Feminicidios &
Defensa Medio Ambiente
El grito de la Pachamama:
ser mujer y defensora del
medio ambiente
4 de diciembre de 2017
Por Azul Curdo (Rebelión)
En América Latina, la lucha de los pueblos en defensa de las
tierras, bosques y agua contra las pretensiones extractivas de trasnacionales
de transformarlos en industria, tiene también una reacción machista. Las
defensoras de la vida y la naturaleza, por ser mujeres sufren una persecución
particular, cuyas principales características son la estigmatización, la
violencia sexual y psicológica y hasta la muerte.
Estigmatización, acoso permanente, manoseo
durante detenciones ilegales, violaciones y hasta asesinatos son algunos de los
vejámenes que sufren las mujeres que militan en defensa del medioambiente en
América Latina. En la lucha por defender la tierra y la naturaleza, muchas
veces las que resisten, acampan, hacen plantones, enfrentan en la primera línea
a ejércitos, policías o retroexcavadoras, son mujeres. En algunos casos esta
resistencia las ha transformado incluso en víctimas de asesinatos.
El caso más emblemático es el de la líder
indígena hondureña Berta Cáceres (véase nota en página 17). Pero entre las
ambientalistas que siguen vivas se destaca la peruana Máxima Acuña ,
agricultora que sigue siendo blanco de persecución por vivir en un terreno
cerca de donde la
minera Yanacocha quiere llevar adelante su emprendimiento
extractivista. Hasta el día de hoy, funcionarios de la empresa continúan
ingresando a su vivienda y rompiendo sus cultivos.
En sus cuerpos las defensoras del
medioambiente encarnan a la Pachamama. Defender los territorios que habitan
desde tiempos ancestrales, por pertenecer a comunidades indígenas y campesinas,
es defender la vida. A
quienes tienen el poder hegemónico, androcéntrico y masculinizante, por
supuesto que les molesta que sus adversarias sean unas mujeres que se corren
del rol tradicional de servidumbre y entrega para encabezar las luchas por la
defensa del agua, del alimento, de lo comunal. Y por eso los métodos para
intimidarlas son diferentes a los que se aplican contra los hombres.
“La violencia sexual es un mecanismo que han
utilizado los agresores para neutralizar la labor de defensa de estas mujeres”,
agregó la activista.
Los agresores suelen ser empleados de las trasnacionales, el
propio Estado a través de sus fuerzas de seguridad, e integrantes del sistema
judicial, haciendo un uso arbitrario del sistema penal.
Manoseo
La violencia sexual contra las mujeres es
común en los contextos de protesta, explicó Cassani: “Los ataques represivos
van dirigidos (con golpes) a sus senos y nalgas para neutralizarlas en ese
momento de lucha y en el ejercicio de su derecho a la protesta. En las
detenciones se producen amenazas de violación, inspecciones de genitales y
pechos y exhibición de ropa interior”, agregó. Emperatriz Bolaños –de
Defensores de Lagunas de Conga, en Perú– lo vivió en carne propia cuando el
personal de la minera
Yanacocha amenazó con violarla. También le mataron a sus dos
perros, y las autoridades no le tomaron la denuncia. Bolaños
denunció en la misma audiencia de la Cidh otras prácticas intimidatorias
comunes: “Nos quieren reubicar, y en nuestra comunidad hay ancianos, hay
discapacitados, gente que no está acostumbrada a la ciudad.
El gobierno no hace nada por nosotros, al
contrario: manda a la policía a que nos reprima, manda a la policía a que mate,
a que nos saquen, y eso no es justo”. Según Cassani, “el despojo, desalojo y
desarraigo de sus tierras es otro impacto de género”, las mujeres son
desplazadas “muchas veces a zonas urbanas donde están en mayor indefensión por
las desigualdades económicas, el racismo y el machismo existentes en nuestras
sociedades, sumado a la cultura de violación imperante en nuestro país”.
Mientras no existan estadísticas oficiales sobre los múltiples ataques que
sufren las mujeres, estas violencias seguirán invisibilizadas y no será posible
generar “un diagnóstico claro y normativas y políticas públicas eficientes que
puedan garantizar el derecho a una vida libre de violencia”, insistió.
Para la abogada peruana Mirtha Vásquez, que
defiende a Máxima Acuña y participó en la misma audiencia, es un problema
cuando estas agresiones no son juzgadas como actos de violencia basada en
género. Aunque en Perú exista la ley 30.364 “para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, el
Ministerio Público suele definir la violencia contra las mujeres sólo como
“aquella que se comete en el marco de las relaciones familiares, y que sólo se
produce en el cuerpo de las mujeres, desconociendo los contextos y las
características de las violencias”, afirmó la abogada. En las salas
de audiencias de los tribunales, por ejemplo, a las mujeres que están brindando
su testimonio no las dejan amamantar a sus bebés.
“Femicidio político”
La lucha que dio Berta Cáceres era a la vez
anticapitalista, antirracista y antipatriarcal, señala Laura Zúñiga Cáceres,
una de sus hijas, en diálogo con Brecha. Al asesinato de su madre lo califica
como un “femicidio político”. “El asesinato de mi mami fue con saña, dirigida a
ella porque lo que más generaba ruido era que fuera una mujer la que los
desafiaba. En un contexto tan machista como el de Honduras, el papel de la
mujer siempre está relegado a lo privado y a la servidumbre. Cuando
alguien se rebela ante ese papel eso genera más odio”, señala Laura Zúñiga. A
su madre “la describían como ‘bruja, puta, loca’”, recuerda. Y luego de muerta
su condición de mujer también incidió en la caracterización del crimen que
hicieron tanto las autoridades como la empresa: “A pesar de que su trabajo era
peligroso, de que había tenido 33 amenazas de muerte entre 2013 y 2016, la
primera hipótesis que presentó el Ministerio de Seguridad fue que había
ocurrido un ‘crimen pasional’”.
Además, subraya, la empresa Desa –que
estaba detrás del proyecto hidroeléctrico contra el que luchó Berta Cáceres–
intentó deslindarse del asesinato argumentando públicamente que se trataba de
un crimen “de faldas”. “Siendo ella defensora, lo primero que hay que buscar en
estos hechos son las causas relacionadas con su trabajo, con la persecución que
ha sufrido. A través de una lucha muy fuerte de organismos internacionales se
logró desmontar esa intencionalidad de vincular (el asesinato) a su intimidad,
de investigar a su ex pareja y deslegitimar su lucha por ser mujer. Por eso
decimos que es un femicidio político: porque el crimen ha tenido motivaciones
de odio por ser mujer”, asevera.
Zúñiga dice que su madre “fomentaba y
demostraba que las mujeres podemos liderar y que los hombres pueden ser
liderados por una mujer. Hizo que las comunidades comenzaran a pensar en la
posibilidad de tener un liderazgo femenino”. Es precisamente el caso de Elvia
Dagua, referente ecuatoriana en lucha contra la instalación del proyecto
Mirador, de minería a cielo abierto, que se desarrolla en la zona sur de la
Cordillera del Cóndor, en Ecuador. En 2015 el gobierno ecuatoriano le dio a la
minera china Ecuacorriente SA (Ecsa) una concesión por 30 años.
Y en diciembre de 2016 la empresa logró
desplazar a la comunidad shuar Nakints para imponer su proyecto de extracción
de cobre, contando con el aval del gobierno. Con la mano represiva del Ejército
destruyó casas, expulsó a más de 500 indígenas a la selva, los dejó sin
alimentación ni escuelas y alambró el terreno para montar el campamento minero.
Tras semanas en la selva y luego de la muerte de una bebé de tres meses por
enfermedad, las mujeres y niños shuar se refugiaron en un pueblo vecino que, el
22 de octubre pasado, fue militarizado como forma de presionar y detener a
quienes resistían. Los hombres permanecen clandestinos y pasan hambre.
La representante de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) no duda en
responsabilizar al gobierno de Rafael Correa: “Hacia el exterior él habla del
buen vivir, pero a las comunidades indígenas nos dividió y sólo produjo el mal
vivir. Para hacer negociados con empresas mineras y petroleras él trataba de
comprar la conciencia de los líderes más débiles de las comunidades indígenas,
y nosotros, desde las bases, somos la mayoría, y nos opusimos al Estado
ecuatoriano porque los territorios son nuestros”, dijo a Brecha.
Hostigamiento
Las amenazas y campañas de difamación en las
redes sociales, medios de comunicación y en las comunidades son otra forma de
violencia machista que sufren militantes como Máxima Acuña, a quien suelen
calificar como “Máxima Farsa” o “Máxima Estafa”. Acuña es objeto de insultos y
difamación, de incitaciones al odio y de amenazas de atentados contra su vida,
por ejemplo con mensajes como “Minera Yanacocha. La bala cuesta un sol. Muerto
el perro se acabó la rabia”.
La activista, quien lucha desde 2011, ha sido declarada
inocente de los delitos por los que la minera la había acusado, como la
usurpación del terreno en el que ella vivió toda su vida. Hace 15 días la
justicia civil peruana declaró improcedente la medida cautelar que la empresa
había solicitado para impedir que trabajara en su tierra. Sin embargo, relató
su abogada, “está agotada en su esfuerzo” contra el proyecto minero. Según
Vásquez, Acuña le expresó: “La vida se me está yendo en defender esto y ya ni
la justicia nos defiende”, porque no actúa ante las denuncias que ha presentado
por hostigamiento constante en su finca.
“Además de haber sido atacada físicamente años
atrás, Máxima no puede volver a vender sus productos porque la propia gente de
la comunidad la ataca, como consecuencia de las campañas de desprestigio de las
que es objeto”, comentó a Brecha su abogada. Y sin embargo, relató
recientemente Vásquez en una carta pública en NoticiasSer.pe, cuando le ha
preguntado si quiere dejarlo todo y bajar los brazos después de haber sufrido
tanto y logrado mucho, la activista le respondió: “No importa ya el terreno ni
el daño que me siguen haciendo; a ellos se les sigue yendo el alma por quitarme
Tragadero, tal vez lo logren alguna vez. Recibir dinero a cambio de dejarlo, a
cambio de mis derechos, para olvidar mi sufrimiento, eso jamás.
Tal vez decida irme cuando mi cuerpo ya no
aguante. Yo he ganado, yo demostré que las lagunas, que la tierra, que la
dignidad del pobre no tienen precio, su oro no ha podido comprarme”. Para Laura
Zúñiga “el sistema capitalista sigue necesitando energía y avanza sobre (…) los
territorios indígenas preservados. La batalla de estos pueblos es por la vida,
y vemos formas repetidas de criminalización en su contra, campañas de
desprestigio, asesinatos”. En este contexto, dice, el desafío es “definir en
conjunto cómo vamos a enfrentar estos ataques”.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234876
No hay comentarios:
Publicar un comentario