“Sindicalistas corruptos” y “empresarios
víctimas”… ¿y los trabajadores?
15 de enero de 2018
Con la detención de Balcedo, titular del
SOEME, y de 10 dirigentes de la seccional Bahia Blanca
de la UOCRA – que se suman a las del “Caballo” Suarez del SOMU y de Juan Pablo
“Pata” Medina, también de la UOCRA - el gobierno busca “marcar la cancha” a las
direcciones sindicales y reconstruir los alineamientos necesarios para
continuar su ofensiva contra los trabajadores. El discurso de “lucha contra las
mafias” omite y oculta el rol de las prácticas de corrupción en el
mantenimiento del orden laboral.
Por
Julia Soul para ANRed
1 –
Una mirada de conjunto a las políticas de Cambiemos
Desde sus inicios, el
gobierno de Cambiemos articuló políticas tendientes a desarticular y
deslegitimar las regulaciones e instituciones que operan sobre las relaciones
laborales (bajo el argumento general de que son gravosas en términos de costos)
y a los trabajadores mismos (tildándolos de vagos, ñoquis, improductivos, etc).
Tanto por convicción ideológica como por el rol que tiene que jugar generando
el escenario para que los capitalistas aumenten sus niveles de inversión, el
gobierno de Cambiemos ha avanzado – o propiciado el avance – sobre condiciones
de trabajo establecidas en los convenios colectivos, sobre la pérdida del poder
adquisitivo de los salarios y sobre políticas de ajuste y redistribución
regresiva que atacan directamente las condiciones de trabajo y de vida de los
trabajadores y el pueblo.
En este camino,
recorrido cíclicamente por los capitalistas, un elemento fundamental es la
recuperación (y el aumento) del poder que tienen los empresarios para disponer
libre y arbitrariamente del uso de la fuerza de trabajo, organizándola según su
conveniencia inmediata. El sistema de negociación colectiva y el accionar de
los sindicatos, son obstáculos en ese camino. Ese el núcleo de la “baja de los
costos laborales” que guía la política de Cambiemos desde los inicios de su
gestión, y explica el proyecto de Reforma Laboral, la propaganda gubernamental
de los convenios colectivos flexibilizadores, el techo a las paritarias, etc.
En esta clave, también se explican las críticas del gobierno a los convenios
colectivos “obsoletos” y a las dirigencias sindicales “viejas” que no estarían a
la altura de los “nuevos tiempos”. Es sobre este telón de fondo que deben
interpretarse la “lucha contra las mafias”
2 –
los gobiernos y las “mafias sindicales”
El gobierno de
Cambiemos no es para nada original en sus denuncias contra dirigentes sindicales.
En el 2000, a
días de que el Gobierno de la Alianza enfrentase el tercer paro general en diez
meses, se dio a conocer una cámara oculta que serviría para probar extorsión a
los empresarios por parte de un dirigente de la seccional Capital
de la UOCRA. En
aquel momento, como ahora el ex-agente de inteligencia, actual Secretario
General de la
UOCRA Gerardo Martínez se distanció públicamente de esos
dirigentes. Meses más tarde, la entonces Ministra de Trabajo Patricia Bullrich
emplazaría a los dirigentes sindicales a presentar sus declaraciones juradas –
en un contexto de desocupación récord y de recorte a los salarios estatales.
En estos días, las
causas de corrupción que llevan a prisión a los dirigentes sindicales tienen
generalmente como “víctimas” directas a... los empresarios, a quienes los
mafiosos extorsionan exigiéndoles dinero a cambio de “pasar por alto”
incumplimientos en la normativa, o obligarlos a contratar ciertos servicios,
etc etc. El incumplimiento con la normativa laboral – leáse, emplear
trabajadores en negro, no garantizar las condiciones de higiene y seguridad,
cometer fraude laboral – es una de las vías mediante las que los empresarios
bajan de hecho sus costos laborales. Justamente por eso, los planes del
Gobierno incluyen la baja en las multas y penalizaciones que tienen vigencia
legal hoy. La “extorsión” que denuncian es un mecanismo fundamental para poder
darle continuidad a esas prácticas de “ahorro” sin ser denunciados.
La extorsión aparece
así como piedra de toque de la ingente masa de recursos de los que se apropian
los dirigentes sindicales por no pelear por la mejora de las condiciones de
trabajo de los afiliados. Los medios
masivos y el gobierno, asumen con total naturalidad (a lo sumo agregando un
decoroso “supuesto”) el “incumplimiento en la normativa” por parte de los
empresarios. No hay una sola línea dedicada a las consecuencias que estas
prácticas patronales tienen sobre la vida de los trabajadores, especialmente en
el gremio de la construcción, que es uno de los sectores con índices de muertes
laborales y de trabajo informal más elevados. Tampoco tienen repercusión las
denuncias y el trabajo de organización del SITRAIC, sindicato de la
construcción simplemente inscripto, que centra su trabajo de organización en
garantizar el blanqueo de trabajadores y el cumplimiento de la normativa de
higiene y seguridad.
Más allá de los
oropeles espectaculares – e indignantes – de las exposiciones mediáticas, los
procesos judiciales contra los sindicalistas tienen poco o ningún efecto progresivo
sobre nuestras condiciones de trabajo y sobre nuestras organizaciones.
Volviendo a lo que no se dice, las dinámicas de “mafia” de las cúpulas
sindicales son absolutamente funcionales al mantenimiento del orden laboral y a
los objetivos empresarios. Sin embargo, estos procesos judiciales dejan
intactas las fuentes de poder de las cúpulas y ocultan sistemáticamente a los
empresarios como los principales beneficiarios de ese entramado.
3 –
los trabajadores y las “mafias” sindicales
La base de poder de
las direcciones sindicales está en el control que tienen de los trabajadores,
en tanto representantes frente al Estado y los empresarios. Lejos de ser una
representación meramente impuesta por la ley, esa relación tiene un sustrato
concreto en las relaciones cotidianas que los trabajadores entablan con las
organizaciones sindicales. Para los trabajadores, las consecuencias de las
“mafias” sindicales son muertos, accidentes laborales y condiciones de trabajo
deterioradas. Ninguno de estos temas encabeza los cuestionamientos judiciales o
gubernamentales a los dirigentes sindicales. Antes bien, y como planteamos
todas las políticas del gobierno van en la dirección de generar peores
condiciones laborales y de cuestionar las mejoras alcanzadas por los trabajadores
organizados.
El telón de fondo de
las actuales desaveniencias entre dirigentes y funcionarios otrora aliados es
aquello que no se dice: el potencial que la clase trabajadora tiene para
bloquear o morigerar la implementación del programa del macrismo. El gobierno
sabe que las direcciones sindicales conservan el poder de movilización
necesario para poner los “palos en la rueda” de los que las acusa. En el uso
que los dirigentes hagan de ese poder de movilización se juega una parte
importante de la implementación del programa de Cambiemos. De allí que las
detenciones jueguen un doble rol: hacia las direcciones, “marcar la cancha”
precipitando alineamientos y acuerdos necesarios. Hacia el conjunto de los
trabajadores, potenciar el desprestigio de la herramienta sindical como vía de
organización en este contexto. Sin embargo, el único modo de suprimir las
“mafias sindicales” es con el conjunto de los trabajadores organizados en los
lugares de trabajo, actuando sindicalmente y tomando en sus manos la defensa de
sus condiciones de trabajo.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article15872
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