Necro-elecciones
30 de junio de 2018
Por
Gilberto López y Rivas (La Jornada)
Las elecciones del próximo domingo se llevarán a cabo
en el contexto de los mayores grados de violencia que se rememora en el México
contemporáneo, después del conflicto armado revolucionario de 1910 a 1917.
En este mes de junio se registra la cifra más
alta de homicidios dolosos en los 20 años de que el gobierno federal reporta la
incidencia de delitos, con 2 mil 234 personas ejecutadas extrajudicialmente,
mientras 114 candidatos a cargos de elección popular han sido asesinados, y
forzados a renunciar más de un centenar.
Asimismo, destacan los 110 periodistas
ultimados del año 2000 a
la fecha y el nivel de impunidad de estos atentados contra la libertad de expresión, de acuerdo con
la CNDH, que resulta en 90 por ciento de los mismos.
Igualmente, República
32 advierte que: en los cuatro primeros meses de 2018,
se han registrado 226 feminicidios, un aumento de 15 por ciento en relación con
el mismo periodo del año pasado, y 116 por ciento más en comparación con hace
tres años (http://republica32.com/feminicidios-en-cifras-rojas-2018-peor-ano-nina-mujer-en-mexico/).
Además de las ejecuciones extrajudiciales, que
ya rebasaron las 200 mil personas desde que se declaró la supuesta guerra contra el narcotráfico, es
necesario considerar los crímenes de Estado y lesa humanidad acumulados por
décadas, todos impunes, y los más recientes, igualmente sin castigo, que se
expresan en las desapariciones forzadas, cuyo caso paradigmático, los 43
estudiantes de Ayotzinapa, se encuentra en el pantano de un Estado
delincuencial que niega la justicia y la presentación con vida de los más de 40
mil desaparecidos forzados. Estos miles de desaparecidos tampoco podrán ejercer
el derecho al voto en las necro-elecciones próximas, que lejos están de las
condiciones de paz social que debieran caracterizar al ejercicio efectivo del
derecho de los ciudadanos a votar y ser votados, que garantiza el artículo 35
de la Constitución.
Por el contrario, el proceso electoral se desarrolla en el
contexto de una guerra social de exterminio. El reputado Instituto
Internacional de Estudios Estratégicos de Londres (IISS), que monitorea
conflictos armados en el ámbito planetario y que dio seguimiento al caso
mexicano durante una década, señaló, en el año 2017, que México sufreun
conflicto armado no reconocido y
lo considera el segundo país más letal en el mundo, después de Siria,
especificando los criterios para discernir entre conflicto armado y altos niveles de criminalidad
violenta. Los factores claves para su caracterización son, según el IISS: La duración y el tiempo. Aquellos en
los que la violencia se mantiene durante muchos años y con una intensidad
constante tienden a calificar como conflictos armados; aquellos que
experimentan picos periódicos de violencia no son considerados. En segundo
lugar, ¿la violencia es una amenaza para el Estado, así como para el ciudadano?
¿El gobierno mantiene control territorial? Y, finalmente, ¿el Estado ha
reconocido la amenaza en estos términos y ha respondido en consecuencia?
Tristemente, México cumple con todos estos
criterios. Otros países latinoamericanos, como Brasil, pueden verse afectados
por altos niveles de violencia criminal, pero sus gobiernos tienen un mayor
control territorial y la violencia aumenta y disminuye (https://www.iiss.org/).
Este conflicto armado no reconocido es la
dimensión represiva de lo que William I. Robinson denomina acumulación
militarizada, cuya finalidad es la recolonización integral de los territorios
rurales y urbanos para el saqueo y el despojo de recursos naturales y
estratégicos, mediante la violencia exponencial que caracteriza esta
configuración actual del capitalismo globalizado. “El sistema ha abandonado
–afirma Robinson– a amplios sectores de la humanidad, que están atrapados en un
circuito letal de acumulación-explotación-exclusión. El sistema ni siquiera
intenta incorporar a esta población excedente, sino más bien trata de aislar y
neutralizar su rebelión real o potencial, criminalizando a los pobres y a los
desposeídos, con tendencias hacia el genocidio en algunos casos” (Una Teoría
sobre el capitalismo global, Siglo
XXI, 2013, p. 11).
El proceso electoral, por otra parte, se
encuentra marcado por los mayores índices de ilegitimidad, corrupción y
carencia de credibilidad del conjunto de la clase política; por la comprobada
ineficacia, inoperancia y parcialidad de los árbitros electorales, el INE y el Tribunal
Federal Electoral y por la guerra
sucia de la propia campaña,
factores que, indudablemente, presagian otra elección de Estado y los poderes
fácticos, que nada tiene que ver con un ejercicio democrático ciudadano, libre
y trasparente.
Al final, estamos frente a elecciones cubiertas
de sangre, con militares y paramilitares (crimen organizado) con control
político y territorial, y su ley de seguridad interior, sin que nadie en la
partidocracia reflexione seriamente sobre el significado profundo de esta
situación.
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