Chubut: El final de un modelo de saqueo provincial
9 de junio de 2018
En Chubut estamos ante una crisis provincial
de características semejantes a la que se vivió a inicios de la década del ’90,
surcada por lo que, en aquel momento, se conoció como el “Chubutazo”: un gran
proceso de movilizaciones populares que derivó en la renuncia del gobernador
Néstor Perl y la asunción de su vice, Fernando Cosentino.
Por
Gonzalo Pérez Alvarez* | Fotos: Alex Dukal
Primer acto:
el Chubutazo y la década del ’90
Aquella ruptura era
parte del proceso de imposición de la hegemonía neoliberal a nivel nacional, de
la mano del gobierno del partido justicialista encabezado por Carlos Menem, y
como parte de la transformación regresiva que se impulsaba en toda la
estructura económica y social del país.
Para algunas regiones, como
Patagonia, este cambio era especialmente abrupto: veníamos de décadas de
sostenido crecimiento, en torno a un programa desarrollista que impulsaba la
radicación de industrias en la región, con el consiguiente arribo permanente de
nuevos migrantes y la dinamización de la actividad económica. Las familias trabajadoras
que llegaban a Chubut durante las décadas del ’60, ’70 y ’80, tenían la
posibilidad de conseguir trabajos relativamente bien remunerados y de acceder a
mejorar sus condiciones de vida, aunque esto fuese al costo de extenuantes
jornadas de labor y de ver muy poco a sus hijos.
Esa situación de posible crecimiento
social fue brutalmente modificada: el triunfante neoliberalismo demandaba
profundizar la explotación de todos los bienes comunes (que para su discurso
serían, simplemente, “commodities”), transformándolos en mercancías privadas.
Uno de los puntales del anterior
modelo de desarrollo, aún con sus evidentes imperfecciones, era que la
administración de algunos de nuestros bienes comunes (“recursos naturales” para
el discurso desarrollista) era llevada adelante por empresas estatales y, por
ello, el estado nacional y provincial recibía una relevante porción de lo
producido. Cuando se inició la privatización de YPF (un proceso que se completó
hacia 1994), de inmediato los estados provinciales dependientes de los recursos
petroleros sufrieron el ajuste en sus cuentas.
El hecho de que el “chubutazo” de los
’90 se enmarcó en un proceso nacional lo demuestra que la caída del gobernador
en el marco de grandes conflictos sociales sucedió de manera casi idéntica en
Santa Cruz, Jujuy y Chubut. En las dos provincias patagónicas el vice que
asumió, y los gobernadores que los sucedieron en 1991 (Maestro en Chubut y
Kirchner en Santa Cruz) fueron, al menos hasta 1998, seguidores de todas las
políticas menemistas, y entusiastas impulsores de la funesta privatización de
YPF. El caso de Chubut es interesante, porque Maestro, de la UCR, fue un
discípulo del neoliberalismo aún más disciplinado que Kirchner. Eso evidencia
la unidad casi sin fisuras entre las direcciones políticas del PJ y la UCR, en
torno a los lineamientos estratégicos del saqueo provincial.
Durante los años ’90 los gobiernos radicales profundizaron en
Chubut una pero
además ellos tuvieron la base que les otorgó la millonada recibida por la
privatización de YPF. En lugar de utilizar esos recursos en ampliar la
estructura económica regional, los mismos se malgastaron y, si bien nunca nada
se investigó (ni siquiera cuando ganó el PJ), seguramente también fueron
alimento de las sorprendentes nuevas fortunas que por entonces nacieron,
especialmente en la zona del Valle.
En definitiva aquel chubutazo, una legítima lucha de los
sindicatos y sectores populares contra el retraso en el pago de sueldos y la
situación económica provincial, no consiguió construir una alternativa propia
para la resolución de la
crisis. Los grupos populares tuvieron peso al momento del
conflicto, generaron la lucha, defendieron correctamente sus derechos, pero no
consiguieron proponer una alternativa de “nuevo orden” ante la caída de la
vieja sociedad desarrollista: así, la clase dominante retomó los peores
elementos de aquel viejo orden, le sumó algunos rasgos para disfrazarlo de
“nuevo”, y reformó la estructura económica provincial. Los años ’90 serán los
de la desaparición del proyecto industrialista, la privatización de los bienes
comunes y el despilfarro de la venta de YPF.
Segundo acto: del 2001 al saqueo dasnevista
El quiebre del 2001 también se hizo sentir en Chubut: a los
gobiernos radicales le siguió la hegemonía dasnevista, que, con idas y vueltas,
se mantendría desde el año 2003 hasta el presente. Es importante recordar aquí,
que Das Neves era hasta 1990 el secretario general de Néstor Perl, y uno de los
que ejecutó parte del plan para obligarlo a renunciar.
El dasnevismo usufructuó la recuperación económica posterior a
la crisis del 2001 y, especialmente, un barril de petróleo que superó durante
varios años la histórica cifra de los U$S 100. Sin embargo, nuevamente, en
lugar de pensar un esquema de desarrollo con algún grado de sustentabilidad en
el tiempo, los dirigentes del gobierno sólo se dedicaron a malgastar ese dinero
en obras públicas innecesarias y evidentemente sobre facturadas (quizás, para
el Valle, el caso más emblemático fue el del “embellecimiento” céntrico de Trelew).
No había que ser ningún genio de las finanzas para saber que ese
precio del petróleo era circunstancial. Al dasnevismo le permitió amasar varias
fortunas personales y financiar las sucesivas campañas electorales,
especialmente la absurda aventura presidencial del mismo Das Neves, fracasada
en 2011… Aún no sabemos cuántos millones se fueron por allí: quizás nunca
conoceremos el número de años de un futuro digno para nuestra provincia que así
fueron saqueados.
El saqueo fue la marca registrada del dasnevismo. Al sistemático
robo del petróleo en manos de las compañías multinacionales, se le sumó el caso
más escandaloso de la historia de Chubut: la extensión, ¡por 40 años! de la
concesión petrolera a Pan American Energy, desde 2007 a 2047.
Esa prórroga implicó, para PAE, beneficiarse por recursos que
superaron los 40.000 millones de dólares: la provincia recibió, a cambio, la
miserable suma de 200 millones de dólares. Todavía no sabemos cuánto embolsaron
los responsables de ese descarado robo a nuestro futuro: en primer lugar Mario
Das Neves, pero también sus ministros y diputados: Norberto Yahuar, Javier
Touriñán, Néstor Di Pierro, Martín Buzzi, entre otros.
A ese saqueo estructural le siguieron otras extensiones de
concesión. A su vez, en todo el largo período dasnevista, se sostuvo el saqueo
en la actividad pesquera, que nunca fue controlada por el estado provincial,
permitiendo a las empresas privadas (especialmente de capitales europeos) la
depredación de nuestro litoral marítimo. Esa práctica se había iniciado en los
’90 y se profundizó durante el dasnevismo de la mano de su antiguo
“superministro” Yahuar (luego ministro nacional del área).
En los años posteriores al 2003 se impulsó la privatización y
concentración de tierras, para lo cual era necesario acentuar la praxis
represiva contra el pueblo mapuche-tehuelche. Grandes millonarios extranjeros y
argentinos se apropiaron de miles de hectáreas, desplazando a sus legítimos
pobladores y transformando lo que era propiedad de muchos en simples mercancías
privadas. Una importante porción de la tierra de Chubut, de sus bosques, lagos,
ríos y montañas, dejaron de ser de todas y todos, para pasar a ser propiedad de
unos pocos. En la zona del Valle la privatización de la costa del río Chubut es
quizás el ejemplo más evidente; en la cordillera y la costa marítima son
innumerables…
Das Neves gobernó directamente del 2003 al 2011. Ese año se
lanzó, con nuestro dinero, a su tragicómica campaña presidencial, e impuso, a
dedo, al siguiente gobernador provincial: el casi desconocido Martín Buzzi.
Ambos compartieron el acto fundante del dasnevismo: la entrega a PAE. La
posterior ruptura personalista llevó a que Das Neves debiese conformar un nuevo
partido, el ChuSoTo (Chubut Somos Todos), con el cual ganaría las elecciones
del año 2015.
Desde el inicio de su último gobierno Das Neves se lanzó a una
enloquecida carrera de endeudamiento externo, que sólo podía terminar mal: pero
claro, un gobernador acostumbrado a “gestionar” con un barril a 100, no sabía
qué hacer con el petróleo por debajo de los 50. Menos aún cuando su primer acto
de gobierno fue la increíble decisión de subsidiar a las “pobres” petroleras,
para que no ganasen tanto menos. En los dos años finales de su vida, Das Neves
terminó de saquear la provincia, hipotecando las regalías petroleras de los
próximos gobiernos.
Los casos de corrupción recientemente “descubiertos” y el
encarcelamiento de parte de la cúpula dasnevista (aunque, eso sí, aún no se
tocó a nadie de la
familia Das Neves , ni a ninguna familia “ilustre” del Valle)
son apenas una muestra del saqueo estructural que representó esa línea política
para Chubut. El previsible fallecimiento de Das Neves (al ser elegido se sabía
que sufría una enfermedad terminal) dejó un gobierno políticamente débil e inexperto,
un partido gobernante sin liderazgo y fragmentado entre distintas bandas con
intereses económico-personales, y una provincia saqueada, fundida y sobre
endeudada. Ninguno de los bienes comunes claves es provincial y todo ha sido
privatizado: en los últimos años se sumó al negocio privado la producción
energética, vía la consolidación del monstruo económico que es Aluar, y a
través de las concesiones a los parques eólicos, que se llevan la energía
producida por nuestra naturaleza sin dejar ni siquiera algunos puestos de
trabajo en Chubut.
Tercer acto: nuevo “chubutazo”… ¿nuevo futuro?
La crisis económica de Chubut, varias veces prevista, hizo
eclosión a poco de asumir la gobernación Mariano
Arcioni. Un déficit que en 2017 llegó a $6.232 millones y un
endeudamiento con vencimientos cada vez más cercanos y que supera los $29.000
millones, más la falta de aportes del gobierno nacional, llevaron a que el 2018
comenzase con atrasos en el pago de sueldos y la cancelación de varios
servicios esenciales.
Con una economía en plena recesión, esa medida sólo consiguió
contraer aún más el consumo popular e impactó de inmediato en el empleo
privado. La inflación en Patagonia es la más elevada del país, con un
incremento del 4,7% entre los meses de enero y febrero. Además la desocupación
en el aglomerado urbano Trelew-Rawson llegó al 8,9% en la última medición, la
más alta de Patagonia y la segunda a nivel nacional (sólo está peor Mar del
Plata). Es un dato especialmente preocupante, ya que se trata de la región que concentra
la mayoría del empleo provincial de Chubut: demuestra que el empleo privado
está absolutamente en retroceso.
A estas cifras se suma que la producción petrolera de
enero-febrero cayó un 3,3% en Chubut, acumulando un descenso del 9,7% desde
2015. Los anuncios de inversiones y creación de fuentes de trabajo, promesas
tantas veces hechas por las operadoras petroleras, siguen siendo una mentira:
mientras el estado provincial las financió cuando el barril de petróleo estaba
bajo a nivel internacional (ese gasto es una de las claves que explican el
déficit provincial), hoy, que volvieron a ganar dinero, no “derraman” nada
sobre Chubut.
La deuda tomada por Das Neves fue en bonos a diez años, en
dólares, garantizados con regalías hidrocarburíferas y regidos por la ley de
Nueva York. La deuda pública de Chubut se incrementó un 140% y pasó de
representar el 49% al 94% de sus ingresos. Arcioni, como primera medida
relevante de gobierno, aceptó la presión nacional y consiguió que se apruebe el
“pacto fiscal”: esto ya impactó en las cuentas chubutenses, anulando diversos
ingresos que hasta entonces tenía la provincia; su firma limita la autonomía
provincial e impide formular impuestos propios. Si bien hasta marzo los
municipios lograron pagar los sueldos, en gran medida gracias al efecto
arrastre del pago anticipado de impuestos, la quita del impuesto a ingresos
brutos será un golpe muy significativo, que dificultará aún más el manejo de
sus finanzas.
Todo parece un escenario ideal para que el gobierno nacional
profundice su presión para imponer la megaminería en Chubut: lo descarado de la
extorsión que está en marcha no hace necesario dar demasiados ejemplos, al
menos para quienes vivimos en esta provincia. Día a día las operaciones de
prensa “muestran” que la megaminería sería la receta mágica para solucionar
todos los males financieros, asegurar el pago de los salarios a los
trabajadores, solucionar la deuda con los proveedores del estado y refinanciar
la deuda externa. Cuando terminaba de escribir este artículo, el 29 de marzo,
nos enteramos que ocho intendentes presentaron un proyecto a la Legislatura
para habilitar la megaminería: Cambiemos los utiliza para que parezca un pedido
de esos pueblos necesitados, cuando es sólo una maniobra de un grupo de
ambiciosos y nada representativos políticos, y de las grandes multinacionales
que los financian.
Las y los chubutenses ya hemos demostrado, hasta el cansancio,
que no queremos esa actividad contaminante en nuestro territorio: para los
poderosos este sería el paso final en su modelo de saqueo y privatización de
todo lo que son nuestros bienes comunes. La megaminería sería la privatización
definitiva de la tierra, las montañas, el agua. Y sólo nos dejaría
contaminación y muerte: pero, a cambio, los poderosos ganarían miles de
millones de dólares. Ellos lo saben, por eso están dispuestos a todo. Pero,
esta vez, parece que nuestro pueblo también sabe que nada bueno puede esperarse
de ese proyecto: como máximo algunos años de relativa “prosperidad”, para luego
caer en una ruina total.
Macri y Aranguren seguirán intentando imponer ese proyecto.
Nosotros, movilizados, podremos impedirlo. Las grandes movilizaciones de
trabajadores no tardaron en ponerse en marcha ante el atraso salarial, así como
las huelgas y retenciones de servicio. La conformación de la mesa de unidad
sindical y la masividad de las marchas hacen remedar de inmediato a las
impresionantes movilizaciones del año ’90, aquellas conocidas nacionalmente
como “chubutazo”. Pero hoy parece existir una nueva conciencia: la mayoría de
las y los trabajadores no quieren que, para pagarse sus salarios, se abra la
puerta a la
megaminería. En esa conciencia se expresa una experiencia
acumulada de luchas económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos,
que es parte, al menos, de una fracción importante del pueblo que hoy ocupa las
calles de Chubut.
Esa experiencia es la que debemos retomar, esa fuerza social que
se expresa en las calles, para hacerla proyecto político transformador,
logrando que no sólo digamos “NO a lo viejo”,
sino que, además, podamos construir, desde abajo, un “nuevo Chubut”.
Los que buscamos generar profundas transformaciones sociales
cargamos siempre con un peligro: ser capaces de romper lo viejo, pero incapaces
de construir lo nuevo. Gramsci, ese gran dirigente revolucionario, decía que lo
complejo de los momentos de crisis orgánica, era que lo viejo ya no podía vivir
cómo antes, pero que a la vez se resistía a morir, y que lo nuevo aún no tenía
la suficiente fuerza para nacer. Así, el “nuevo orden” que se imponía tras el
momento de abierto conflicto, solía ser una reconfiguración de lo viejo, de ese
orden moribundo pero resistente, apenas con algún nuevo disfraz. Por eso,
quienes pretendemos transformar la realidad, debemos hacer un gran esfuerzo
para tratar de poner en pie “un nuevo orden”. No limitarnos a enfrentar lo
viejo, a decir ya no queremos este gobierno o ese sector dirigente, sino
también a construir lo nuevo.
El pueblo trabajador no quiere, ni puede, vivir en un estado de
permanente conflicto. Tras los momentos de irrupción popular, sectores cada vez
más importantes empiezan a buscar soluciones: si quienes intentamos transformar
las cosas no las ofrecemos, aquellos que sólo buscan profundizar el saqueo las
disfrazarán.
En los ’90 el chubutazo dio por tierra el antiguo orden, pero
esa fuerza social popular no pudo construir un orden nuevo favorable a las
mayorías populares. En su lugar se consolidó el saqueo y la depredación. Hoy
el contubernio de los partidos tradicionales nuevamente busca dar otra vuelta
de tuerca a ese saqueo: la anhelada imposición de la megaminería terminaría de
cerrar todos los cepos sobre nuestro futuro.
Desde el pueblo, desde abajo, debemos entonces construir la alternativa. La
misma necesita expresar en una propuesta política unificada que diga sí a lo
nuevo, esa fuerza popular que se expresa en las calles diciendo no a lo viejo.
Lo nuevo será un estado provincial que recupere la administración de sus bienes
comunes, que imponga impuestos a las grandes compañías, que impulse la
producción a partir de encadenamientos productivos locales, que dinamice la
economía desde la defensa del medio ambiente y el cuidado de la naturaleza, que
construya un estado eficiente que multiplique la obra pública, rompiendo con el
esquema corrupto de los políticos y empresarios que saquearon la provincia.
Eso debemos construir, un nuevo Chubut, un verdadero futuro.
*Gonzalo Pérez Alvarez, integrante de Movilización y Acción por un Pueblo
Unido (MAPU)
405Fuente:
Fuente: http://www.anred.org/?p=97568
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