Chau Benetton de la
UBA
22 de junio de 2018
Por Darío Aranda
lavaca.org
No fue el
gobierno de Chubut. No fue el gobierno nacional. Tampoco el Poder Judicial.
Mucho menos los grandes
La respuesta a una pregunta
La
desaparición de Santiago Maldonado en terrenos de Benetton se dio en el marco
de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. El
caso repercutió en la agenda social, mediática y política. “¿Dónde está
Santiago Maldonado?”, se transformó en campaña nacional. Organismos de derechos
humanos y comunidad indígenas (entre otros actores) de un lado. El Gobierno
Nacional, con
La Fauba no estuvo ajena a la desaparición de Maldonado. Hubo
charlas, manifestaciones, pedidos de justicia. En ese marco, la fuerza
estudiantil Abriendo Caminos denunció que la Facultad mantenía un convenio de
cooperación con la multinacional, que en Argentina opera con la figura legal de Compañía de Tierras
del Sud Argentino (CTSA) y
cuenta con siete estancias, 900 mil hectáreas distribuidas en cuatro provincias
(Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz). Benetton es el mayor
propietario privado de la Argentina.
MU accedió al contrato en diciembre pasado. “Convenio
específico de asistencia técnica entre Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. y
la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires”, es el título
formal de expediente, de seis carillas, donde firman Diego Eduardo Perazzo
(directivo de la empresa) y el decano Rodolfo Golluscio. La cláusula primera
establece el objetivo del contrato: “Se planea llevar a cabo una evaluación
sistemática de la disponibilidad de recursos forrajeros a los largo del año y
proponer un plan de manejo de pastoreo de pastizales patagónicos (…) Se buscará
mejorar la cantidad y la calidad de a producción ganadera”. Específica que “la
evaluación de los recursos se basará en el procesamiento de imágenes digitales
provistas por distintos tipos de satélites”.Precisa que los productos finales serán tres informes con la descripción del “estado de los recursos y detalles del plan de manejo” que se entregarán luego de las tres visitas a los campos de Benetton (meses estimados de enero, abril y septiembre).
El segundo punto señala que la Facultad brindará capacitación a personal de la empresa y contempla la posibilidad de pasantías con estudiantes de grado y postgrado. La tercera cláusula señala que el responsable técnico del proyecto es el mismo decano de la Fauba, Rodolfo Golluscio, “quien deberá entregar un informe final de actividades y resultados”.
La empresa abonó 96.000 pesos en tres cuotas de 32.000. Autoridades de la Fauba argumentan que los montos bajos (96.000 pesos) serían prueba de que los convenios no condicionan a
El contrato con Benetton fue muy cuestionado por la agrupación
estudiantil Abriendo Caminos, también (aunque más diplomáticamente) por el
Frente Amplio por una Nueva Agronomía (FANA).
Resistencias académicas
El Grupo de
Estudio y Trabajo junto a comunidades Qom (GET-Qom) de la Fauba, conformado por
docentes y estudiantes de la Facultad, solicitó formalmente en febrero la
suspensión del convenio entre la Facultad y Benetton. El GET-Qom trabaja hace
años junto a En un carta dirigida al decano Rodolfo Golluscio cuestionaron que “los convenios entre la Fauba y la CTSA del grupo Benetton se desarrollan sin ningún tipo de cuestionamiento, histórico, social ni político, reproduciendo una formación acrítica de sus estudiantes de grado y posgrado sobre los alcances de las acciones, investigaciones y publicaciones que se generan, avalando de esta forma una historia de genocidio, despojo e injusticia que se mantiene en el tiempo”.
El pedido de rescisión se basó en fundamentos histórico-políticos respecto al despojo del territorio mapuche. Citan la investigación del historiador Ramón Minieri (libro “Ese ajeno sur”) donde aporta pruebas de la ilegitimidad del título original de esas tierras (adquirido en 1991 por Benetton).
También recuerdan la vigencia de legislación que debiera proteger a los pueblos indígenas. Desde
“Los convenios de Fauba-Benetton implican el desconocimiento de los antecedentes históricos y de la legislación existent e, vulnerando de ese modo derechos de los pueblos indígenas en cuanto al acceso a los territorios ancestrales y a sus recursos naturales, así como el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. De manera que se es partícipe voluntario o involuntario, de la disgregación de un pueblo originario, de la pérdida de sus territorios, de su cultura, de su lengua y de sus prácticas ancestrales dificultando la reproducción de su vida cotidiana”, resalta el escrito presentado ante las autoridades de la UBA.
Los integrantes de el GET-Qom afirmaron que la universidad pública tiene como misión y obligación que los frutos de su investigación y extensión estén, en primer lugar, al servicio de los sectores más vulnerables, excluidos, como lo son los pueblos indígenas y los pequeños campesinos, y no al servicio de las grandes compañías que vulneran los derechos de los sectores populares del campo.
Valorizaron que durante la gestión de Golluscio se apoyó el
trabajo de docentes junto a comunidad indígenas y campesinas, y por ese mismo
motivo consideraron coherente la necesidad de que la Fauba no trabaje junto a
Benetton y otras empresas denunciadas por la violación de derechos indígenas.
El escrito,
de cuatro páginas, finalizaba: “Solicitamos que se rescinda en forma inmediata
el convenio con la CTSA (Benetton) y no se vuelvan a establecer nuevos
convenios o vínculos en tanto se mantengan la causas que fundamentan la actual
solicitud. Lo hacemos con el convencimiento de que esta acción será un aporte
valioso en el camino de reparación de tantos años de injusticia, despojos e
invisibilización de los pueblos indígenas”.
El debate
El Consejo
Directivo emitió dos dictámenes. Uno de mayoría, presentado por los consejeros
profesores de la gestión (encabezado por Golluscio) que proponía renovar el
convenio. Otro, de minoría, presentado por consejeras representantes de
graduados (de la lista llamada “Integración”) y que pidió la rescisión.Sobre dieciséis integrantes, sólo tres votos se inclinaban por la cancelación del contrato (consejeros de graduados y estudiantil -por el FANA-).
Desde el GET-Qom ya consideraron un triunfo que la Fauba debata,
por primera vez, el accionar de una empresa denunciada por pueblos indígenas. Y
comenzaron a buscar apoyos extra universidad. De inmediato se sumaron entidades
que trabajan junto a pueblos indígenas, investigadores y organismos de derechos
humanos: Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Grupo d Apoyo
Jurídico al Acceso a la Tierra (Gajat), Grupo de Filosofía de la Biología (UBA)
y el Instituto de Ciencias Antropológicas (Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA), entre otros.
El tratamiento
del convenio en el Consejo Directivo de la Fauba comenzó a hacer cada vez más
ruido. La sesiones son abiertas y las críticos prometían llenar El martes 5 de junio fue el día de sesiones. La flamante decana, Marcela Gally, informó la situación y, sobre tablas, presentó un tercer dictamen. Planteó una fundamentación pro empresaria: “El valor académico del convenio ha sido sumamente valioso desde el punto de vista de generación de conocimiento científico, así como en la formación de recursos humanos”. Defendió el trabajo junto a Benetton.
El dictamen de la decana excusó a la Facultad en su accionar, pero también pidió la no renovación del contrato.
Fue votado por unanimidad (el Grupo GET-Qom
rechazó la fundamentación).
Pro-Empresa
-El decano saliente y responsable técnico del
convenio, Rodolfo Golluscio, reconoció que ya había avanzado en la renovación
del contrato (aún sabiendo que se debía aprobar en el Consejo Directivo).
Lamentó que se haya votado la cancelación y pidió que no se diera publicidad a
la decisión.
-La consejera estudiantil por la agrupación Línea
de Agronomía Independiente (LAI, de derecha) cuestionó con enojo que la
sociedad opine sobre el accionar de la Facultad y, más enojada aún, rechazó que
la universidad pública tome decisiones según lo que sucede fuera de la isla
universitaria.
-La vicedecana, Adriana Kantolic, se expresó
en contra de la cancelación del convenio. Incluso acusó a los solicitantes de
haber tergiversado información para obtener el apoyo de Pérez Esquivel y de
organizaciones indígenas. Kantolic, defensora del modelo transgénico, es la
responsable técnica de otros convenios con empresas, entre ellas la cuestionada Monsanto.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243191
No hay comentarios:
Publicar un comentario