viernes, 30 de marzo de 2012

Hagamos posible que los pueblos decidan cómo vivir y no sean declarados "zonas de sacrificio" en beneficio de las transnacionales, con socios menores en las elites locales

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
30 de marzo de 2012

Comunicado de Prensa de la UAC
Unión de Asambleas Ciudadanas

La Unión de Asambleas Ciudadanas declara de carácter nacional el Bloqueo de Tinogasta

A 50 días de la brutal represión que vivió la comunidad de Tinogasta, el bloqueo Selectivo e Informativo en la Ruta Nacional 60 sigue de pie y la Unión de Asambleas Ciudadanas lo declara de carácter nacional.

En el XVIII Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, realizado en Mendoza a principios de mes, se ha declarado que el bloqueo de insumos mineros de Tinogasta en la ruta nacional 60 adquiere carácter nacional, por lo que cuenta con el apoyo de las asambleas y organizaciones sociales en lucha por una ambiente sano y una vida digna, organizadas contra el saqueo y la contaminación.

En estos momentos, tanto el bloqueo como la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua, se encuentran bajo una incesante e inescrupulosa presión del poder político municipal, provincial, nacional y empresarial transnacional, con el fin de desprestigiar esta lucha por una vida digna y liberar el paso a los camiones con explosivos y químicos con destino a distintas megamineras. Entre estas empresas se cuentan la Barrick Gold, cuyas actividades desintegran los glaciares cordilleranos a la altura de San Juan, interrumpiendo las nacientes que nutren, a través de ríos y napas hacia el Pacífico y el Atlántico, el ancho de Chile y Argentina; Bajo la Alumbrera que luego de 15 años de explotación viene dejando como saldo la contaminación de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, provocando cáncer y empobrecimiento en la población; y el proyecto Agua Rica, que sería tres veces más grande que Alumbrera. Los gobiernos piden diálogo y en vez de dialogar amenazan, mal informan, reprimen e intentan generar miedo en la población.

Tinogasta necesita el apoyo de todos y todas para decir basta de represión, basta de mentiras, basta de saqueo, basta de intentar silenciar a los pueblos, basta de empresas transnacionales que contaminan, destruyen, empobrecen y matan a la población, basta de Mega Emprendimientos. Seguiremos luchando por la autodeterminación de los pueblos y por su derecho a decidir cómo vivir.

Por ello, desde la Unión de Asambleas Ciudadanas convocamos a todo el pueblo que hoy habita el territorio argentino a tomar el bloqueo de Tinogasta como propio, porque el agua que se defiende es de todos y todas. Pedimos el apoyo colectivo para su sostenimiento, hasta tanto los reclamos de sus habitantes, de toda Catamarca y del país sean escuchados.
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 Informamos que la Asamblea de Tinogasta ha creado una Cuenta Bancaria como una forma más para que entre todos podamos ayudar a sostener esta lucha: Caja de Ahorro Banco Nación, Sucursal 3500, cuenta número 5190230871, denominación ASAMBLEA TINOGASTA, CBU 01105193/30051902308715.
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Invitamos a todos/as a INFORMARSE, PARTICIPAR Y DIFUNDIR la lucha de los pueblos en defensa de los bienes comunes.

-Clickear para ver video de los cortes en Catamarca: Pantallas para los Pueblos
Video filmado por los mismos protagonistas cuando eran reprimidos, encarcelados y desalojados por defender la vida.

Carta que en su momento elaboramos como respuesta y repudio a las calificaciones que la presidenta utilizó para referirse a los pueblos por defender la vida.

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Los pueblos unidos reafirmamos Fuera Bajo La AlumbreraFuera Agua Rica y las empresas mineras que operan impunemente en el Dto. de Tinogasta, en la provincia de Catamarca y en el resto del país.
¡TINOGASTA RESISTE!
¡EL FAMATINA NO SE TOCA!

¡NO PASARÁN!
 ¡Ni una Megaminera más!
Contactos: Unión de Asambleas Ciudadanas: prensa@asambleasciudadanas.org.ar
 http://asambleasciudadanas.org.ar/ 

miércoles, 28 de marzo de 2012

Afirmémonos en la necesidad de otro modelo que garantice la soberanía alimentaria y la salud de nuestros pueblos



DECLARACIÓN “LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO”


Apoyo a las Madres de Ituzaingó

Envío de adhesiones: aedd@exdesaparecidos.org.ar

Por el derecho a la salud de nuestros pueblos, en serio riesgo como consecuencia de las fumigaciones, los organismos de DD.HH. y personalidades abajo firmantes expresamos:

*Nuestro apoyo y solidaridad a las Madres de Ituzaingo, en su lucha por hacer justicia en un Barrio de Córdoba donde la enfermedad y la muerte vinieron de la mano del modelo agroindustrial. 

*Exigimos que en el juicio a llevarse a cabo próximamente en la provincia de Córdoba –el primero en el país en el que serán juzgados dos productores y un empresario aéro-aplicador por derramar veneno sobre las personas (fumigar), se priorice el derecho humano a la salud que tiene la población, por sobre los intereses de los agronegocios. 

¡Por un modelo productivo que garantice la soberanía alimentaria y la salud de nuestros pueblos! 
Nunca antes en la historia de la humanidad la producción de alimentos estuvo tan concentrada bajo el control de una misma matriz de producción. Nunca antes en la historia de la humanidad tan pocas empresas oligopolizaron el mercado, actuando a nivel internacional, ni tuvieron tanto control sobre la producción y el comercio de productos alimenticios como ahora.

Se estima que menos de 50 grandes empresas transnacionales tienen el control mayoritario de la producción de semillas, de insumos agrícolas y de la producción y distribución de alimentos en todo el mundo.

En nuestro país, son siete las empresas del agronegocio que acaparan todo el mercado: Cargill, ADM, Bunge, Monsanto, Syngenta, El Tejar y GROBO.[1]

Arrasando territorios
Nuestro país está inmerso en un modelo de agricultura intensiva, industrial, basada en la utilización de químicos que produce la concentración de capitales y propiedades, la destrucción de modos y medios de vida de comunidades campesinas y pueblos originarios, la desaparición de la agricultura familiar y de pequeños y medianos productores.

Las migraciones internas, el incremento de refugiados ambientales concentrados en los cordones urbanos de pobreza, como también la destrucción de ecosistemas y toda la flora y fauna asociada al mismo, son saldos negativos y ocultos para la mayoría de la población.

En las arroceras de Corrientes, en los montes quemados de las sierras de Córdoba, en el desplazamiento violento de poblaciones rurales en Santiago del Estero y Formosa, en las inundaciones de Salta, en los niños con malformaciones en Chaco y Misiones, en los desiertos verdes en que se han convertido los mejores campos de Buenos Aires y Santa Fe, se observa la huella de un modelo de agronegocios que sólo deja enfermos, muertos y tierra arrasada.

Los más de 350 millones de litros de agrotóxicos anuales que se utilizan, solamente en la campaña de la soja además de ser aspirados, absorbidos o consumidos en los alimentos, contaminan el medioambiente en el que vivimos.

Independientemente de la aventura que significa someter la política agropecuaria de un país a los vaivenes del casino financiero internacional que ha tomado a las materias primas como objeto de su especulación, el reciente Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) propone, entre otras cosas, el aumento de la superficie cosechada en un 20% cuando la mayoría de las provincias se encuentran al límite de uso de sus tierras productivas.

La presentación celebrada y aplaudida de 160 millones de toneladas de granos para el 2020 anuncia la continuidad y profundización del agronegocio, dependiente de agrotóxicos, commodities y transgénicos.


Un modelo extractivo que desmonta, desaloja, enferma y mata.
El uso masivo de agrotóxicos está directamente relacionado con la actual política agrícola del país, que fue adoptada a partir de la década de 1960, con la llamada Revolución Verde, lo que representó un cambio en la tecnología química y el método de producción agrícola. El campo experimentó una "modernización" que impulsó el aumento de la producción, pero absolutamente dependiente del uso de paquetes de productos tecnológicos (semillas híbridas y transgénicas, agrotóxicos, maquinaria pesada) que nos venden las multinacionales del agronegocio.

Comprometámonos en rechazar que el modelo esté expulsando en todo el país


“Un país, dos realidades y un Estado mundo” 
Por Darío Aranda (ODHPI)
Convocado para abordar la situación de los pueblos originarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo extractivo.
“El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes”. Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígenas, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja.

“Pese a la obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados”, denunció Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la “paradójica situación” que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas “acusadas por usurpación de sus propias tierras”.

La CIDH convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de sesiones, el tema era: “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”.

Zimerman fue la primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino y solicitaron que “revierta una patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta”.
“Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia”, resumió.

El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial. “Su implementación ha sido completamente deficiente”, afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siente convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provinciasse niegan a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad.

Recordó que en Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches “imputados y perseguidos” por defender el territorio y remarcó que “la actitud del Estado argentino queda evidenciada en el hecho que no está participando de esta audiencia la principal autoridad nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.

Felix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que tenían “buena vida” cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron cuando se “privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo le interesa la actividad económica”.
Díaz responsabilizó a “los gobiernos y las empresas” por la situación de los pueblos originarios. “La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (…) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas”, explicó el líder qom.

Aún no habían pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda, los organismos de derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino.
Verónica Huilipan, con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en idioma mapuche. “Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”, aseguró y acusó al Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza y no de derechos.
Precisó que desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes defienden el territorio. “Ya tenemos que contar muertes de hermanos”, lamentó y denunció al INAI por “dejar desprotegidas a las comunidades”.

Explicó que el movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de criminalización y represión.
“Los últimos 15 años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y NOA, padecen una crisis humanitaria”, finalizó.

lunes, 26 de marzo de 2012

Escuchemos a los pueblos que luchan en defensa de la Madre Tierra y el Territorio


Comunicado de representantes de los pueblos originarios de ECUADOR Y COLOMBIA  en apoyo a las justas demandas de los pueblos originarios, campesinos y populares de GUATEMALA.

El Día de hoy, Nuestra presencia en esta conferencia de prensa, cuando en el calendario Maya marca el Kaji Kej, espíritu del conocimiento del poder, símbolo de la Autoridad nos  sumarnos en solidaridad con la marcha que dio inicio el 19 de marzo desde las tierras del gran dirigente anticolonial Manuel Tot, y que estará culminando el 27 de este mismo mes en ciudad de Guatemala. Para nosotros, los Pueblos Originarios, las marchas son una forma de resistencia que hemos venido practicando desde varias generaciones, es una forma de crear consciencia a la sociedad de la necesidad de resolver los grandes problemas que enfrentamos como pueblos originarios y que los Estados no tienen la intención de resolver.

En gran parte de nuestro continente Abya Yala (América Latina) los gobiernos y los Estados están al servicio del gran capital transnacional y oligárquico que impulsan políticas de concentración de riquezas en pocas manos, codician nuestras tierras para explotar los recursos naturales y por otro lado impulsan la criminalización, la persecución, encarcelamiento, incluso llegando al asesinato de hombres y mujeres que defienden nuestra Madre Tierra, esta política Neoliberal trasciende fronteras, destruye identidades y genera conflictos intercomunitarias, captura estructuras del Estado para ir creando leyes que legaliza el saqueo de la Madre Tierra. Esto no es nuevo, desde la colonia y  hasta nuestros días con los Estados republicanos es lo mismo, lo único que cambian es el nombre de las leyes pero la intención  es igual la de beneficiar a grupos económicos y crear una masa de empobrecidos .

La Marcha por la resistencia, la dignidad en defensa de la Madre Tierra y el Territorio tiene consigo demandas justas con las cuales nos identificamos y nos sumamos a los planteamientos expuestos y exhortamos a los tres poderes del Estado de Guatemala a dar pronta resolución a estas demandas:

·         Abordar con Seriedad la Problemática de la Tierra.
Ante ello, la concentración y reconcentración de la tierra se debe detener, se  debe promover una distribución justa de la tierra que permitiría resolver las problemáticas de hambre, desnutrición, pobreza la cual Guatemala ocupa uno de los primeros lugares a nivel de Latinoamérica y que significa una gran injusticia para el derecho fundamental de la Vida.

·         La Pronta condonación total y definitiva de la deuda agraria.
Es imperante la anulación de dichas deudas que las comunidades han adquirido como producto  de los préstamos otorgados por el Fondo de tierras ya que es el Estado quien debe responder ante las necesidades de la mayoría necesitada y con ello superar las grandes desigualdades sociales que se observan en Guatemala.


·         No más desalojos, persecución y criminalización.
En Abya Yala se ha criminalizado las luchas y reivindicaciones de los Pueblos originarios, la persecución contra los dirigentes y las falsas acusaciones debe de sesar ya que no es posible crear sociedades democráticas en medio de tanta violencia, represión y generando terror. Ante ello, se deben respetar los tratados y convenios internacionales, así como la libre autodeterminación de los Pueblos.

·         Cancelación de las licencias mineras, petroleras, hidroeléctricas y siembra de monocultivos.
Se deben respetar los territorios indígenas ya que el daño que se ocasione a su ambiente atenta contra su identidad, contra su vida. Por ello, antes de llevar a cabo cualquier proyecto de esta índole los pueblos originarios deben ser consultados  “con conocimiento, libre, previo e informado”  tal y como lo estipula el convenio 169. Por lo anterior, solicitamos que se respeten los resultados de las consultas comunitarias y se cancelen las licencias mineras de exploración y explotación en Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa y Guatemala, incluyendo San Juan Sacatepéquez, San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.

·         Se deben aprobar Leyes en beneficio de los Pueblos y comunidades empobrecidas.
El sistema que impera en nuestros países, es una estructura que genera pobreza a pueblos completos. Antes, nuestros pueblos tenían capacidad de desarrollar la agricultura, la medicina, la investigación científica, la matemática, ahora este sistema nos ha llevado a la sobrevivencia, al empobrecimiento,  pero también a la rebeldía que ha sido el único camino para la transformación de nuestras realidades. Ante ello, consideramos que se debe crear una política agraria que posibilite el acceso a la tierra, sin la utilización de los mecanismos de mercado, la aprobación de los códigos agrario sustantivo y procesal, así como los correspondientes tribunales agrarios y la creación de la Procuraduría Agraria que lleve a finalizar la criminalización de las demandas indígenas y campesinas.

Desde los Pueblos Originarios de Abya Yala estamos vigilantes ante el cumplimiento de las demandas de nuestros hermanos y hermanas mayas, campesinos y movimiento popular de Guatemala. Desde nuestros pueblos un Jallalla a la Marcha Indígena, campesina y Popular.


JALLALLA

Que viva la Marcha Indígena, Campesina y Popular.

Fuente: Boletín de Noticias de Movida Ambiental, publicado por Norberto Costa

Nos invitan a que conozcamos el porqué de su lucha, son pueblos originarios de Jujuy y Salta


Red de Asistencia Jurídica Contra la Mega Minería 
Pueblos originarios reclaman que se respete el derecho de consulta frente a la explotación minera en sus territorios
La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública este miércoles para escuchar a las 33 comunidades que denuncian la vulneración de sus derechos de participación y consulta frente a la explotación minera que se realiza en las Salinas Grandes y afecta sus actividades económicas, sociales y culturales.
·         Los pueblos originarios brindarán una conferencia de prensa el miércoles 28 de marzo a las 15.00 hs. en el Hotel Bauen (Callao 360)

Buenos Aires, viernes 23 de marzo de 2012. 33 comunidades indígenas que habitan ancestralmente territorios que en la actualidad forman parte de las provincias de Salta y Jujuy, llegarán a Buenos Aires este miércoles para reclamar el cumplimiento de sus derechos de participación y consulta, en el marco del amparo iniciado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en noviembre de 2010. Denuncian que la exploración de litio está avanzando sobre sus actividades económicas, sociales y culturales, incumpliendo la legislación nacional e internacional. Ellas se presentarán este miércoles 28 de marzo a las 10.00 en una audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y luego, brindarán una conferencia de prensa a las 15.00 hs en el Hotel Bauen (Callao 360).
La mayoría de los miembros de las comunidades trabajan o han trabajado del pastoreo de animales y la extracción de sal, que les han proveído sustento por generaciones. “Las comunidades se han enterado a través de los medios de comunicación que las empresas se instalarán en sus territorios y nunca han sido informadas ni consultadas, sobre este tema que amenaza su forma de vida”, explicó Alicia Chalabe, abogada que representa a las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo con inspecciones realizadas este año, las perforaciones están generando, de manera progresiva, la inundación del terreno en las inmediaciones, lo que impedirá  la extracción de sales superficiales en los sectores afectados. Asimismo, existe el riesgo de que se esté favoreciendo la difusión de sales en la superficie hacia los acuíferos de agua dulce. Esta situación fue documentada por el Consejo  de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ),  en las Salinas Grandes  donde se realizaron actividades de prospección minera y hidrogeológica.
Las comunidades se encuentran en una situación de extrema pobreza y aislamiento. Tienen muy poco acceso a medios de comunicación, y no cuentan con medios de transporte público.  A pesar de las dificultades y  la falta de recursos, decidieron realizar todas las acciones legítimas posibles para lograr el cumplimiento de sus derechos y hacer establecer la responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Jujuy, del Gobierno de la Provincia de Salta y del Estado Nacional”, explicó Chalabe.
Otra de las amenazas es en contra de nuestra cultura. Muchas actividades mineras obligan a la relocalización de casas y corrales. Nuestras familias tienen un lugar determinado para la Pachamama, para ofrendarla y challarla todos los años. Este lugar no cambia y siempre es el mismo por generaciones. Mudar este sitio sagrado es atentar contra la cosmovisión profunda que tenemos las comunidades y significa un daño profundo en nuestras creencias y vivencias, amparadas por toda la normativa vigente. Este lugar es donde se han asentado nuestros abuelos y padres, y no tiene un precio económico”, explicó Clemente Flores, representante de las 33 comunidades.

domingo, 25 de marzo de 2012

Escuchemos a las organizaciones populares que luchan abajo y a la izquierda para el cambio social



A 36 años del golpe: 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos presentes 

Por los Derechos Humanos de ayer y de hoy. Por una alternativa política de los de abajo.


Por Organizaciones populares de la izquierda independiente
24.Mar.12 :: Argentina
Pese a algunas concesiones sociales y democráticas, el gobierno mantiene un compromiso estratégico con el núcleo del agronegocio y el extractivismo minero, con un modelo de desigualdad social que promueve un entramado industrial concentrado y extranjerizado basado en variadas formas de sobreexplotación de la
fuerza de trabajo.
Este 24 de marzo nos encuentra nuevamente saliendo a las calles en una jornada de lucha por la memoria, la justicia y la verdad. Seguimos en las calles construyendo la memoria histórica de nuestro pueblo trabajador contra la dictadura genocida que desapareció 30000 compañeras y compañeros, militantes obreros, estudiantiles, barriales y populares. Dictadura que apuntó a destruir las formas de organización popular para imponer a sangre y fuego la entrega, el saqueo y el endeudamiento de nuestro país y la derrota de un proyecto alternativo de sociedad.
Nuevamente nos encontramos para denunciar al conjunto de actores de la sociedad civil que sostuvo y promovió el genocidio junto al aparato represivo: los grupos económicos, la cúpula de la iglesia y sectores políticos junto a los grandes medios de comunicación.

Derechos Humanos, ayer y hoy.
En estos años hubo avances progresivos en el terreno de los Derechos Humanos. El juicio y castigo a todos los responsables tanto militares como civiles de la violación sistemática de los Derechos Humanos durante la última dictadura militar, es una bandera levantada desde hace más de 30 años por distintas organizaciones políticas y sociales. Gracias a años de lucha de nuestro campo popular se ha logrado que este reclamo tan sentido por el conjunto de nuestro pueblo se materialice en la derogación de las llamadas “leyes del perdón” en el año 2005 y la reanudación de los juicios a los genocidas. Esto significó el avance concreto en el juzgamiento de Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Jorge Acosta, Luciano Benjamin Menéndez y Jorge Rafael Videla, entre otros.

Sin embargo, los avances en este terreno no pueden desmentir la inconsistencia del discurso oficial sobre los Derechos Humanos. No podemos obviar que con este Gobierno existen desaparecidos en democracia, como Julio López, Luciano Arruga o Marita Verón. Estos casos ponen en evidencia la impunidad con la cual se manejan aún hoy las estructuras policiales, que no han sido prácticamente tocadas desde la dictadura. Tampoco podemos obviar que los responsables civiles y económicos de la dictadura siguen impunes, el creciente número de dirigentes populares procesados por luchar, los militantes asesinados en este tiempo –entre ellos Carlos Fuentealba, Mariano y Cristian Ferreyra-, y la reciente aprobación de la Ley anti-terrorista (contra la cual se posicionaron, incluso, diversos actores afines al gobierno, como Madres de Plaza de Mayo, Hijos, CELS y Raúl Zaffaroni, entre otros). Con esta nueva ley, el Estado confunde peligrosamente la militancia social con el terrorismo, en un país que ha sufrido elverdadero terrorismo ejercido desde el aparato represivo del Estado.

Comprobemos cómo la lucha contra la impunidad de ayer, esclarece porqué NO! a la conciliación K con el poder económico e imperialista


 El verdadero final de la impunidad 
Por Carlos Iaquinandi Castro (Alainet)

El fallo del Tribunal Oral que sesionó en Tandil, honra la jornada por la Memoria, la Verdad y la Justicia con la que gran parte del pueblo argentino recuerda el 36º del golpe militar del 24 de marzo de 1976.
Es una decisión judicial que no solo establece las responsabilidades de los ejecutores directos del asesinato de un abogado laboralista que defendía los derechos de los trabajadores mineros de la empresa Loma Negra, sino que condena la colaboración de civiles que no formaban parte del aparato estatal de represión, y afirma la sospecha de que integrantes del directorio hayan sido autores intelectuales del crimen.
Este fallo histórico, penetra el blindaje que hasta ahora mantenía en la impunidad a los verdaderos inductores y gestores de la dictadura militar. 
El mejor homenaje a los miles de asesinados, a los torturados, a los represaliados de diversas formas, es identificar, juzgar y condenar a quienes alentaron y sostuvieron el golpe del 76, la represión y sus normas y leyes antipopulares. Esa es la puerta que abre el fallo emitido hace pocos días en Tandil, sobre el asesinato –hace 35 años – del abogado laboralista.

Mi viejo acaba de ganar otro juicio
El veredicto del Tribunal Oral que sesionó en la Universidad de Tandil, condenó a tres militares a prisión perpetua y a 15 y 11 años a dos civiles por el secuestro y asesinato de Carlos Alberto Moreno, representante legal de los obreros de la empresa Loma Negra en abril de 1977. Tras conocerse las condenas, familiares, amigos, compañeros y centenares de personas se fundieron en abrazos celebrando el fallo. Como afirmó Matías Moreno, el hijo mayor del abogado laboral, “a mi padre se lo llevaron por ganar varios juicios a favor de los trabajadores contra la empresa Loma Negra. Fue torturado y asesinado. A 35 años de haber sido asesinado, mi “viejo” acaba de ganar otro juicio.”

El “negro” Moreno, como se le conocía, fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en la ciudad bonaerense de Olavarría. Fue llevado al establecimiento rural de los hermanos Felipe y Julio Méndez, donde fue interrogado y torturado durante cuatro días. Golpeado y herido logró escaparse de sus captores, pero pronto le llevaron nuevamente al centro clandestino, donde finalmente le asesinaron. El Primer Cuerpo de Ejército emitió entonces un comunicado donde informó que Moreno había sido “abatido” por resistirse a ser detenido. Un familiar le reconoció en la morgue envuelto en una manta verde del Ejército, con impactos de bala, la nariz quebrada y signos evidentes de tortura. Durante muchos años su esposa, familiares y compañeros, apoyados por organizaciones de Derechos Humanos demandaron justicia sobre este asesinato.

Conexiones empresariales con el poder militar
El fallo establece que los ex militares Julio Alberto Tomassi y Roque Papalardo (ambos tenientes coroneles retirados) y el suboficial José Luis Ojeda, fueron quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a Carlos Alberto Moreno. Los civiles hermanos Méndez, son condenados como “colaboradores”, porque cedieron su “chacra” para que fuera utilizada como centro clandestino. Uno de ellos, Emilio, era entonces gerente del Banco Comercial de Tandil. “El trueque era evidente”, afirmó el fiscal Daniel Adler, “cedieron su “chacra” a los militares que tenían el poder político, económico y social, y mantuvieron su cuota de poder, todos manchados con sangre”. “Moreno era una molestia para el poder económico”, destacó Adler. Recordó que junto a su socio Mario Gubitosi “se metieron de lleno con el tema de la silicosis, enfermedad que sufrían los trabajadores, e intercedieron por despidos y aportes.” El fiscal ha pedido que se investigue si fue “un crimen por encargo o por codicia” y que se indague sobre “las conexiones de estas empresas con el poder militar”.

Recordemos la conmemoración del 25 de mayo de CFK con Capitanich ocultando la entrega de territorios y la preparación de la actual base estadounidense en Chaco


Repudio a la intrusión del Comando Sur estadounidense 
en el litoral argentino

Ante el peor mensaje, con vistas al 24 de marzo y el 2 de abril.

Los miembros de las organizaciones sociales abajo firmantes repudiamos la inauguración de una base del Comando Sur de los Estados Unidos y de la Cuarta Flota en el Litoral Argentino y reclamamos su retiro, por las diez razones que exponemos.

Rechazamos las acciones y las palabras del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que (con la anuencia del ex ministro Aníbal Fernández) abrió el territorio del litoral argentino a los halcones del Comando Sur del imperio bajo la máscara de “ayuda humanitaria”. Y advertimos sobre los graves riesgos que esta medida genera en las aspiraciones de paz, trabajo y unidad de los pueblos del continente.

Para la prevención y acción sobre sequías, inundaciones o dengue, temas de alta significación, no necesitamos auxilio de militares norteamericanos.

La inauguración de esta casa del Comando Sur en el aeropuerto de Resistencia constituye una burla a los luchadores por la emancipación, muchos de ellos desaparecidos o muertos por grupos que fueron brazos del imperialismo, y a quienes recordamos este 24 de marzo; y una burla también a los combatientes muertos en las Malvinas y a los veteranos de guerra, con quienes conmemoramos este 2 de abril los 30 años de la recuperación transitoria de nuestra soberanía usurpada en el Atlántico Sur.

Contra todas las advertencias del buen juicio, Capitanich encubre con pretensiones de filantropía una base estratégica para el Comando Sur y la IV Flota.

Sostenem
os que esa Casa debe ser desmantelada por las siguientes diez razones:

1- Nada tienen que hacer militares de un país imperialista metidos en nuestra región de paz. La excusa de que habrá trabajadores argentinos no desmiente el ingreso de los uniformados del norte.

2- Para los casos de emergencia o catástrofe existen los organismos argentinos de salud, emergencia, seguridad, o los que deban crearse con esos propósitos. E incluso podemos contar con información satelital apropiada para prevenir efectos de inundaciones y sequías. Nuestro litoral posee decenas de instituciones nacionales, provinciales, municipales y de entidades civiles equipadas para la prevención, y que deben ser apoyadas para mejorar sus sistemas, pero en ningún caso se requiere el auxilio de militares estadounidenses.

3- Si no existen razones para abrir paso a un poder militar extranjero, menos aún al estadounidense, que mantiene sojuzgados a tantos países del planeta, y que está denunciado como protagonista de los últimos golpes de estado en nuestro continente; el mismo que colaboró con Gran Bretaña en el asalto al territorio argentino hace treinta años, para quedarse en Malvinas, incluso con el aporte de los satélites que ayudaron a hundir nuestros buques. Tenemos muy claro que saben mucho de satélites, y para qué los usan.

4- El Comando Sur posee navíos provistos de misiles atómicos, tiene portaaviones de propulsión nuclear, es una fuerza militar imperialista y por tanto enemiga de nuestros pueblos trabajadores. La peor de todas. Otros países hermanos han denunciado al Comando Sur y a la IV Flota por sus patrullajes en nuestras costas como una “amenaza”. A esos mismos países les agradecemos su acompañamiento a nuestros reclamos por las Malvinas, y no es coherente darles como respuesta esta señal harto contradictoria.

5- Estamos advertidos de que las potencias imperialistas aliadas en la OTAN, que ya usurparon a sangre y fuego nuestro territorio y pretenden crear un país satélite de 5 millones de kilómetros cuadrados en el Atlántico Sur, vienen por el agua, vienen por la cuenca, las tierras fértiles, el oro, el petróleo, la energía; vienen por nuestras riquezas, e informados como estamos de esta situación no es razonable facilitarles sus objetivos, menos aún a sus fuerzas armadas que usarán la información con propósitos de espionaje en la triple frontera.

6- La ley llamada “antiterrorista” fue dictada a la medida de los Estados Unidos para proteger el extractivismo de sus trust en los países dependientes como el nuestro, y esta casa de los militares en el Chaco resulta un paso más en la política invasiva del norte.

7- Los gobiernos nacional y provincial no han ofrecido ningún fundamento que nos convenza de que se trata de una cooperación con los pueblos del litoral; existen fundamentos, sí, para demostrar que se trata de una penetración injustificada, y consentida por las autoridades transitorias.

8- Los pueblos del Litoral no hemos sido informados debidamente ni consultados, de modo que nos vemos obligados a tomar esta determinación del gobernador chaqueño como una provocación a los intereses de toda la región litoral. Ya padecimos en la misma línea, durante los años 90, las condenables prácticas de marines norteamericanos en la zona de Ibicuy, Entre Ríos.

9- No hay modo de explicar la confusión del gobernador Capitanich que ve palomas donde hay halcones, y ve una casa humanitaria donde, a todas luces, está “el huevo de la serpiente”.

10- Nuestros pueblos ya sepultaron la alianza con los Estados Unidos, la exhumación de sus restos propuesta por Capitanich (según las declaraciones conocidas en estos días) corre por su cuenta y expresa exactamente lo opuesto a las aspiraciones de los pueblos de nuestra América, Abya Yala. Capitanich debe velar por los intereses y derechos de los chaqueños, no por los que pagaron sus becas, y en cualquier caso no tiene jurisdicción sobre el conjunto de los pueblos del litoral, a los que expone sin medir consecuencias ni reparar en el temible precedente que está sentando.

Por la emancipación de nuestros pueblos, por la preservación de nuestras riquezas, por la unidad de los pueblos de Abya Yala, por la dignidad frente al imperialismo y al colonialismo, ¡fuera Comando Sur, del Litoral argentino!
Paraná, 23 de marzo de 2012.
*Junta Americana por los Pueblos Libres -JAPL-.
*Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”, de la Facultad de Ciencias de la Educación UNER.
*Foro
Artiguista Entrerriano.
*Regional Entre Ríos de la CTA (C.E. Locales Paraná, Concepción del Uruguay, Federación, Villaguay).
 *Proyecto Sur Entre Ríos.
 *Sindicato Empleadas en Casas de Familias de Entre Ríos.
 *Corriente Clasista Combativa -CCC- Entre Ríos.

 Estas agrupaciones son integradas por trabajadores en general, estudiantes, docentes, periodistas, artistas, cooperativistas, dirigentes gremiales, ambientalistas, economistas, e investigadores de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y de la República Oriental del Uruguay.

actividadentrerios.blogspot.com.ar

Tenemos presente a los 30.000 exigiendo derogar la llamada ley antiterrorista y terminar con la criminalización tanto de la protesta social como de la pobreza


Documento de las organizaciones de DDHH, sociales y políticas para el 24 de marzo - Rosario



A 36 años del Golpe
JUICIO, CASTIGO Y CARCEL EFECTIVA A A TODOS LOS GENOCIDAS
INMEDIATA APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA
NO A
 LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY
Exigimos al Gobierno
BASTA DE AJUSTE, SAQUEO, ESPIONAJE Y REPRESION
DEROGACION DE LA LEY ANTITERRORISTA
30000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTE!!!

ESTE 24 DE MARZO RESULTA INSOSLAYABLE EN HOMENAJE A NUESTROS COMPAÑEROS DESAPARECIDOS EXIGIR LA DEROGACION DE LA LLAMADA LEY ANTITERRORISTA. ESTE FUE UN DEBATE FRATERNAL CON ALGUNAS ORGANIZACIONES POLITICAS Y DE DERECHOS HUMANOS, PERO LAMENTABLEMENTE ALGUNAS DE ELLAS NO QUISIERON ACOMPAÑAR ESTA EXIGENCIA.

POR ESO UN BLOQUE MUY GRANDE DE FUERZAS POLITICAS SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS – ALGUNAS DE ELLAS CONSTRUCTORAS DE ESTA MARCHA UNITARIA DESDE 1996 – HEMOS DECIDIDO CONCURRIR A ESTA MARCHA UNICA, HACIENDOLO EN UN BLOQUE INDEPENDIENTE, NO FIRMANDO EL DOCUMENTO QUE SE VA A LEER EN EL MONUMENTO Y NO INGRESANDO AL MISMO. POR TODO ESO EXIGIMOS:

- JUICIO Y CASTIGO A LOS REPRESENTANTES DEL PODER ECONOMICO QUE SOSTUVO A LA DICTADURA.
-BASTA DE IMPUNIDAD: 600 CENTROS CLANDESTINOS, SÓLO 850 PROCESADOS Y SÓLO UN TERCIO DE GENOCIDAS EN LA CÁRCEL
-RESTITUCIÓN DE LA INDENTIDAD DE LOS JÓVENES APROPIADOS
- APARICION CON VIDA DE JULIO LÓPEZ
- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO
-NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

miércoles, 21 de marzo de 2012

Sepamos de la “Marcha Plurinacional por el Agua, por la Vida y la Dignidad de los Pueblos del Ecuador"


El Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Humberto Cholango  explica: "Estando en la provincia de Chimborazo Territorio de la Nación Puruhua, cuna de Fernando Daquelema, he sentido la necesidad de dirigirme a los ecuatorianos y a las ecuatorianas como una forma de entablar un diálogo fraterno, no sólo para explicar nuestras razones de lucha en esta “Marcha Plurinacional por el Agua, por la Vida y la Dignidad de los Pueblos del Ecuador”, sino también para incentivar la conversación social entre todos los habitantes del país, especialmente entre todos quienes luchan por otro mundo posible, otro mundo mejor, otro mundo más humano y respetuoso de la Vida de la Pacha Mama, más allá de las fronteras, porque destruirla con el extractivismo capitalista es destruirnos a nosotros mismos, y condenar a nuestros hijos a que viven en un planeta destrozado por la codicia de poder y riqueza de políticos insensibles a la vida planetaria.
En diciembre del pasado año, en un acto público y publicado, nada clandestino, como deben ser los actos políticos, la CONAIE debatió y anunció la realización de una movilización nacional, cuyos objetivos, apegados a los mandatos de la Constitución de Montecristi, son:
1) la redistribución del agua mediante la urgente aprobación de una nueva ley de aguas;
2) una revolución agraria para cuyo inicio es urgente la aprobación de la Ley de tierras y la realización de la reforma agraria, tomando como base la soberanía alimentaria;
3) el cambio del modelo minero-extractivista que hoy se impone por un nuevo modelo, el del Buen Vivir-Sumak Kawsay;
4) la no aceptación de nuevos impuestos que afecten a los pequeños propietarios y productores; y,
5) el cese inmediato de la criminalización de la protesta social y la anulación de los juicios por sabotaje y terrorismo a los 194 líderes y lideresas comunitarias.
Con este fin llamamos a la unidad con todos los sectores sociales organizados, y no con afanes golpistas o desestabilizadores como nos acusa maliciosamente el presidente Correa.
La respuesta obtenida superó nuestras expectativas. De esta decisión colectiva surgió la “Marcha Plurinacional”, recogiendo prioritariamente la iniciativa de las comunidades afectadas por la mega minería, alarmadas por la anunciada firma de las concesiones y por el inicio del primer proyecto minero a cielo abierto en Zamora Chinchipe.
Desde entonces venimos realizando reuniones con nuestras organizaciones de base y con aquellas que se plegaban a la movilización. En estas reuniones recogíamos propuestas, sentires, necesidades, adiciones y se planificaba. Así surge el tipo de movilización y la fecha. Repito nuevamente: una acción política nada clandestina ni oculta; ni en sus objetivos ni en sus acciones a desarrollarse, que reitero nunca tiene como fin propiciar un golpe de estado o desestabilizar al gobierno.
No es sólo una movilización o un reclamo indígena. Amplios segmentos de la población urbana y rural, mestiza, indígenas y de afros han coincidido en la elaboración de una plataforma conjunta y en la movilización plurinacional.
Por eso nuestro asombro ante la reacción del gobierno, de la prensa oficial-pública y de sus partidarios, que en lugar de dar respuesta claras sobre los objetivos de la marcha se apresuró a calificarla de “golpista”, de “intento de desestabilización del régimen” y “desestabilizar la democracia”, de estar “aliada y financiada por la vieja derecha”.

Ejemplifiquemos cómo intelectuales progresistas colaboran en posicionar a favor de la megaminería a cielo abierto


José José Natanson (director de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur) comienza su nota "Las razones de la minería" enfocando las necesidades de la  economía capitalista. Dice: "(...)La minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias razones. La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar minerales dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el agotamiento de la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada de precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de intensa industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por ciento del acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que se produce en el mundo, lo que la ha convertido en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje, definen como un monopsonio (un actor económico que logra controlar el mercado por su capacidad de consumo, algo así como un monopolio de la demanda). Además, la debacle de los mercados financieros convencionales disparada por la crisis mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores a refugiarse en las materias primas, lo que también contribuyó a aumentar sus precios.
Junto con África y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58 por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal)".
Continúa con la lógica del capitalismo e imperialismo de priorizar el 'Mercado global' sobre la capacidad de autodeterminación de los pueblos recurriendo a: "El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).
Para Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el cual las empresas trasnacionales desempeñan un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya sea mediante la creación de joint ventures (contratos de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras, como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con la Corporación Minera, sea a través de la creación de empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones argentinas o ecuatorianas.
Gudynas aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación económica".
Después de introducirnos en las diferencias que establece Gudynas, entra de lleno en el maquiavelismo. Señala:"En este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.
La significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de un porcentaje variable de la renta minera.