jueves, 31 de mayo de 2018

"Derrotamos al ALCA, pero se firmaron muchos tratados de libre comercio y muchas corporaciones transnacionales avanzaron en su dominio, explotación y acaparamiento. En resistencia desde los territorios, las mujeres enfrentan permanentemente la lógica del capital afirmando en la práctica la centralidad de la sostenibilidad de la vida. La construcción cotidiana de la auto-organización, la solidaridad, la agroecología y la economía feminista y solidaria son estrategias para garantizar las condiciones de sobrevivencia".

Feminismo contra el capitalismo:

acumulado de las mujeres 

en lucha en América Latina.

30 de mayo de 2018

La resistencia feminista a los procesos de mercantilización de los cuerpos y la vida de las mujeres es uno de los hilos conductores entre las luchas populares que llevaron a la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el enfrentamiento a la actual contra-ofensiva neoliberal y conservadora. Desde la auto-organización, la movilización en las calles, el enfrentamiento a transnacionales poderosas en los territorios y las prácticas políticas y económicas impulsadas por las mujeres, el feminismo se vuelve cada vez más una exigencia en los procesos de lucha anti-capitalistas.
Por Tica Moreno 
Como solemos decir en América Latina, ’lucha’ es un sustantivo femenino y un verbo que se conjuga en plural.
24 de mayo, 2018
Son muchos los acumulados teóricos y políticos que la lucha feminista contra el libre comercio produjo en nuestro continente desde principios del siglo XXI. En estas líneas se presentan algunos de ellos, que constituyen aún hoy nuestra base de actuación. Todos se nutren de la experiencia militante de la Marcha Mundial de las Mujeres, que enmarca las alianzas y construcciones colectivas con las mujeres de los movimientos sociales, campesinos y sindicales.
Feminismo anticapitalista desde la auto-organización
Una mirada en retrospectiva nos lleva a considerar que decir no al ALCA tuvo dos consecuencias simultáneas. Una fue la definición política de construir desde el feminismo un proceso más amplio de articulación y lucha con los movimientos sociales mixtos. A nivel continental, pero también en los países, ciudades y pueblos, las mujeres fueron sujetos activos de la construcción cotidiana de la campaña contra el ALCA.
A su vez, en el ámbito del feminismo implicó no aceptar que la agenda de género fuera instrumentalizada para legitimar los acuerdos de libre comercio. Las mujeres no aceptamos la incorporación de cláusulas de género en los tratados de libre comercio (TLC) propuestos porque el neoliberalismo y sus instrumentos estaban reorganizando nuestras vidas. Decir no al neoliberalismo significó denunciar que no basta con el reconocimiento de que ese modelo impacta de manera diferenciada en las mujeres: él mismo solo es posible porque se articula en sus prácticas de dominación y explotación con el patriarcado y el racismo.
Ese posicionamiento se construyó desde una práctica militante vinculada a la teoría, a los análisis y las acciones. La estrategia de hacer un amplio proceso de debates, giras y talleres locales, de poner en marcha, en definitiva, una campaña masiva y popular, tuvo como fruto una posición muy fuerte, consolidada y victoriosa. En los espacios de discusión de las mujeres resultaba evidente que el ALCA y los TLC no crearían nuevas formas de explotación, sino que generalizarían las ya existentes: las condiciones de precariedad de la vida, los trabajos a domicilio, las largas jornadas laborales, la ausencia de derechos y la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, así como del trabajo cotidiano de tejer lazos sociales y comunitarios que garantizan el sostén de la vida en sociedades regidas por el dominio del mercado.
Desde el enfrentamiento al libre comercio, la economía feminista se volvió una herramienta clave para cuestionar el neoliberalismo: por un lado, para plantear otras formas de organizar la producción-reproducción y el consumo; por el otro, con el objetivo de avanzar hacia agendas económicas que reconozcan que la economía no es reducible a lo monetario. Se debe ir más allá del salario y avanzar hacia el reconocimiento y reorganización del trabajo doméstico y de cuidados, lo que sigue siendo un desafío que el feminismo plantea a las luchas anticapitalistas.
Los debates, las divergencias y, por fin, los consensos producidos en torno al rechazo del libre comercio por amplios sectores del movimiento feminista ya han sido sistematizados desde diversas perspectivas. Hacer hincapié en el rechazo a propuestas tramposas de reducir o minimizar los impactos negativos del sistema sobre la vida de las mujeres sigue siendo una enseñanza y una orientación, porque en la actualidad diferentes actores defensores del neoliberalismo (corporaciones transnacionales, instituciones gubernamentales, ONGD y ONU) utilizan la misma estrategia del maquillaje violeta para enmascarar los mecanismos de dominación y explotación de ese modelo.
Una perspectiva de género que plantea que la sociedad de mercado tiene impactos positivos y negativos sobre las mujeres y que, por lo tanto, deberían hacerse estudios para identificar los negativos e intentar reducirlos, es una trampa. Lo es no solo porque obvia las desigualdades estructurales de clase y raza, sino porque opera acentuándolas, ampliando la opresión sobre muchas en nombre del empoderamiento de algunas.
¡El mundo no es una mercancía, las mujeres tampoco!
Una nueva generación política del feminismo se formó en la lucha contra el neoliberalismo, rechazando vivir bajo las reglas del mercado. Los talleres y las intervenciones urbanas cuestionaban la invasión y control de los cuerpos y los comportamientos por las industrias farmacéuticas, de cosméticos y la publicidad; así como la heteronormatividad, la violencia y la prostitución, como instrumentos del patriarcado para mantener el control individual y colectivo de los hombres sobre las mujeres.
La ocupación colectiva de los espacios públicos las acciones directas y la irreverencia de las batucadas feministas fueron estrategias construidas para impulsar las síntesis políticas y ampliar el diálogo con los movimientos sociales en lucha y con la sociedad en general. Hoy enfrentamos el desafío de mantener juntas esas dimensiones: la radicalidad de las formas de lucha y la radicalidad del contenido. Cuestionamos los intentos de pasteurización del feminismo, que desconstituyen los sujetos colectivos en nombre del empoderamiento individual, sacando la potencia de movimiento transformador del feminismo y canalizándolo hacia comportamientos individuales que mantienen intactos los procesos de acumulación del capitalismo racista y patriarcal.
Las corporaciones transnacionales (farmacéuticas, de los cosméticos, del sector textil, tecnología y comunicaciones, entre otras) incorporan en sus discursos la responsabilidad social empresarial direccionada a las mujeres. Mientras tanto, garantizan sus ganancias mediante el acaparamiento de tierras y el control de los territorios, la contaminación del suelo y el agua con la minería, la superexplotación en el empleo y en el trabajo no remunerado de las mujeres, así como con la privatización de los conocimientos bajo reglas estrictas de propiedad intelectual.
Si en su momento un feminismo liberal se contentaba con incluir a las mujeres en legislaciones que anunciaban una igualdad de derechos y oportunidades, hoy nos encontramos con un feminismo (neo)liberal que aplaude cada vez que una empresa hace propaganda incorporando la diversidad de mujeres y que asimila la visión “nosotras podemos con todo” para convencernos de que es posible conciliar la responsabilidad con el cuidado con la disponibilidad para el trabajo remunerado. Se mantienen intactas la división sexual del trabajo y la no responsabilización de los hombres ni del Estado con la reproducción y el cuidado.
Desde el feminismo anticapitalista partimos de las experiencias de las mujeres y por eso nuestro horizonte no es incorporar más mujeres en un poder constituido (ya sea en el mercado, en el Estado o en los capítulos de género de los TLC). Nuestro reto es cambiar las formas y los fondos, incidir en cómo se organiza la sociedad, en cómo de nuestros tiempos se apropian otros, en cómo decidimos sobre la reproducción y la producción.
Construir alternativas desde la lucha
Derrotamos al ALCA, pero se firmaron muchos tratados de libre comercio y muchas corporaciones transnacionales avanzaron en su dominio, explotación y acaparamiento. En resistencia desde los territorios, las mujeres enfrentan permanentemente la lógica del capital afirmando en la práctica la centralidad de la sostenibilidad de la vida. La construcción cotidiana de la auto-organización, la solidaridad, la agroecología y la economía feminista y solidaria son estrategias para garantizar las condiciones de sobrevivencia y para construir la autonomía de las mujeres sobre el cuerpo, la sexualidad y una vida libre de la violencia racista y patriarcal. Así, las mujeres en movimiento siguen expandiendo las fronteras de lo posible, construyendo condiciones para transformar en lo concreto sus vidas, al mismo tiempo que señalan caminos de cambio de modelo.
Esa es una fortaleza y un acumulado. Cuando las mujeres afirman en la lucha por soberanía alimentaria, por ejemplo, que sin feminismo no hay agroecología, nos enseñan que las propuestas y los cambios deben ser integrales. Hay que producir sin veneno, con diversidad, con relaciones de trabajo basadas en la solidaridad y la autogestión, en articulaciones definidas por la igualdad y sin violencia, afirmando que somos ecodependientes e interdependientes, a la vez que autónomas y libres. Es desde ahí que enfrentamos el poder de las transnacionales del agronegocio y la alimentación.
Enfrentar la violencia patriarcal y del capital
La violencia y la militarización son instrumentos del capitalismo que avanza sobre nuestros cuerpos, trabajos y territorios. Es evidente que las transnacionales en esta nueva oleada de acuerdos quieren imponer y legitimar su sistemática de violaciones. Nuestra experiencia es que donde hay sujetos colectivos en lucha hay violencia, intentos de cooptación, persecución y asesinatos de personas líderes.
Con las estructuras del Estado al servicio de las élites corporativas, la criminalización de la pobreza y de quienes luchan contra ella se amplía en el continente, en especial en los países gobernados por la derecha. El genocidio de la juventud negra en Brasil, la violencia contra las poblaciones indígenas y el encarcelamiento masivo evidencian el racismo de ese sistema. Al mismo tiempo, la lucha contra la violencia y los feminicidios nos convocan a cada vez más mujeres. No es una cuestión individual, como la violencia sexista nunca lo ha sido. Un reto es lograr avanzar en la comprensión de las causas de la violencia sistémica y enfrentar esta como un todo contra la vida y los cuerpos, no separar las luchas contra la violencia patriarcal y racista de las luchas anticapitalistas.
Feminismo en las luchas populares
Para frenar el ALCA la educación popular fue una estrategia clave. En todos los lados, la gente sabía que el ALCA era nefasto y que debía ser derrotado. No era necesario ser expertas que manejan muchos números y fórmulas: lo fundamental era desvelar la estrategia neoliberal y de dominio de las élites corporativas que se encontraba detrás de esa propuesta.
Los pueblos latinoamericanos comparten una historia de dominación colonial, de injerencia estadounidense bajo las dictaduras y de imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. Así que luchar contra el libre comercio es ser anti-imperialista y poner la soberanía popular en el centro.
La lucha contra el libre comercio se fortalece cuando se concreta en las resistencias que ya existen frente a las privatizaciones de servicios como el saneamiento y el agua, frente a las reformas laborales y de los sistemas de pensiones. No es una lucha más, o una lucha nueva. Es una batalla difícil, pero no se debe complicar enredando con términos técnicos que nadie comprende: los pueblos rechazan el libre comercio porque es un instrumento del capitalismo y ese sistema no nos sirve.
Contra el capitalismo patriarcal y racista nuestras estrategias son el internacionalismo militante, la solidaridad activa y la auto-organización y construcción de alianzas concretas desde las luchas anticapitalista, feminista, negra y popular.
* Militante de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Feminismo_contra_el_capitalismo_acumulado_de_las_mujeres_en_lucha_en_America_Latina

Recordemos el pensamiento-acción CFK: " los que no están con el gobierno o plantean críticas hacia el mismo son oposición, sobre todo si están organizados y deciden participar, movilizarse y hacer explícitas tales diferencias. Y estas acciones deben ser desactivadas o al menos intervenidas por el gobierno, ya sea a través del control desde lo económico, recortando y/o negando recursos, ya sea desde la criminalización y judicialización de dichas expresiones opositoras".

Margen
Edición Nº 58 - junio 2010
Criminalización y judicialización 
 de la protesta social en Argentina:
cuando la lucha y la resistencia popular 
se vuelven delito.

Por Ana Musolino
Capítulo IV
El Estado Argentino y la criminalización de la protesta.
Algunas respuestas dadas al conflicto. 
Las políticas de «limpieza» en Mendoza.
 
Introducción
El presente capítulo tiene la intención de delinear las particularidades que asume el análisis que venimos haciendo en la actualidad, primeramente a nivel nacional, para terminar esbozando la situación en la provincia de Mendoza. Aún sosteniendo, como venimos haciéndolo, que la criminalización es una política de Estado que trasciende los gobiernos de turno, es decir, que va más allá del partido en el poder por ser una variable configuradora del neoliberalismo; creemos que en los últimos años las respuestas del Estado a la organización popular se han complejizado, marcando algunas aristas importantes que intentaremos analizar.

1. Del 2001 a la actualidad. Los gobiernos justicialistas: ruptura y continuidad del modelo menemista en el marco neoliberal
En este caso vamos a tomar la periodización que parte de los sucesos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001, por considerarlos un hito fundamental dentro de la historia de Argentina, historia que se va desarrollando en una síntesis entre las particularidades propias del país y las características intrínsecas a la estructura mundial dentro de la cual dicho país está inserto, el sistema capitalista. Analizamos en el capítulo introductorio que el sistema capitalista, como un tipo específico de sociedad dividida en clases, en su actual fase neoliberal va a precisar de un tipo de Estado Nacional que traduzca esas necesidades del capital en actuaciones y políticas concretas. Marcamos además, que los estados se mueven en el par consenso-coerción, en la medida que van logrando hegemonizar sus proyectos societarios. En el caso argentino, durante los ‘90, el Estado siguió con enorme fidelidad los dictámenes del modelo neoliberal. En la década menemista, década de privatizaciones, apertura económica y convertibilidad; como vimos, el desempleo y la pobreza comenzaron a mostrar su característica es tructural, alimentadas por políticas sociales compensatorias dirigidas a la gestión de las necesidades mínimas sustentadas en un «clientelismo afectivo» -1-. Práctica que comienza a ponerse en cuestión a mitad de los ´90, siendo quizás la emergencia de las organizaciones de desocupados (en crítica a dicho clientelismo y afirmando los valores de dignidad e igualdad) la nota más original en cuanto a formas de organización y acción colectiva en resistencia a las políticas neoliberales de ese momento.

Marca Marcelo Gómez que «entre 1995 y 1996 los conflictos comienzan a adquirir significados y características nuevas. Ya no son resistencias a la implementación de las reformas, sino las reacciones a las consecuencias estructurales de su consolidación: reconversión con achicamiento industrial, crisis económicas regionales (fiscales y productivas) y desempleo endémico. Empieza a generalizarse la percepción de que el «modelo» dejaba un tendal de víctimas, ya no coyunturales por los costos transitorios de implementación de las reformas sino «estructurales».

 -2-. Igualmente, las protestas y acciones colectivas no obtuvieron del gobierno menemista una atención importante, al punto que en su mayoría fueron ignoradas por los funcionarios de turno -3-, cuya legitimidad política permitía ampliamente tal actitud. Esta situación de indiferencia estatal frente al reclamo va a modificarse durante el gobierno de De la Rúa, cuando a las protesta de los sectores desocupados y ocupados, se suman los ahorristas y la clase media al ver confiscados sus depósitos bancarios en lo que se conoció como «corralito financiero». Frente a este panorama de conflictos sociales, cortes de ruta, movilizaciones, etc.; la respuesta estatal y la capacidad del gobierno radical para mantener el consenso entra en crisis. «La crisis de la respuesta estatal de concesiones pasivas mostraba la imposibilidad de «contener» el conflicto disruptivo, sin lograr evitar el desarrollo de mayores capacidades de organización y acción colectivas de los desocupados a quienes comenzaban a sumarse ahora otros sectores descontentos» -4-. De tal modo, el proceso de consolidación neoliberal tiene un punto de inflexión con la crisis ocurrida en diciembre de 2001, donde colapsa el sistema económico al tiempo que la fragilidad del sistema político y su legitimidad hace imposible la contención del conflicto social. Es decir, desde el concepto de Gramsci de Estado Integral, se trata de una crisis no sólo económica, sino política, una crisis orgánica, de hegemonía del proyecto dominante, cuando frente a la pérdida de consenso se construyen luchas, resistencias, que eventualmente se proponen contrahegemónicas.
En este sentido entonces, es importante resaltar que el 19 y 20 de diciembre de 2001 significó también un quiebre del modelo hegemónico de los 90, el cual expresaba la alianza de las empresas privatizadas con el capital financiero. Así, la crisis del 2001 también expresa una lucha entre dos fracciones al interior de la clase dominante -5-, visualizada en la disyuntiva «dolarización vs. devaluación», resolviéndose a favor de la segunda, siendo primero Duhalde y luego Kirchner quienes expresarían las expectativas del capital nacional y sus posibilidades a partir de un modelo devaluacionista que favorecería un esquema volcado a la exportación. Así, la irrupción popular deja entrever el agotamiento político del sistema económico; cuyo punto de ruptura se expresa en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, las cuales culminan con la destitución del gobierno radical, la sucesión de varios presidentes hasta la proclamación del justicialista Eduardo Duhalde, y un saldo de represión que marcará un antecedente en las políticas represivas que se sucederán.

Es decir, estos acontecimientos llevados a cabo por movimientos sociales y políticos, trabajadores ocupados y desocupados, asambleas barriales, ahorristas, vecinos autoconvocados, etc.; no fueron pacíficamente aceptados por los detentores del poder político – que no expresan otro proyecto societario que el de la clase dominante – sino que, en ese clima de rebelión popular, el Estado, priorizando su lado coercitivo, saca a la calle a las fuerzas de seguridad, reprimiendo a los sectores populares, dejando como saldo treinta y cinco muertos, centenares de heridos y miles de detenidos y procesados. La complejidad de la situación se expresa en un escenario social, como marca Maristela Svampa, «ambivalente y contradictorio» ya que por un lado, se llamaba a la solidaridad y a la autoorganización, lo cual rápidamente desembocaría en la conformación de un complejo campo multiorganizacional, caracterizado por el cruce social entre actores sociales heterogéneos y por el cuestionamiento al sistema institucional. Por otro lado, la crisis expresaba un fuerte llamado al orden y al retorno a la normalidad, frente al quiebre de las instituciones básicas y la amenaza de disolución social» -6-. El gobierno de Eduardo Duhalde asume en este cuadro de crisis económica, conflictividad social, organización territorial y protesta. Durante dicho gobierno las represiones se vuelven, cada vez más, política de un estado que necesitaba contener el conflicto social y «normalizar» el país, actuando allí donde el pueblo se estaba organizando. Un blanco perfecto de esto fueron los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD).
«Hasta mediados de 2002, el gobierno debió afrontar una colosal movilización de las capas medias y de los desocupados, frente a los que no tenía ni respuestas favorables ni actitud «negociadora», al tiempo que las respuestas represivas que venían recibiendo muchos conflictos no hacían más que potenciarlos e incrementar la incertidumbre institucional»

-7-. Esta oleada represiva tiene un punto máximo que marca la salida de Duhalde de la presidencia: durante una protesta social reprimida fueron asesinados los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, hecho que, por la trascendencia mediática y la presión y organización de sus compañeros en busca de justicia, significó el adelantamiento del llamado a elecciones presidenciales y el movimiento de algunos funcionarios de la política nacional. «La gigantesca movilización de repudio a la represión aceleró cambios en el discurso ante la protesta social, apuró la implementación de planes sociales, precipitó los anuncios del cronograma electoral y provocó cambios ministeriales» -8-. Como parte de la estrategia justicialista de mantener el control de la situación política, aparece la figura de Néstor Kirchner en el año 2003. 1.1 El gobierno a partir de la presidencia de Néstor Kirchner Como parte del sistema capitalista, el gobierno kirchnerista significa una continuidad con las políticas neoliberales al tiempo que una ruptura en cuanto al modo de legitimar y llevar a cabo dichas políticas.

El ejercicio de la hegemonía, en el sentido gramsciano -9- del término, se vale de herramientas que marcan una diferencia sustancial con las utilizadas durante los ‘90 por los gobiernos de Menem y De la Rúa. Teniendo en cuenta el poco apoyo popular con que llega al poder sumado a la fuerza que habían acumulado las organizaciones populares; la reconstrucción de la institucionalidad «democrática», del tejido social y la relación con las bases estaba entre los objetivos primordiales del nuevo gobierno. Las herramientas utilizadas a tal fin son varias: modificaciones en la legislación de Derechos Humanos en el marco de las políticas de «memoria», cambios en la Corte Suprema, aumento (en cantidad) de planes sociales y subsidios en las grandes barriadas, asignación de cargos públicos a dirigentes y militantes populares, etc. A estas medidas se sumaron las estrategias de integración e institucionalización de algunos movimientos y organizaciones, combinadas con acciones de «disciplinamiento y criminalización, a través de la estigmatización mediática, política y social, dirigida hacia los grupos sociales más movilizados» -10-, grupos, claro está, opositores o al menos, autónomos, al gobierno.

Así, «la política de Kirchner consistió en poner en acto, simultáneamente, el abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar y disciplinar a las organizaciones piqueteras opositoras»

-11-.De este modo, cooptando sectores históricamente de oposición, disciplinando a los opositores, combinando presencia territorial en los barrios con control de subsidios y planes sociales; fue logrando tanto el apoyo popular como la desmovilización sociopolítica en pos de pautas clientelares y asistencialistas. «Esta política de masificación de la ayuda social se continuó con Kirchner, quien retomó la iniciativa en la tarea nada fácil de recomponer las relaciones con los sectores populares, con la idea de «recuperar» el espacio perdido en manos de nuevas organizaciones de tipo territorial. Sin lugar a dudas, los planes conllevaron un fortalecimiento de la matriz asistencial del modelo neoliberal» -12-. En este proceso de construcción de la hegemonía, la masificación de los planes sociales vino a cumplir dos objetivos claves a corto plazo: «por un lado, paliar la grave situación de urgencia y necesidad social que atravesaba una parte importante de la población; por el otro, contener el conflicto social, frente a los reclamos cada ves mayores, del conjunto de las organizaciones piqueteras» -13-.

Este marco resulta ser la base necesaria para legitimar la continuidad del modelo y de las políticas neoliberales que le corresponden: se agudiza la entrada de capitales trasnacionales, concentrando y centralizando aún más el capital y las riquezas, se promueve el desarrollo de áreas de producción como el petróleo, la siderurgia, el complejo sojero, la minería a cielo abierto, etc.; bajo un discurso de desarrollo industrial, pero de poca sustentabilidad ambiental, social, laboral y económica para la población. Como contracara, si bien en principio se muestran signos de reactivación económica, se profundiza la precarización laboral, el subempleo, la pobreza, al tiempo que aumenta la concentración económica, la riqueza de una minoría, la segregación residencial, la privatización del mundo de la vida y la criminalización y localización de la pobreza, quebrándose cualquier vestigio de la solidaridad entre clase media y sectores populares surgido durante el 2002, acentuando la polarización de clase -14-. La continuidad y consolidación del «Proyecto K» se vio garantizada cuando, en octubre de 2007, las elecciones presidenciales dieron como resultado el triunfo de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, mostrando la hegemonía de este modelo. En la actualidad, a dos años de presidencia de la mandataria argentina, comienzan a mostrarse algunos signos de la fragilidad de su construcción política, se explicitan los quiebres, se dan nuevas alianzas; todo lo cual debe analizarse a la luz de la coyuntura actual y el advenimiento de nuevos comicios, situaciones en las cuales las fracciones de la clase dominante van retomando la puja para reacomodarse en el poder. 1.1.1. Los derechos humanos: una cosa del pasado Una apuesta fuerte de este gobierno es, entonces, el discurso de los derechos humanos. Y en ese sentido, los avances en cuanto al juzgamiento de los represores y participantes del último golpe de Estado, así como la tarea de recuperación de la memoria histórica resultan sumamente importantes. Sin embargo, existe una gran brecha entre las políticas para con el pasado y la realidad actual respecto de los derechos humanos. Aparece como un doble discurso, pues si bien se condena la actuación del Estado democrático con respecto a la protección de los derechos humanos en la época post-dictadura de 1976, se debilita bastante la fuerza del discurso para referirse a igual temática en el presente. Es decir, el gobierno actual «ha asumido como política de Estado la condena de la violación de los derechos humanos realizadas durante la última dictadura militar (1976-1983), lo cual ha contribuido a echar por tierra la «teoría de los dos demonios» que habían avalado los gobiernos anteriores, sin excepción, así como a impulsar una política de la memoria. (...) Ahora bien, este importante salto cualitativo no puede ni debe conducirnos a ignorar el contraste existente entre la política de condena de la violación de los derechos humanos en relación con el terrorismo de Estado de los años ´70, y la actual política de derechos humanos respecto del presente y el pasado reciente, la que en términos de «política de Estado» coloca al gobierno actual en peligrosa continuidad respecto de las administraciones anteriores» -15-.
Continuidad que se expresa en la profundización de las condiciones de miseria y pobreza de una gran mayoría de la población, en la precarización del trabajo, etc., es decir, en la violación de los llamados derechos de segunda generación –los derechos económicos, sociales y culturales básicos– que el Estado sigue sin garantizar -16-. Continuidad que se remarca en el repliegue de los derechos políticos de la población. Y en este sentido, se recrudece el control social de la protesta, se la estigmatiza, se la niega y, en muchos casos, se la reprime. «El gobierno nacional no dudó en alimentar la estigmatización de la protesta –contraponiendo la movilización callejera a la exigencia de «normalidad institucional»- impulsando activamente la difusión de una imagen de la democracia, supuestamente «acosada» por las organizaciones piqueteras» -17-, más que nada con las fracciones del movimiento que, no siendo cooptadas por el gobierno, se mantienen autónoma en su funcionamiento y acción. Sin embargo, ya marcamos que la criminalización de la protesta es una cuestión de clase, por lo que los avances en dichas acciones estatales que achican cada vez más el espacio público, resultan ser más lentos cuando la protesta, aún utilizando los métodos repudiados, provienen de sectores influyentes en el poder político y expresan, más que derechos vulnerados, conflicto de intereses económicos en puja al interior del bloque dominante. «El procesamiento de estos conflictos varía según el perfil de clase del sujeto. Por ejemplo, en los casos de cortes de ruta que han protagonizado los sectores de los productores del agro, no se ha considerado vulnerado derecho alguno. A la luz de las respuestas habidas, se infiere que en algunos casos la protección de derechos estaría dada considerando sólo a «algunos derechos» y «según el perfil -de clase- del victimario» -18-. Así, si bien discursivamente el tratamiento de los conflictos se realiza de manera igualitaria, la acción estatal devela el carácter clasista del gobierno, que no duda en desalojar las rutas con la gendarmería sin dar aviso a los docentes o a los piqueteros, pero advierte por todos los medios de comunicación la posibilidad de tal medida cuando los que están en la ruta son miembros de la Sociedad Rural. Distintos modos de desalojar el Puente Pueyrredón que la ruta en Gualeguaychú. Diferentes grados de tolerancia ante la obstrucción del tránsito. Sin marcar, por lo mismo, que la desigualdad está en el reclamo: (retomando a Gargarella) derecho o privilegio. Mientras que unos exigen derechos básicos, los otros expresan defensa de intereses y privilegios. En estos casos, el cuestionado método piquetero no genera tanto resquemor cuando esos otros que protestan pertenecen a la clase dominante, protesta que en definitiva expresa, como dijimos, una puja al interior del proyecto hegemónico. 

El gobierno actual, entonces, refuerza la tesis del estado de excepción analizado en los capítulos anteriores, expresada en sus decretos de necesidad y urgencia, en las políticas que en cada lugar se plantean como «combate de la inseguridad», en la mencionada Ley Antiterrorista, etc. Lo que significa una regresión del estado de derecho –en contradicción lo que se sostiene desde el discurso dominante– cuyos márgenes de impunidad y arbitrariedad se alejan de la idea de justicia e igualdad propias de cualquier discurso ciudadano. Por lo tanto se produce un progresivo reforzamiento del sistema represivo institucional «visibles en el proceso de reformas legislativas que agravan los delitos cometidos por los sectores pobres y/o marginados de la población, así como en la criminalización de la protesta social. 

En efecto, la vertiginosa pérdida de derechos (sociales, laborales) fue acompañada por el endurecimiento del contexto represivo (Svampa y Pereyra: 2003), reflejada en el aumento y pertrechamiento de las fuerzas represivas (aumento de efectivos de la policía federal, provincial, gendarmería nacional y prefectura). El ejemplo más elocuente es el de Gendarmería nacional, que pasó del cuidado de las fronteras, al control y represión de los conflictos sociales provinciales, desde 1993 en adelante -19-.
Las metodologías para criminalizar la protesta van variando, se van combinando, habiendo, por momentos, una represión más abierta y pública, y por otros una represión más encubierta, casi imperceptible, pues también depende de los niveles de consenso y legitimidad presentes en la sociedad en general. Pero los objetivos se mantienen: frenar el conflicto, evitar la irrupción colectiva, profundizar el capitalismo cambiando su denominación: «capitalismo con rostro humano», aunque eso signifique profundizar sus consecuencias para la mayoría de la población.

2. Algunas respuestas del Estado argentino frente a la organización popular


«Fuentealba no es una consecuencia no deseada, un exabrupto, otra extralimitación, sino la manera persistente que usa el Estado para disciplinar a los excluidos o a todos aquellos que cuestionan el modelo de exclusión que, después de tres décadas ininterrumpidas aprendimos a nombrar con el mote de neoliberalismo» Esteban Rodríguez 

Las respuestas dadas por el Estado para el tratamiento del conflicto, dijimos, se van combinando y modificando según la coyuntura, la cual es meticulosamente analizada por el poder político. En este sentido, la presencia territorial del actual gobierno resulta clave. Organizaciones en las grandes barriadas empobrecidas del país, agrupaciones estudiantiles en las universidades y colegios secundarios fuertes, gremios y sindicatos. Entonces, para grupos organizados, movimientos sociales, organizaciones que logran mantener su autonomía, conviviendo incluso con la presencia clientelar del gobierno en sus territorios, la criminalización adquirirá distintas vertientes.

De tal modo, el concepto de criminalización se amplia, siendo también el control de la esfera económica un elemento utilizado para desarticular y debilitar a las organizaciones populares. «Por ello también entendemos como ejercicio del poder punitivo respecto de la protesta social a los ya clásicos hostigamientos mediante la excusa de averiguación de identidad, faltas y contravenciones, e incluso la caída en el pago de planes de empleo o la imposibilidad de acceder a los mismos por no adherir al rebaño del puntero de turno» -20-. Y si algo evidencia la afirmación anterior es que los que no están con el gobierno o plantean críticas hacia el mismo son oposición, sobre todo si están organizados y deciden participar, movilizarse y hacer explícitas tales diferencias. Y estas acciones deben ser desactivadas o al menos intervenidas por el gobierno, ya sea a través del control desde lo económico, recortando y/o negando recursos, ya sea desde la criminalización y judicialización de dichas expresiones opositoras. Con respecto a esto último, el dato que sigue es elocuente: «en la actualidad, existen en la Argentina más de 4.000 procesadas y procesados y más de 20 mujeres y hombres encarcelados, por defender sus derechos, a quienes se le desconoce el estatus de presas y presos políticos. Es la cifra más alta alcanzada bajo un gobierno democrático -21-. Y ese desconocimiento del estatus político avanza aún más sobre los derechos políticos, al ser interpelados como delincuentes comunes. En este sentido, algunos ejemplos muestran el posicionamiento estatal, posicionamiento aleccionador que apunta a ir más allá del reclamo puntual, desentendiéndose del mismo, disciplinando a partir de la represión, dejando tanto el reclamo sin resolver como marcando antecedentes para la futura movilización popular.(...) Leer

Señalemos, en Nuestra América, "el Estado con sus sucesivos gobiernos ha mantenido una política de promoción de las inversiones a toda costa y bajo todo coste, en sectores estratégicos como la minería, esto ha llevado al extremo del sin sentido desde la racionalidad del Estado, aprobando normas para facilitar la inversión minera a costa de vulnerar derechos y en algunos casos destruir comunidades campesinas. A estas alturas del camino, estas prácticas se han normalizado."

Perú: Tierras de comunidades campesinas y concesiones mineras

31 de mayo de 2018


Por Luis Hallazi 
29 de mayo, 2018.- En el siglo XVI el virrey Toledo crea los pueblos de reducción, con la idea de “reducir”, a los indígenas que estaban dispersos por la mortandad que trajo la colonización salvaje. En esos pueblos de reducción se estableció una legislación donde se les otorgaba un área de reserva comunal para su crecimiento demográfico y un área para producir y pagar un tributo.
De este modo, se produce la comunidad de indígenas con un territorio delimitado, reconocido y protegido por el Estado, con sus propias autoridades, costumbres, prácticas y tecnologías, que mucho tiempo después en la Constitución Política de 1920 son reconocidas legalmente como comunidades indígenas y en 1969 su nombre es cambiado por comunidades campesinas con la finalidad de reivindicar su legado.
La historia reciente de nuestras comunidades esta marcada por la violencia y discriminación, pero además son muy poco estudiadas, sin embargo, si hay algo que no se pude negar es que las comunidades campesinas, al igual que las nativas son la expresión concreta, jurídica e histórica de los pueblos indígenas y originarios del Perú con una riqueza cultural infinita.
Hoy las comunidades campesinas son propietarias y poseedoras de aproximadamente el 26.5% de todo el territorio nacional y producen la mayoría de los alimentos que abastecen los mercados de las ciudades, más del 70% son productos de la agricultura familiar que es mayoritariamente comunal; a pesar de tener mucho en su contra, han sabido resistir durante estos casi doscientos años de república.
Según un reciente estudio del Instituto del Bien Común- IBC sobre comunidades campesinas; en todo el territorio nacional existen 6 299 comunidades campesinas de las cuales 5 789 (92%) se encuentran ubicadas en la zona andina. Puno es el departamento con más comunidades campesina, 1304 y Ayacucho el departamento con mayor extensión de área titulada de comunidades campesinas 66,69% del departamento. La comunidad campesina más grande es Huancasancos con 250.000 ha. también en Ayacucho y una de las más pequeñas es Orcotuna en Junín con 11.18 ha.
Siendo propietarias y poseedoras de más de un cuarto del territorio nacional, y sabiendo que en nuestro país existe una gran dependencia económica por la exploración y extracción de minería metálica que se asienta en las mismas zonas andinas donde están asentadas las comunidades, es clara la tensión que existe con la minería, por tanto debería ser prioritario para el Estado atender las causas y consecuencias de esa tensión desde la imparcialidad de un Estado que velan por garantizar los derechos de sus ciudadanos; sin embargo ocurre todo lo contrario, desde el “denuncio minero” y posterior concesión minera, el Estado cumple una función de facilitador de los proyectos de inversión minera.
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico- INGEMET es la institución que otorga el derecho de concesión minera, que según la ley general de minería es un derecho que se da al titular para la exploración y explotación de recursos minerales que están en el subsuelo de un territorio; sea el territorio de quien fuese, lo que hay allí abajo es patrimonio de la nación y le pertenece al Estado. A partir de ahí es harto conocida la historia de despojo y desigualdad con las que tienen que lidiar las comunidades campesinas.
Si bien la entrega de concesión minera no significa necesariamente que se va extraer un mineral, lo cierto es que al ver posibilidades restringe el derecho de uso, goce, disfrute y disposición de la propiedad. Además, el procedimiento de concesión es sumamente sencillo, eso hace que a diciembre del 2017 según INGEMET el 14% del territorio nacional esta concesionado a la minería, esto lo podemos ver a través de un moderno catastro minero, sin embargo, el Estado no tiene información cierta y actualizada de las comunidades campesinas, tampoco un catastro.
Esta información ha tenido que ser brindada por organizaciones privadas como el IBC, para suplir este vacío, que cruzando con el catastro minero se tiene como resultados del análisis la superposición de 35% de concesiones mineras en tierras de comunidades campesinas.

En la práctica esto significa restricciones al ejercicio de la propiedad, donde muchas comunidades están total o parcialmente superpuestas por concesiones, es el caso de la comunidad campesina de Chila Chila (Arequipa) cuyo territorio comunal esta superpuesto en un 95%, esta información en cuanto a la superposición de concesiones mineras lo podemos ver por departamento.
El Estado con sus sucesivos gobiernos ha mantenido una política de promoción de las inversiones a toda costa y bajo todo coste, en sectores estratégicos como la minería, esto ha llevado al extremo del sin sentido desde la racionalidad del Estado, aprobando normas para facilitar la inversión minera a costa de vulnerar derechos y en algunos casos destruir comunidades campesinas.

A estas alturas del camino, estas prácticas se han normalizado, cuestionarlas te convierte en un anti-desarrollo, incluso en tiempos de la implementación del derecho de consulta previa, proceso que hoy se ha convertido en un simple trámite, desnaturalizando su finalidad. Como es lógico todo esto, deviene en el surgimiento de conflictos sociales y territoriales con poblaciones afectadas; además de serios impactos en la degradación de la naturaleza y la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran los procesos de cambio climático; pero al parecer, esto a casi nadie del Estado le importa.
Lo cierto es que las concesiones sean mineras o de otra índole, sin duda alguna afectan el uso de la tierra y territorio de las comunidades, lo que dan cuenta diversos casos con sentencias llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Awas Tingni Vs. Nicaragua o Pueblo Saramaka Vs. Surinam) y recientemente la sentencia de las 11 comunidades de Atuncolla en Puno que les da la razón a la acción de amparo que solicitaron, suspendiendo las concesiones mineras en su territorio hasta que sean consultados. A groso modo podemos inferir que las concesiones mineras afectan el derecho al uso, goce, disfrute y disposición del territorio o al menos, restringe el ejercicio de la propiedad o posesión, más aún cuando no hay consulta previa y la comunidad no autoriza la exploración o explotación.
Si fuéramos un país serio, mañana mismo se debería paralizar el otorgamiento de concesiones mineras sobre tierras comunales, si antes no se ha aplicado el derecho de consulta previa, libre e informada, pero en el Perú parece que estamos acostumbrados al desenlace violento, que una vez que estalla, es cuando recién aprendemos a hacer lo correcto y aplicar lo que esta escrito hace mucho tiempo en los tratados internacionales e incluso en leyes nacionales.
---
- Abogado e investigador en derechos humanos. Correo electrónico: luis.hallazi@gmail.com

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Peru_Tierras_de_comunidades_campesinas_y_concesiones_mineras

"¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cuáles son las causas y los efectos del uso de pesticidas? ¿Cuáles son las soluciones alternativas?".

¡Basta de pesticidas!

30 de mayo de 2018

A pesar de la disponibilidad de datos científicos independientes y el hecho de que los ciudadanos son conscientes de sus efectos nocivos, sigue aumentando su uso, y son el campesinado, los consumidores y el medio ambiente los que sufren las consecuencias. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cuáles son las causas y los efectos del uso de pesticidas? ¿Cuáles son las soluciones alternativas?
Por la Coordinadora europea Vía Campesina

Los pesticidas son ampliamente cuestionados por la población europea. En 2017, más de un millón de ciudadanos firmaron la Iniciativa ciudadana europea « STOP Glifosato ». El objetivo era solicitar la prohibición de comercializar el glifosato en la UE, reformar el proceso de autorización de pesticidas y establecer objetivos para reducir el uso de estos productos. Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de datos científicos independientes y el hecho de que los ciudadanos son conscientes de sus efectos nocivos, sigue aumentando su uso, y son el campesinado, los consumidores y el medio ambiente los que sufren las consecuencias.
El campesinado es la víctima de un sistema que se basa en decisiones calamitosa: ‘ganancias a cualquier precio’, alimentos más y más baratos, libre comercio, competencia económica… Ante la reducción de los márgenes y la creciente competencia en el mercado, se alienta al campesinado a garantizarse un ingreso asegurando la productividad de su explotación y aferrándose al sistema productivista que favorece máquinas cada vez más potentes, superficies cada vez mayores, más insumos de combustibles fósiles y pesticidas. Por lo tanto, se ven obligados a aplicar grandes cantidades de productos en sus campos, matando su suelo, poniendo en grave peligro su salud y la de las poblaciones circundantes y amenazando la biodiversidad.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cuáles son las causas y los efectos del uso de pesticidas? ¿Cuáles son las soluciones alternativas?
Descargue el documento (PDF) a continuación:

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/!Basta_de_pesticidas

"Reivindicamos nuestro derecho humano de seguir siendo pueblos campesinos, consagrado en la Carta de Derechos Campesinos, y afirmamos que la humanidad necesita de nosotras y nosotros, y nos recusamos a desaparecer a pesar de la persecución y criminalización de nuestras luchas. Nosotras y nosotros luchamos, perseveramos y nos afirmamos como sembradoras y sembradores de esperanza."

Declaración de Guira de Melena – I Encuentro Global de Escuelas y Procesos de Formación en Agroecología de La Vía Campesina.

31 de mayo de 2018

Guira de Melena, Artemisa, Cuba 27 al 30 de Mayo de 2018
Centro Integral “Niceto Pérez” de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
Hermanados en este I Encuentro Global de Escuelas y Procesos de Formación en Agroecología de La Vía Campesina, reiteramos que nosotras y nosotros desde la amplia diversidad de la agricultura campesina que practicamos en el planeta, somos los pueblos del campo, quienes producimos los alimentos y bienes necesarios para la humanidad. Estamos reunidos en Cuba donde hemos podido conocer muchas fincas y cooperativas campesinas de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba (ANAP), nuestra organización anfitriona. De “organización campesina a organización campesina” hemos aprendido mucho sobre la metodología “de campesino a campesino,” que ha permitido al Movimiento Agroecológico de la ANAP alcanzar uno de los más importantes éxitos mundiales de la masificación y escalamiento de la agroecología campesina.
Somos campesinos y campesinas, pequeños agricultores, pueblos indígenas, pueblos sin tierras, mujeres del campo, juventud rural, pueblos pescadores, trabajadores agrícolas y rurales que representan organizaciones miembros de La Vía Campesina de 41 países de África, Asia, América, Europa y Oriente Medio.
Reunidos en torno del objetivo de potenciar el debate y la reflexión de la formación en agroecología como dimensión estratégica de La Vía Campesina, y socializar, actualizar y apuntar las líneas políticas y acciones comunes de formación política y técnica en agroecología para el próximo período, reafirmamos los principios de la agroecología de los pueblos del campo expresado en la Declaración de Nyéléni. Reivindicamos nuestro derecho humano de seguir siendo pueblos campesinos, consagrado en la Carta de Derechos Campesinos, y afirmamos que la humanidad necesita de nosotras y nosotros, y nos recusamos a desaparecer a pesar de la persecución y criminalización de nuestras luchas. Nosotras y nosotros luchamos, perseveramos y nos afirmamos como sembradoras y sembradores de esperanza.
Desde nuestra autonomía política nos organizamos y luchamos por garantizar nuestra existencia como los pueblos que somos, y cumplir con dignidad con nuestra responsabilidad histórica y social de avanzar en la construcción de la soberanía alimentaria expresando la agroecología como materialización de nuestro modo de vida, generando abundancia en la producción de alimentos sanos y adquiribles para toda la humanidad – alimentos para la Vida! Denunciamos los intentos de cooptar la agroecología para fines capitalistas, y el robo y privatización de nuestros conocimientos y semillas mediante la “propiedad intelectual.”
Como creadoras y creadores de las agriculturas campesinas, la agricultura campesina agroecológica es expresión de nuestra ancestralidad, constituyente de nuestras múltiples cosmovisiones resultantes de nuestros procesos endógenos de diálogo de saberes en los encuentros de culturas que actualizamos en la dinámica histórica.

Frente a los urgentes desafíos contemporáneos venimos sembrando agroecología campesina por todos los continentes, en relaciones directas de Campesinas y Campesinos a Campesinas y Campesinos en nuestros territorios. Con amor por nuestro modo de vida, hemos creado decenas y decenas de escuelas campesinas y procesos de formación en agroecología – tanto en la educación formal como informal – en todos los continentes. Estas escuelas y procesos, que siempre combinan la formación técnica con la política de manera horizontal, basado en el diálogo de saberes e intercambio de experiencias, son una fuerza en los territorios, dotando a nuestras bases las herramientas para la transformación colectiva de nuestras realidades. Nos reunimos ahora para estructurar un proceso de articulación horizontal entre ellos, para el fortalecimiento mutuo, rompiendo las cercas del latifundio del conocimiento en las ciencias agrarias. Realizamos el rescate de los saberes y formas de conocimientos y realizamos procesos endógenos de educación y formación popular y formal en diálogo con los sistemas públicos institucionales de investigación y educación, proporcionando a jóvenes y adultos campesinas y campesinos las habilidades políticas y técnicas necesarias para facilitar procesos colectivos de producción, lucha, resistencia y transformación.

Trabajamos para la superación de todas las formas de opresión patriarcal y de manifestación del machismo con la afirmación del feminismo campesino y popular. Las mujeres han sido protagonistas centrales de la agricultura campesina agroecológica, y la juventud tiene la capacidad, creatividad y energía para su masificación. El patriarcado frena tanto a mujeres como a jóvenes, así que el feminismo campesino abre el camino hacia otro futuro mas igual, mas humano, y mas ecológico.

En nuestro devenir de luchadoras y luchadores por la emancipación humana para mantener vivo al campesinado, reafirmamos:
  • la conquista de la reforma agraria integral y popular y defensa radical de nuestros territorios;
  • la superación de todas las formas de la explotación del trabajo humano y de opresión étnica, racial, cultural, política, de género y generacional, de espiritualidad y religiosa, y de clase;
  • la masificación la agricultura campesina agroecológica, llevándola a escala territorial;
  • las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad;
  • la lucha a favor de políticas públicas de apoyo a nuestros propios procesos de formación y de producción, a través de la agricultura campesina agroecológica;
  • alianzas con sectores populares del campo y de la ciudad, y con académicos y investigadores, y consumidores;
En la actualidad, enfrentamos una batalla global por el campo, entre el “modelo de la muerte” del sistema capitalista con sus brazos financieros y de agronegocio y agricultura industrial, minería, los negocios del agua y de las semillas, etc., y el “modelo de la vida” de la agricultura campesina agroecológica. Frente a la devastación capitalista, estamos conscientes de que no hay solución humana, y consecuentemente ecológica, bajo el modelo de la muerte. El capital es una forma social necesariamente violenta que se estructura bajo la explotación del trabajo humano, la opresión de clase y el racismo, y la depredación de la naturaleza. El objetivo primero y último del sistema es garantizar la reproducción ampliada del capital, apropiándose privadamente de las fuerzas y capacidades humanas y de la naturaleza como mercancías. La Vía Campesina lucha contra el capitalismo, por su superación, y forja experiencias germinales emancipadoras donde seamos cada vez más “socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres,” productoras y productores de bienes para la satisfacción de las necesidades humanas genuinas y universales, como seres humanos conscientes de nuestro pertenecer cósmico y sujetos históricos, políticos, y agri-culturales.

La agricultura campesina agroecológica es una herramienta fundamental en esta lucha y en la construcción de otra sociedad. Es por eso que en este Encuentro hemos trabajado y construido los elementos necesarios para el fortalecimiento mutuo y horizontal entre nuestras escuelas y procesos de formación. Estamos construyendo un proceso de articulación global de todas nuestras escuelas y procesos de agroecología, en donde estamos trabajando líneas comunes de acción y formación, intercambios de personas, métodos pedagógicos, planes y materiales de estudio, el mapeo de nuestras experiencias formativas, una biblioteca virtual y cursos de formación, entre otras herramientas. Todo con la finalidad de construir territorios campesinos agroecológicos como nuestra alternativa de la vida, en la batalla contra el modelo de la muerte.
Denunciamos el cruel e injusto bloqueo económico que los Estados Unidos ha impuesto a esta hermosa isla durante mas de medio siglo, y señalamos que Cuba con su Revolución es un faro que ilumina el camino para el mundo entero, hacía sociedades mas humanas y justas.
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

Nos dicen:“El futuro inmediato pasa por la capacidad del cooperativismo agroecológico de diversificar las formas para llegar a una mayoría de grupos sociales y articularse con otros proyectos locales que tratan de satisfacer necesidades básicas desde una perspectiva de sostenibilidad, en proyectos y estructuras sociopolíticas en torno al territorio compartido”.

Agroecología frente a 
la ineficiencia industrial
31 de mayo de 2018


Por El salmón contracorriente

La VII Conferencia Internacional de la Vía Campesina, que se celebra del 15 al 24 de julio en Derio, Vizcaya. saca a la palestra la necesidad de apostar por un modelo de agricultura que deje de ser nocivo para el medio ambiente y ponga en el centro la vida de los pequeños agricultores y campesinos, encargados de producir el 80% de los alimentos que llegan a nuestras mesas.

La ineficiencia de la agricultura industrializada española
La agricultura española, máximo exponente de las condiciones agroambientales mediterráneas, experimentó un gran proceso de intensificación a lo largo del siglo XX basado en la aplicación de insumos energéticos externos.
Durante el siglo XX, el campo español ha visto cómo se incrementaba un 33% la energía necesaria para su funcionamiento para aumentar la productividad tan solo un 27%. Además, la intensificación de la agricultura española se ha basado en el incremento de energía externa, que se multiplicó por 20 a lo largo del siglo XX. Un ejemplo, la energía dedicada a plaguicidas es la que más creció entre 1960 y 2000, multiplicándose por 33,6.
A la falta de productividad hay que sumar las consecuencias sobre los ecosistemas como la degradación de suelos, la contaminación de las aguas y la pérdida de biodiviersidad, tal y como señalan los autores en “Transición del metabolismo agrario español en el siglo XX”, articulo perteneciente al dossier elaborado por Fuhem Ecosocial“Agroecología. Un paso más hacia la calidad de vida”.

“Ni siquiera la agricultura ecológica profesional, fuertemente dependiente del petróleo, podría calificarse hoy como ecológicamente sostenible, por no hablar de los problemas de autoexplotación de la fuerza de trabajo propia y ajena en las pequeñas experiencias que denominamos como agroecológicas”, apunta Daniel López García investigador en agroecología de Ecologistas en Acción, en “Cooperativismo agroecológico y saltos de escala”.

Agroecología como alternativa real
“La agroecología es, sobre todo, una visión política de la construcción de una nueva sociedad global y local, que ponga en el centro la vida, partiendo de los procesos que tienen que ver con la producción, la distribución y el consumo de alimentos ambientalmente sanos, socialmente justos, económicamente viables, culturalmente apropiados, completos nutricionalmente en sistemas agroalimentarios y territorios sustentables”. Es la definición aportada por David Gallar (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos), y Ángel Calle (Universidad de Córdoba), en “La construcción de sujetos políticos y la agroecología: una lucha por la vida”.
En España, la producción ecológica representa el 5% de la superficie agraria útil, alrededor del 2,5% de las explotaciones, y algo menos del 2% de la producción final agraria en la escala estatal. En contraste, el consumo de alimentos ecológicos aún no alcanza el 1% del total, viene creciendo por encima del 5% anual en los últimos años, hasta los 1.018 millones de euros estimados en 2015.

Experiencias como los grupos de consumo de las zonas metropolitanas siguen siendo los canales que absorben un mayor volumen de las producciones ecológicas locales, pero conforman un modelo que empieza a dar signos de agotamiento. Apostar por la extensión práctica del modelo a través de políticas alimentarias locales y sostenibles es el mayor reto al que se enfrenta este modelo. “El futuro inmediato pasa por la capacidad del cooperativismo agroecológico de diversificar las formas para llegar a una mayoría de grupos sociales y articularse con otros proyectos locales que tratan de satisfacer necesidades básicas desde una perspectiva de sostenibilidad, en proyectos y estructuras sociopolíticas en torno al territorio compartido”, apunta Daniel López.

Un caso de éxito: los catalizadores de la innovación en Cuba
Cuba pasó de ser el mayor consumidor de agroquímicos del mundo a convertirse en una de las experiencias más extensivas de agricultura orgánica de América Latina. Tras el colapso del campo socialista en Europa del Este en 1989, Cuba lanza este programa, apoyado por organizaciones internacionales e instituciones de investigación y desarrollo cubanas que facilitó a los pequeños/as agricultores familiares el acceso a semillas y apoyo técnico.
La experiencia cubana “confirma la tesis de que el aprendizaje colectivo entre el sector público y el de la agricultura familiar y los emprendedores locales es una alternativa para el desarrollo rural”, señala Humberto Ríos Labrada, Coordinador ICRA para Hispanoamérica, en “Los catalizadores de la innovación en Cuba”.

Adhiramos a " fortalecer una Red latinoamericana de organizaciones y comunidades que resistan la actividad depredadora de las empresas mineras, construcción de represas hidroeléctricas y de centrales termoeléctricas, así como la extracción de petróleo y la construcción de gaseoductos".


Chiapas
Intercambio de experiencias comunitarias en resistencia no violenta frente al extractivismo.
31 de mayo de 2018


Por Xicoténcatl (Rebelión)
La cita fue en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al pie de la montaña que conserva restos de un antiguo asentamiento maya, conocida como Moxviquil. El día 23 de mayo llegaron activistas de Chile, de Perú, Colombia, Paraguay y Guatemala. La representación mexicana con la presencia de mujeres del Istmo de Oaxaca y del Comité para la Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” de Chicomuselo, Chiapas, así como una representación de dos concejales del Congreso Nacional Indígena, CNI, de la Región Costa de Chiapas, organizados en el Frente Cívico Tonalteco (Tonalá).


La organización Pax Christi Internacional quiere fortalecer una Red latinoamericana de organizaciones y comunidades que resistan la actividad depredadora de las empresas mineras, construcción de represas hidroeléctricas y de centrales termoeléctricas, así como la extracción de petróleo y la construcción de gaseoductos. La propuesta es acompañar los procesos con una estrategia integral que implica trabajar los aspectos jurídicos, económicos, mediáticos y la incidencia política como herramienta ciudadana de participación y de influencia para poder presionar a las corporaciones internacionales y a los gobiernos que les ponen la mesa. Así mismo impulsar la formación de militantes comprometidos en la multiplicación de talleres para difundir la estrategia no violenta y dar a conocer los pasos para enfrentar las agresiones contra las comunidades y pueblos. La convivencia durante tres días mostró que, aunque el enemigo es común, cada resistencia cuenta con características propias, aporta ideas diferentes en función de los peculiares elementos culturales y del grado de conciencia o dinámicas de organización.

LA NO VIOLENCIA FRENTE AL PODER 

Antes que nada, aclarar que la no violencia es una forma de resistencia popular que ha existido en todo tiempo y lugar, más allá de la imagen gandhiana y estereotipos similares, muchas veces útiles y funcionales al mismo sistema capitalista. Es una opción de lucha que tiene los mismos riesgos que la opción violenta, además de que no necesariamente son excluyentes. En palabras de Martha Inés Romero, representante de Pax Christi para América Latina, se trata de realizar acciones políticas no violentas desde el enfoque de transformación de conflictos. Para Martha Inés, la no violencia implica reflexionar en varios aspectos: 

- Es una construcción colectiva que parte del individuo. 

- Sistematización, planificación, organización. 

- Implica construcción de paz en ambientes de conflictos o de injusticias o concentración de riqueza y que implica construir como colectivos acciones políticas no violentas para transformar situaciones injustas. 

- La propuesta no violenta se basa en que es necesario persuadir, expresándose de manera creativa pero contundente contra la violencia, de una manera organizada y, esto necesita ciudadanía, organización y luchar contra la “desesperanza aprendida”. Tener la certeza de que podemos cambiar situaciones injustas desde nuestro poder ético y poder ciudadano.
Cabe aquí decir que la expresión “poder ciudadano” podría sustituirse por poder popular, máxime en el contexto latinoamericano donde la categoría ciudadano está reservada a una minoría que tiene acceso, por el poder del dinero, a la justicia, a la educación o a disfrutar de los bienes básicos para una vida con los derechos elementales garantizados. 

Muchas dudas sobre la estrategia no violenta surgen en los casos concretos de Colombia y México, donde los gobiernos imponen la violencia políticamente organizada y los poderes judicial ejecutivo y legislativo están entrelazados e incluso participan activamente en las filas del narcotráfico.

Una lucha destacada de los movimientos no violentos es la del desarme y el antimilitarismo, pero es necesario hacer análisis inteligentes y con propuestas reales que, necesariamente pasan por diferentes fases y han de señalar con claridad a los responsables del complejo militar industrial estadunidense que marca el paso de una “lógica” de creciente rearme y militarización hasta llegar a la locura de la teoría de disuasión nuclear conocida como MAD (destrucción mutua asegurada). Campañas contra la guerra o por la Paz Mundial sólo abonan a ejercer el papel de tontos útiles, como señalaban en la década de los setenta los líderes de la ex Unión Soviética, en referencia a los movimientos pacifistas europeos de la época.


La lucha por la vida y el territorio es acompañada por la conciencia de que somos parte de un planeta vivo y de que esta idea es contraria al modo consumista de vida Occidental, que ahora ya es, también, Oriental. Los señores de la Guerra del Régimen estadunidense están siendo derrotados, pero el nuevo centro de poder orientado hacia la región Asia-Pacífico, con centro en China, necesita inmensos recursos minerales para sus diferentes Rutas de la Seda. América Latina está en riesgo de seguir siendo una tierra de sacrificio por el nuevo poder hegemónico. Para posicionarse con personalidad propia en este siglo donde la revolución es la inteligencia artificial y un comercio mundial interconectado en forma digital, los gobiernos latinoamericanos tendrían que eliminar fronteras y crear los organismos de cooperación económica y política que posicionaran con forma y expresión propia un continente hoy fracturado y dependiente. Fue el proceso que inició el comandante Hugo Frías Chávez, militar venezolano, que pagó con su vida el proyecto de Unidad Latinoamericana con repercusiones en otros continentes. Pero eso son procesos que, en la actualidad, no están al alcance de los pueblos. Al alcance de los pueblos está organizarse y coordinar esfuerzos, difundir ideas, denunciar, crear redes de apoyo y redes de información donde el Poder del dinero escuche que nosotros decimos NO!. Para eso se reunieron al pie del cerro de Moxviquil activistas de seis paises americanos.


PARAGUAY: Mujeres que nos compartieron sus cinco años de lucha por la tierra, enfrentando represión, emboscadas y querellas judiciales. Barbero Kue es un territorio al norte de Paraguay que defienden un millar de familias contra la pretensión del gobierno de arrebatárselas para destinarlas a la producción masiva de soja y carne de exportación. En Paraguay, por ley, los propietarios de tierras por cada 20 hectáreas que posean, han de “donar” diez al Estado. El nombre de Barbero Kue está ligado al hijo de inmigrantes italianos Andrés Barbero (1877-1951). En 1933 fue ministro de Economía. Andrés Barbero compró la finca de más de 17 mil hectáreas con la intención de que allí se instalaran las familias italianas empobrecidas por la dictadura de Mussolini y la posterior guerra mundial. Con el tiempo se fueron instalando hasta 1,500 familias para trabajar las tierras que, oficialmente, eran propiedad del gobierno italiano. Fue hasta el año 2012 que el entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo, firmó un Acuerdo de cooperación con Italia, por el que las tierras pasaban a manos de los campesinos allí instalados y sujetos a la reforma agraria.

CHILE: Seis zonas saturadas por contaminación a lo largo de los cuatro mil kilómetros de longitud del pais andino. En las playas hay metales pesados, como consecuencia de la actividad día y noche, durante todo el año, de las numerosas centrales termoeléctricas. Ciudades donde no existe la noche por la iluminación artificial y una nube de materiales tóxicos y metales pesados agobia y enferma a sus habitantes. Los derrames en la bahía de Quintero han destruido la economía campesina. El Consejo de Defensa de los Queñes defiende los humedales y las playas. Están organizados en el movimiento Patagonia sin represas.

PERÚ: Conocimos de la lucha de los pueblos aymaras, uros y quechuas en la región Puno, contra las concesiones mineras. Hay concesiones hasta en las zonas arqueológicas. Mercurio, cadmio, arsénico y plomo, son ya los elementos naturales en los ríos de la región. El Colegio de abogados de Puno se ha pronunciado por la reformulación integral de la legislación minera en beneficio del estado nacional, depurando el modelo primario exportador y distribuyendo equitativamente los beneficios tributarios en distritos, provincias y regiones. La reformulación integral de la legislación ambiental, haciendo prevalecer los intereses nacionales, el respeto por un medio ambiente sano y equilibrado, sustentado en los principios de precaución y prevención. Pleno respeto por el pronunciamiento de comunidades campesinas en la declaratoria de zonas de no admisibilidad de concesiones y operaciones mineras de exploración y explotación. Declarar la imprescriptibilidad de los delitos de impacto ambiental. Solicitar al gobierno dejar en forma inmediata, sin efecto, la intervención militar en la zona en conflicto.

COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos ya marcó el destino y la ruta de millones de colombianos-as cuando dijo: “La locomotora minera es el eje de Colombia”. El pais está organizado desde el poder en 202 bloques mineros, 70% del territorio está concedido a las empresas mineras. Primer productor de carbón en América Latina y segundo exportador mundial de esmeraldas. Las empresas inversionistas proceden de Canadá, Estados Unidos, Reino Unidos, España y Suiza. La pequeña población de Doima, en el departamento de Tolima fue la primera que puso un alto a la depredación minera en Colombia. Un domingo de junio del 2013 la gente se organizó para efectuar un referendum. El resultado abrió las compuertas de la lucha antiminera en Colombia: 3007 votantes de los que 2971 expresaron con un NO su rechazo a las mineras; 24 votos a favor. El megaproyecto minero de La Colosa fue derrotado. Reservas de oro por 35 millones de onzas, la décima a nivel mundial. La experiencia se repitió a 80 kilómetros de distancia, en Cajamarca, en marzo del 2017. Esta vez la derrotada fue la empresa multinacional sudafricana AngloGold Ashanti. Dos meses después fue el turno de un pueblo del departamento de el Meta, Cumaral, contra la extracción de petróleo. El activismo y la resistencia proliferaron con más de 40 consultas populares en los meses siguientes. Una juventud entusiasta y creativa está empezando a descarrilar la locomotora minera de Santos y sus narcoferroviarios.

GUATEMALA: 6 años de resistencia en La Puya y Santa Rosa. Oro y plata en el ojo de la codicia. Treinta minerales, algunos en la clasificación de tierras raras. Un ejemplo de la venta del pais a precios de saldo es el de la mina Marving. El año pasado la mina Marving extrajo 270 toneladas de plata... sólo declaró 70 al gobierno guatemalteco. El 2 de marzo del 2012 la gente cerró la entrada de la mina canadiense Kappes Cassiday Associates (KCA) y se declaró en resistencia pacífica. En una primera fase los activistas sufrieron las amenazas y el acoso de grupos enviados por militares que tienen intereses en el negocio. En una segunda fase la empresa pretendía entregar computadoras en las escuelas y repartir mochilas a los niños, que rechazaron el soborno. Destaca la participación de las mujeres en las comunidades de El Carrizal, la Laguna, San Antonio el Angel y el Dulce. Han sorteado acusaciones de secuestro, detención ilegal, coacción y amenazas. El activismo de las mujeres principalmente, consiste en talleres de concientización amenizados con teatro, pintura y otras actividades.

MÉXICO: Presencia de mujeres del Istmo de Oaxaca que se oponen a la construcción de gaseoductos y a los trabajos que, de manera discreta, pretenden conectar Salina Cruz con Coatzacoalcos. Este es un vieja idea que ya se proyectó durante el porfiriato y que conectaría el Pacífico con el Atlántico, por la parte más estrecha del Istmo, en lo que se conoce como corredor transistmico contemplado en las cinco Zonas Económicas Especiales que cuentan con una inversión en 10, 15 años, de 36 mil millones de dólares. Las compañeras que nos visitaron en el encuentro nos remitieron al video: “Por la tierra vivimos, minería en México” .
https://www.youtube.com/watch?v=S9W2-y32zOw
CHICOMUSELO, Chiapas. MUNICIPIO DE ALTO RIESGO 

Este municipio fronterizo con Guatemala ha destacado por el activismo y la resistencia contra la actividad minera de la empresa canadiense BlackFire, consiguiendo detener la minería a cielo abierto en la zona. En la plaza de Chicomuselo fue asesinado en el 2009 Mariano Abarca Roblero, activista en defensa del territorio. Actualmente las compañeras-os del Comité para la Promoción y la Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” y la parroquia de San Pedro y San Pablo, con el padre Eliazar como figura destacada, enfrentan los inicios de un proceso de militarización de su territorio con la reciente construcción a pocos minutos de Chicomuselo, en el predio Piedras Blancas, de un extenso cuartel militar con campo de entrenamiento y unidades habitacionales para un Batallón del Ejército Federal (alrededor de 600 soldados). Y ya sabemos por la experiencia de Ciudad Juárez en el Norte, Tamaulipas Guerrero y Michoacán, lo que pasa cuando el ejército mexicano llega a las poblaciones... se dispara la violencia políticamente organizada, y en consecuencia también la inseguridad y las desapariciones de personas en general y de líderes sociales en particular. Para el primer ejemplo inicial, el pasado 11 de mayo, fue acribillada a balazos una camioneta marca Renault en el tramo conocido como el Chilar, a pocos kilómetros de Chicomuselo. Fallecieron las cuatro personas que iban a bordo; se trataba de una mujer de profesión contadora y de un capitán del ejército en situación de retiro. Un capitán en activo y el chofer. Minutos antes habían retirado varios millones de pesos de un banco en Frontera Comalapa. El incidente ocurrió horas después de que el gobierno del Estado anunciara un operativo para dar mayor seguridad en las carreteras de Chiapas. (Ver nota en Chiapas Paralelo)https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2018/05/emboscada-en-chimomuselo-deja-dos-militares-y-dos-civiles-muertos/

El domingo 27 de mayo la parroquia de Chicomuselo emitió un comunicado a raiz de celebrar el Día de la Unidad, donde resalta la división en el pais por intereses políticos y económicos, promovidos desde las organizaciones sociales y las empresas. Los partidos políticos aprovechan la marginación de los pobres para condicionar su voto, solo les interesa el poder y no la vida del pueblo. La situación local y nacional no mejora, proliferan las cantinas y la venta de drogas, prostitución, falta de administración de justicia por parte del estado. Hay grupos y comunidades enteras que están haciendo justicia por su propia mano. El comunicado denuncia la militarización en la frontera sur con la excusa de contener los flujos migratorios, la Ley de Seguridad Interior que es un aval de imñpunidad para las fuerzas Armadas, Ejército Federal y Marina. La insistencia de diversas empresas para el saqueo del territorio mantiene a las comunidades atentas ante cualquier agresión. 

La negligencia de las instituciones, los intereses políticos y económicos, las reformas constitucionales, los tratados internacionales que nuestro país ha celebrado con países poderosos, facilitan el proceso para que las empresas trasnacionales se apropien del aire, del suelo, del subsuelo y de la vida misma de las comunidades, generando resentimiento en los habitantes que intentan defenderse de estos atropellos. 

La falta de empleo, el aumento al precio de la gasolina, la energía eléctrica, y todo lo relacionado con la canasta básica y los precios bajos de los productos del campo genera más descontento en las comunidades, esta es la política del gobierno y las empresas para que los campesinos abandonen sus tierras y las grandes empresas aprovechen esta debilidad para ocupar el territorio de nuestros pueblos. 

Apoyamos y saludamos al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) En las parroquias de Chilón y Sitalá de la zona tzeltal, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, quienes han decidido como pueblo, caminar sin la intervención de partidos políticos y en adelante gobernarse bajo el gobierno comunitario, por lo tanto, son bienvenidas todas las iniciativas que buscan la transformación del municipio, estado y país con una estructura y un modelo económico y político propio. 

Reconocemos que solo con la unidad y la participación activa y responsable de todos y todas lograremos la transformación de nuestra sociedad, por lo tanto hacemos el llamado a todos y todas como lo exhortan en su carta nuestros obispos de Chiapas a participar activamente en la construcción de la verdadera democracia que nuestro país necesita.

Las últimas actividades del INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS COMUNITARIAS en San Cristóbal de las Casas, fueron una visita a la comunidad tseltal de Cancuc, organizada en el Movimiento en Defensa del Territorio, MODEVITE, y a la II fase de construcción de la represa hidroeléctrica de Chicoasén, a pocos kilómetros de la capital del estado, Tuxtla. El sábado 26 fue día de convivencia visitando la zona arqueológicas de Toniná, a dos horas de San Cristóbal en dirección Ocosingo.

En el museo de Toniná llama mi atención un escrito: LOS SOLES MUERTOS. 
Primero dominan las deidades de la guerra, después los dioses de la agricultura. Continúan las deidades del intercambio y, finalmente, las de la muerte y el tributo que se quedan con todo. Hasta que los tiranos son nuevamente derrotados por el jaguar de la guerra, que inicia nuevamente el ciclo.

Moxviquil, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 29 de mayo 2018.