Controlar y castigar
las voces ciudadanas independientes
22 de diciembre de 2017
Por Eduardo Gudynas
(Rebelión)
Días atrás, en
Argentina, el gobierno de Mauricio Macri echó del país a un par de activistas
ciudadanos que criticaban los tratados de libre comercio y que esperaban
participar de reuniones alrededor de la Organización Mundial
de Comercio. Además, impidió la entrada al país o a esa cumbre a más de 50
personas provenientes de los movimientos sociales (1). Más o menos al mismo
tiempo, en Bolivia se está estrangulando a una organización de la sociedad civil.
Y al tiempo que en Buenos Aires se justificaban aquellas expulsiones
sosteniendo que los deportados eran radicales “disruptivos”, en Bolivia se dice
que la ONG en cuestión es de derecha por defender los derechos humanos y a la
Naturaleza.
Estos y otros casos son
ejemplos de la ambigüedad conceptual que se extiende por América Latina. Ideas
e ideologías pierden sus significados y se convierten, poco a poco, en meras
armas que usa el poder para justificar sus actos. Estamos rodeados de ejemplos.
Desde una postura ideológica, en Argentina, Macri recorta las jubilaciones pero
dice que se incrementarán (2). Desde la otra, en Uruguay, el tercer gobierno
del Frente Amplio usa el slogan de proteger la tierra y a quienes la trabajan,
pero en los últimos años se vendieron 8 millones de hectáreas, la mayor parte a
extranjeros, se perdieron más de 8 mil agricultores familiares (la caída más
alta desde que hay registros) y acaban de aprobar 12 variedades transgénicas
(3).
Entre todo ese
entrevero, uno de los objetivos predilectos de los ataques gubernamentales son
los grupos independientes de la sociedad civil, especialmente los que denuncian
la explotación de la Naturaleza y de las personas.
En los países con
gobiernos conservadores esos grupos son denunciados como izquierda radical, y
bajo los gobiernos progresistas se dice que son de derechas, descafeinados o
infantiles. Se repite el hostigamiento y sólo cambian los términos utilizados.
Por ejemplo, en Perú, las administraciones conservadoras llaman a varias ONGs y
los militantes que denuncian los derrames petroleros o la contaminación minera
por metales pesados, como radicales izquierdistas, comunistas o etiquetas por
el estilo.
Entre los países
progresistas se puede citar uno de los casos más recientes, donde se acusa de
ser parte de la derecha a una organización ciudadana que también aborda los
derechos humanos y las cuestiones ambientales y territoriales (4). Esto ocurre
con el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) de la ciudad de
Cochabamba, recibiendo otra vez los ataques más duros en una dinámica que no
cesa y que revela, posiblemente, algunas de las contradicciones más oscuras en
las que se puede caer.
No es sencillo reconocer
las contradicciones en aquellas posturas políticas que uno apoya. Por el
contrario, siempre es más sencillos que los conservadores las encuentran en la
oposición política y los progresismos las denuncien ante todos sus adversarios.
Es necesario superar esas limitaciones, y debe hacerse desde el compromiso con
los derechos de las personas y la naturaleza. Muchos grupos y militantes en el
corazón de los movimientos sociales están mostrando el camino.
Contradicciones entre
izquierda y progresismo
Desde esa perspectiva,
la repetida embestida contra CEDIB en Bolivia ilustra varias facetas de esa
problemática y merece ser comentada otra vez. Toda esa situación muestra la
creciente divergencia entre el proyecto original de la izquierda y los
progresismos realmente gobernantes.
Esa diferenciación
produce un abanico de contradicciones. La primera resulta en que ahora se ataca
a un grupo ciudadano comprometido con los derechos humanos, aunque la defensa
de esos derechos era precisamente una de las banderas de la izquierda popular a
inicios de los años 2000. Una segunda resulta en que los progresismos tratan de
acallar a las voces críticas y son muy poco tolerantes con los que les indican
sus errores. Pero aquella izquierda de años atrás sólo pudo construirse desde
su propia postura contestaria. En tercer lugar, se silencian o atacan algunas
de las posiciones y saberes indígenas y campesinos, especialmente cuando
alertan sobre los duros impactos de los extractivismos. También en ese terreno,
las voces campesinas e indígenas aseguraron el empujón electoral inicial que
permitió ganar el gobierno.
Entonces, el ataque que
se mantiene sobre CEDIB en Bolivia no es solamente una guerrita contra una ONG,
sino que sólo puede entenderse bajo esas contradicciones. Si se persistiera en
el programa inicial de aquella izquierda, que intentaba ser plural, respetuosa
y comprometida con los derechos y los movimientos sociales, serían
inconcebibles los ataques a las organizaciones ciudadanas. Pero con el paso del
tiempo esa izquierda se convirtió en progresismo, y esa mutación reforzó un
desarrollismo clásico, obsesionado con los extractivismos para mantener las
cuentas públicas y que no toleraba las críticas. Se invisibilizan los impactos
y costos sociales y ambientales, se festejan los indicadores macroeconómicos,
se invoca a la Pacha Mama
pero se la contamina, y se ahonda la brecha con movimientos indígenas y
campesinos. La consecuencia inevitable fue el hostigamiento a las
organizaciones ciudadanas independientes.
Por lo tanto, no es que
grupos como CEDIB sean de “derecha”, como dice el vicepresidente, sino que son
atacados precisamente por ser fieles a aquella izquierda en su sentido
original, y no progresistas como se practica en la actualidad.
El escarmiento
A lo largo de los
últimos años, CEDIB ha padecido todas las consecuencias de esa deriva progresista.
Se los cuestionó desde los discursos gubernamentales y desde los medios de
prensa afines. Se amenazó con exilarlos o clausurarlos. Todo ello es posible en
un ambiente donde los conceptos se desenganchan de sus significados, y lo hacen
de modos que asombran. Entonces un viceministro de “autonomías” dice que las
organizaciones ciudadanas no tienen autonomía para cuestionar la estrategia de
desarrollo gubernamental, o un encargado de temas ambientales afirmaba que se
busca salir de la dependencia extractivista cuando las medidas concretas que se
tomaron las acentúan (5).
Bajo las ambigüedades y
disoluciones en el marco de los derechos muchas cosas se vuelven posibles, y
basta observar lo que sucede en los países vecinos. Por ejemplo, el gobierno
Macri en Argentina dice estar asegurando una recuperación democrática pero a la
vez embiste contra los indígenas mapuches y tolera un nuevo racismo.
Esas posturas se
replican y reproducen desde otros espacios, y lo que bajo condiciones de
normalidad difícilmente se concretaría por intolerable y desproporcionado,
encuentra ahora un campo fértil para expresarse. Siguiendo con el caso
boliviano, pocos meses atrás el rector de la universidad local logró echar a
CEDIB del local que usaba desde hace treinta años. En otras universidades
habrían operado necesarios contrapesos, y se le recordaría al rector que un
centro universitario estaría interesado en lo opuesto, en aumentar sus
relaciones con uno de los archivos bibliográficos más grandes del propio país.
El costo de aquella medida en la imagen en el mundo académico internacional fue
muy alto (el debate no estaba puesto en un logro educativo o científico, sino
en que se echaba a una pequeña ONG). El rector reconquistó los salones, pero el
hostigamiento no se detuvo, y ahora se sumó una demanda que congeló el acceso a
las cuentas bancarias de CEDIB. Entonces la disputa no parece estar centrada en
los salones sino que apuntó a estrangular financieramente a un grupo ciudadano
(6).
Estamos ante una
avalancha, en cámara lenta, de medidas que buscan sepultar a CEDIB. Algo así
como un vigilar y controlar. A los que persisten en su trabajo independiente se
les castigará, pero además se deja en claro a otros que si son tan atrevidos
como para continuar, habrá un escarmiento.
Ese instrumento, el
escarmiento, aparece tanto desde los flancos conservadores como progresistas.
Es una de las contradicciones que es necesario reconocer y analizar, y desde ya
aprender a elaborar antídotos para no repetir esos extremos. Es que una
verdadera izquierda no puede obsesionarse con las revanchas.
Notas
1. Conferencia de la
OMC: el gobierno argentino deporta a una periodista británica y a un activista
noruego. Nodal, B. Aires, 9 diciembre 2017.
2. Macri insiste con la
reforma previsional. Ahora quiere hacer creer que las jubilaciones subirán.
Página 12, B. Aires, 6 diciembre 2017.
3. Crisis en el agro:
hay 8 mil productores familiares menos que hace 16 años. El Observador,
Montevideo, 21 diciembre 2017.
4. García Linera tilda
al CEDIB de "ONG de derecha" y este lo denuncia por linchamiento
público, Opinión, Cochabamba, 12 diciembre 2017. 5. Siles a ONG que no se
adecuaron a ley 351: "cometieron desacato y hay consecuencias".
Agencia de Noticias Fides, La Paz, 6 diciembre 2017. “Estamos en transición del
extractivismo al Vivir Bien”, entrevista a D. Pacheco, Página Siete, La Paz, 6
diciembre 2015.
6. Ante el nuevo empuje
contra CEDIB se han lanzado varias campañas nacionales e internacionales.
Amnistía Internacional tiene en marcha una acción urgente, distintas
personalidades y grupos han adherido a una nota de apoyo, y más recientemente,
más de 40 instituciones y redes reclamaron respetar los derechos del centro.
Entre las adhesiones están la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA), dos redes continentales enfocadas en temas de ambiente y de minería,
seis instituciones especializadas en temas de derechos humanos, incluyendo las
coordinadoras de Perú y Ecuador, y el SERPAJ de Argentina, junto a grupos e
instituciones de 13 países latinoamericanos.
Eduardo Gudynas es
investigador en temas de ambiente y desarrollo. Una primera versión de este
artículo se publicó en Página Siete, La Paz (Bolivia), el 17 de diciembre de
2017.
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