Nicaragua: hasta 120 mil desplazados
por el canal interoceánico
27 de diciembre de 2016
Por Matilde Córdoba
MANAGUA, Nic. (apro).- La construcción de un
canal interoceánico en Nicaragua provocaría el desplazamiento de entre 30 mil y
120 mil campesinos, indígenas y afrodescendientes, ya que se verían obligados a
ceder sus tierras para la realización de esta megaobra, cuyo costo está
calculado en 50 mil millones de dólares americanos, concluye la Federación Internacional
de Derechos Humanos (FIDH), organismo que solicitó al gobierno nicaragüense
revocar la concesión otorgada a las empresas del inversionista chino Wang Jing.
En el informe titulado “Concesión del Canal
Interoceánico en Nicaragua: grave impacto en los derechos humanos”, la FIDH y
su organismo miembro en Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
(Cenidh), detallan las violaciones a los derechos humanos que podrían derivar
de la implementación de la vía interoceánica y de otros 10 megaproyectos.
.
Ambas organizaciones señalan en el documento
de 67 páginas que en el país centroamericano se está frente a un proceso de
megaacaparamiento de tierras que pone en una situación de grave indefensión a
las comunidades. Hacen hincapié en que la concesión otorgada en junio de 2013 a la empresa Hong Kong
Nicaragua Canal Development (HKND), del chino Wang Jing, sienta un régimen de
excepción en el que las garantías constitucionales no serían respetadas, “en
particular en lo que concierne el derecho a la propiedad, a una vivienda
adecuada, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a vivir
en un ambiente sano y el derecho a la consulta previa, libre e informada”.
“Este
proyecto no solo va a vulnerar los derechos de estos grupos de la población,
sino que va a empobrecer el conjunto de la población. Otras
fuentes fiables han denunciado también los potenciales daños irreparables al
medio ambiente, sin hablar del probable impacto de la construcción y del
funcionamiento de un nuevo canal interoceánico en el cambio climático”,
concluyen en el detallado informe.
De
acuerdo con Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, “el proyecto en sí representa
una amenaza, la gente está angustiada y con un sentimiento de inseguridad
porque les parece que van a perder sus tierras y se dan dos situaciones en la
ruta del canal: hay una militarización, se ha establecido a través del Ejército
una especie de espionaje, y se está violando el derecho a la libre circulación.
La zona se está convirtiendo en un enclave porque para entrar debes dar una
serie de explicaciones y corres el riesgo que te quiten los medios de trabajo, celulares, cámaras, etcétera. Ya
hay seis casos de periodistas que han sido detenidos, y algunos extranjeros han
sido deportados”.
Información
oficial indica que el canal tendría 275.5 kilómetros
de largo y atravesaría el lago Cocibolca, el mayor reservorio de agua dulce de
Centroamérica en 106.8
kilómetros . Tendría asimismo una profundidad promedio de
27 a 30 metros y un ancho de
entre 320 y 520 metros ,
con un área de exclusión estimada inicialmente de 10 kilómetros a cada
lado del canal.
En ese
sentido, las concesiones otorgadas al inversionista “ponen en alto riesgo el
derecho al agua de las poblaciones vecinas al proyecto y en general a quienes
dependen de la principal fuente de agua dulce de Centroamérica”. Se calcula que
80 mil personas toman agua diariamente del Cocibolca.
“El
informe enfatiza en la desprotección en que se encuentra la ciudadanía, la
falta de transparencia del régimen societario de la concesionaria, la ausencia
de consultas apropiadas, los vacíos en materia de estudios técnicos y la
criminalización de la protesta social”, explica Mónica López Baltodano,
consultora independiente que colaboró en la redacción del documento y que
durante ocho meses investigó las sociedades del empresario Wang Jing, revelando
luego que existe una red de más de 15 sociedades mercantiles de maletín
involucradas directamente en la concesión canalera. En palabras de ella, esta
es “una telaraña de empresas registradas en Nicaragua, Islas Caimán, Holanda,
Hong Kong y Beijing”.
Ambas
organizaciones enfatizan que la concesión que fue otorgada por 50 años
prorrogables por el mismo periodo. “Es un cheque en blanco para el
inversionista”, ya que le permite “desarrollar o negociar con una amplia gama
de proyectos en condiciones excepcionalmente favorables. Igualmente le permite
negociar por partes, vender y ceder sus derechos sobre diferentes sub-proyectos
lo que, desde la perspectiva del inversionista, en sí mismo ya representa un
gran negocio”.
¿China?
Es
importante destacar que en el informe se cuestiona la posibilidad de que el
gobierno de China esté detrás de este proyecto, considerado la obra de
ingeniería civil más importante de la historia.
“A la
fecha, las entidades que han intervenido en la preparación para la construcción
del megaproyecto canalero son empresas estatales chinas y la que parece ser la
empresa ‘matriz’, dentro de las 15 empresas de maletín es BNDR, registrada en
Beijing, China Continental”, detalla el documento.
“La
pregunta que surge es: por qué China se involucra de forma escondida en este
proyecto (pudiendo hacerlo de manera transparente) ¿Será para no asumir
ninguna responsabilidad por la ilegalidad, las violaciones de derechos humanos
y demás carencias en las que el proyecto podría incurrir? Tampoco ha sido clara
ni transparente la comunicación del gobierno de Nicaragua respecto a la
concesión del canal”.
Entre
uno de los puntos negativos resalta que el esquema organizativo empresarial
detrás de este megaproyecto y las confusiones del entramado de las empresas
existentes o relacionadas dificultarán la atribución de responsabilidades en
futuros escenarios de conflicto. “Todo el proceso ha estado marcado por el
secretismo, la falta de transparencia y discrecionalidad”, aseveran.
Expropiaciones
Una de
las principales violaciones a los derechos humanos es el régimen de
expropiación impuesto en marco legal, señalan la FIDH y el Cenidh en el
informe.
En ese
sentido, agregan que las expropiaciones “pueden afectar a cualquier tipo de
propiedad que se encuentren en cualquiera de las áreas requeridas para
cualquiera de los proyectos, lo cual parece poner a disposición todo el
territorio nacional, pues es el inversionista es quien dispone de las áreas
requeridas”.
El
pago estipulado por la venta de las tierras es calificado como irrisorio,
debido a que se hará con base en el valor catastral y no en el del mercado. En
el informe se indica que esta situación es contraria a los estándares
establecidos por el derecho internacional de derechos humanos, “pues de ninguna
forma se puede considerar como una indemnización justa la prevista en la ley 840,
que además deroga al derecho común nicaragüense”.
“Además,
se desconoce un plan de reasentamiento de la población afectada por parte de la
empresa y del gobierno pese a que un proyecto de esta envergadura, cuya
afectación se extendería a decenas de miles de personas, debería contar
forzosamente con tal plan”.
Paralelamente,
el marco legal establece que las propiedades públicas que sean requeridas,
serán entregadas gratuitamente al inversionista, sin pago adicional a favor del
Estado nicaragüense.
A criterio
de Vilma Núñez, el principal riesgo no es el proyecto del canal en sí, porque
éste “se está yendo en pura mentira”, sino los riesgos que existen alrededor
del canal, entre ellos la construcción de los otros megaproyectos, como puertos
de aguas profundas y la creación de zonas de libre comercio.
“Por
eso es que insisten en buscar cómo expropiar las tierras de los campesinos sin
basarse en la Ley de Expropiaciones y están presionando a algunos campesinos
que se han visto obligados a vender para irse de ahí”, añade la defensora de
derechos humanos.
En el
informe recogen los testimonios de 131 hombres y mujeres procedentes de 58
comunidades ubicadas en la ruta canalera, con quienes se conversó en cinco
grupos focales realizados en igual número de comunidades de Rivas, Nueva Guinea
y Río San Juan de Nicaragua.
“La grave afectación
del derecho a la alimentación de la población que en muchos casos vive del
cultivo de su tierra o de la pesca será otra
consecuencia de la implementación de este megaproyecto. Se trata de una región
del país altamente productiva de alimentos como yuca, frijoles, malanga,
quequisque y otros tubérculos, así como la producción ganadera y leche”,
detalla el documento.
De acuerdo con Vilma
Núñez, uno de los fenómenos que se está presentando es que muchos campesinos
están vendiendo sus propiedades por temor a lo que pueda suceder.
Mónica López Baltodano
apunta que existe mucha preocupación por la ausencia de respuesta del gobierno
a las 81 movilizaciones ciudadanas que han solicitado la derogación de la
concesión.
“Se han cerrado puertas
del movimiento en el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Nos
negaron nuestros argumentos en los diferentes recursos de amparo por
inconstitucionalidad de la
ley. Nos negaron la presentación de la iniciativa ciudadana
de ley para la derogación de la ley 840” , dijo en una breve entrevista concedida a
Proceso.
El informe confirma
que existe una política de criminalización de aquellas personas que se oponen a
la construcción del canal interoceánico y a la concesión en su conjunto.
“Se utiliza el sistema
penal (acusaciones legales y órdenes de captura) y el desprestigio público como
mecanismos que buscan ligarlos en el imaginario social y político a actividades
ilegales, para deslegitimar y desmovilizar su actuación. Igualmente, el Estado utiliza
mecanismos intimidatorios, incrementando presencia policial y militar, retenes,
requisas y otras medidas de presencia permanente de órganos armados, así como
una política migratoria de expulsión de todo extranjero que tenga vínculo
alguno con la zona concesionada, sin importar si sus actividades”.
Los campesinos se han
organizado en el Consejo Nacional en Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía. El 26 de
octubre estaba prevista a realizarse una marcha multitudinaria en Managua, la
capital de Nicaragua, sin embargo brigadas especiales de la Policía impidieron
que los campesinos avanzaran hasta la capital.
El informe recoge el
testimonio íntegro de algunos campesinos afectados, entre ellos Facundo Jarquín García, de la comunidad Esperancita
Número 1, de Nueva Guinea, por donde pasaría el canal:
“Cuando vinieron los chinos a hacer los estudios llegaron a mi propiedad, La
ceibita, acompañados de muchos militares”, dice en su relato.
“Antes habían estado
en la propiedad de la
familia López. Yo estaba sembrando yuca cuando llegaron a mi
propiedad, entrando sin pedir permiso. Uno de ellos se dirigió hacia mí y me
dijo que andaban haciendo unos estudios y que tenía que permitirle el espacio
para hacer los estudios. Les dije que no podían porque era pequeño el lugar y
además era el lugar donde trasladaba a los animalitos después que los sacaba de
los repastos. Ellos me contestaron que era el lugar adecuado. Ante esa presión
no tenía ninguna otra opción y por temor a que me dieran un disparo acepté.
Andaban unos 20 militares y policías, de ocho a 12 días permanecieron en el
lugar. Esto se repitió una vez más en un periodo de tres meses. Cuando los
militares estuvieron en la propiedad destruyeron cercos, cultivos e hicieron
caminatas y destrozaron todo el yucal que había sembrado”.Fuente: https://www.proceso.com.mx/460241/nicaragua-120-mil-desplazados-canal-interoceanico
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