Perú
Promoviendo la
industria de hidrocarburos para acelerar el desastre climático
29 de junio de 2018
Por Luis Hallazi
Rebelión
El cambio climático tiene origen antropogénico, es decir la acción
humana la ha acelerando de manera desmedida los últimos 40 años, donde la quema
de petróleo constituye una quinta parte de los gases de efecto invernadero
(IPCC) sin contar todos los impactos ambientales que conlleva su extracción,
donde muchas veces termina en un desastre ecológico contaminando agua, suelo y
aire. Solo entre 2016 y lo que va del 2018 la Amazonía peruana enfrentó más de
15 derrames de petróleo.
A contra corriente de esa realidad y de la reciente aprobación de la Ley Marco de Cambio
Climático, Ley 30754, el Congreso de la República está a punto de aprobar la
Ley de Promoción de la Industria de Hidrocarburos (PL 2145-2017-PE) una
propuesta legislativa retrograda a iniciativa de la ex ministra de energía y
minas Cayetana Aljovín. Al parecer gran parte del Poder Ejecutivo y Legislativo
se siguen equivocando al pensar que debilitando el marco de protección de derechos
ambientales y sociales van a promover un mayor flujo de inversión, hasta el
momento no hay evidencia de que ello ocurra y a mediano y largo plazo esto solo
nos llevará a tener la inversión más sucia de la región.
Desde esa lógica perversa, promover la
inversión a estas alturas es sinónimo de vulnerar derechos fundamentales,
adquiridos y conquistados históricamente, incluso a costa de muchas vidas. El
proyecto de ley pretende realizar una serie de
modificaciones a la legislación actual, que representan serios retrocesos para
la institucionalidad gubernamental, que en un gobierno republicano están
diseñadas para equilibrar el exceso de facultades de un sector sobre el otro o
de una autoridad fiscalizadora sobre la propia actividad. Sin embargo, la norma
le otorga al Ministerio de Energía y Minas (Minem) una serie de prerrogativas
que quiebran la institucionalidad y concentran el poder para asegurar
únicamente la promoción de la inversión de hidrocarburos.
El Minem desplaza la intervención de actores
importantes, como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, el
Ministerio de Agricultura y Riego, y limita competencias de los Gobiernos
Regionales; incluso interferiría en el rol de entes fiscalizadores como OEFA y
OSINERMIG eliminando o restringiendo sus funciones reguladoras. Además,
flexibiliza los procedimientos administrativos proponiendo el uso de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como instrumento para la evaluación de
actividades de exploración sísmica, en lugar de instrumentos ambientales que
den mayor seguridad sobre los impactos de la actividad, como son los Estudios
de Impacto Ambiental.
El proyecto va más allá, afectando la
soberanía territorial y energética del Estado al prorrogar los plazos para las
actividades de exploración y explotación de lotes de hidrocarburos hasta los 80 a 100 años; disminuyendo
incluso las regalías; pero además el inversor puede realizar cualquier tipo de
construcción de infraestructura sin la necesidad de ningún permiso, licencia ni
fiscalización y para hacerlo con total tranquilidad el proyecto de ley dispone
que el Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior brinden al contratista
la seguridad para realizar sus operaciones.
Lo cierto es que el proyecto no ha sido discutido ampliamente y no
contó con la participación de actores cuyos derechos serán afectados como es el
caso de los pueblos indígenas, además de no tener las opiniones de sectores
importantes para llevar a cabo esta reforma. Por todo lo mencionado, este
proyecto atenta contra la Constitución Política del Estado, el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, la soberanía nacional en materia energética y
control del territorio, pero además quiebra la institucionalidad, vulnera el
derecho a un medio ambiente sano y equilibrado y atenta contra los derechos
colectivos de los pueblos indígenas, contraviniendo tratados y acuerdos
internacionales que promueven la protección de derecho fundamentales como el
Convenio 169 de la OIT y recientemente el Acuerdo de Paris sobre el Cambio
Climático.
Este tipo de normas nos lleva a una
preocupación mayor, sobre las otras consecuencias que traerá el cambio
climático, que en la medida de sus impactos agudizará la escasez de recursos,
lo que generará estrategias de seguridad militar para hacerse con dichos recursos
a través del control del territorio. Hay ciertos rasgos de esta norma que hacen
presumir ello, sentando las bases legales que permitan la entrada de
corporaciones transnacionales para controlar recursos y territorio; además de
promover la quema de fósiles, la deforestación y seguir contribuyendo al
calentamiento global.
Luis Hallazi es abogado- investigador.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243521
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