México: el caso Marco Antonio Sánchez y muchas
preguntas por resolver.
29 de enero de 2018
Ayer por la noche el jefe del gobierno
capitalino, Miguel Ángel Mancera, después de cuatro días de irritación social,
dio a conocer la localización del joven estudiante Marco Antonio Sánchez
Flores, de 17 años, quien se encontraba desaparecido desde el 23 de enero,
cuando fue detenido sin justificación por policías
de Ciudad de México en las inmediaciones del Metro El Rosario.
Por La Jornada
Según un testigo que lo acompañaba, el joven fue
severamente golpeado, esposado y subido a una patrulla. Sus captores dijeron
que lo llevarían a la agencia 40 del Ministerio Público, en Azcapotzalco; pero
el joven no apareció allí ni en otra agencia. A los padres de Sánchez Flores se
les impidió, con trabas burocráticas, levantar una denuncia por desaparición
forzada.
La indignación social
por este hecho creció en el transcurso de los días y sumó voces de instancias
como la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y la rectoría de la UNAM, en demanda de la
presentación con vida del joven estudiante. Las autoridades capitalinas, por su
parte, mantuvieron durante cuatro días un injustificable silencio y apenas ayer
mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la ciudad informaron en
una comparecencia ante medios que
dos de los policías que participaron en la detención de Marco Antonio lo
liberaron "a unas cuadras" del sitio en el que lo subieron a la
patrulla y la SSP trabajaba en la investigación de los registros de
geolocalización del vehículo policial y de los informes de los policías
involucrados. Poco antes de que fuera ubicado en el municipio mexiquense de
Melchor Ocampo, los padres del joven tuvieron acceso a la videograbación de un
juzgado cívico en Tlalnepantla, estado de México, en el que se le veía saliendo
del lugar “aturdido, desorientado y en shock”.
A reserva de conocer
las secuelas que el episodio pudiera haber dejado en la salud física y mental
del agraviado, cabe congratularse por que el estudiante haya aparecido con
vida, pero el caso deja numerosas inquietudes y preguntas sin resolver. La
primera, desde luego, se refiere al violento atropello de que fue víctima por
parte de elementos de la policía capitalina y de la incapacidad de la
institución correspondiente para reaccionar ante comportamientos inadmisibles
por parte de algunos de sus efectivos.
Sorprende e irrita,
por otra parte, que pese a las estructuras de mando y a la parafernalia
tecnológica de la que tanto se presume –centrales de comunicación, cámaras de
vigilancia, sistemas de geoposicionamiento– no se haya podido dar con el
paradero de Marco Antonio y que hasta el sábado se informara de la detención de
dos de los policías que lo retuvieron. Asimismo, resulta obligado investigar a
los agentes del Ministerio Público que impidieron a los padres del joven
levantar la denuncia correspondiente.
Por otra parte,
resulta injustificable que el joven fuera ingresado a un juzgado cívico
mexiquense y puesto en libertad horas después sin que nadie en esa oficina
tuviera noción de que se trataba de un menor que estaba siendo buscado por
dependencias oficiales. Más exasperante es que las autoridades municipales de
Melchor Ocampo hayan difundido una foto del menor, en abierta violación a sus
derechos y con los riesgos que ello implica.
En suma, la
información del episodio disponible hasta ahora deja ver fallos inadmisibles y
alarmantes faltas de control y comunicación en la policía capitalina, así como
una inexplicable ausencia de coordinación con su par mexiquense. Un agravio de
esta naturaleza no debe repetirse.
La sociedad merece una
explicación puntual y precisa de lo ocurrido y la formulación de cargos en
contra de quienes faltaron a su deber y atentaron contra la integridad física y
los derechos del joven Sánchez Flores. No se debe tolerar que los encargados de
preservar la vida y la seguridad de las personas sean precisamente los que las
pongan en riesgo.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article15955
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