La impunidad
empresarial
23 de enero de 2018
Por Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro
(@pramiro_)
La marea
Esta arquitectura
jurídica sitúa en el vértice de la pirámide normativa los derechos del capital
transnacional y desplaza los derechos humanos al ámbito declarativo.
En 2009, Abengoa presentó una demanda contra
México ante el CIADI, el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial.
Lo hizo después de que una fuerte movilización social hubiera conseguido la
paralización de una planta de gestión de residuos peligrosos de su propiedad en
el Estado de Hidalgo, en una zona declarada área protegida por la UNESCO. Cuatro años
más tarde, el laudo arbitral emitido por ese tribunal privado dictaminó que la
empresa tenía que ser indemnizada con 31 millones de euros.
En 2012, Repsol interpuso ante ese mismo
tribunal un recurso contra Argentina por la expropiación por parte del gobierno
de Cristina Fernández de la que hasta entonces había sido su filial YPF. A la
vez, la petrolera emprendió acciones legales ante tribunales nacionales en
Buenos Aires, Nueva York y Madrid. Y se benefició de toda la presión política,
económica y mediática ejercida por el Estado español y la Unión Europea. Dos
años después, la multinacional llegó a un acuerdo con el gobierno argentino y
fue compensada con 5.000 millones de dólares en títulos de deuda pública.
En 2014, ACS abandonó el proyecto de construir
un depósito de gas natural frente a las costas de Castellón y Tarragona tras
demostrarse la relación entre las inyecciones de gas y los cientos de
terremotos que habían sufrido en esa zona. El Gobierno español asumió los
costes del proyecto Castor e indemnizó al consorcio empresarial liderado por la
constructora de Florentino Pérez con 1.350 millones de euros. Durante treinta
años estaremos pagándolos en la factura del gas.
A principios de 2018, España se enfrenta a una
treintena de demandas internacionales de arbitraje presentadas por diferentes
transnacionales energéticas, fondos de inversión y sociedades de
capital-riesgo. Son conglomerados empresariales que hace una década se lanzaron
a hacer inversiones especulativas en el sector de las renovables, esperando
obtener altas rentabilidades gracias a las primas que hasta 2010 otorgó el
Estado español. Pero cuando los gobiernos de Zapatero y Rajoy recortaron
sucesivamente esas subvenciones, decidieron utilizar todos los instrumentos
legales a su disposición para reclamar el dinero que iban a dejar de ganar. En
caso de perder las demandas, el Estado se enfrenta al pago de miles de millones
de euros en compensaciones.
Así funciona la lex mercatoria, el ordenamiento
jurídico global basado en las normas sobre comercio e inversiones que protege
los intereses de las grandes empresas por todo el mundo. Un entramado de
contratos privados, tratados comerciales, acuerdos de inversión, políticas de
ajuste, préstamos condicionados, disposiciones internacionales y laudos
arbitrales que blindan los negocios de las multinacionales y sitúan los beneficios empresariales
por encima de cualquier otra consideración. Un Derecho duro —vinculante,
sancionador, coercitivo— que se basa en una idea de la seguridad jurídica
únicamente vinculada a los intereses comerciales.
Es lo que hemos llamado la arquitectura jurídica de la impunidad,
que sitúa en el vértice de la pirámide normativa los derechos del capital
transnacional y desplaza los derechos humanos al ámbito declarativo. Y que,
mientras tutela con fuerza los intereses de las grandes corporaciones, ofrece
la otra cara de la moneda a la hora de regular sus obligaciones. Estas se
remiten a las legislaciones nacionales —previamente sometidas a las políticas
neoliberales—, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos que es
manifiestamente frágil, y a una “responsabilidad social” que opera como un
Derecho blando (soft law) basado en la voluntariedad, la unilateralidad
y la no-exigibilidad jurídica.
Por decirlo con un ejemplo: mientras Abengoa, ACS y Repsol pueden
recurrir a tribunales de arbitraje y presionan a los gobiernos para exigirles
compensaciones por lesionar sus expectativas de negocio, las comunidades
afectadas por las operaciones de estas multinacionales no tienen ninguna
instancia internacional a la que llevar sus demandas.
Como se recoge en su Estrategia 2020, la política comercial
y la acción exterior de la
Unión Europea se orientan a “crear un entorno favorable para
las empresas y facilitar su acceso a los mercados exteriores, incluidos los
mercados públicos”. En este marco, todos los tratados de ‘libre comercio’ y los
acuerdos de asociación firmados en los últimos años, junto a otros muchos que
se están negociando en la actualidad tanto a nivel bilateral como multilateral,
sirven para otorgar plena seguridad jurídica a esos negocios empresariales. La lex mercatoria avanza adecuando las diferentes
normativas nacionales e internacionales a los intereses de las grandes
corporaciones, fortaleciendo la armadura jurídica de la que estas son las
principales beneficiarias.
No obstante, a pesar de este contexto de asimetría normativa entre
el Derecho Corporativo Global y el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, se está avanzando en la formulación y puesta en práctica de propuestas
alternativas para enfrentar la arquitectura jurídica de la impunidad. Diferentes
organizaciones sociales, sindicatos e instituciones públicas están planteando
la implantación de mecanismos de control para que, por lo menos, los derechos
humanos se coloquen al mismo nivel que los derechos de las grandes empresas.
Entre esas propuestas se encuentran, por ejemplo, denunciar los acuerdos
comerciales cuando concluya su vigencia; no ratificar ningún tratado propuesto
desde la asimetría contractual y al margen de los derechos humanos; abandonar
el CIADI; restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales;
promover una normativa internacional para obligar a las transnacionales a
respetar los derechos humanos en todo el mundo; crear una corte mundial que
complemente los mecanismos nacionales, regionales y universales. Todo ello con
el objetivo de garantizar que las personas, comunidades y pueblos afectados
tengan acceso la justicia por las violaciones de sus derechos civiles,
políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.
Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y
Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales
en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
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Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=236919
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