SOBRE EL PROCESAMIENTO
DEL
DR. RICARDO VILLALBA
Glaciares, modelos
científicos y comunidades
Doctora Maristella
Svampa.
Maristella Svampa* (especial para Agencia
CTyS-UNLaM) - No muchos lo saben pero durante todos estos años seguí de
muy cerca el derrotero de la
Ley Nacional de Protección de Glaciares, sancionada por el
Congreso en 2010 luego del veto presidencial en el 2008. También escribí sobre
el tema, sea en artículos periodísticos como en varias publicaciones académicas
y libros. Participamos de las audiencias públicas en favor de su sanción, desde
el Congreso Nacional, junto con asambleas contra la megaminería, ongs
ambientalistas, expertos y académicos varios. Incluso elaboramos material para
la discusión, que distribuimos entre diversos parlamentarios. No éramos muchos
en aquel debate, ocurrido en la misma época se estaba discutiendo la Ley de
matrimonio Igualitario, donde estaban puestos todos los reflectores.
Personalmente considero que fue un enorme aprendizaje colectivo, tanto de tipo
interdisciplinario como por el diálogo entablado con las comunidades afectadas.
La Ley de Glaciares fue la primera y única a nivel nacional que apunta a colocar
un límite a las actividades extractivas (petróleo y minería). Como es sabido,
la implementación de la ley encontró notorios obstáculos, ya que fue
judicializada desde el principio por el lobby minero, principalmente operado
desde San Juan. Pero también otro obstáculo estuvo ligado al inventario de la
ley de glaciares, a cargo del IANIGLIA, el cual no se hizo ni en tiempo ni en
forma.
En esa línea, el reciente fallo del Juez Federal Sebastián
Casanello constituye un avance importante, pues vincula los derrames producidos
en la mina Veladero ,
responsabilidad de la
empresa Barrick , con la violación de la ley de glaciares.
Establece que si la ley se hubiese aplicado, al encontrarse Veladero en
ambiente periglaciar, dichos derrames no se hubieran producido. En esa línea,
el procesamiento a tres Secretarios Nacionales de Ambiente –de la gestión
anterior- por violación de la ley es inédito: jamás las máximas autoridades
ambientales habían sido procesados judicialmente por el incumplimiento de una
ley ambiental. El procesamiento incluye también al entonces funcionario
responsable del inventario por el IANIGLIA, Dr Ricardo Villalba, quien
claramente se apartó de la definición que la Ley de Glaciares establece sobre
glaciares y ambiente periglaciar, pretendiendo colocarse por encima de la
misma, al imponer una definición más restrictiva (que en el debate
parlamentario y posterior sanción de la ley había sido claramente descartada),
lo cual produjo como consecuencia dejar afuera “zonas prioritarias” como la de Veladero , que
quedaron mayormente desprotegidas.
Muchos de los colegas que se oponen de buena fe al
procesamiento de Villalba, desconocen el debate de fondo que hay -y hubo-
detrás de la Ley de Glaciares. Nuestra Ley no sólo es la primera en el mundo en
su género, también fue una ley muy disputada. La presencia del lobby minero,
tanto en la prensa como en el Congreso, representada por la cámara empresarial
minera, gobernadores y funcionarios nacionales, fue no sólo constante sino
también muy agresiva.
En razón de ello, habría que poner más cuidado antes de apelar a la solidaridad automática y corporativa en favor de Ricardo Villalba. Entiendo que muchos colegas piensan que su procesamiento “es un agravio a la ciencia”, pero se equivocan. Probablemente gran parte de los que apoyan a Villalba no conocen la ley ni la discusión que hubo en torno a ella. La definición que Villalba adoptó para su inventario de glaciares y periglaciares está en sintonía con el proyecto de ley que originariamente presentó Daniel Filmus, siendo senador nacional, en 2010 y que era más permisiva para con las actividades extractivas.
En razón de ello, habría que poner más cuidado antes de apelar a la solidaridad automática y corporativa en favor de Ricardo Villalba. Entiendo que muchos colegas piensan que su procesamiento “es un agravio a la ciencia”, pero se equivocan. Probablemente gran parte de los que apoyan a Villalba no conocen la ley ni la discusión que hubo en torno a ella. La definición que Villalba adoptó para su inventario de glaciares y periglaciares está en sintonía con el proyecto de ley que originariamente presentó Daniel Filmus, siendo senador nacional, en 2010 y que era más permisiva para con las actividades extractivas.
Del otro lado, les recuerdo, estaba el proyecto Bonnasso
–que retomaba literalmente el de Martha Maffei, autora originaria de la ley,
que fuera vetada por CFK en 2008-, un proyecto más protector en cuanto a
glaciares y periglaciares y que ponía el acento en realizar el inventario en
las “zonas prioritarias” donde estaban funcionando proyectos mineros, entre
ellos, Veladero, en manos de Barrick. El caso es que antes de que la ley se
tratara en la Cámara de Diputados, Filmus bajó las banderas y decidió llamar a
Bonasso, para consensuar un proyecto en común, que a la sazón sería el proyecto
Maffei-Bonasso, más protector, que de implementarse conllevaba la prohibición
de una serie de proyectos mineros en marcha. Esa última fue la ley aprobada.
Sin embargo, Villalba no tomó como referencia la
definición que aportaba ley aprobada sobre glaciares y ambiente periglaciar, ni
tampoco respetó los tiempos que ésta ordenaba (aun teniendo en cuenta que ya en
2012 la Corte Suprema
de Justicia levantó la cautelar que pesaba sobre su aplicación). Villalba dice
haber apelado a los “estándares internacionales”, como si la ciencia no fuera
una construcción social y dinámica. Impuso, por ende, una definición rígida,
inventariando solo los glaciares de 1 hectárea , sin tener en cuenta, por ejemplo,
que si se trata de inventariar una zona árida o desértica, como San Juan, La
Rioja o Neuquén, los pequeños glaciares tienen un rol fundamental como reguladores
hídricos. En su inventario estos pequeños cuerpos de hielo quedaban afuera,
beneficiando, para el caso de San Juan, a Barrick. Lo mismo ocurre con la
definición de periglacial ya que el IANIGLA lo redujo, contrariamente a la ley
y a los expresos debates parlamentarios sobre ese punto, solamente a los
denominados "glaciares de escombros". Asimismo, la ley dice
expresamente que había que comenzar por las zonas prioritarias, pero el caso es
que Villalba se negó a culminar el inventario por donde había proyectos mineros
en funcionamiento como Veladero, pese a las suplicas reiteradas de la asamblea
del pueblo de Jachal en San Juan.
El lugar que tienen los aspectos éticos y los discursos de
la sociedad civil en el sector científico son cada vez más importantes. Las
comunidades afectadas no sólo tienen derecho a opinar, sino a participar de las
decisiones en cuestiones sociales y ambientales caracterizadas por la
incertidumbre, por los impactos y riesgos que generan ciertas actividades
-industriales y extractivas-, sobre el ambiente, el territorio, la salud y la vida. Este proceso de
democratización de las decisiones aparece como un reclamo central de las
comunidades en el marco de la expansión de megaproyectos extractivos. La
comunidad científico-académica debe hacerse eco de esos reclamos, entrar en
diálogo y no considerarlos como si éstos fueran producto de la superstición o la ignorancia. Es
necesario pensar a la ciencia como una construcción social dinámica y crítica,
desde un lugar ético, independiente de los grandes poderes, sean económicos,
políticos o religiosos.
Debemos avanzar hacia un concepto más amplio, en términos
de “ciencia post-normal”, como el que proponen Fontowicz y de Marchi, que
consideran que los retos que afronta la ciencia en la búsqueda de la
sustentabilidad no son solamente de tipo técnico sino de tipo moral y de
procedimiento en la definición del rol del conocimiento científico. La
complejidad, la incertidumbre de la sociedad actual, requieren otro tipo de
reflexividad científica, más ligado a una complementaridad entre saber
científico y las necesidades de las comunidades. El gran desafío es entablar un
doble horizonte dialógico, tanto hacia adentro de las ciencias -la construcción
de un saber interdisciplinario- como hacia afuera, con las comunidades
afectadas. En esta línea, en mi opinión, y sin desmerecer las cualidades
profesionales de Villalba, creo que su posición refleja una visión muy
tradicional y elitista de la ciencia, no acorde a la complejidad y reflexividad
que exigen los tiempos presentes.
Siempre habrá conflictos y tensiones. Esto no significa
que los damnificados tengan que prescindir del apoyo del sector
científico-académico. De ninguna manera. La lucha ambiental es una lucha
argumentativa, ciertamente, que se inserta en una relación de poder fuertemente
asimétrica. Nunca hay que olvidarse de este punto. En esa línea, los
damnificados tienen que nutrirse del saber experto independiente, de aquellos
que utilizan las herramientas de la ciencia para hacer, como diría Boaventura
de Sousa Santo, "un uso contrahegemónico del saber hegemónico”.
Por otro lado, me hubiese encantado que científicos como
Roberto Salvarezza -ex presidente del Conicet durante el kirchnerismo
-actualmente diputado nacional por Unidad ciudadana- que hoy apoyan a Villalba,
hubiese salido a defender a Andrés Carrasco, en 2009, cuando este fue denostado
y perseguido por sectores que iban desde Monsanto al Inta, por haber dado a
conocer un trabajo científico que ponía en evidencia los impactos del glifosato
en la salud humana… Más aún, según el reconocido periodista Darío Aranda,
Salvarezza fue uno de los directivos que boicoteó a Carrasco y apoyó una
evaluación insólita que denegó su promoción como investigador superior del
Conicet.
En fin, lo sucedido pone de manifiesto un problema no
resuelto que atraviesa a un sector de la comunidad académico-científica, que se
considera “crítico”. Nos la hemos pasado años hablando de que hay que construir
un saber interdisciplinario y en dialogo con las comunidades afectadas y a la
primera de cambio cerramos filas en pos de la defensa de un "saber
experto" y tratamos con desprecio a las comunidades, diciendo que no
saben, tal como lo hacen los sectores de poder. Como comunidad
académico-científica tenemos que indagar en nuestros propios prejuicios y
resistirnos a la tentación del cierre corporativo. Ni el saber científico
crítico puede ignorar orondamente el saber social y experiencial que se
construye desde las comunidades afectadas, ni éstas pueden terminar esgrimiendo
prejuicios antiacadémicos, que los lleven a prescindir de él. No dudo de que
hay que retomar el diálogo; confío en que la lucha común se encargue de
restablecer prontamente los puentes, y restañar así las heridas.
* Dra en sociología, escritora e investigadora
principal del Conicet. Premio Konex de Platino en Sociología 2016.
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