sábado, 30 de septiembre de 2017

“Hemos demostrado que la unidad tiene logros. Hoy el logro es nuestro, de los pueblos”.




Masiva movilización de pueblos indígenas frente al Congreso de la Nación durante el tratamiento en el Senado de la prórroga de la Ley 26.160. El reclamo se concentró en exigir la extensión por cuatro años de esta normativa que suspende los desalojos en territorios que habitan tradicionalmente. Incertidumbre y malestar porque el Gobierno había adelantado reducir dos años la vigencia de la ley. En el recinto, la propuesta del oficialismo fue rechazada y resolvió acompañar el voto de la mayoría. Por Liliana Giambelluca para ANRed.
http://www.anred.org/spip.php?article15130



"Hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina. El M4 es contundente y señala que ¡Del Perú a Canadá la minería no va!"

“El M4 existe porque resiste”

Declaración del IV Encuentro 

del Movimiento Mesoamericano contra 

el Modelo extractivo Minero

29 de septiembre de 2017

 

Como hace cinco años en Valle de Siria en Honduras, las comunidades, pueblos y organizaciones que somos el M4 nos hemos reunido del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de San José en Costa Ricapara reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra el modelo extractivo minero.
Como entonces, hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, deacaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina.
En estas jornadas de trabajo del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, las representaciones de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) coincidimos en que la actividad minera en nuestros territorios ha avanzado al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces cuando no corruptos, por la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, por apetitos personales y silencios cómplices. En este sentido, consideramos que la minería en nuestros territorios es consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que causa un modelo de desarrollo que -a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales- favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital.
Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.

Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivista. El 3 de marzo del 2016 en Honduras, en el marco de los intercambios y alianzas que facilita nuestro movimiento, fue asesinada nuestra compañera Berta Caceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el compañero mexicano Gustavo Castro, referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio y prinicipal impulsor y dinamizador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, estamos en pie, existimos porque resistimos.
Esa misma crisis se expresa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación metódica a nuestros pueblos y comunidades. Por ello, insistimos en rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las mineras a su paso por nuestros países: nos oponemos a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coercion de la libertad de expresión; a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, a la erosión y desertificación de los suelos, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a las altísimas contribuciones al cambio climático, las afectaciones a la salud y los empleos precarios; al falso desarrollo y a la injerencia de las mineras en las decisiones políticas y económicas de nuestros países.
Sabemos que la causa fundamental de la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los bienes comunes naturales reside en la desigualdad, los desequilibrios de poder y el neocolonialismoque atraviesa nuestras sociedades, por ello reforzamos nuestra convicción de que un verdadero progreso social estaría mediado por la humanización de las condiciones de trabajo, viviendas dignas y distribución igualitaria de la riqueza; por una educación de calidad y la adecuación de los planes de estudio a las distintas realidades existentes; por una seguridad social efectiva y la concepción integral de la salud entendida no sólo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía de las condiciones individuales y colectivas que la hacen posible (alimentación sana, agua limpia, suficiente y accesible para todas y todos, entre otras).
Aspiramos a un modelo de sociedad basado en la vida digna sustentado por normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, el empoderamiento personal y comunitario, la realización de los derechos humanos, la reducción de la violencia, la sustentabilidad de las actividades productivas, el final de las desigualdades de género, el desarrollo cultural, científico y la creatividad artística; de manera importante, aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra.
Desde el M4, imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza.
Celebramos la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica. Hacemos un llamado al resto de los gobiernos a seguir el camino de los pueblos y no de las corporaciones.
Saludamos con gran alegría la integración al M4 de los países hermanos de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona, quienes coinciden con nosotros en la necesidad de construir una sociedad alerta y movilizada que nos permita revigorizar la democracia, contar con organizaciones sociales fuertes e independientes que porten los esfuerzos de transformación de la sociedad y ofrezcan espacios apropiados para que las luchas contra el modelo extractivo minero germinen y se fortalezcan.
Junto a ellos, continuaremos trabajando para construir espacios colectivos adecuados que estimulen el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que, más allá de nuestras luchas concretas, nos articulen en torno a la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.
Consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la “minería verde”, “sustentable”, “socialmente responsable”, “ecológica” o “limpia”. Por ello, exigimos:
  • Primero. La salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios, así como el alto total de la entrega de nuestros territorios en concesiones para la explotación minera de parte de los gobiernos de nuestros países.
  • Segundo. El cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio.
  • Tercero. Conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de nuestro compañero mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire y cuya familia y organizacion, al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas.
  • Cuarto. En atención a los tratatos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, el respeto total a las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, toman nuestros pueblos, sean cuales sean las formas y los mecanismos para ello.
  • Al gobierno Hondureño le demandamos el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Caceres, el COPINH y Gustavo Castro.
Enviamos un saludo solidario al pueblo mexicano que en días recientes ha sido sufrido el azote de sismos consecutivos que han afectado a la Ciudad de México y a los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estamos con ustedes!
En comparación con otras expresiones políticas que aspiran a atemperar los efectos nocivos que produce este modelo de desarrollo, el M4 es contundente y señala que ¡Del Perú a Canadá la minería no va!

"Creemos que la lucha mapuche por recuperar los territorios para la vida, es hoy más que nunca una tarea urgente, que el pueblo Mapuche lleva adelante de manera digna, arriesgando la vida por el bien común de todos/as quienes habitan los territorios".

Chile: Declaración pública de ANAMURI frente a la situación de los presos políticos mapuche

29 de septiembre de 2017

 

Nosotras, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, declaramos públicamente nuestro total rechazo a la persecución y violencia que ejerce el Estado de Chile hacia el Pueblo Nación Mapuche, persiguiendo a quienes resisten desde su cultura, al olvido sistemático que busca implantar el modelo neoliberal hegemónico en el territorio chileno.

El pueblo mapuche, busca liberar a los territorios del extractivismo -lucrativo sólo para el empresariado-, el cual trae muerte y contaminación, además de la pérdida total de los ecosistemas, a costa de la flora endémica, las aguas y de la vida de sus habitantes. De esta manera, creemos que la lucha mapuche por recuperar los territorios para la vida, es hoy más que nunca una tarea urgente, que el pueblo Mapuche lleva adelante de manera digna, arriesgando la vida por el bien común de todos/as quienes habitan los territorios. La criminalización del pueblo mapuche es realizada por el empresariado nacional y transnacional, por el Estado de Chile, con nuevas operaciones que suman hermanos/as en prisión, aún sin pruebas condenatorias ni juicios justos, siempre apoyados en montajes judiciales, y reaccionarias campañas comunicacionales, acostumbrando al pueblo de Chile a que la justicia garantiza derechos sólo a ricos y a empresarios.
Demandamos de manera urgente, poner fin a la Ley antiterrorista, instrumento que fue promulgado por el dictador Pinochet, para criminalizar a los movimientos sociales y a los pueblos originarios, y que sólo se aplica hoy de manera racista, para condenar a luchadores y luchadoras Mapuche, sin castigar a los verdaderos causantes del terror en la población, quienes lucran con la vida y causan: contaminación minera, salmonera y forestal, llevando al exterminio de bienes comunes; jubilaciones de hambre; salud negligente; educación elitista y mercantil; y en el caso específico del pueblo Mapuche, hostigamiento y violencia desde la niñez, atacando con gases y armamento, incluso escuelas, liceos y los hogares de las comunidades.
La ley antiterrorista chilena atenta contra el estado de derecho toda vez que contiene elementos que afectan las garantías procesales de un juicio justo y que debiese asegurar un Estado que se dice democrático. Debemos recordar la prisión preventiva a autoridades ancestrales como la Machi Francisca Linconao, o el juicio a Lorenza Cayuhán, quien además de ser obligada a parir bajo los ojos de un carcelero, engrillada, fue condenada con el testimonio de un “operador ocasional” sin rostro, ni nombre, amparado por el Ministerio Público. La utilización de la ley antiterrorista es arbitraria, con prisiones preventivas que se transforman en condenas efectivas aún sin juicios; con declaraciones de testigos anónimos y protegidos que impiden una defensa justa.
Hoy cuatro hermanos, cuatro weichafe, ponen en riesgo su vida para exigir al Estado de Chile el derecho a vivir en paz sin dejar de ser mapuche.
LUCHAR POR LA VIDA, LA SOBERANÍA Y 
LA CULTURA DE UN PUEBLO: NO ES TERRORISMO.
LOS PUEBLOS NO CALLARÁN 
FRENTE AL AVANCE CAPITALISTA EN LOS TERRITORIOS: 

NUESTRO DEBER ES LUCHAR.

Comprobemos qué tipo de progreso y modernidad desarrolla el sistema mundo capitalista.

Monocultivos en la Amazonía: la distopía de la sustentabilidad y de la riqueza

26 de agosto de 2016

 

 Extractivismo predador. Una lectura sobre el desarrollo a partir de los plantíos de palma aceitera y de soja.
16 de agosto de 2016


 Por Verena Glass 

(...)
El agronegocio amazónico: una triste historia de (relativo) éxito
La estigmatización de la Amazonia como espacio geográfico destinado a la extracción intensiva de bienes naturales no es reciente. En Brasil, como en los demás países panamazónicos, el extractivismo[6] maderero, mineral, energético, petrolero y agroexportador sigue una tradición que remonta, dependiendo del sector, al inicio de la colonización europea. En el último siglo, sin embargo, la explotación de la región ha tenido rasgos más agresivos, en la lógica de lo que ha expresado recientemente el presidente del Parlamento Amazónico de Brasil, el diputado Sinésio Campos (Partido de los Trabajadores, Amazonas): “No podemos dejar que los habitantes del interior de Amazonas, o de otros estados de la región, vivan sobre la riqueza y pasen necesidades. Necesitamos rever nuestros conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable. Amazonia no puede ser un museo”.[7]
 En esa  declaración hay dos presupuestos emblemáticos: el primero es que los indígenas y pueblos tradicionales viven sobre lo que el capital denomina “riquezas” y que, por lo tanto, deben tener sus derechos territoriales mutilados para permitir su explotación. Ese es el aspecto más grosero del desarrollismo capitalista en la Amazonia. El segundo aspecto, no menos violador de derechos, sin embargo más sutil en sus proposiciones, es el debate sobre los “conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable”. A esas dos vertientes del modelo de desarrollo en la Amazonia nos dedicaremos, a partir del recorte del moderno agronegocio practicado en el bioma en el último periodo. Más específicamente, nos proponemos la reflexión sobre el proyecto económico y los impactos de las culturas de palma aceitera (o palma africana) y de la soja, sectores en expansión que se han beneficiado de una serie de políticas públicas y han transformado radicalmente el universo y los territorios de los pueblos tradicionales amazónicos en donde se ubican[8].

La palma aceitera y los “conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable”
Con la intensificación de los debates mundiales sobre el calentamiento global y, en especial, después del acuerdo que ha generado el Protocolo de Kioto en el ámbito de la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas de 1997 (COP 3), una serie de propuestas buscando la descarbonización del planeta han ido tomando cuerpo. Entre ellas, la ampliación del uso de agrocombustibles en sustitución a los combustibles fósiles.[9]
De hecho, la producción de etanol y biodiesel y las investigaciones correlacionadas siempre han estado conectadas mucho más a proyectos de seguridad energética o para abaratar los combustibles – principalmente en periodos de alza de precios de los fósiles – que al debate climático, al que terminaron incorporándose con más consistencia al inicio de los años 2000.
Contradictoriamente, sin embargo, el discurso climático se ha priorizado por los defensores de la agroenergía a partir del momento en que el sector pasó a enfrentarse a denuncias de impactos negativos sobre la seguridad y soberanía alimentarias (a raíz del uso intensivo de maíz en la producción de biodiesel en Norteamérica y de la competencia de los cultivos energéticos en áreas de culturas alimentarias) o sobre derechos territoriales de pueblos locales[10].
Aún en el ámbito de las contradicciones, en los países andinos el cultivo agroenergético que se ha consolidado con más fuerza ha sido la palma aceitera (o palma africana), con efectos devastadores sobre las forestas tropicales y el agravamiento de conflictos sociales y agrarios. Sobre eso, hay registros de que los monocultivos de palma están generando deforestaciones alarmantes en la Amazonia peruana, colombiana y ecuatoriana[11] y graves conflictos territoriales en Colombia y en Perú[12].
En Brasil, la expansión de la palma aceitera se ha dado en consonancia con el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB), lanzado por el gobierno federal a fines de 2004 como parte de un ambicioso proyecto de conquista de la hegemonía brasileña en los mercados internacionales de agrocombustibles. Consciente de las críticas al cultivo de la palma en Asia y Latinoamérica por su contribución a problemas socio-ambientales, el gobierno brasileño estableció que el cultivo de la palma aceitera, concentrado en el bioma amazónico, tendría que restringirse a áreas degradadas y se constituiría en una estrategia de fortalecimiento de la agricultura familiar a través de proyectos de integración con grandes compañías.
 A partir de 2008, el estado de Pará (más grande productor de palma africana en Brasil), donde el cultivo de palma aceitera ha ocupado históricamente un área estable, ha sufrido un boom de nuevos proyectos agroenergéticos con fuerte apoyo de los gobiernos federal y estatal, de bancos y financiamientos públicos. En los siguientes años y con la consolidación del sector, sin embargo, gran parte de los elementos qua han compuesto el imaginario de sustentabilidad socio-ambiental de la actividad a partir del PNPB se han desconfigurado; tanto por su lógica empresarial-capitalista, como por el conjunto de factores sociopolíticos del universo amazónico. 
Veamos algunos de esos aspectos:
Premisa 1: la palma aceitera ocupará solamente áreas degradadas y no provocará impactos ambientales en Amazonia
A pesar de no estar entre los principales conductores de la deforestación en Brasil, el cultivo extensivo de la palma aceitera en un bioma altamente biodiverso y sensible como la Amazonia tiene una serie de impactos negativos sobre el ambiente y los pueblos locales. A pesar del discurso contrario, las deforestaciones en la actividad son prácticas comunes pero sub-registradas, una vez que para la implantación de monocultivos, ocurren mayoritariamente a través de la supresión de manchas de bosques situadas entre las áreas degradadas. 

Pero el impacto más grande se da a partir de las características del manejo de la palma y su alta dependencia de la aplicación de agrotóxicos, utilizados en el control tanto de plantas invasoras como de plagas. O sea: en 2013, la Secretaría de Agricultura de Pará estimaba que el estado cultivaba 166 mil hectáreas de palma. Con base a los indicadores de manejo de la cultura elaborados por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y del agente financiador Banco de Amazonia (BASA), se puede calcular que en ese año se habrían aplicado a los cultivos de palma aceitera cerca de 332 mil litros de herbicida, 166 mil litros de insecticida, 166 toneladas de hormiguicida cebo, 19.920 cápsulas de insecticida-trampa e 33,2 toneladas de raticida[13].

 2014, estudios realizados por el Instituto Evandro Chagas en cursos de agua en áreas contiguas a grandes cultivos de palma aceitera constataron la presencia de agrotóxicos en ríos e igarapés cuyas aguas se utilizan para el lavado de ropas, ocio y consumo de las comunidades locales. 

Acorde al informe final de la investigación, se han encontrado residuos de endosulfan, sustancia tóxica prohibida en Brasil desde 2013, en casi todos los puntos de muestreo en el periodo de mayor intensidad pluviométrica, señalando a que ese producto se está carreando de los suelos, por procesos de lixiviación, y se está acumulando en los sedimentos de fondo de los ríos e igarapés de la región. “La inserción antrópica de endosulfan (…) en esos ambientes puede provocar daños a los ecosistemas acuáticos y representar riesgos a la salud de la población que reside en esta región”, afirma el estudio; y alerta: “Como la posible acumulación de endossulfan representa un aumento de la carga orgánica natural en el periodo de más lluvias, también se deben evaluar las implicaciones de la presencia de dicho compuesto asociado directamente al aumento de la producción de algas en la región. En ese contexto, este ambiente está propicio al aumento de la producción de cianobacterias y cianotoxinas, que son sustancias tóxicas y representan también grandes riesgos a los ecosistemas acuáticos y a la salud humana. (…) A partir de los análisis morfológicos [de los materiales recolectados], se han identificado para el área de estudio un total de cinco taxones infra genéricos de cianobacterias”.

Otro peligroso impacto de los monocultivos de palma aceitera sobre la foresta es su interferencia sobre los flujos bióticos del ecosistema amazónico. El problema se agravó a partir de recientes cambios en el Código Forestal brasileño (instrumento que reglamenta la conservación y recuperación de la cobertura forestal en las propiedades rurales del país), cuando especies exóticas como la palma africana pasaron a constituir legalmente un sustituto a la recomposición de bosques nativos en la llamada Reserva Legal de las propiedades, desconsiderando la importancia estratégica del mantenimiento de la diversidad biológica y aumentando exponencialmente los riesgos de graves pérdidas de recursos genéticos.

Premisa 2: el cultivo de la palma aceitera beneficia la agricultura familiar en cuanto a una alternativa de renta
Cuando se ha lanzado en 2004, una de las premisas del PNPB ha sido la integración de la agricultura familiar a la cadena productiva del biodiesel. Para eso, el gobierno ha creado mecanismos de inserción de la actividad productiva de pequeños agricultores al sector agroindustrial, en la medida en que ha exonerado de una serie de impuestos a las industrias que adquirieran materia prima de la agricultura familiar.
En el caso de la palma aceitera, el programa estipuló el cumplimiento de contratos de 25 años entre agricultores e industrias, que presuponían cultivos de 10 hectáreas, en promedio, por familia, financiados por Pronaf Eco-Dendê con valores de hasta R$ 80 mil. Los contratos también prevén criterios rígidos de manejo (aplicación de agrotóxicos, abonos químicos, poda etc.) estipulados por los agentes financiadores y monitoreados por las empresas, reservándoles el derecho de control de las actividades productivas en el interior de las propiedades familiares.
Ese sistema resulta, en buena medida, en:
– endeudamiento de las familias, de las que parte significativa no es capaz de producir la cantidad suficiente de palma aceitera para librar las deudas en los bancos;
– injerencia de las compañías en la organización productiva de los agricultores, que han pasado a responder ante los contratantes de la producción como si a ellos fueran subordinados, no siendo, sin embargo, beneficiarios de los acuerdos y derechos laborales previstos en la ley;
– disminución drástica o término de otras actividades productivas (culturas alimentarias y otras actividades económicas) y consecuente impacto sobre la seguridad alimentaria (de la familia y regional);
– Renta menor de lo planificado y a veces inferior a la verificada con otras actividades productivas;
– Contaminación e intoxicación por agrotóxicos;
– Cambios drásticos en el modo de vida[14].
 Otro efecto de la expansión del cultivo de la palma aceitera sobre la agricultura familiar, no vinculado a los procesos de integración agricultores-compañías, es la presión de los grandes emprendimientos sobre las áreas familiares a partir del surgimiento de un nuevo mercado de tierras y la valorización financiera de los territorios. Relativo a eso, se observa en la región productora de palma aceitera en Pará un inexorable proceso de concentración de tierras, resultado tanto del asedio para su venta, de parte de las grandes industrias, como la progresiva incapacidad de mantenimiento de otras actividades productivas en las propiedades familiares a partir del abandono de la fuerza de trabajo para ubicarse en los monocultivos agroindustriales. Eso nos lleva al análisis de la siguiente premisa.

Premisa 3: El cultivo de la palma aceitera es gran generador de puestos de trabajo y, de esa manera, un instrumento importante para el desarrollo local
O monocultivo de la palma aceitera es, de hecho, uno de los sectores más intensivos en uso de mano de obra del agronegocio amazónico, en especial en las actividades de plantío, manejo y cosecha. El trabajo, sin embargo, se caracteriza por un alto grado de penosidad, una vez que la actividad exige grandes esfuerzos físicos en un ambiente natural adverso. Las jornadas laborales llegan a durar hasta 12 horas (entre la salida, aún por la madrugada, y el regreso a casa al fin de la tarde); hay deficiencias recurrentes en la provisión de agua, alimentación, equipos de protección individual e instalaciones sanitarias en los locales de trabajo; accidentes laborales son sub-notificados; hay falta de atención médica en los locales de los accidentes; y hay registros frecuentes de adicción a drogas, como la cocaína, para aumentar la productividad y soportar el descomunal desgaste físico del trabajo en condiciones climáticas adversas (altísimas temperaturas y lluvias torrenciales, típicas de la región).[15]
Por fin, a pesar de la poca fiscalización de la actividad de parte de los agentes del Ministerio de Trabajo y Empleo por alegada falta de estructura y personal, ya se han registrado casos de trabajo esclavo en el cultivo de la palma aceitera paraense,[16] así como condiciones degradantes en alojamientos de trabajadores que, en áreas distantes de sus locales de vivienda, permanecen por largas temporadas en los locales de empleo.

Las falsas soluciones
Impulsada por el Estado bajo la premisa de la “sustentabilidad climática” y del “desarrollo social”, el cultivo de la palma aceitera brasileña, después de casi una década de expansión acelerada, no sólo ha fallado en su propósito, sino también ha contribuido a la profundización del desequilibrio socioambiental impuesto a la Amazonia por el desarrollo extractivo. Acorde a la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), por ejemplo, en febrero de 2016, no había ninguna empresa productora de biodiesel registrada como apta a proveer el combustible de palma aceitera. O sea, en la Amazonia, el monocultivo de la palma africana que ha sustituido los bosques nativos no ha logrado siquiera corroborar los discursos de descarbonización del planeta, para lo que se ha justificado en primer lugar.

Por otro lado, el desplazamiento de la agricultura familiar de su misión primordial – la producción de alimentos – y su reposicionamiento, sea en la misma propiedad o como nuevo operario agroindustrial, como “productor de combustible” (materia que no consumirá y de la cual no se beneficiará), desplaza al pequeño agricultor no sólo de la posesión de la tierra sino también de la posibilidad de constituirse como definidor de su propio universo socioeconómico y organizador de su existencia. En ese sentido, como señala la investigadora de la Universidad Libre de Berlín María Backhouse, el proyecto de expansión de la palma aceitera en Brasil se caracteriza como green grabbing(proceso de apropiación y financiarización de bienes y territorios naturales por el capital a partir de la premisa de que, para preservar, se necesita ponerle un precio a la naturaleza), en la medida en que engloba no sólo el proceso material de apropiación de los territorios sino también un paradigma discursivo que señala como inexorable la comoditización de la naturaleza. “Cuando nos referimos a green grabbing con base en el concepto de acumulación primitiva continuada[17], tenemos en cuenta no sólo la constatación de que la concentración de tierras a    manos de las élites locales sigue ocurriendo, sino sobre todo que tal proceso implica una restructuración de las relaciones sociales. Dicha restructuración está impulsada por la nueva ordenación de las relaciones de propiedad, como ocurre en el caso de la privatización de tierras, o a través de la inserción de la agricultura familiar en la cadena productiva agroindustrial. En el mismo acto de su consecución, dicho proceso se legitima ideológicamente por la doctrina neoliberal, y gana de esa manera un perfil de proyecto hegemónico”. Y eso nos lleva al análisis del segundo sector propuesto para el estudio: el complejo productor de soja en la Amazonia.

La soja y la disputa de la “riqueza”
 La historia de la soja en la Amazonia brasileña – el país es el único que produce el grano a larga escala en el bioma – es una de las más violentas en el proceso de ocupación de la región por el agronegocio en los últimos 50 años. Uno de los principales componentes de la apertura de la frontera agrícola (al lado de la actividad maderera y de la pecuaria extensiva) en la transición de la producción decommoditiesdel Centro-Oeste para el Norte del país, en el territorio que comprende la Amazonia Legal, el área de soja alcanzó 8,16 millones de hectáreas en 2012,[18] con predominancia de los estados de Mato Grosso, Pará, Maranhão y Rondônia.
No discutiremos los detalles de los impactos ambientales del cultivo de soja en la Amazonia – deforestación al nivel de las 3,4 millones de hectáreas hasta 2012, acorde al monitoreo de las entidades que han firmado la llamada Moratoria de la Soja[19] –, tampoco el uso y contaminación récord de agrotóxicos. No examinaremos el significado de la predominancia de multinacionales como Cargill, Bunge y ADM en el sector y sus crecientes inversiones en la expansión de la cultura y en infraestructura de flujo de producción; no nos atendremos a la descripción de conflictos agrarios – a ejemplo de los 20 asesinatos de trabajadores rurales en la región de expansión de la soja en Rondônia, contabilizados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en el informe sobre violencias en el campo en 2015 -, o de la ocurrencia de trabajo esclavo, a pesar de la disminución de cerca de 60% de demanda de mano de obra en el cultivo de soja después de la mecanización de la actividad. Buscaremos entender como, más allá de las rejas de las haciendas, el complejo agroexportador de soja está reconfigurando el territorio amazónico de manera más profunda a través de las inversiones en infraestructura.

Como ya se ha mencionado, el Consenso de las Commodities impulsó las economías primario-exportadoras latinoamericanas en la última década a partir de los altos precios practicados en el mercado internacional y, en especial, debido a la creciente demanda china. Y, a pesar de la desaceleración de la economía mundial en los últimos años, en el primer semestre de 2015, por ejemplo, el complejo de la soja (granos, harina y aceite) respondió por 16% de las exportaciones brasileñas, aun con la caída de aproximadamente 30% en los precios relativos a 2014[20]. Ese factor ha fortalecido una demanda antigua del sector mirando hacia un reordenamiento radical de los espacios que separan las cosechadoras del mercado consumidor final europeo o asiático: la planificación infraestructural para abaratar los costes de flujo de producción, y en tal proporción que merece la pena volver al primer párrafo de este texto y a las tonterías sobre el complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós, en Pará.

 La cuenca del Tapajós, que abarca los ríos Tapajós, Teles Pires y Jamanxim, territorio de más de 200 mil indígenas Munduruku, Apiaká, Cayabi, Borari, Arapiun, Arara Vermelha, Jaraqui, Kumaruara, Tapajós, Tapuia, Uupaiú, Maytapu, Cara Preta y Tupinambá, ha sido designado por el gobierno brasileño para acoger la próxima etapa de una mega planificación energética en la Amazonia, iniciada con la construcción de las usinas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, en el Río Madeira (RO), y Belo Monte, en Xingu (PA). Acorde al Plan Decenal de Expansión de Energía (PDE) 2023, está prevista la construcción de siete usinas en los ríos Tapajós y su afluente Jamanxim hasta 2021, además de otras dos en Teles Pires, con el objetivo de asegurar la provisión de energía para un pretendido crecimiento económico de Brasil de 4,3% al año.

A par y paso con la lectura de que la expectativa de crecimiento que empuja la planificación energética del PDE es fantasiosa, dada la profunda crisis económica y política que afecta al país, una serie de otros elementos constituyentes del proyecto infraestructural en el cauce del Tapajós    señala que no es la seguridad energética su objetivo final: interdependiente del complejo hidroeléctrico, están previstas la construcción de una hidrovía en los cursos de los ríos Tapajós y Teles Pires y de cuatro esclusas (que permitirán la navegación de grandes embarcaciones) en Tapajós y seis en Teles Pires, como parte del llamado Arco Norte, proyecto de inversiones en las rutas de flujo de producción de commodities que engloba a los puertos de Itacoatiara (AM), Santarém (PA), Vila do Conde (PA), Itaqui (MA), Salvador e Ilhéus (BA), la pavimentación de la BR 163 (que une Mato Grosso al puerto de Santarém, en Pará), el Ferrocarril Norte-Sur (que cortará los estados de Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), el Ferrocarril Paraense (que une el sur y sudeste de Pará al norte del Estado), la Ferrogrão (que estará paralela a la Autopista BR 163), y la hidrovía del río Tocantins (que posibilita su navegación y del río Araguaia a partir del término de la esclusa de la hidroeléctrica de Tucuruí). Si se terminan esos proyectos, estima la Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria (CNA), habría una reducción alrededor de un 30% de los costes de flujo de producción y un aumento de 10% a 20% de los lucros para el sector.[21]

Aquí es importante observar que, en el cálculo del agronegocio, más allá de la disminución de los costes de exportación, los proyectos infraestructurales en el Norte del país también abren terreno para la expansión de cultivos sobre nuevos territorios, como se entiende del comentario del vocero de la Terminal Granelera de Maranhão, en el puerto de Itaqui, Luiz Cláudio Santos: “Se estima que existan más de 5 millones de hectáreas disponibles en esas regiones para la producción de granos y la llegada de este importante puerto posibilita dicho crecimiento, pues la principal dificultad para la producción de nuevas áreas es la infraestructura portuaria. Recordando que este proyecto era un sueño antiguo de todos los que están involucrados en la cadena del agronegocio de la región Norte 
Sueño para algunos, pesadilla para otros. La expansión de la soja en la región de Santarém, por ejemplo, donde se ubica el más grande puerto granelero de Cargill y gran parte de la producción financiada por la multinacional, ha sido uno de los principales factores de conflictos agrarios en la última década. Acorde al informe difundido por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en 2010, “más de 500 familias dejaron sus tierras para darle lugar a los campos de soja. En menos de cinco años, comunidades enteras se volvieron propiedad de productores de soja, mientras que otras han tenido una disminución drástica en su población”.[23] Según la CPT, Pará registró 645 muertes por conflictos en el campo entre 1985 y 2013 (solamente entre 2005 y 2013 fueron 118 casos). El número es casi cinco veces más de lo que ha registrado en el segundo estado en el ranking de asesinatos por cuestiones agrarias, Maranhão, con 138 casos en el mismo periodo. Según el abogado de la organización, José Batista Afonso, la mayoría absoluta de los casos tienen relación directa con la expansión de la soja y de la pecuaria sobre los territorios tradicionales.
La colaboración infraestructura-expansión de la producción agropecuaria y maderera también ha sido directamente responsable por los mayores índices de deforestación en la Amazonia, principalmente en relación a la apertura y pavimentación de autopistas. Acorde al estudio Roads, Deforestation and the Mitigating Effect of Protected Areas in the Amazon, publicado en 2014 por la revista Biological Conversation, 95% de la deforestación en la región se da a 5,5 km de carreteras – entre oficiales y clandestinas. En ese sentido, la región de la carretera BR-163 es, según el estudio del Instituto Socioambiental, el principal punto de deforestación en la Amazonia en la última década. Ese diagnóstico se confirma en el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sobre el estado de la biodiversidad en Latinoamérica y en Caribe, difundido en mayo de 2016, que señala la ecorregión entre los ríos Xingu y Tapajós, en Pará, como la tercera área con más deforestación en el periodo reciente.[24]
Las reacciones
A pesar de la caída de precios de las commodities (como metales, petróleo y granos) en los últimos dos años, y de la desaceleración del crecimiento chino y de su demanda por bienes primarios, en Brasil la reacción vino en forma de intensificación de la producción para compensar los bajos precios con el aumento de volumen y cortes en medidas socio ambientales, manteniendo estables los márgenes de lucro.
En ese sentido, avanzan en el Congreso Nacional propuestas que buscan desde la extinción de los mecanismos de otorga de licencias ambientales para grandes obras hasta la liberación de la minería o explotación agrícola en territorios indígenas y otras áreas protegidas, en la lógica de que no se puede seguir consintiendo a los pueblos indígenas el mantenimiento de su vida cuando se asienta y se desarrolla en tierras y bienes naturales convertibles en lucro financiero, “crecimiento” o “desarrollo”[25].
Sin embargo, ese proyecto ha provocado un nuevo ciclo de luchas sociales en los territorios, y muchas ya no se configuran a partir del marxismo revolucionario clásico, pero acorde a las cosmovisiones y a los deseos de las comunidades. O sea, a partir de reflexiones sobre un futuro diverso que desafía el axioma del “desarrollo” como único futuro posible, formulado por Harry Truman en el postguerra en 1949. Grandes luchas de resistencia, como la de los indígenas Munduruku contra el complejo hidroeléctrico en el río Tapajós, o de los Guarani y Kaiowá en Mato Grosso do Sul por los territorios usurpados por el agronegocio de soja, de caña de azúcar y pecuario, tienen como fuerza motriz la interiorización de factores espirituales que recurren a las ascendencias como puntos de partida y llegada.
Así, no parece raro que, en audiencia sobre los impactos de las usinas en Tapajós con autoridades del gobierno federal en la capital Brasilia, en 2015, un líder Munduruku se puso a relatar la leyenda de como la abuela del niño Karo Ebak le regaló a la etnia, en tiempos antiguos, la tierra negra[26]; y porque hoy la tierra negra, encontrada en todo el territorio Munduruku, es la prueba de la pertenencia ancestral de la etnia a ese territorio. Es parte de un mundo en el que quieren vivir y donde no cabe la modernidad blanca, o pariwat. “Haber estado siempre y siempre seguir estando, pero no así; de otra manera” es la base de lo que quieren los Munduruku.
Notas
[1] Luis Nassif, “As usinas-plataforma do rio Tapajós”. Carta Capital. 10/12/2013. Disponible aquí.
[2] Juliana Lins, Terra preta de índio e as populações do presente: a herança que chega até o quintal. Dissertação de Mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa. Manaus. 2013. Disponible aquí (pdf).
[3] Marcos Pereira Magalhães, “Mudanças antropogênicas e evolução das paisagens na Amazônia”. Disponible aquí.
[4] Ibíd.
[5] Socióloga argentina, profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata, galardonada con el Premio Konex en dos ocasiones (2014 y 2016). Parte de su producción está disponible en la página web: http://www.maristellasvampa.net.
[6] El término extractivismo se usa acá en el sentido de actividades que sacan grandes cantidades de recursos naturales que no son procesados (o que lo sean de manera limitada), principalmente para la exportación, lo que no se limita a los minerales o al petróleo.
[7] El Parlamento Amazónico es una entidad que congrega a los diputados estatales de los nueve estados de la Amazonia brasileña. Dicha afirmación se dio en una reunión en mayo de 2016, como lo cuenta el texto “Mineração em terra indígena e ligação com Pacífico são destaques em reunião do Parlamento Amazônico”. 19/6/2016. Disponible aquí.
[8] Observamos, como justificativa, que la elección de esos dos proyectos económicos para el análisis se debe a características aparentemente opuestas en cuanto a su interferencia social y ambiental en el bioma: mientras la palma aceitera tiene alta demanda de mano de obra y se estructura sobre un proyecto político de interacción con la agricultura familiar, la soja tiene uno de los menores índices de empleo del agronegocio, a la vez que su expansión es uno de los principales motores de los conflictos agrarios en la región. La palma aceitera pretensamente ocupa áreas degradadas, mientras que la soja ha sido, históricamente, uno de los principales conductores de la deforestación en Amazonia. Los dos proyectos, cada uno a su manera, han dejado huellas profundas en los territorios y sus habitantes tradicionales
[9] Varios análisis han sugerido que el biodiesel y el bioetanol reducen sustantivamente las emisiones de CO2 una vez que las emisiones de gases de la quema de dichos combustibles se neutralizarían por la absorción de CO2 en la etapa de crecimiento de los cultivos
[10] Un ejemplo de dicha tendencia ha sido la reacción del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en un debate climático en Perú en 2008, en que denuncias sobre efectos reversos de la agroenergía asumieron grandes proporciones: “Quieren descontaminar el planeta y combatir el calentamiento global, firman el Protocolo de Kioto, y cuando Brasil ofrece un combustible no emisor de CO2, prefieren usar uno que lo emite”, afirmó Lula. “Biocombustibles calentó la cumbre”, APF. 17/5/2008. Disponible: aquí.
[11] RAISG Red Amazónica de Información Socio ambiental Georreferenciada, Deforestación en la amazonia (1970-2013). Disponible aquí (pdf).
[12] Juan Luis Dammert B., Cambio de uso de suelos por agricultura a gran escala en la amazonía andina: el caso de la palma aceitera. Disponible aquí (pdf).
[13] Cf. Repórter Brasil, Expansão do dendê na Amazônia brasileira: elementos para uma análise dos impactos sobre a agricultura familiar no nordeste do Pará. 2013. Disponible aquí.
[14] Ibíd.
[15] Ibíd.
[16] Verena Glass, “Plantio de dendê entra na lista de atividades com trabalho escravo”, Repórter Brasil. 1/7/13. Disponible:aquí.
[17] “Con el concepto de acumulación primitiva, Marx describe, tomando como ejemplo el caso de Inglaterra, la transición del feudalismo al capitalismo como un proceso en el que los campesinos se separan de sus medios de producción. En el centro de dicho análisis se encuentra la explicación de la formación histórica del modo de producción capitalista, que se caracteriza por la oposición entre el capital y el trabajo.” Maria Backhouse, A desapropriação sustentável da Amazônia. O caso de investimentos em dendê no Pará, Fair Fuels? Working Paper 6, Berlín. Disponible aquí.
[18] Maria Zeferino Barbosa, “Fronteira Agrícola: a soja na Amazônia Legal”, Análises e indicadores do agronegócio, Instituto de Economia Agrícola (Ipea), v.10, n.1. Enero de 2015. Disponible aquí (pdf).
[19] “de soja na Amazônia resultou no desmatamento de mais de 18 mil hectares”, A Crítica. 26/10/2012. Disponible aquí.
[20] Tatiana Freitas, “Agronegócio segue ganhando relevância nas exportações do Brasil”, Folha de S.Paulo. 30/7/2015. Disponible aquí.
[21] Danilo Fariello, “Avançam projetos para escoar grãos para o Norte”, O Globo. 14/3/2016. Disponible aquí.
[22] “Investimentos em novos terminais automatizados podem melhorar produtividade”. Disponibleaquí.
[23] “CPT Santarém apresenta dossiê contra Cargill em audiência pública na região”. Disponible aquí.
[24] Sobre el tema, el diario Folha de S.Paulo publicó, en 2014, un estudio contundente: “BR-163 Insustentável”. Disponible aquí.
[25] Podríamos discutir la continuidad, no sólo en Brasil, de los proyectos vinculados a la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), como la construcción del ferrocarril transoceánico que pretende unir los polos productores de Brasil al Océano Pacífico en Perú, atravesando miles de kilómetros de territorios tradicionales en la Amazonia y en los Andes, así como proyectos de ferrocarriles en Colombia y Venezuela, o mismo el Canal de Nicaragua, financiados con recursos chinos, pero preferimos dejar ese debate para otro momento.
[26] O presente de Karo Ebak aos Munduruku. Disponible aquí.
Para leer más
Backhouse, Maria. A desapropriação sustentável da Amazônia: o caso dos investimentos em dendê no Pará. 2013. Disponible: aquí.
Barber, Christopher P., Cochrane, Mark A., Souza Jr., Carlos, M. William F. L. Roads, Deforestation, and the Mitigating Effect of Protected Areas in the AmazonBiological Conservation. 2014.
Frayssinet, Fabiana. Soja faz renascer estrada amazônica. Envolverde. 7/1/2016. Disponible: aquí.
Glass, Verena. “Mapa social: Expansão do dendê pela Amazônia gera problemas”. Repórter Brasil, s.d. Disponible: aquí.
Magalhães, Marcos Pereira. “Mudanças antropogênicas e evolução das paisagens na Amazônia”. Disponible: aquí.
Miranda, Rogério Rego, Silva, Marcos Alexandre Pimentel da. Das agroestrategias aos eixos territoriais do agronegócio no estado do Pará.
Boletim DATALUTA, n.99. Marzo 2016. Disponible: aquí (pdf).
Patroni, L. Nova rota diminui custo de transporte da soja produzida em MT. O Globo. 27/3/2016. Disponible: aquí.
PNUMA. The state of biodiversity in latin america and the ribbeanDisponible: aquí.
Repórter Brasil. A agricultura familiar e o programa nacional de biodiesel. São Paulo: Repórter Brasil. 2010. Disponible: aquí (pdf).
______. Expansão do dendê na Amazônia brasileira: elementos para uma análise dos impactos sobre a agricultura familiar no nordeste do Pará. São Paulo: Repórter Brasil. 2013. Disponible: aquí (pdf).
______. O Brasil dos agrocombustíveis: palmáceas, algodão, milho e pinhão manso. São Paulo: Repórter Brasil. 2008. Disponible: aquí (pdf).
______. O dendê na mirada da lei. São Paulo: Repórter Brasil. 2015. Disponible: aquí (pdf).
Sá, Eduardo. Rondônia é o Estado com maior número de mortes por causa do conflito fundiário.Carta Maior. 19/4/2016. Disponible: aquí.
Santos, Chico. Safra de grãos fica mais competitiva com o Arco Norte. Valor Econômico. 30/3/2016. Disponible aquí.
Silva, Elielson Pereira da. Agroestratégias e monocultivos de dendê: a transferência silenciosa das terras da reforma agrária para o grande capital na amazônia paraense. Dissertação de mestrado. Gestão de Recursos Naturais, UFPA. 2015. Disponible en: aquí (pdf).

Comprobemos porqué el imperativo de cambiar la mirada mayoritaria para instalar la percepción de que selvas y bosques son productos no sólo de la naturaleza sino también de los pueblos originarios que ejemplifican significados de buenos vivires.

Monocultivos en la Amazonía: la distopía de la sustentabilidad y de la riqueza

26 de agosto de 2016

 

 Extractivismo predador. Una lectura sobre el desarrollo a partir de los plantíos de palma aceitera y de soja.
16 de agosto de 2016
 Por Verena Glass 

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Para comprender mejor uno de los territorios más ricos y, a la vez, más frágiles y complejos de nuestro continente – desde el punto de vista social y de su biodiversidad -, se necesita tener en cuenta que la Amazonia nunca ha sido despoblada. Los estudios antropológicos, arqueológicos y biológicos de la región en los últimos 50 años han mostrado que, en especial en la era precolombina, el bioma sufrió fuerte antropización y puede haber tenido una población de hasta 30 millones de personas en ese periodo. Además de los cientos de vestigios que comprueban la existencia de una multiplicitud de culturas antiguas, se estima que más del 11% de las forestas en la Amazonia brasileña serían antropogénicas (de origen cultural),[2] a partir de las configuraciones ampliamente reincidentes en donde se encuentra una gran heterogeneidad de plantas útiles asociadas (comestibles, medicinales, rituales y para manufacturación) en las cercanías de sitios arqueológicos.[3]
 Además de los indicios de “foresta plantada” o manejada, el fenómeno conocido como terra preta(tierra negra – o tierra negra india), suelo de color oscuro y de altísima fertilidad, encontrado en grandes manchas en la Amazonia brasileña, colombiana, peruana, ecuatoriana, venezolana y en Guayana Francesa – es otro elemento que comprueba la intensa presencia y actividad humanas en la región. Producida a partir del descarte de materia orgánica (carbón, restos de comida, forraje vegetal, excrementos, orina, cadáveres animales, conchas, cerámicas etc.), la terra preta se formó en los asentamientos humanos hace más de 2 mil años, y se considera, tanto por la población local como por investigadores nacionales e internacionales, uno de los mejores suelos para la agricultura del planeta.

De manera muy general, lo que se aprende de esos datos es que históricamente la Amazonia ha sido ocupada por una gran variedad de pueblos y culturas en una larga y dinámica trayectoria de desarrollo. Y, a pesar de devastado el pueblo originario a lo largo de los últimos 500 años de colonización, la reconfiguración de la ocupación humana tradicional de los días actuales – los habitantes indígenas,quilombolas, ribereños, pescadores etc. – sigue reproduciendo, en lo que sea viable, una relación de simbiosis con el medio ambiente. En otras palabras, siempre hubo gente en la Amazonia en gran número y siempre hubo intervención en la foresta, en el sentido de que las sociedades nativas nunca han sido sujetos pasivos a las limitaciones ambientales.[4] Esa relación, sin embargo, no se parece nada a la perspectiva productivista del capitalismo que ha pasado a dominar el sentido común en el “mundo moderno” y que, más recientemente, ha llegado al Consenso de los Commodities, que marca la transición de América Latina del mero ajuste neoliberal a un nuevo ciclo económico basado en la producción y exportación de productos primarios, como lo señala Maristella Svampa.[5] (...)