego Quidel y Héctor Martínez estuvieron con prisión preventiva. Sin embargo el juicio en le que se deberá determinar la responsabilidad de estos uniformados en el secuestro y desaparición de Solano parece no llegar nunca. Al menos hasta que no se resuelva dónde y cómo debe continuar el proceso.
El juez Julio Martínez Vivot había derivado el caso a la Justicia Federal, afirmando que se estaba ante el delito de "desaparición forzada de persona", pero la medida fue revocada por la Cámara Tercera de General Roca, que declaró la competencia provincial y ordenó la urgente realización del juicio. Sin embargo, esa medida fue recurrida por la fiscal de Cámara Laura Pérez y ahora es el Superior Tribunal de Justicia rionegrino el que debe resolver al respecto.

Regalo por el día del "amigo"
Mientras la familia de Solano y el pueblo de Choele Choel hace años esperan algo de justicia, esta semana el Poder Judicial los sacudió con un nuevo golpe. El lunes, casi como un regalo por el día del amigo, Martínez Vivot dispuso terminar la prisión preventiva de los imputados. Eso sí, como para menguar en algo el escándalo les impuso cauciones de $400.000 a cada uno. Ahora las defensas podrán apelar el monto de la cautelar y la querella podrá oponerse a las eventuales liberaciones.
Conocido el fallo, las familias de los detenidos calificaron como excesivo el valor de la fianza. "Si apenas vivimos con lo justo, es una tomada de pelo, están jugando con nosotras pero sobre todo con nuestros hijos", dijeron las esposas de los policías al diario Río Negro. Sin embargo esos mismos familiares niegan la responsabilidad comprobada que esos policías tuvieron en el secuestro y desaparición del joven obrero golondrina.
Vale aclarar que según el Código Penal de la provincia de Río Negro, nadie puede estar más de tres años con prisión preventiva. Por eso, previo a cumplirse ese plazo en el caso de los siete policías, la fiscalía había pedido una prórroga extraordinaria de esas prisiones. Pero el juez rechazó el planteo y dispuso la libertad de los imputados, notificando a las partes el lunes a la mañana.
En una resolución vergonzosa, el juez impuso reglas “de conducta” que los policías deberán respetar si quedan libres. Entre ellas, la abstención de realizar conductas "que puedan estimarse perturbadoras" para los testigos y sus familias y la prohibición de acercarse a la familia Solano, al abogado Sergio Heredia y a las carpas que habitan frente del juzgado de esta ciudad.

Furioso rechazo a la impunidad
Sergio Heredia es el abogado que hace más de tres años se instaló en Choele Choel para seguir el caso de cerca junto a Gualberto Solano, el padre de Daniel. Desde hace bastante tiempo, producto de persecuciones y aprietes varios, Heredia vive en una pieza que el cura del pueblo le cedió dentro de la iglesia. Allí montó su oficina de trabajo, donde además de una cama y un televisor tiene mesas llenas de expedientes que hablan por sí solos del caso Solano.
El lunes a la tarde, enterado del fallo judicial, el abogado hizo pública su indignación. Usando las redes sociales manifestó que “esta mañana fue bastante movida, de tensión, y cerca del mediodía fuimos notificados de la sentencia del Juez Martínez Vivot de no hacer lugar a la prórroga de detención de prisión de los siete policías pedida por el fiscal y ordenó la libertad de los mismos, previo pago de la caución real de $400.000 por cada uno.”
En el mismo mensaje habló de la medida extrema que estaría por tomar Gualberto Solano frente a este nuevo cachetazo. El padre de Daniel le comunicó a Heredia “su decisión de encadenarse en el Juzgado, que no quería que nadie lo acompañe y que no necesitaba ni agua, ni comida, ni carpa, ni fuego, ni nada. Solo me pidió que le compre un féretro, un ataúd, y que se lo ponga al lado para cuando esto termine”. El padre de Daniel ya había tomado una medida similar, en mayo de 2012, cuando llevaban seis meses de búsqueda, un hecho que afectó su salud.
Para el abogado, Gualberto “llegó al límite de la tolerancia, del respeto, al límite de la burla, al límite de la paciencia”. Y enseguida Heredia advierte: “Gualberto siempre está informado de todo nuestro trabajo y el firmó todas y cada una de las denuncias que se hicieron en este tiempo, denuncias a la cuales la justicia no dio respuesta. De lo que va a pasar, del desenlace fatal que esto va a tener, hago responsable a la justicia, al gobierno provincial, al gobierno nacional, al señor Belloso (intendente de Choele Choel, NdR), hago responsable a todos, absolutamente a todos. Siempre los previne con respecto a Gualberto Solano, y fui claro al decir que no abusen de su paciencia. Los conozco bien, aprendí a conocerlos, y una muerte más no les importa en absoluto, siempre fueron cómplices de asesinos y de explotadores, pero con nosotros no pueden, ahora comienza Gualberto, mañana otro de nosotros ocupará su lugar”, concluyó.

Entre la juventud y la comunidad de Choele Choel hay muchas personas que hicieron suya la lucha por la aparición de Daniel Solano. Por eso esta semana la indignación y la bronca también los invadió. Junto al apoyo a Gualberto y a Heredia, muchas personas expresaron su bronca. Marcela Torres, vecina del pueblo solidaria con esta lucha y una de las integrantes de la comisión de familiares y vecinos que exigieron justicia desde las primeras semanas de la desaparición de Daniel, lanzó una acusación hacia todos los estamentos de poder involucrados en la impunidad: “Sepan ustedes, cómplices y encubridores de la desaparición de Daniel Solano, hijo de Gualberto, que si Gualberto decide una vez más hacer una huelga de hambre y encadenamiento, van a ser también cómplices de lo que le pase. Sepan que el pueblo, nosotros, no los vamos a dejar en paz si algo le pasa al viejito. Sepan ustedes que por cada vez que ignoran esas carpas que son un símbolo de lucha y amor, matan un poco más al papá de Daniel. Sepan ustedes, jueces, políticos y asesinos que todos los días, cada uno de los días vuelven a matar y desaparecer al chango de Gualberto. Sepa usted, señor gobernador que ustedes no tienen una provincia de paz y tranquilidad. Sepa usted señor intendente que tiene un pueblo que crece, pero crece en injusticia, en dolor y complicidad de la desaparición de Daniel. Sepan ustedes señores policías, que nunca pero nunca los dejaremos en paz mientras la verdad no se sepa. Sepan todos los cómplices de esta tragedia, que la gente de este pueblo los repudia, los aborrece y los condenará por siempre si son cómplices, una vez más, de otra tragedia. ¡Las cadenas y el dolor lo llevarán por siempre, porque la gente, el pueblo, no va a ser cómplice de su impunidad!”.

Un equipo de La Izquierda Diario estuvo recientemente en Choele Choel registrando testimonios e imágenes que rodean al caso de Daniel Solano. En breve será publicado un informe audiovisual que reconstruye los hechos y muestra la cadena de responsabilidades políticas e institucionales alrededor de uno de los casos más aberrantes de los últimos años.




martes, 28 de julio de 2015

"Invitamos a periodistas y medios de comunicación a una conferencia de prensa este miércoles 29 de julio a las 10 en el Acampe Qo.Pi.Wi.Ni "

Caravana desde Formosa en apoyo al Acampe Qo.Pi.Wi.Ni 
en Buenos Aires

27 de julio de 2015

El miércoles 29 de julio a las 10 de la mañana se realizará una conferencia de prensa en el Acampe Qo.Pi.W.Ni por parte de los y las integrantes de estas comunidades originarias del noreste argentino, que llevan más de cinco meses acampando en pleno centro porteño sin ningún tipo de respuesta gubernamental a sus reclamos de recuperación de tierras y cese de persecuciones y hostigamiento. Al día siguiente partirá una caravana desde Formosa. 
Por ANRed
Conferencia de prensa en Buenos Aires y Caravana desde Formosa
Este próximo miércoles 29 de julio partirá desde Formosa un grupo de más de medio centenar de integrantes de las comunidades originarias que sufren desde hace tiempo ataques sistemáticos cuando reclaman por sus tierras que les son robadas o cuando denuncian que son hostigados e incluso han sido asesinados algunos de sus hermanos.
Este año, en febrero, luego de haber cortado la ruta 86, en Formosa, las comunidades decidieron regresar a Buenos Aires para visibilizar el conflicto y que los atienda la presidenta de la Nación.
No sólo no tuvieron respuestas por parte de funcionario alguno a sus reclamos, sino que dos meses después, el miércoles 22 de abril, fueron atacados con bombas incendiarias en el acampe de Buenos Aires, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, a plena luz del día. Al mismo tiempo, ese día, pero en Formosa, ingresaron varias personas al espacio donde funciona la radio Qom y destruyeron la potencia y se llevaron además los cables que van desde la antena hasta los transmisores. Dejaron así fuera del aire a esta radio que opera desde el 2012 y transmite para las tres comunidades más importantes de Formosa.
Hace pocos días, al cumplir los cinco meses de acampe en Buenos Aires, realizaron una actividad para marcar esa presencia que el Gobierno pretende ignorar.
Es por eso, que en el Acampe Qo.Pi.W.Ni decidieron realizar esta Caravana que llegará el próximo viernes 31 de julio a Buenos Aires.
Reproducimos:
Gacetilla de Prensa – Agradecemos su difusión
Ciudad de Buenos Aires, 27 de julio de 2015
Conferencia de Prensa en el Acampe Qo.Pi.Wi.Ni- Miércoles 10hs
Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio – Ciudad de Buenos Aires

Invitamos a periodistas y medios de comunicación a una conferencia de prensa este miércoles 29 de julio a las 10 en el Acampe Qo.Pi.Wi.Ni ubicado en la intersección de las avenidas De Mayo y 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires.

Las comunidades de los pueblos originarios que conforman la organización 
QO.PI.WI.NI, desde más de cinco meses sostienen un acampe en pleno centro porteño (Avenida de Mayo y 9 de Julio) en protesta contra el despojo continuo de sus milenarias tierras. Al día de la fecha, después de tanto tiempo de acampe en condiciones precarias y clima adverso, no han recibido respuesta alguna por parte del Gobierno tanto nacional como provincial.
Debido a esto, este jueves 30 desde Formosa saldrá una caravana de más sesenta hermanos de distintas comunidades para dar su apoyo y sumar su fuerza al Acampe Qo.Pi.Wi.Ni y llegará a Buenos Aires para recibir el Día de la Pacha Mama. Estarán exigiendo una respuesta concreta y efectiva al Gobierno y la Justicia Nacional ante la permanente expropiación de sus legítimas tierras. El gobierno provincial de Gildo Insfrán les ha arrebatado más de tres cuartas partes de su territorio. Esta práctica se ve acompañada de la persecución y asesinato de integrantes de las comunidades, y el silencio de los medios de comunicación y las autoridades judiciales en ningún ámbito.
Las comunidades originarias, con el apoyo de organizaciones sociales, partidos políticos, referentes de los Derechos Humanos y la Cultura, y personas no agrupadas solidarias convocan a participar y difundir la recepción de la caravana en Buenos Aires.
Acampe Qo.Pi.Wi.Ni
Contactos de Prensa:
Félix Díaz: (011) 15 3019-5014 ó (011) 15 2275-2676
Jorge Palomo: (011) 15 3423-4660
Pablo Gonzalez: (011)15-5379-9137

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article10311

lunes, 27 de julio de 2015

“Podemos seguir, como hasta ahora, poniendo todo en las elecciones, en las marchas y los actos, en las huelgas reguladas, y así. Nada de lo anterior es descartable por alguna razón de principios. El problema está en construir una estrategia centrada en esas herramientas, reguladas por los de arriba”.

La nueva gran transformación
27 de julio de 2015

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

Una de las pocas ventajas de las grandes crisis es que nos ayudan a descorrer el velo con el cual el sistema encubre y disimula sus modos de oprimir. En este sentido la crisis que vive Grecia puede ser fuente de aprendizajes. Para ello propongo dejarnos inspirar en el largo camino recorrido por Karl Polanyi al escribir La gran transformación. Para comprender el ascenso del nazismo y del fascismo se remontó a los orígenes del liberalismo económico, situados en la Inglaterra de David Ricardo.

El capitalismo de libre mercado, los mercados no regulados, desarticuló las relaciones sociales y destruyó comunidades sometiendo a los individuos, desgajados de sus pueblos, al hambre y la humillación. El cercamiento de los campos –inicio de este proceso– fue una revolución de los ricos contra los pobres, dice Polanyi. Luego de la Paz de Cien Años se produjo la desintegración de la economía mundial y el Estado liberal se vio remplazado en numerosos países por dictaduras totalitarias (La Piqueta, 1997, p. 62).

La transformación que estamos viviendo en las últimas décadas ha sido analizada como la hegemonía de la acumulación por desposesión (o despojo), como señala David Harvey en El nuevo imperialismo (Akal, 2004). Las raíces de este proceso, siguiendo los pasos de Immanuel Wallerstein y Giovanni Arrighi, hay que buscarlas en las luchas obreras de la década de 1960 (y de 1970 en América Latina), que desarticularon la disciplina fabril neutralizando el fordismo-taylorismo, una de las bases de los estados de bienestar. La clase dominante decidió pasar de la hegemonía de la acumulación por reproducción ampliada a la dominación mediante acumulación por saqueo.

Sin embargo, el concepto de acumulación por desposesión no se detiene en el tipo de Estado adecuado para esta etapa. El régimen político para imponer el robo/despojo no puede ser el mismo que en el periodo en el que se apostó a la integración de los trabajadores como ciudadanos. Este es, a mi modo ver, el núcleo de las enseñanzas de las crisis griega (y de las crisis en varios procesos latinoamericanos).
Estamos ante el fin de un periodo. Una nueva gran transformación sistémica, que incluye por lo menos tres cambios trascendentes, que deberían tener su correlato en el ajuste de las tácticas y estrategias de los movimientos antisistémicos.

·         El primero ya fue mencionado: el fin del estado de bienestar. Incluso en América Latina en la segunda posguerra asistimos a un relativo desarrollo industrial, la adjudicación de derechos a las clases trabajadoras y a su progresiva e incompleta inserción como ciudadanos. La desindustrialización y la financiarización de las economías, a caballo del Consenso de Washington, enterraron aquel desarrollismo.
·         La segunda transformación es el fin de la soberanía nacional. Las decisiones importantes, tanto las económicas como las políticas, pasaron a tomarse en ámbitos fuera del control de los estados nacionales. La reciente negociación entre el gobierno griego y el eurogrupo muestra claramente el fin de la soberanía. Es cierto que muchos gobernantes, de derecha e izquierda, naufragan entre la falta de escrúpulos y la falta de proyecto. Pero no es menos cierto que el margen de acción del Estado-nación es mínimo, si es que existe.
·         El tercero es el fin de las democracias, estrechamente ligado al fin de la soberanía nacional. De esto no se quiere hablar. Quizá porque son muchos los que viven de las migajas de los cargos públicos. Pero es uno de los núcleos de nuestros problemas. Cuando el uno por ciento tiene secuestrada la voluntad popular y el 62 por ciento es sometido al 1 por ciento; cuando esto sucede una y otra vez en uno y otro país, es porque algo no funciona. Y eso que no funciona se llama democracia.

Creer en la democracia, que no es sinónimo de ir a las elecciones, es un grave error estratégico. Porque creer en la democracia es desarmar nuestros poderes de clase (léase de trabajadores, mujeres pobres, indios, negros y mestizos, sectores populares y campesinos sin tierra, pobladores de periferias, en fin, todos los abajos). Porque sin esos poderes, los llamados derechos democráticos son papel mojado.
La democracia funciona desarmando nuestros poderes. Y aquí es necesario introducir varias consideraciones.

Una. Democracia no es lo opuesto a dictadura. Vivimos la dictadura del capital financiero, de pequeños grupos que nadie eligió (como la troika) e imponen políticas económicas contra las mayorías, entre otras cosas porque los que llegan al gobierno son comprados o amenazados de muerte, como bien nos recuerda Paul Craig Roberts: Es muy posible que los griegos sepan que no pueden declarar suspensión de pagos e irse, pues si lo hacen serán asesinados. Seguramente se los han dejado muy claro (http://goo.gl/rAoXbG). Sabe lo que dice, porque viene de allá arriba.

Dos. Desde que la burguesía aprendió a manejar el deseo y la voluntad de la población por medio del marketing, imponiendo el consumo de mercancías absurdas e innecesarias, la democracia está sometida a las técnicas de mercadeo. La voluntad popular nunca alcanza a expresarse en las instituciones estatales, en los términos y códigos que las clases populares emplean en sus espacios-tiempos, sino mediada y tamizada hasta ser neutralizada.

Tres. Los poderes de clase han sido codificados en derechos. No es lo mismo reunirse, publicar folletos o crear mutuales con base en las propias fuerzas y sorteando la represión, que dejar que los estados regulen y disciplinen esos modos de hacer por medio de subsidios. La represión es a menudo el primer paso para conseguir la legalización.

Ahora el problema es nuestro. Podemos seguir, como hasta ahora, poniendo todo en las elecciones, en las marchas y los actos, en las huelgas reguladas, y así. Nada de lo anterior es descartable por alguna razón de principios. El problema está en construir una estrategia centrada en esas herramientas, reguladas por los de arriba. Las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo, escribió la feminista negra Audre Lorde.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201479