Argentina mira a sus
bosques,
pero aún no los cuida bien
16 de enero de 2018
Por Daniel Gutman
IPS
BUENOS AIRES, 11 ene 2018 (IPS) - Nunca en la
historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y
medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley
para reducir la
deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y
promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es
agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas
admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los
bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la
frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación
en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado
un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los
fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de
comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos
críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un
factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el
doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria
significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada,
poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de
bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la
incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega
Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las
provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una
parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque
subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas
décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la
extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas,
tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay,
gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales
favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15
millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha
sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura
sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer
lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está
ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya
comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo
una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su
mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas
de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se
aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de
aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los
gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace,
en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas ,
una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó
ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de
deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor
prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de
transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado
nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque
parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer.
Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas
anuales a 200.000 en 2016” ,
agregó.
Villalonga saltó a la política desde
Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo
semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de
recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la
ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media
sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia
de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus
provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más
alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de
deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial,
según un informe de la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010
y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de
Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de
participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una
herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos
asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor
de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que
brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento
territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican
las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de
conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden
destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de
conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus
ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de
hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie
nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco
en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan
Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy
positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el
funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para
asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que
compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser
reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del
Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de
esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años,
advierte el informe de FARN.
Editado por Verónica Firme
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