Para impulsar la minería en Argentina,
buscan cambiar la ley de glaciares.
15 de enero de 2018
Lo quieren Macri,
las empresas y las provincias productoras; los ambientalistas dicen que
perjudicaría a la naturaleza.
(La Nación) Pasaron siete años desde la aprobación de la ley de glaciares, pero
el debate sobre qué superficies son las que deben ser preservadas volvió a
ponerse en discusión. Empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca
y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una
reforma de la norma para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y
así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
Varias ONG advierten que la
iniciativa pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en zonas de lluvias
escasas y aridez extrema. Y denuncian que el inventario de áreas a preservar
que se hizo sobre la base de la ley que ahora se pretende flexibilizar incumple
la propia norma al no incluir todas las superficies que contienen agua sólida.
Se basan en un reciente fallo judicial que expone que el inventario incorporó
solo extensiones de más de una hectárea, una limitación no establecida en la
ley.
Las pretensiones de las mineras
pasaron de ser cautelosas a abiertas. “Hay que hacer una ley técnicamente
aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje.
Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna
trascendencia”, afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina
de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos
2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como
área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.
Los empresarios consideran que no
todo el ambiente periglaciar hace un aporte significativo de agua a los ríos
que nacen en la
cordillera. Por eso la expectativa es reformular la ley para
invertir la carga de la prueba y que ante la presentación de un proyecto minero
se estudie si el ambiente periglaciar donde se quiere radicar la explotación
opera como una reserva de agua y, de comprobarse que es así, que solo en esa
instancia se lo desestime.
Para entender la dimensión de lo
que está en discusión basta detallar que actualmente hay 21 proyectos mineros
de grandes dimensiones en actividad, por lo que una hipotética reforma -según
los empresarios- ayudaría a despejar el camino para incrementar
considerablemente las exploraciones.
La herramienta que tienen los
empresarios para volver a poner en debate el tema son las inversiones. Bergé
detalló que en San Juan hay entre cuatro y cinco proyectos parados: “Nadie
quiere poner US$2000 millones, la inversión inicial promedio, con esta ley”.
Raúl Rodríguez, titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó
que en esa provincia hay 20 proyectos parados, con una inversión estimada en
US$16.000 millones, y reconoció que los 10 proyectos que él representa como
abogado “podrían (según la interpretación que se hiciese de la ley) estar en
zona considerada periglaciar”.
Informe
Un informe hecho en julio de 2016
por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la
Nación detalla que existen 44 proyectos mineros “cercanos” a glaciares o
ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad,
Veladero.
Las pretensiones de las mineras ya
habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de
glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual. Alberto Hensel ,
ministro de Minería de San Juan, afirmó que “la ley no define con claridad
cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico” y
reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se
planificaron en zonas periglaciares.
Rodolfo Micone, secretario de
Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en
que es necesario modificar la ley porque “se hace referencia a un cuidado
preventivo”, y destacó que esa prevención “ya viene dada por la ley nacional de
prevención para la actividad minera”. El subsecretario de Energía y Minería de
Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que “la ley puede ser mejorada” y señaló que
tiene definiciones que “permiten interpretaciones para quien se oponga
ideológicamente al desarrollo”.
Desde CAEM aseguran que la idea de
modificar la ley tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y afirman
que se lo hizo saber el 14 de noviembre en la Casa Rosada. Además
insisten en que la intención es poner el tema en la agenda legislativa de
marzo. Voceros de la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán,
sostuvieron que no es la secretaría la que impulsa la reforma y señalaron a las
provincias como promotoras: “Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de
la ley y hemos prestado colaboración”.
Consecuencias
Ocurre que una reforma como la
propuesta no pasaría inadvertida y tendría múltiples costos: políticos, con el
antecedente de la carta que la diputada Elisa Carrió le envió a Meilán en
noviembre, en la que le adelantó que modificar la ley de glaciares “implica
ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos”, y también traería repudio social por
la regresividad en la protección ambiental.
“En la región andina central, La
Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, los ríos solo se abastecen de
precipitaciones níveas y cuando estas son escasas el flujo hídrico lo regulan
los glaciares y ambientes periglaciares”, advirtió Gonzalo Strano, coordinador
de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN), lo ejemplifica: “Los glaciares de escombro [tienen
agua sólida en los poros de rocas] de San Juan tienen casi tres veces más agua
que los embalses de Cuesta del Viento, Ullum y Caracoles juntos”.
Con la ley actual, en el país están
protegidos 5742
kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente
periglaciar. Esa superficie de hielos y glaciares de escombros es la que suman
las 15.703 áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianiglia) incluyó en el inventario que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación planea publicar en su totalidad
en marzo.
El ministro Sergio Bergman negó que
Ambiente esté trabajando en un proyecto alternativo a la ley actual. Y respecto
de la exclusión en el inventario de las áreas inferiores a una hectárea,
consideró que se encuadra dentro del estándar científico internacional.
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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
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