Argentina
Una deuda con los
derechos de los pueblos
21 de julio de 2017
Conferencia FES, 3 de mayo 2017.
Por Beverly
Keene
Algunos aspectos de la actualidad argentina están sujetos a
diversas interpretaciones y merecen debates profundos, pero en materia de deuda pública
no parecen caber dudas que vamos de mal en peor, y rápidamente. Mal, porque
pese al promocionado “desendeudamiento” de los últimos años, venimos desde
tiempos de la dictadura sin quebrar el ciclo de endeudamiento y hegemonía que
sigue implicando su propio 2 x 1: cada dólar recibido en préstamo remite como
mínimo 2 de ganancias, y otros más en calidad de poder de dominación |1|. Peor, porque mientras la economía se
estanca con un profundo ajuste en curso y todos los indicadores de empleo,
ingresos, bienestar social en franco retroceso, la deuda pública financiera ya
dio un salto de 35 mil millones de dólares en 2016 y el presupuesto 2017
contempla un nuevo incremento de 38 mil millones de dólares |2|. A modo de comparación, durante las
gestiones Kirchner, el promedio de aumento anual de la deuda pública era de
aproximadamente 10 mil millones de dólares.
Esta tasa de aumento (13%) en un contexto de recesión refleja
centralmente la firme decisión política de gobernar con un ritmo de
endeudamiento imposible de pagar, realmente inédito -aun comparando con el
período de la última dictadura. Esta política beneficia directamente no solo a
los prestadores, que cobran suculentos intereses, sino también a los
colocadores de la deuda, que
cobran importantes comisiones. Así, se deja atado el modelo productivo y todo
el diseño de política económica a sectores del gran capital cada vez más
concentrado y extranjerizado (incluso cuando su origen sea local).
Hay que resaltar que la nueva deuda pública no significa más
inversión social, sino todo lo contrario. Se endeuda para cubrir el déficit
fiscal que, pese a las promesas electorales de Mauricio Macri, se ha
incrementado, tanto por la rebaja de las retenciones mineras y agropecuarias y
otros regalos fiscales, como por el hecho de que crece el peso de los pagos de
intereses. Lo que no tan eufemísticamente se llama “servicio de la deuda”,
desde hace varios años se ha convertido en uno de los rubros presupuestarios
más grandes y que más crece. El presupuesto 2017 prevé que 20% del gasto total
de la
Administración Central , 1 de cada 5 pesos, se aplique no para
satisfacer los derechos humanos de la población -salud, educación, agua,
vivienda o generación de empleo- sino para servir la deuda. Este pago de
intereses, 30 millones de pesos por hora, equivale a un hospital completo cada
día, insume más que el gasto federal en educación y deportes, salud, interior,
obras públicas y vivienda –todo junto |3|.
La experiencia argentina reciente nos ha mostrado que el costo de
servir la deuda es altísimo: más alto incluso que los posibles costos de
cuestionar esa servidumbre. Son los grandes prestamistas y sus organismos –
sean estos el Citibank, Paul Singer, China, el FMI,
el Banco Mundial o
quiénes más- quienes avasallan con sus requerimientos toda pretensión de
soberanía y democracia en aras de acrecentar la explotación, el saqueo y la
destrucción ambiental |4|. Es importante insistir: la deuda no sirve
a los fines del desarrollo nacional, sino que constituye, hoy como ayer, una
herramienta privilegiada del capital transnacional para llevar adelante sus
procesos de despojo.
No podemos olvidar que fue la dictadura militar-corporativa que
impuso a sangre y fuego el ciclo de endeudamiento ilegítimo e ilegal que el
gobierno Macri ahora profundiza, no casualmente a favor de muchas de las mismas
empresas e intereses. Tampoco debe sorprender, entonces, la actualidad de una
de las denuncias de ese período confirmadas por el Juez Ballestero en la Causa Olmos , cuando
afirma “la existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la
entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en
el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional
desde el año 1976” |5|.
Esa estafa original ha atravesado diversos momentos: la década
perdida de los ’80 (con el fallido intento del club de deudores), la entrega
del patrimonio público en los ’90, la crisis de 2001 y la política de “pagador
serial” de los gobiernos del kirchnerismo –incluyendo las concesiones al Club
de París, al CIADI, o a Repsol, entre otras. Las formas del
endeudamiento fueron cambiando, pero no su esencia de constituirse en poder de
dominación –que vulnera democracia y soberanía- ni el hecho de que su costo
siempre lo paga el pueblo con sus derechos. Así, mientras más se profundiza el
sistema de endeudamiento perpetuo, más se incrementan las deudas con el pueblo:
la deuda social, la deuda ecológica,
la deuda democrática, la deuda con las mujeres, la deuda con los pueblos
originarios, la deuda con la
niñez. En fin, la dicotomía es entre una deuda ilegal e
ilegítima, y las deudas que son legítimas, que tienen al pueblo por acreedor.
¿Qué hacer?
Ante este escenario, se plantea el gran desafío desde el campo
popular de reconocernos como verdaderos acreedores, y dejar de pagar lo que no
debemos. Podríamos incluso decir que, en esta era de la pos-verdad, todavía
luchamos por desmitificar muchos conceptos de la pre-verdad. Seguimos
escuchando, por ejemplo, a pesar de todas las pruebas en contra, que el país se
endeuda para tener recursos para invertir, para desarrollarnos. O que existe
margen para endeudarnos porque la relación deuda / PIB es baja, o que hay que aprovechar la
posibilidad de endeudar el país en el exterior – pues los inversores estarían
amigables con el gobierno de Macri, que hizo “los deberes” para “retornar”
Argentina a la supervisión del FMI y al mundo del mercado, o al mercado
mundial. Y desde luego, se insiste, las deudas no solo hay que pagarlas, sino
que es necesario “honrarlas” y “servirlas”. El lenguaje no es neutro.
Al finalizar la dictadura, el futuro presidente Raúl Alfonsín hizo
campaña sobre la promesa de no pagar la deuda ilegítima, y su primer ministro
de economía intentó realizar una investigación en ese sentido, pero fue
abandonada ante las demandas del FMI y demás prestamistas. Luego, en especial
en los ’90, después de que la deuda sirvió de palanca y palo para la imposición
de la agenda neoliberal como salida a la crisis, la mera mención de la deuda
era un tabú. Al día de hoy continúa siendo difícil incorporar la problemática
en la agenda popular y el debate político, incluso hemos sumado nuevos
obstáculos a su tratamiento en los años recientes.
Cuando Néstor Kirchner planteaba que era bueno pagar la deuda
–mediante su reestructuración en 2005, o más aún con el pago anticipado al FMI
– se operó un golpe muy certero a la opinión progresista, que, aunque no
lograba materializar el cómo, hasta ese entonces mantenía incólume el
convencimiento que el no-pago era lo justo y necesario. Poco después, con el
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sobrevino el relato del
“desendeudamiento” y cundió la sensación que la deuda –salvo aquella ligada a
los fondos buitre– había dejado de existir, cuando en
realidad lo que había sucedido era una importante conversión de deuda pública
externa en deuda pública interna, política revertida ahora por el gobierno
Macri. Es decir, no significó una disminución ni del stock de deuda pública ni
del costo de su servicio, sino todo lo contrario. Dado el cerrazón de los
mercados internacionales de capitales y sobre la base del pleno reconocimiento
de una deuda probadamente fraudulenta |6| y la reafirmación de condiciones gravosas
-como la cesión de jurisdicción a tribunales extranjeros y la renuncia a la
inmunidad soberana -, se trató, en fin, de un traspaso del grueso de la
deuda ilegítima de manos de prestamistas extranjeros al pueblo argentino
entero, mediante su conversión en deuda intra-Estado. El 60% del fondo de garantía
del ANSES, por ejemplo, está ahora prestado al Tesoro Nacional, para que éste
pagara el servicio de una deuda que la justicia argentina ya había dictaminado
fraudulenta.
Por todo lo anterior, el primer paso en esta nueva fase pasa por
reconocer que la política de endeudamiento permanente es un problema, y que no
es nuevo, sino que viene de lejos y perpetúa ganancias y privilegios para los
prestadores. No huelga reconocer además que la experiencia argentina, si bien
tiene particularidades, es compartida con gran parte de América latina y el
Caribe, así como otros países del Sur global donde el endeudamiento público,
que sostiene el despojo neocolonial y la dependencia, define los modelos
productivos bajo los ejes comunes de empobrecimiento, desigualdad y destrucción
ambiental y cultural. Hay que enfatizarlo: la deuda no es un simple problema de
liquidez o de solvencia, sino una herramienta de dominación que acentúa la
extracción de nuestros bienes comunes y pone en riesgo la democracia,
nuestros derechos humanos, la naturaleza; en fin, la vida de los pueblos en
todas sus dimensiones.
Así también resulta necesario construir conciencia crítica de que
el problema de la deuda se trata en realidad de un sistema de endeudamiento
perpetuo, que la convierte en ilegítima, ilegal, odiosa e impagable. Desde la
red de Jubileo Sur hemos planteado siempre esta ilegitimidad, fundamental a la
hora de plantear la necesidad de romper con la lógica de este sistema, tan bien
explicada en tan pocas palabras por ese gran escritor y compañero, Eduardo
Galeano: “más pagamos, más debemos, menos tenemos”. Una deuda ilegítima es una
deuda que no debemos, y que tenemos derecho a no pagar |7|.
¿Hay alternativas?
Tanto frente a la deuda existente, como ante la profundización del
sistema de endeudamiento perpetuo, hay alternativas de corto, mediano y largo
plazo. Impulsar la realización de auditorías integrales de las deudas es una
estrategia que ha dado resultados importantes en contextos diversos, incluyendo
Brasil en los años ’30, Ecuador y Grecia más recientemente. El caso ecuatoriano
es particularmente significativo, pues entre 2007 y 2008 se realizó una
Auditoría Integral del Crédito Público, que tuvo por efecto inmediato una
fuerte devaluación de
los bonos - los prestadores se saben dueños de títulos ilegales – y un
posterior ahorro al tesoro nacional. Ecuador no tuvo por ello problemas para
volver a emitir deuda o recibir inversiones, y fue de los países de mayor
crecimiento en la región, contra lo que sugieren quienes critican las
auditorías. En el caso argentino, la recuperación económica posterior al
colapso de 2001 fue construida sobre la base de la suspensión de pagos de la
mitad de la deuda pública, durante 3 años: una reacción tardía, incompleta y
temporaria que, aun así, permitió frenar el drenaje de riqueza y bienes comunes
y empezar a revertir el desastre provocado.
Teniendo la
exhaustiva base probatoria que ya existe en Argentina, a partir de la Causa Olmos y otros
juicios que duermen en distintos tribunales federales, es cuestión de
actualizar y completar el proceso de identificar a cada paso la corrupción y
las responsabilidades |8|. Es preciso trabajar para que el poder
judicial asuma su obligación de juzgar y sancionar los crímenes cometidos, y el
poder legislativo su responsabilidad de contralor. Mientras tanto, se debe
suspender todo pago sobre una deuda cuya legitimidad y legalidad no han sido
comprobadas. Es esencial quebrar la lógica del sistema de endeudamiento que
requiere cada vez más deuda, para servir a la deuda vieja.
En el largo plazo,
la construcción de soberanía financiera pasa por la consolidación de un régimen
fiscal más justo y la aplicación de controles al movimiento de capitales. Al
respecto, es vital desandar el andamiaje de normas nacionales e internacionales
que el gran capital ha establecido en estos años para facilitar su operatoria
sin trabas: desde el FMI al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), impulsores
de la desregulación financiera y las leyes antiterroristas; los tratados de
protección a las inversiones y de “libre” comercio –que solo liberan los
movimientos de capitales y bienes, sin libertades para las personas-; los
mecanismos para la resolución de conflictos (como el CIADI), que menoscaban la
soberanía de los Estados y habilitan la acción de tribunales foráneos o
árbitros privados vinculados a los intereses corporativos, entre otras. Es
necesario que los Estados asuman la primacía de los derechos humanos por sobre
las demandas del capital y que, entre todos, creemos la fuerza y mecanismos
necesarios para asegurar su protección.
Una ventaja de estas luchas, como ocurrió con el ALCA hace poco más
de una década, es que permiten construir alianzas amplias en toda la región, y
más allá también. Ahí está nuestro gran desafío: para construir las
alternativas que queremos, cobra vital importancia la lucha de los pueblos. Por
eso la centralidad de impulsar una gran campaña popular hacia el financiamiento
soberano, contra el sistema de endeudamiento perpetuo, tal como acordamos en la I Conferencia
Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación –
Resistencias y Alternativas hacia el Buen Vivir, realizada aquí en Buenos
Aires, hace dos años |9|.
Para ello, es necesario articular las diversas resistencias y propuestas contra
el ajuste social, el extractivismo, el “libre” comercio, la impunidad
corporativa, las megarepresas y los megaeventos, la criminalización de la
protesta, la militarización, el avasallamiento de los pueblos originarios…
vincular a todas y todos quienes pelean por la soberanía y la autodeterminación
en defensa de nuestros derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. No hay
tiempo que perder para avanzar en la misma, reconociendo que forma parte del
igualmente impostergable desafío de construcción hacia un nuevo proyecto
popular superador del colonialismo, del capitalismo, del imperialismo y del
patriarcado y en armonía con la naturaleza.
Notas: (…)
Beverly Keene, Diálogo 2000-Jubileo Sur
Argentina
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