Argentina: 2017, un año de represión y
despojo
2 de enero de 2018
Las
muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron los eslabones más
conocidos de una cadena de violencia contra comunidades originarias. Los hechos
más relevantes.
Los pueblos indígenas de Argentina cerraron un
año en el que han enfrentado numerosos intentos de despojos de sus territorios,
que implicaron represiones, criminalización, cárcel y asesinatos. La embestida
contra el pueblo mapuche tuvo sus paralelos, aunque con menor difusión, en Formosa,
Tucumán, Misiones, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, entre otras provincias.
La prórroga de la ley 26.160 (que debiera frenar los desalojos) está entre las
buenas noticias. La peor: el asesinato de Rafael Nahuel y la represión al Lof
Cushamen (con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado).
La noticia que pasó más desapercibida fue toda
una señal: el gobierno nombró en agosto al frente del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) a Jimena Psathakis, de la Fundación Cambio
Democrático , ONG referente en el discurso de “diálogo”, muy
conocida entre las asambleas socioambientales porque siempre favorece al sector
privado, desde Esquel (donde se ubicó del lado de la minera) hasta Vaca Muerta
(donde “dialogó” mucho con comunidades mapuches, pero siempre impulsó el
fracking).
El racconto de hechos de violencia contra las
comunidades es extenso. El 26 de junio, la comunidad Indio Colalao
de Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. Decenas de policías e
infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. Los
diaguitas acusaron a la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al juez Eudoro
Albo. En San Ignacio (Misiones), el 8 de julio, una patota atacó a la comunidad Tekoa Kokuere ’i.
Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y las incendiaron en
presencia de niños y mujeres.
Los desalojos se dan en un contexto de
numerosas leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Desde el
Convenio 169 de la OIT hasta la ley 26.160. La responsabilidad incluye a jueces
y fiscales, que no aplican la legislación que favorece a las comunidades
indígenas. El pueblo diaguita de Tucumán identificó a ese actor cómplice y
marchó el 6 de julio a los tribunales de la provincia. Señaló
como principal causante de sus males al Poder Judicial. Recordaron que desde
2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que
nunca llegó. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos
indígenas.
El 20 de diciembre, la policía de Formosa
reprimió con balas de plomo en la comunidad wichí del “Barrio 50 Viviendas” (en
la localidad de Ingeniero Juárez). Hubo cuatro heridos, dos con balas de plomo.
En cuanto a la criminalización, dos
referencias fueron Agustín Santillán, wichí de Formosa que estuvo preso cinco
meses por reclamar derechos básicos ante el gobierno de Gildo Insfrán, y la
detención del lonko (autoridad mapuche) Facundo
Jones Huala, que aún está detenido en Esquel a la espera de juicio de
extradición.
El pueblo mapuche fue el que más trascendió en
los medios de Buenos Aires. En enero
se ejecutaron tres represiones en dos días (9 y de 10) sobre el Pu Lof en
Resistencia de Cushamen. Gendarmería Nacional y Policía de Chubut avanzaron con
escopetas y gases lacrimógeno. El disparo en el cuello sobre Fausto Emilio
Jones Huala llegó a la
prensa. Otro integrante de la comunidad perdió un tímpano. No
hubo víctimas fatales de casualidad. El 1 de agosto hubo una nueva represión.
Sin orden judicial, Gendarmería ingresó a territorio comunitario. Sobrevino la
desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
También sufrieron represiones en la comunidad Campo Maripe
(Vaca Muerta, el 21 de junio), comunidad Vuelta del Río (Chubut, el 18 de
septiembre), Lof Fvta Xayen (en Neuquén, el 19 de septiembre), quema de
viviendas en comunidad Vuelta del Río (el 20 de septiembre).
El 23 de noviembre, en un operativo con más de
300 efectivos sobre el Lof Lafken Winkul Mapu (a 35 kilómetros de Bariloche ), se esposó a mujeres durante horas e
incluso se detuvo a los niños. Dos días después, asesinaron al joven mapuche
Rafael Nahuel. La represión estuvo a cargo del Grupo Albatros de la Prefectura Nacional
y la bala ingresó por la espalda.
Los hechos de violencia contra los pueblos
indígenas es mucho más extenso.
También hay otras muertes y violencias. En
Santa Victoria Este, región norte de
Salta, murieron 26 personas en 23 días, todas por causas evitables y falta de
atención básica de salud. Lo denunció la comunidad wichí Cruce Buena Fe
Cañaveral entre diciembre de 2016 y enero de 2017. El dirigente wichí Pedro
Lozano precisó que se trató de cinco adultos y 21 niños, todos menores de 2
años. Las comunidades indígenas y familias criollas cortaron la ruta provincial
54, denunciaron a la jefa de enfermería, la falta de insumos básicos y la carencia
de agua (con temperaturas de más de 40 grados). El 17 de diciembre pasado, otro
niño wichí (de 7 años) murió en Santa Victoria
Este.
La semana pasada fue noticia una niña del
pueblo mbya de Misiones cuando fue fotografiada tomando agua de un charco en un
boulevard de Posadas. Por un momento, los grandes medios
recordaron la situación indígena.
Los pueblos indígenas viven en carne propia
esas estadísticas desde hace décadas y apuntan al fondo del asunto: la causa de
sus males es el despojo de territorios (de la mano del agronegocio, forestales,
mineras, petroleras, grandes obras de infraestructura), la violación
sistemática de las leyes que los beneficia, la total falta de políticas
públicas para que puedan desarrollarse y el racismo estructural.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_2017_un_ano_de_represion_y_despojo
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