Militarización de la
ayuda internacional
a Palestina
27 de enero de 2018
Por Nora Lester Murad y Alaa Tarti
The Reality of Aid / Aid Watch Palestine
Traducción para Rebelión de Loles Oliván
Hijós
La “ayuda” en el contexto de las violaciones
israelíes
La necesidad que tienen los palestinos de
recibir ayuda deriva exclusivamente de las décadas de conflicto con Israel. En
todo caso, tanto la ayuda a Israel como a Palestina está militarizada, lo que
fomenta y prolonga el conflicto en lugar de abordar sus causas fundamentales.
A escala macro la ayuda a los palestinos está
militarizada porque se produce en el contexto del respaldo incondicional de los
gobiernos occidentales a Israel, incluido a la impunidad por las violaciones
israelíes de los derechos palestinos. El suministro de ayuda militar, el
comercio militar y otras formas de intercambio económico, cultural y político
intensifican la capacidad israelí de ocupar, colonizar y desposeer a los
palestinos. Si la ayuda subsidia directamente los costes militares de la
agresión israelí a Palestina, el apoyo político internacional protege a Israel
de las consecuencias de incumplir el derecho internacional, convirtiendo a los
actores de la ayuda en cómplices de las violaciones de los derechos palestinos
por parte de Israel (Murad, 2014).
De hecho, no se cuestiona que mientras Estados
Unidos brinda apoyo militar a Israel conceda a la vez “ayuda” a los palestinos
para mitigar el impacto de la acción militar israelí. Los gobiernos
estadounidenses han donado 124,3 mil millones de dólares en asistencia
bilateral (principalmente militar), lo que convierte a Israel en el mayor
receptor acumulativo de asistencia exterior de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial
(Sharp, 2015: sumario). La ayuda estadounidense a Israel forma parte de la
estrategia militar de Estados Unidos en Oriente Próximo y son sus inversiones
las que han contribuido a que Israel haya desarrollado uno de los ejércitos
tecnológicamente más sofisticados del mundo (Sharp, 2015: 1). En contraste,
Estados Unidos ha proporcionado casi 5 mil millones de dólares de ayuda a la Autoridad Palestina
(AP) desde su creación.
Quienes critican la ayuda militar
estadounidense a Israel argumentan que viola la propia legislación interna de
Estados Unidos. La Campaña de Estados Unidos por el Fin de la Ocupación Israelí
cita en su análisis sobre las opciones y las implicaciones políticas la propia Ley de
Asistencia Exterior de Estados Unidos:
En virtud de este capítulo o de la Ley de
control de exportación de armas [22 U.S.C. 2751 et seq.] no se proporcionará
asistencia a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero
si el secretario de Estado tiene pruebas fidedignas de que dicha unidad ha
cometido violaciones graves de los derechos humanos.
Ruebner (2012: 18-19) va más allá al señalar
que:
La Ley de Control de Exportación de Armas
(AECA) (PL 90-629), que condiciona y restringe la venta y el alquiler de
artículos y servicios de defensa de Estados Unidos, limita el uso de armas
estadounidenses exclusivamente a la seguridad interna, a la legítima defensa, a
la prevención o el impedimento de la proliferación de armas de destrucción
masiva y de los medios de
distribución de esas armas a que el país receptor participe en acuerdos
regionales o colectivos compatibles con la Carta de las Naciones Unidas.
La ayuda militar estadounidense a Israel puede violar asimismo el
Artículo Común Uno de los Convenios de Ginebra que obliga a los terceros
Estados a garantizar el respeto del derecho internacional humanitario en todas
las circunstancias (Dörmann y Serralvo, 2014). Hay quienes señalan que la venta
de armas a Israel puede ser ilegal porque siendo como es sabido una potencia
nuclear no ha firmado el Tratado sobre la No Proliferación
de Armas Nucleares (Tratado, 1968).
Además cuando la ayuda se canaliza a los
asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada se violan claramente las reglas
básicas del derecho internacional y se obstaculizan las posibilidades de una
paz duradera.
Los llamamientos de la sociedad civil
palestina a un embargo militar contra Israel no solo se refieren a la venta de
armas de Estados Unidos. Se señala también a Reino Unido por su comercio
armamentístico con Israel incluidas armas que según ha quedado documentado, se
han utilizado para violar derechos humanos:
En los seis meses previos al ataque de Gaza en
el verano de 2014, el gobierno del Reino Unido otorgó licencias por valor de 6.968.865 libras
para exportaciones de uso militar y 25.155.581 de libras para equipamientos de
doble uso. Los artículos con licencia incluían componentes para aviones de
combate, componentes de drones, municiones antitanques y miras nocturnas para
armas. Asimismo, el dron de vigilancia Watchkeeper de Reino Unido se ha
desarrollado en virtud de un contrato empresarial conjunto de mil millones de
libras otorgado por el Ministerio de Defensa a Reino Unido y a la israelí Elbit Systems ,
permitiendo que las fuerzas armadas del Reino Unido se beneficien de
tecnologías que han sido "probadas" contra palestinos bajo ocupación.
(Wearning, 2015: 3).
Incluso en el mejor de los casos, el efecto neto de la ayuda
internacional a los palestinos es cuestionable porque está determinada por la
acción militar de Israel, que está subsidiada por Estados Unidos y otros, y
cuya inmunidad política está garantizada por la comunidad internacional. Los
palestinos que cuestionan esa ayuda consideran que los donantes occidentales
son cómplices de las violaciones de los derechos palestinos por parte de
Israel, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos donantes por diferenciar sus acciones
políticas de su política asistencial al sugerir que ésta es “neutral”.
Fragmentación y ayuda militarizada
Las políticas israelíes han dividido a la
comunidad palestina en diferentes marcos legales e institucionales todos ellos
militarizados de algún modo, razón por la cual la ayuda a los palestinos
también está politizada y militarizada de diferentes maneras. Igualmente, las
políticas y prácticas asociadas a la ayuda contribuyen directamente a la
fragmentación política entre Cisjordania y la Franja de Gaza, a la
fragmentación social y a la reivindicación de derechos igualmente fragmentados.
Los palestinos que componen el 20% de la
población de Israel están colonizados en un Estado que oficialmente les designa
menos derechos que a los judíos. La ayuda occidental a los ciudadanos
palestinos de Israel, limitada y sujeta a las restricciones israelíes, se
orienta generalmente a fortalecer la afirmación de los derechos palestinos como
minoritarios, lo que refuerza la conexión de los ciudadanos palestinos con
Israel a pesar de su identidad judía, al mismo tiempo que debilita sus vínculos
con el resto de la comunidad palestina en el mundo árabe. Al fomentar la
identidad de los palestinos como “minoritaria” y no como pueblo indígena, la
ayuda occidental a los palestinos fortalece las reclamaciones territoriales de
Israel. De esta manera, la ayuda a los ciudadanos palestinos de Israel forma
parte del respaldo político e institucional occidental a Israel
independientemente de lo que esos mismos países puedan afirmar retóricamente
sobre su apoyo a los derechos palestinos en el marco del derecho internacional.
Los 3 millones de palestinos de Cisjordania también reciben una
ayuda politizada y militarizada si bien los mecanismos son más complicados. Los
Acuerdos de Oslo (1993) y el Protocolo de París (1994) establecieron un
paradigma político y económico hegemónico dentro del cual se fragua el
“desarrollo” del territorio palestino ocupado. Los investigadores Tartir y
Wildeman han analizado los intereses neoliberales que propugna el marco del
Banco Mundial, que es el que guía la política de la ayuda occidental al
territorio palestino ocupado. Señalan que las prescripciones del Banco Mundial
“[...] no tienen en cuenta ni la historia ni la realidad humana de los
palestinos que luchan por sobrevivir desde hace décadas bajo una ocupación
militar violenta” (2012: 1) y sobreestiman la capacidad de la AP para llevar a
cabo las reformas que se le exigen dado que carece de soberanía. Mandy Turner
sostiene asimismo que los objetivos de las intervenciones occidentales de
“construcción de la paz” incluyen la contrainsurgencia. En
otras palabras, que con la ayuda se pretende amansar las aspiraciones de
liberación nacional palestina en interés de Israel (Turner, 2014).
En Cisjordania la política de asistencia se
ejecuta de forma diferente según las áreas designadas por los Acuerdos de Oslo
como Zona A (bajo control de la AP), Zona B (bajo control conjunto
israelo-palestino) y Zona C (bajo control israelí). La
política donante difiere en cada zona, siendo en la Zona
C donde se
genera mayor controversia por ser donde Israel impone –y la mayoría de los
donantes acatan– un régimen de planificación ilegal que niega a los palestinos
el acceso a sus propios recursos naturales y su derecho al desarrollo
(Diakonia, 2013). Al no poder ni querer oponerse a la militarización israelí de
la Zona C , los
donantes internacionales contribuyen a mantener elstatus quo.
Si el proceso de Oslo pospuso el debate sobre
el estatuto político de Jerusalén, la política de ayuda internacional no ha
cuestionado la realidad práctica de la anexión israelí de Jerusalén ni el
traslado forzoso de su población palestina nativa. El colapso inherente a la
economía palestina en Jerusalén Oriental hace que la ciudad sea inhabitable para
los palestinos (Arafeh, 2016). La eficacia de la asistencia humanitaria (por
ejemplo, para las familias palestinas cuyas casas han sido demolidas por
Israel) y la ayuda al desarrollo, que están limitadas por la explícita política
de judaización de Israel, se ha visto totalmente minada.
El caso de la Franja de Gaza es diferente; el bloqueo israelí que
ahora cumple 10 años hace que Gaza dependa casi por completo de la ayuda
internacional ya que ni materiales ni personas pueden entrar o salir a través
de los puestos de control israelíes sin el permiso militar israelí. Además, el
sistema de ayuda está cada vez más controlado por Israel, no por Naciones
Unidas, incrementando así la contribución al arsenal de armas que Israel
utiliza para controlar a los palestinos en la Franja. De hecho, es
precisamente la naturaleza militarizada de una ayuda basada en el principio de
la seguridad –y el cauce en que se distribuye (o
no)– lo que explica la ausencia de una reconstrucción adecuada tras los ataques
israelíes de 2008-9, 2012 y 2014. En particular, que esta ayuda se distribuya
en un contexto eminentemente marcado por las cuestiones securitarias hace que a
los donantes les sea más fácil encubrir sus propias carencias políticas
utilizando la excusa de la “seguridad”.
Por último, alrededor de 5 millones de
refugiados palestinos registrados reciben ayuda a través de un organismo
específico de Naciones Unidas, la Agencia de Obras Públicas y Asistencia de
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA,
2016). Según sus críticos, el ambiguo mandato de protección de la UNRWA ha
provocado un debate sobre hasta qué punto este organismo protege los derechos
de los palestinos o debilita que las reivindicaciones de sus derechos puedan
canalizarse a través de otros organismos y mecanismos (Farrah, 2010).
La ayuda bilateral a la Autoridad Palestina
Es obvio que la asistencia militar a Israel no
es la única forma en que los actores internacionales subsidian la ocupación
israelí de Palestina. Tanto Europa como Estados Unidos son los principales
donantes bilaterales de la AP.
En una crítica mordaz, Tartir sostiene que alrededor del 30%
de la ayuda internacional financia el sector de la seguridad [palestina] con
mil millones de dólares anuales sin que la AP rinda cuentas al pueblo palestino
y en un régimen cada vez más autoritario. Desde 2005, Estados Unidos y la UE
han apoyado una reforma del sector, pero “[...] el principio central de este
proyecto ha sido consolidar la colaboración en materia de seguridad entre la AP
e Israel” y no la seguridad de los palestinos (Tartir, 2016). Tartir señala que
tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han documentado el uso
excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de la AP y han
denunciado los límites que impone la AP a la libertad de expresión, a la
participación política y a la movilización (Tartir, 2016).
Así que, por un lado está la ocupación y la
colonización israelíes que reciben ayuda militarizada y por otro, la AP que
recibe la
Asistencia Oficial al Desarrollo (ODA) y que la gasta en un
espacio y dentro de un proceso de “desarrollo” notablemente condicionado por el
concepto de seguridad.
Por lo tanto, se mire como se mire, la ayuda
en el contexto palestino está impulsada por una lógica de seguridad hegemónica
diseñada para satisfacer el interés de seguridad de Israel mientras los
palestinos se sienten cada vez más inseguros (Tartir, 2015).
Además, la investigación sobre la
militarización de la ayuda pone de relieve algunos hechos: 1) cómo la militarización de la ayuda
transforma un movimiento de liberación en subcontratista del colonizador; y 2) cómo la militarización de la ayuda
crea tendencias autoritarias y favorece al sector de la seguridad y a su
personal a expensas de otros sectores (por ejemplo, la salud, la educación, la
producción) y a expensas de la democracia. En otras palabras, la ayuda a
Palestina no solo no ha hecho frente a las bolsas de empobrecimiento y
desempleo ni a la ausencia de empoderamiento sino que ha creado una inseguridad
e ilegitimidad nuevas.
Militarización de la ayuda a la sociedad civil
palestina
La ayuda internacional y palestina a la
sociedad civil también está militarizada. Está condicionada por políticas
antiterroristas que contradicen abiertamente los principios humanitarios de
imparcialidad y neutralidad al exigir a los actores de la ayuda que investiguen
a los beneficiarios desde criterios políticos, lo que agrava el conflicto
interno, incluido el conflicto armado (Hall, 2015). Israel se beneficia indirectamente
de que la sociedad civil palestina esté sujeta a un régimen global
militarizado; también se lucra porque los de por sí importantes beneficios del
sector de la seguridad israelí provienen de la exportación de productos
relacionados con la lucha antiterrorista que actualmente superan los 1.000
millones de dólares anuales según el gobierno israelí (BDS, 2010).
La militarización de la ayuda y su componente
securitario tiene un impacto dramático en la vida cotidiana del pueblo
palestino y en su búsqueda de la liberación y la autodeterminación. La
evidencia indica que tal forma de ayuda opera contra el desarrollo
especialmente bajo ocupación militar extranjera. En lugar de mejorar la
capacidad del pueblo palestino para reclamar su derecho a la libre determinación,
la limita. En
consecuencia, la inestabilidad se incrementa a largo plazo y aumenta la
probabilidad de mayor militarismo y mayor violencia.
La agresión es un crimen que no debería
financiarse con ayuda
La utilización de la ayuda para promover o
apoyar la agresión no solo es inmoral y contraproducente sino también ilegal.
Como manifiesta la Carta de Naciones Unidas, el propósito del sistema de
gobernanza internacional del que nos hemos dotado es, ante todo, m antener
la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin, ejercer medidas
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz; suprimir actos
de agresión u otros quebrantamientos de la paz; lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los
principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de
controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir al
quebrantamiento de la paz, (Carta de las Naciones Unidas, 1945: Capítulo 1,
Artículo 1.1). Además, tres de los principios humanitarios fundamentales
–humanidad, neutralidad e imparcialidad– están consagrados en la Resolución
46/182 (1991) de la
Asamblea General y se recogen en innumerables resoluciones y
declaraciones de la ONU (OCHA, 2009: 4).
Aunque son muchos los palestinos y también los
ciudadanos del mundo que consideran que Palestina es una excepción a las normas
de la asistencia humanitaria, el problema de la militarización de la ayuda es
generalizado. El nuevo Acuerdo para el compromiso con Estados frágiles señala
que el 30% de la
Asistencia Oficial al Desarrollo se gasta en contextos
frágiles y conflictivos (IDPS, 2011:1). El Parlamento Europeo informó que en
2013 más de dos tercios de la asistencia humanitaria registrada por la OCDE se
dirigió a crisis de larga duración (Parlamento Europeo, 2016: 3). Hay solo dos
formas de interpretar esta información: o bien la ayuda internacional no tiene
efecto paliativo en la perpetuación de los conflictos (y no frena el aumento de
la necesidad humanitaria) o la ayuda internacional contribuye a aumentar los
conflictos.
El informe del secretario general de la ONU
sobre la
Cumbre Humanitaria Mundial adopta un tono predeciblemente
diplomático pero una lectura cuidadosa revela el reconocimiento de que la falta
de voluntad política es la causa de la ineficacia de la ayuda. Señala que
“[…] Abordar las necesidades humanitarias de las personas requiere algo más que
aumentar los niveles de asistencia. Es necesario un esfuerzo mucho más
determinado y ponderado para reducir las necesidades, que esté anclado en la voluntad
política y en el liderazgo para prevenir y poner fin a los conflictos”. (AGNU,
2016: 1).
Existen abundantes pruebas documentadas en
informes y en la práctica que demuestran la relación entre ayuda y perpetuación
de los conflictos. Palestina representa uno de los muchos ejemplos de cómo la
ayuda viola el “principio de no perjudicar”, fundamental no solo para la
credibilidad de la ayuda sino también para la credibilidad del sistema
internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.
La ayuda no debe promover ni permitir la
agresión ni activa ni pasivamente. En Palestina, incluso la ayuda para fines
manifiestamente “buenos”, como alimentos, salud, educación, agua y saneamiento,
se ejecuta dentro de un complejo régimen asistencial que sirve a los intereses
políticos expansionistas de Israel y de los países donantes. Un estudio
reciente de Aid Watch Palestine ha revelado que el 78% de la ayuda al
territorio palestino ocupado acaba en la economía israelí (Hever, 2016) para
subsidiar entre el 18% y el 30% de los costes de la ocupación. Tartir
y Wildeman sostienen igualmente que la obligada integración económica con
Israel hace que la economía palestina sea vulnerable; con frecuencia Israel
retiene fondos (con el apoyo de Estados Unidos) para castigar las políticas
palestinas que no le convienen, como las iniciativas palestinas para que se
satisfagan sus derechos internacionalmente consagrados a través de los
mecanismos de Naciones Unidas (2012:1.)
En otro ejemplo evidente, la ayuda
internacional que utiliza el Mecanismo de Reconstrucción de Gaza, del que forma
parte Naciones Unidas, está recibiendo criticas porque legitima el bloqueo
ilegal israelí en la Franja de Gaza (Murad, 2015/16) y porque beneficia a
Israel al dar cobertura internacional al fomento de los intereses económicos y
militares israelíes.
Conclusión
La ayuda a los palestinos está militarizada al
menos en cuatro niveles:
1.
La ayuda militar y el comercio militar con Israel están
normalizados a pesar de la evidencia de que la ayuda se utiliza para violar los
derechos palestinos protegidos por el derecho internacional;
2.
El marco de dos Estados establecido por Oslo, dentro del cual se
aplica esencialmente la ayuda occidental refleja los intereses políticos y
militares de Estados Unidos y de Europa así como el consenso neoliberal
dirigido por el Banco Mundial en lugar de los intereses palestinos definidos
democráticamente;
3.
El desarrollo y la ayuda humanitaria a los palestinos, canalizados
bien a través de instituciones internacionales o de la AP, está diseñado para
proteger el monopolio colonial de Israel a expensas de la seguridad palestina y
de su autodeterminación; y
4.
La ayuda a la sociedad civil, tanto internacional como palestina,
está condicionada por políticas antiterroristas que exacerban los conflictos
internos, incluidos los conflictos armados, en violación de los principios de
imparcialidad y neutralidad.
La violación intrínseca de los derechos
palestinos que produce una ayuda que beneficia a Israel no se produciría si los
donantes –en su función política y asistencial– exigieran a Israel que
cumpliese con el derecho internacional. Sin embargo, la impunidad que brindan
los actores internacionales a Israel tiene el efecto de intensificar su
política de agresión, lo que resulta de una hipocresía escandalosa: los
gobiernos donantes y los actores humanitarios son quienes permiten que Israel
deniegue sus derechos a los palestinos al proporcionarles una ayuda destinada a
garantizar la dominación permanente de Israel.
Recuperar la ayuda para los derechos humanos:
recomendación de políticas
La militarización de la ayuda a los palestinos
anula la legitimidad de la ayuda como intervención humanitaria o de desarrollo
creíble. Para que la ayuda internacional recupere su potencial de cooperante en
la realización de los derechos humanos debe estar integrada en mecanismos
eficaces de rendición de cuentas que presionen a todas las partes para que
cumplan con el derecho internacional y respeten los derechos humanos.
Cuesta imaginar que sin ninguna forma de presión Israel vaya a
cumplir con el derecho internacional y con el respeto a los derechos humanos
palestinos. Si bien existen ejemplos de sanciones a través de la ayuda (por
ejemplo, las de Estados Unidos contra Turquía, Indonesia, Guatemala, El
Salvador, Argentina, Nicaragua, Zimbabwe, Colombia, Filipinas, Pakistán y
Bahrein), casi nunca se han utilizado contra Israel (Ruebner, 2012: 19-25).
Por otro lado, la Campaña internacional de
Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) promovida desde la sociedad civil ha
tenido un impacto demostrable en la capacidad israelí de mantener un desarrollo
militar irresponsable (Juma 'y Mantovani, 2016). Todas las partes interesadas
deberían estudiar el potencial de las sanciones estratégicas para presionar a
Israel a cumplir con el derecho internacional. La acción más inmediata y
evidente es exigir un embargo militar total contra Israel y contra todas las
partes que no respeten el derecho internacional.
Empoderar a los palestinos significa equiparlos
con las herramientas para resistir la dominación colonial israelí y mejorar sus
capacidades para la solidaridad, la resiliencia y la firmeza. Los actores
de la ayuda internacional deben reconocer y aceptar que el desarrollo bajo la
ocupación militar y la colonización implica ante todo un proceso de
confrontación para hacer efectivos los derechos, incluido el derecho a la
autodeterminación.
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Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=237144&titular=militarizaci%F3n-de-la-ayuda-internacional-a-palestina-
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