¿Cómo reprimen las industrias extractivas y los agronegocios a las
comunidades rurales de América Latina?
3 de enero de 2018
Los
conflictos y resistencias que involucran territorios y recursos naturales han
estado aumentando en América Latina en los últimos años. ¿Dónde y cómo se están
produciendo estos conflictos y quién se ve
más afectado?
Por Juan Wahren, 15 de diciembre de
2017
América Latina se
encuentra atravesada por el avance acelerado del modelo extractivo. Esta
aceleración implica corrimientos de las fronteras productivas a través de la
incorporación de nuevas tecnologías a la extracción petrolera y a actividades
antiguas como la minería y la agricultura. En todo el continente se verifican procesos de resistencia que,
al mismo tiempo que se erigen como alternativas desafiantes al modelo
hegemónico, sufren la represión violenta de sus diferentes formas de protesta,
a través del uso de la fuerza, la intimidación y el sometimiento a procesos
judiciales.
En las últimas décadas, el capital profundizó
su carácter extractivo. Como veremos, la actividad extractiva contemporánea
implica un avance territorial que arrincona, desaloja y despoja las actividades
productivas y las poblaciones que habitan esos territorios reconvertidos en la
mercancía por excelencia del extractivismo. El modelo extractivo supone la
acumulación por desposesión. Este modelo está basado en la ampliación del
capital por medio del uso intensivo de la naturaleza, que se constituye como
mercancía.
Este proceso de
acumulación por desposesión se entrelaza con la reproducción ampliada del
capital por la explotación del trabajo y por la reproducción financiera del
capital a escala global, estas tres formas de acumulación/ampliación se
complementan a escala global de forma permanente.
Presentamos algunos de los conflictos y resistencias más emblemáticas de América Latina en los últimos años en torno a los territorios y los bienes comunes de la naturaleza o recursos naturales.
Presentamos algunos de los conflictos y resistencias más emblemáticas de América Latina en los últimos años en torno a los territorios y los bienes comunes de la naturaleza o recursos naturales.
Hidrocarburos
La explotación
hidrocarburífera ha generado desde sus comienzos grandes conflictos
territoriales, por el poder económico y político que significa el control de
este recurso natural en un sistema capitalista cuya reproducción depende de la
energía fósil. La actividad hidrocarburífera ha causado innumerables conflictos
entre países y guerras civiles. Pero también ha avanzado sobre territorios
ancestrales de pueblos indígenas, campesinos y medianos productores.
Si bien en América
Latina el avance sobre estos territorios ocurre desde comienzos del siglo XX;
en las primeras décadas del siglo XXI vemos como se registra en diferentes
países de la región un nuevo avance de la frontera hidrocarburífera. Esto
ocurre de la mano de nuevas tecnologías que permiten extraer petróleo de zonas
que anteriormente no eran rentables por sus condiciones geológicas. Son los
denominados hidrocarburos no convencionales, cuya técnica principal de
extracción consiste en la fractura hidráulica (por ello son más conocidos como
fracking) que permite obtener hidrocarburos (shale gas y shale oil)
aprisionados en rocas o en arenas compactas (tight gas). De esta manera, sea en
el formato convencional o no convencional, en este siglo se observa un creciente
ciclo de conflictos por las actividades hidrocarburíferas que afectan diversos
territorios de América Latina.
En la Argentina se
encuentra el yacimiento Vaca Muerta -ubicado en las provincias de Neuquén, Río
Negro y Mendoza- que es el más grande de la región, luego de los yacimientos
explotados en los Estados Unidos. Se calcula que en Vaca Muerta se han
realizado hasta ahora casi 1400 pozos no convencionales. Allí, el avance de la
explotación de petróleo y gas convencional y no convencional se encuentra con
las resistencias de diferentes comunidades del Pueblo Mapuche en Neuquén (Campo
Maripe, Tratayén, Kaxipayiñ, Paynemil, Winkul Newen, entre muchas otras), así
como de los pequeños productores campesinos de ganado extensivo o “crianceros”
de la región y de medianos productores frutícolas del Alto Valle de Rio Negro y
Neuquén. En estos casos, el avance de los hidrocarburos ha generado importantes
impactos ambientales y sanitarios a las poblaciones, a partir de derrames y
zonas contaminadas por las perforaciones y emanaciones de gas hacia la superficie. También
esta actividad ha impactado fuertemente sobre la flora y fauna de la región, ya
que incluso hay perforaciones en áreas naturales protegidas como Auca Mahuida.
Resistencias contra el
fracking fueron motivo de diferentes actos represivos por parte de las fuerzas
de seguridad provinciales y federales, principalmente contra las comunidades
mapuche.
Estas resistencias
fueron motivo de diferentes actos represivos por parte de las fuerzas de
seguridad provinciales y federales, principalmente contra las comunidades
mapuche. Tomando sólo en cuenta a la Comunidad de Campo Maripe, se registran
tres hechos represivos dentro de su comunidad, donde funcionan más de 200 pozos
de petróleo convencional y no convencional. La Comunidad de Tratayén fue
recientemente desalojada de parte de su territorio comunitario, en el que
también funcionan perforaciones hidrocarburíferas. Casi todos los líderes y
autoridades comunitarios mapuche se encuentran judicializados por participar de
diferentes protestas (cortes de caminos y de rutas, toma de instalaciones
petroleras, movilizaciones, etc.) contra el avance de los hidrocarburos en sus
territorios ancestrales. Estas resistencias y movilizaciones han logrado
establecer la prohibición de esta actividad en más de medio centenar de
municipios en todo el país, aunque tanto los gobiernos provinciales como el
nacional continúan profundizando una activa política de promoción de la
industria hidrocarburífera en general y del fracking en particular.
En México, por su
parte, la extracción de hidrocarburos no convencionales no se ha expandido
tanto como en la Argentina, pero ya se pueden ver sus consecuencias sociales y
ambientales. Se calculan casi 30 pozos no convencionales en el país y se ha
conformado una organización a nivel nacional, la alianza Mexicana
contra el Fracking, que nuclea a comunidades de indígenas, campesinos y
pobladores de pequeñas y medianas ciudades que se ven afectados por el
fracking, así como a 44 organizaciones sociales que han logrado establecer la
prohibición de esta actividad en algunos municipios, como Tanlajás y Xilitla
del Estado de San Luís Potosí, el municipio de Cuetzalan en el Estado de
Pueblay en cientos de comunidades indígenas y ejidos campesinos de las zonas
petroleras.
Por su parte, en
Colombia, en el municipio de San Martín, hubo diversas manifestaciones y
levantamientos populares en oposición al fracking que se estaba empezando a
instalar en sus territorios. Por ello, sufrieron intimidaciones, amenazas y
represión por parte de la policía en 2016. Estas movilizaciones lograron
generar empatía con otras zonas donde también se está comenzando a explorar
hidrocarburos no convencionales y en ese mismo año la Asamblea Departamental
de Santander rechazó de manera unánime el uso del fracking en ese departamento.
Megaminería
La minería es una
actividad constitutiva de la Conquista y el saqueo de América. Gran parte del
los países latinoamericanos tienen una fuerte tradición minera y esas riquezas
han sido una de las bases de la dominación y dependencia de todo el continente.
En las últimas décadas la actividad minera tuvo un nuevo impulso a través de la
innovación tecnológica que permite obtener minerales valiosos (oro, plata,
entre otros) por medio de la técnica de lixiviación, que consiste básicamente
en dinamitar grandes porciones de los yacimientos en las montañas y proceder a
separar los minerales valiosos de los que no lo son por medio de una mezcla
química que utiliza cianuro y una gran cantidad de agua para ese proceso. Si
bien la minería es también una actividad contaminante, la “megaminería a cielo
abierto” -tal como se denomina a este proceso de minería a gran escala- provoca
fuertes impactos sociales y ambientales, aun mayores que la tradicional minería
de socavón. Los habitantes de la región de Cajamarca se oponen al Proyecto
Conga, un emprendimiento de megaminería a cielo abierto que ha destruido casi
20 lagunas que eran fuentes de agua dulce en la zona.
A lo largo de toda la Cordillera de los Andes
-y también en selvas y bosques del continente- se encuentran estos grandes
emprendimientos mineros y también los movimientos de resistencia. También aquí
los pueblos indígenas, los movimientos campesinos y las pequeñas y medianas
poblaciones urbanas protagonizan las resistencias y defienden los territorios
frente al uso intensivo del agua, la destrucción de los paisajes montañosos y
la contaminación de glaciares, arroyos, lagos, ríos y otras fuentes de agua
dulce.
Un ejemplo
paradigmático de estas resistencias contra la megaminería puede observarse en
Perú. Los habitantes de la región de Cajamarca se oponen al Proyecto Conga, un
emprendimiento de megaminería a cielo abierto que ha destruido casi 20 lagunas
que eran fuentes de agua dulce en la zona. Lo mismo sucede con el emprendimiento
megaminero de Yanacocha, también en Cajamarca, el emprendimiento aurífero más
grande del mundo, así como el de Tía María en Arequipa, al sur del país.
En todos los casos
miles de pobladores, muchos de ellos campesinos e indígenas, han realizado
numerosas protestas reclamando el cese o la no implementación de estos
emprendimientos a través de petitorios, referéndums, movilizaciones y cortes de
ruta. Por estas protestas, que comenzaron en 2002, los pobladores de estas
regiones han sufrido fuertes represiones que causaron cientos de manifestantes
heridos, decenas de muertos y presos y sometidos a proceso judicial. Al día de
hoy, las resistencias a la megaminería son uno de los factores más importantes
de movilización social y también de casos e criminalización de la protesta
social en Perú. En la Argentina, también las protestas contra la megaminería
comenzaron en 2002 con las movilizaciones en la ciudad sureña de Esquel. Sus
pobladores, junto a las comunidades indígenas de la zona, se opusieron a la
instalación de un emprendimiento megaminero aurífero y lograron frenarlo tras
un referéndum donde más del 80% de la población votó en contra de la
instalación de la minera.
Por ese antecedente, en la Argentina no se aceptaron
oficialmente más referéndum de este tipo para que las poblaciones locales
pudieran decidir directamente sobre los emprendimientos extractivos a
realizarse en sus regiones.
Surgieron entonces en diferentes zonas de la
cordillera asambleas ciudadanas que se opusieron a distintos emprendimientos
megamineros en las ciudades de Tinogasta y Andalgalá (Catamarca), Famatina y
Chilecito (La Rioja), Jáchal (San Juan), Tupungato, San Martín, Lujan de Cuyo y
Maipú (Mendoza) entre muchas otras localidades de las provincias cordilleranas.
En estos casos fueron también las movilizaciones, asambleas y cortes de ruta el
repertorio de acción elegido para visibilizar las protestas.
En todos estos casos
el modus operandi de los Estados nacionales ha sido el de la persecución
judicial y la represión a las protestas sociales.
Simultáneamente en
México también se han registrado fuertes movimientos de resistencia a la
megaminería en diferentes Estados: Chihuahua presenta 13 conflictos, Zacatecas
12, Puebla 8, Oaxaca 7, Chiapas, Michoacán y Baja California Sur 5 cada uno,
Sonora, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato y Colima cuatro, Veracruz,
Querétaro e Hidalgo 3, Jalisco, Coahuila y Estado de México, con 2; y Baja
California, Nayarit, Morelos y Aguascalientes, con uno, respectivamente. En México
se registran en la actualidad más de cien conflictos por emprendimientos
mineros siendo, según la
revista Forbes (2016), el país con mayor cantidad de
conflictos mineros de América Latina.
En todos estos casos el modus operandi de los
Estados nacionales ha sido el de la persecución judicial y la represión a las
protestas sociales. En el caso de la Argentina, sin embargo, se sancionaron
leyes que en algunas provincias prohibieron la instalación de emprendimientos
de megaminería a cielo abierto. Algunas de ellas fueron recientemente derogadas
abriendo nuevamente la posibilidad que avancen empresas megamineras en esas
provincias, como es el caso de La Rioja.
Agronegocios
Desde fines del siglo
XX, la agricultura hegemónica en América Latina se encuentra signada por el
denominado “Agronegocio”, que implica una profundización e intensificación de
la producción agroindustrial orientada a la provisión de insumos para la
exportación, donde priman las lógicas del mercado internacional de commodities
y donde la concentración de poder económico y de decisión por parte de algunas
empresas sobre las cadenas de distribución y comercialización determina los
precios de los productos en detrimento de los pequeños y medianos productores.
Este despliegue territorial se da en el marco de grandes innovaciones
tecnológicas y de gestión empresarial en forma de red que implicó una hegemonía
de los cultivos transgénicos en gran parte de la tierra cultivable de América
Latina, como la soja, el maíz, la palma africana y otros cultivos que fueron
conformando un paisaje uniforme de oligocultivos orientados a las exportaciones
y en grandes establecimientos que generan una mayor concentración de la tierra,
en el continente con los mayores índices de desigualdad del mundo,
particularmente en relación con el acceso a la tierra.
Estos conflictos
atraviesan a todos los países de América latina y las protestas y movimientos
sociales que resisten este avance territorial del capitalismo agrario son
innumerables. En países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay es donde
mayor extensión territorial ha tenido este modelo productivo. También en
Bolivia, Colombia, Ecuador y Centroamérica aparece con mucha intensidad el
Agronegocio e, incluso, en países como México donde la distribución de la tierra
ha sido mucho mayor, este modelo viene creciendo de forma exponencial.
Las respuestas más importantes contra el
agronegocio la ejercen los pueblos indígenas y diversos movimientos campesinos
que desde la década del noventa resisten desalojos e incluso toman tierras para
producirlas de una forma alternativa al modelo dominante. El caso más conocido
es el de los movimientos campesinos de Brasil, el Movimiento de Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST) y el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), que
han recuperado miles de hectáreas en sus ocupaciones y asentamientos. Luego de
ocupar, comienzan un proceso productivo alternativo al hegemónico que les
permite afianzar en sus territorios la reforma agraria de facto, así como la
construcción de la denominada “soberanía alimentaria”.
Estas ocupaciones han
recibido fuertes represalias por parte de los terratenientes y sus guardias
privadas y los campesinos también han sufrido la represión de las fuerzas de
seguridad públicas. Existen casos de asesinatos de campesinos, así como
centenas de heridos, presos y militantes judicializados por ejercer estas
protestas, como tomas de edificios públicos y grandes movilizaciones.
Diversos movimientos
campesinos resisten el exponencial proceso de “sojización” del campo paraguayo
a costa de sufrir represiones, encarcelamiento y asesinatos
En la Argentina
también existen diversos movimientos campesinos, el Movimiento Nacional
Campesino Indígena (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Organización
de Trabajadores Rurales de Lavalle (OTRAL) y más recientemente la Unión de
Trabajadores de la Tierra (UTT) que resisten desalojos y/o han ocupado tierras
para ponerlas a producir bajo esquemas productivos ligados a lógicas
campesinas, con un horizonte agroecológico. Por estas ocupaciones, resistencias
a desalojos y cortes de ruta hay más de diez campesinos e indígenas asesinados
en los últimos diez años –entre ellos, Javier Chocobar, Miguel Galván, Cristián
Ferreyra, Roberto López– y Santiago Maldonado, el joven que desapareció en el
contexto de la represión de una protesta de una comunidad mapuche en Cushamen
en la Patagonia argentina y apareció muerto casi tres meses después.
Por su parte, en
Paraguay diversos movimientos campesinos resisten el exponencial proceso de
“sojización” del campo paraguayo a costa de sufrir represiones, encarcelamiento
y asesinatos de decenas de campesinos en los últimos diez años. Este esquema se
replica en otros países donde el agronegocio se ha fortalecido como modelo de
producción hegemónico en los mundos rurales.
Otros conflictos en
torno al extractivismo
Además de las
mencionadas, existe una serie de actividades extractivas y emprendimientos de
infraestructura a gran escala que afectan las áreas rurales del continente
americano y generan procesos de lucha y resistencia de diferentes movimientos
sociales. Por ejemplo, emprendimientos forestales de pino y/o eucalipto de las
grandes empresas papeleras, la construcción de represas hidroeléctricas,
plantas nucleares, grandes carreteras, oleoductos, gasoductos, grandes puertos
comerciales, etc. que causan importantes impactos sociales y ambientales.
Algunas de esas
resistencias podemos observarlas en el caso de las comunidades mapuches al sur
de Chile, que vienen resistiendo las plantaciones de pinos en sus territorios
comunitarios, al tiempo que sufren fuertes represiones por parte de los
carabineros, la policía chilena, judicialización y encarcelamiento de sus
líderes comunitarios, así como estigmatización y racismo social muy intensos
desde los medios de comunicación
masivos, parte de la clase política, y una importante porción de la población. En los
últimos años se reportan cientos de mapuches judicializados, a los que se suma
una decena de presos políticos indígenas, varios asesinados y cientos de heridos
por las fuerzas represivas y, cada vez más, la aplicación de la ley Antiterrorista
para perseguir a las comunidades mapuche que protestan contra estos
emprendimientos extractivos y por la recuperación de su territorio y cultura
ancestral.
Otro ejemplo es el
caso de las comunidades indígenas de los pueblos Moxeños, Tsimanaes y Yuracarés
del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) en Bolivia
que, desde 2011, se oponen a la construcción de una carretera que se proyecta
para atravesar el parque nacional y el territorio indígena para unir las
regiones de Cochabamba y Beni, que se encuentran actualmente incomunicadas.
Esta carretera forma parte del planeamiento de desarrollo regional de
infraestructura para Sudamérica (el Plan IIRSA) que promueve obras de
infraestructura a gran escala para mejorar la extracción de recursos naturales
así como la movilidad de mercancías a través de “corredores interoceánicos”
entre el Océano Pacífico y el Atlántico.
Estos pueblos han realizado movilizaciones y
cortes de carreteras para protestar contra este proyecto del gobierno de Evo
Morales que mantiene en la actualidad la vigencia de este proyecto y que ha
dividido a parte de las comunidades del TIPNIS. Ha generado un punto de inflexión de su
gobierno en relación con los movimientos sociales campesinos e indígenas:
mientras algunos siguen apoyando al gobierno, otros movimientos protestan y
denuncian que, pese a identificarse como un “gobierno indígena y de los
movimientos sociales” el gobierno promueve el extractivismo, en actividades
relativas a los hidrocarburos, la megaminería, el agronegocio y los grandes
emprendimientos de infraestructura, como la carretera del TIPNIS.
Alternativas al modelo
hegemónico desde abajo
Dentro del modelo
hegemónico extractivo coexiste una serie de formas de vida que se presenta como
opuesta: mayormente los pueblos indígenas, los movimientos campesinos, las
poblaciones afrodescendientes, los pescadores artesanales y otros actores
subalternos de los mundos rurales. Algunos de estos movimientos sociales
proponen y construyen en sus territorios formas de vida alternativas a la del
modelo extractivo del capitalismo actual.
En toda América Latina
perviven formas ancestrales de producción de alimentos y de formas de
reproducir la vida que conviven, en muchos casos subsumidas, en otros en franca
disputa, con las lógicas productivas del capitalismo agrario hegemónico. Estas
formas productivas ancestrales -que podemos denominar como alternativas- son
llevadas a cabo predominantemente por los pueblos indígenas y comunidades
campesinas que habitan gran parte de los territorios del continente. A estos se
suman las actividades productivas para el auto sustento en complementariedad
con la producción de alimentos para los mercados locales y/o nacionales.
También existe una
gama diversa de productores de pequeña y mediana escala que, sin ser
necesariamente sujetos campesinos-indígenas, producen alimentos para el mercado
local y/o nacional por medio de sistemas diferentes, aunque generalmente subsumidos
en parte o totalmente a las lógicas de producción, distribución y
comercialización del modelo de agronegocios o agroindustrial. Por otra parte,
en las últimas décadas se fueron conformando diversas corrientes dentro de la
agronomía, ligadas a las luchas campesinas e indígenas, que sistematizaron
formas de producción alternativa al modelo hegemónico del agronegocio,
realizando un proceso de relación de saberes técnicos y agronómicos con saberes
campesinos, indígenas y de otros actores rurales subalternos que cristalizaron
en lo que hoy se denomina como agroecología.
Estas experiencias
presentan alternativas posibles para reproducir la vida en común y producir
alimentos sanos y baratos. Son, aquí y ahora, alternativas a las actividades
extractivas como los hidrocarburos, la megaminería y el agronegocio que se
presentan como las portadoras del “desarrollo” y el “progreso” pero que
terminan generando mayores desigualdades sociales, la destrucción de la
naturaleza y la desarticulación de otras formas de vida. Es en esas
resistencias y en las alternativas que emergen de las luchas campesinas,
indígenas y rurales que aparece la esperanza de un cambio social que ya ha
comenzado en los territorios en re-existencia de América Latina, Nuestra
América.
Este artículo forma
parte de Protestar es un Derecho, un proyecto de colaboración con las
organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO, con el apoyo de la ACLU, que
examina el poder de la protesta y su papel fundamental en la sociedad
democrática.
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