La protesta sigue siendo
el temor del Gobierno
para tratar la reforma laboral
9 de enero de 2018
Fuentes oficiales confirmaron que el
tratamiento de la reforma laboral pautado para el mes de febrero se ha
pospuesto para marzo-abril. Los motivos que esgrimen los diferentes
funcionarios dejan en claro los efectos de las protestas del 14 y 18 de diciembre,
cuando el Gobierno se envalentonó en una cruzada por aprobar un conjunto de
leyes que afectaron a los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras que
benefició a las diferentes capas empresariales, consolidando la idea de “un
gobierno para los ricos”.
Por ANRed.
La respuesta en las
calles sigue siendo el punto central a desarticular. El Gobierno reconoce que
varias “marchas atrás” se originaron a partir de la movilización de amplios
sectores. El
movimiento obrero si bien está contenido entre acuerdos y amenazas, cada
concentración y repudio al oficialismo impacta en la estabilidad de las
centrales sindicales. La alerta suena para los días de febrero, por ello, el
fracaso de sesionar la reforma laboral. Los condicionamientos detienen los
ritmos a los que se arriesgaría Macri.
Mientras, en orquesta
con los medios de comunicación y el
poder judicial, se realizan detenciones de manifestantes y de sindicalistas
marginales. El objetivo es recomponer la imagen de un gobierno que deberá
atravesar una nueva tormenta de protestas en los próximos meses, en un contexto
económico para nada prometedor. Ayer detuvieron al segundo militante del
Partido Obrero, Dimas Fernando Ponce, acusado de haber agredido a un policía,
mientras continúa detenido el militante César Arakaki. Sin embargo, el mismo
juez -Sergio Torres- dictó la falta de mérito para el efectivo Dante Barisone,
quien habría atropellado con su moto al joven cartonero durante el avance
policial contra la movilización del 18.
Pasada
las protestas, a fines de diciembre, el gobierno operó un sinfín de órdenes
para evitar que los acontecimientos alrededor de la sanción de la reforma
previsional hagan mella en la imagen de la alianza Cambiemos. El
primer punto fue mostrar que la capacidad para aprobar medidas tan
anti-populares sea leído por los poderes políticos como una reafirmación de
autoridad delante de un segmento privilegiado de la sociedad que siempre
impulsa el ajuste sobre los “gastos” del Estado y que tiene por objetivo
avanzar contra los derechos sociales y particularmente desarticular la potencia
del movimiento de trabajadores y trabajadoras.
Pero
la preocupación nodal se posó en una constante que desafía a los ceos del
gobierno: cómo detener la capacidad de movilización de la sociedad argentina.
La respuesta manifiesta en las calles con miles de personas en el intento de
sanción de la reforma previsional del jueves 14 no fue previsto ni en las propias
filas del oficialismo, que no esperaban la magnitud de resistencia que rodeó al
Congreso. Esto también hizo tambalear el tejido de alianzas, recalentado por
las internas y las dudas entre los gobernadores provinciales por quedar pegados
a una medida que reducía el monto a las jubilaciones y asignaciones sociales. La presencia de los
manifestantes se prolongó hasta la desesperación y el propio Macri propuso un
DNU que fue vetado por parte de la alianza del gobierno (Elisa Carrió), en
representación de un sector poderoso que sabe que parir una medida semejante
por decreto puede acercar al abismo. Incluso los grandes medios
-que garantizaron blindaje- le soltaron la mano y el oficialismo tuvo que
volver sobre sus pasos para relanzar un nuevo intento.
El
lunes 18 se afinó la estrategia comunicativa y se fortalecieron las amenazas a
gobernadores y sindicalistas para lograr el apoyo a la reforma. A pesar de
eso, la protesta volvió a ser masiva pero, esta vez, la represión tendría una
dirección de mando más compacta: las primeras horas la policía de la ciudad
protagonizó una escenificación que consistía en victimizar a la fuerza, lograr
imágenes -trasmitidas en vivo- de ataques despiadados contra los efectivos. Que
esas imágenes corran el eje de la jornada: la reforma previsional y los miles
que se habían movilizado.
Pasado el momento requerido, las fuerzas
volvieron a modo “violento” y ocurrieron las avanzadas que provocaron las
escenas represivas que los medios
hegemónicos trataron de evitar pero fue imposible esconder. Imágenes de
jubilados golpeados, atropellados, manifestantes que perdieron un ojo y otros
detenidos o apaleados, incluso a vecinos ajenos a la concentración. Para
ello la batería mediática se dispuso a criminalizar manifestantes. Identificar,
demonizar y encarcelar a un manifestante que lanzó una piedra, una bengala o
que enfrentó con una caña a la formación policial.
La
jornada finalizó con el peor de los cierres en diciembre: cacerolazos en los
barrios porteños que se extendieron al conurbano y en algunos puntos del país.
Un sector de la capa media, el votante PRO en la Ciudad, parecía quebrarse. Hoy
todas las fuentes mediáticas acuerdan en que la imagen de Mauricio Macri cayó
por lo menos en diez puntos. A la par, se refuerza con operaciones
comunicacionales a otras figuras de recambio dentro del oficialismo. El caso
más notorio es el de María Eugenia Vidal.
Lo
cierto es que la protesta mantiene alerta a Cambiemos y, en un contexto de
tarifazos, de suba de precios y de casos de despidos a diario, es difícil que
se reduzca.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article15842
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