Por la creación de una Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo
Intercultural
Pueblos indígenas y violencia estatal en Argentina.
El camino hacia un diálogo
intercultural
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017
La desaparición inicial y la posterior
muerte de Santiago Maldonado en el marco de un uso represivo e
ilegal de la fuerza por parte de Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof en
Resistencia Cushamen en la provincia de Chubut, y el asesinato del joven
mapuche Rafael Nahuel, por parte de la Prefectura como corolario
del desalojo de la
comunidad Lafken Winkul Mapu en la provincia de Río Negro,
instalan varios debates que no se pueden postergar y que obligan a clarificar
algunos de los aspectos centrales que son la génesis de los conflictos
territoriales.
1-Existen pueblos indígenas en
Argentina y existen derechos indígenas que se encuentran
vigentes, tanto en la
Constitución Nacional , como en instrumentos jurídicos
internacionales ratificados por Argentina (Convenio 169 de la OIT, Declaración
de Naciones Unidas sobre Derechos de los pueblos indígenas y Declaración
americana de los Derechos de los pueblos indígenas). Los derechos
territoriales, entonces, tienen un estatus jurídico, y los reclamos de las
comunidades mapuches tienen su asidero en el derecho constitucional a la
propiedad comunitaria indígena.
2- En la última década se ha hecho
evidente el incumplimiento por parte del Estado de su propia obligación de
garantizar y hacer efectivos estos derechos indígenas, tal como lo dispone la
tan mencionada ley de emergencia 26160, y su última prórroga
(la ley 27.400 publicada en el boletín oficial el mismo día que el Juez
Villanueva ordenó el desalojo de la comunidad en la región del lago Mascardi,
el 23 de noviembre pasado). Los retrasos injustificados del relevamiento
técnico jurídico-catastral de los territorios indígenas reivindicados, sumado a
los desalojos que siguen produciéndose a pesar de que la misma ley los
suspende, generan una situación de incertidumbre que conspira contra una
solución definitiva de estos conflictos. Las "recuperaciones
territoriales” se deben encuadrar en ese contexto.
3- Se ha omitido deliberadamente decir
que las tierras reivindicadas por comunidades indígenas han adquirido un
interés económico notable, cruzado por la expansión de la frontera
extractiva y los negocios inmobiliarios y turísticos que los
convierten en un bien disputable tanto por empresas trasnacionales como
nacionales, dado que buena parte de éstos son ricos en minerales,
hidrocarburos, madera, agua, etc. En ese marco, resulta cada vez más
incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos
indígenas sobre sus territorios ancestrales (convenio 169 de la OIT), con la
expansión de los territorios rentables para el capital. En el caso de los
parques nacionales, se instaló junto con la Administración de Parques
Nacionales (APN) la figura del “comanejo”. No es la primera vez que se suscitan
diferencias en estos territorios, y ya se había previsto una reunión para el 27
de noviembre pasado (sólo unos días después del desalojo y el posterior
asesinato) para iniciar un camino de diálogo para resolver el conflicto. Con el
asesinato de Rafael Nahuel, el Estado optó, en los hechos, por la violencia.
4. Son variadas las experiencias y
visiones de las numerosas comunidades y organizaciones mapuches. En el
discurso del gobierno, la llamada "RAM" aparece como un grupo
presente en distintas partes del país pero casi ninguno de los líderes
indígenas reivindica ser parte de él y ni siquiera se conoce con nombre y
apellido quiénes son sus miembros, cómo son financiados, por cuántos miembros
está conformado, entre otras cuestiones. Así, la RAM se ha convertido en la
excusa perfecta para que desde distintos ámbitos oficialesconstruyan “un
enemigo interno”; lo cual demoniza al pueblo mapuche y lo estigmatiza como
violento y terrorista; hecho que erosiona gravemente el uso legítimo de la
fuerza por parte del Estado y debilita la democracia.
5- No sólo se ignoran los derechos
indígenas vigentes en Argentina, sino que se menosprecia la identidad
indígena -puntualmente la identidad mapuche- endilgándoles
invocaciones “cuasi mágicas”, cuando se trata de elementos espirituales de su
cultura que merecen comprensión y respeto; se los acusa de desconocer el Estado
–un Estado que en pleno siglo XXI los sigue persiguiendo--cuando lejos están de
querer construir un Estado independiente, sino que pretenden vivir como
mapuches, y ser respetados por ello. En Argentina, tal como ha venido
sucediendo por años en otras latitudes es clave avanzar hacia concepciones más
inclusivas y pluriculturales, que fortalezcan la unidad territorial e
institucional del país.
6- El despliegue de la violencia
estatal es preocupante por conceptos expresados por altos funcionarios
gubernamentales. En sendas declaraciones tanto la Vicepresidenta como la
Ministra de Seguridad formulan la teoría de que las fuerzas de seguridad “siempre
deben contar con el beneficio de la duda” y que las acciones de las
fuerzas de seguridad no deben ser justificadas porque se encuentran enmarcadas
en acciones “legales y legítimas”. Afirmaciones que, en realidad,
tergiversan un conocimiento básico elemental: la violencia de los aparatos del
Estado debe ser limitada y especialmente restringida precisamente por la enorme
concentración de poder y la correlación de fuerzas dispar. Quedar sometidos al
accionar discrecional y arbitrario de las fuerzas de seguridad empieza por
socavar aspectos centrales de un Estado de derecho.
7-. Estos hechos, lejos de ser
aislados, ocurren en diferentes puntos del país. Así, desde fines
de 2015 la situación de las comunidades indígenas y campesinas que reclaman
tierras ancestrales ha empeorado. En Neuquén, en julio de este año, la
Gendarmería irrumpió en Campo Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y
resguardar la zona de explotación de YPF-Chevron; y un fiscal declaró en
rebeldía a seis integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la
acusación de «usurpar» un camino privado que conduce al yacimiento Loma
Campana. En los últimos días, desmontes ilegales, como los ocurridos en Salta,
en Corralito, departamento de San Martin en una zona protegida por la Ley de
bosques y Tierras indígenas, donde viven 10 familias wichis y 7 criollas, dan
cuenta de la escasa voluntad gubernamental nacional y provincial, por proteger
los derechos de los sectores más vulnerables, favoreciendo así la
expansión de la frontera sojera, en manos de grandes propietarios rurales.
8- Es necesario reencauzar el conflicto
en términos de derechos y dar una resolución en términos políticos. Debe
gestarse un espacio de diálogo intercultural entre diferentes actores,
representantes de la comunidad, organizaciones mapuches, representantes de la
sociedad civil, que pueda dar una respuesta a esta comunidad y a otras, y que
implica reconocer que es fundamental saldar una deuda en términos de reparación
histórica, legítimamente demandada por los pueblos indígenas.
En esta línea, apoyamos la creación de
la mesa de diálogo solicitada por el Lof Lafken Winkul Mapu, en la cual
participan diferentes organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos
de la provincia de Río Negro, así como diferentes diputados y representantes
políticos provinciales y nacionales.
Y en ese sentido proponemos:
1)
El lanzamiento de una Mesa Nacional para la
Paz y el Diálogo Intercultural, que propicie el diálogo franco y
respetuoso con las comunidades indígenas sobre el lugar de estos pueblos en el
Estado argentino.
2)
La intervención de la sociedad civil para hacer posible la
apertura del esperado debate sobre el avance del acaparamiento
de tierras, de la mano de modelos de desarrollo altamente expulsivos y
destructivos en los territorios, que hoy encuentran importantes resistencias
sociales en nuestras provincias.
3)
El cese de la represión y el fin de la campaña de
hostigamiento hacia los pueblos indígenas y la adopción de un
compromiso decidido de toda la sociedad y del Estado en apoyo de éstos y otros
grupos vulnerables de la población.
Sólo con mayor democracia y
compromiso social será posible saldar la deuda histórica que el Estado
argentino tiene para con los pueblos indígenas.
Por la creación de una Mesa Nacional
para la Paz y el Diálogo Intercultural
Adolfo Pérez Esquivel, Vìctor
Abramovich, José Auletta, Roberto Aramayo, Pablo Bergel, Juan Grabois, Nilo
Cayuqueo, Claudia Briones, Mario Cafiero, Alicia Ciciliani, Victoria Donda,
Roberto Gargarella, Alejandro Grimson, Diana Lenton, Claudio Lozano, Diana
Kordon, Silvina Ramírez, Ruben Lo Vuolo, Luna Miguens, Cinthia Mónaco,
Magdalena Odarda, Beatriz Sarlo, Felipe Solá, Fernando Pino Solanas, Maristella
Svampa, Juan Toklatian, Enrique Viale.
Con la participación de la Confederación Mapuche
del Neuquén, Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y Parlamento
Plurinacional.
Adhesiones
Personales
Lucrecia Martel,
Maximiliano Crespi, Gabriela Massuh, Julian López, Mario Pecheni, Patricia
Zangaro, Patricia Pintos, Ricardo Alfonsín, Lita Stantic, Mirta Antonelli,
Selva Almada, Gerardo Aldazabal, Alicia Lissidini, Lucy Edelman, Nicolas
Tauber, Sonia Cristoff, Laura Ginsberg, Gladys Lopreto; Ximena
Ávila,Gustavo Solis Fonseca, Ana Rut Schejtman, Horacio Tarcus, Juan
Piovani, Patricia Cecilia Galletti, Leonor Slavsky, Mariel Omar,
Maria Casiana Vanoli, Mario Blaser, Eduardo Hualpa, Mario Rufer, Juan
Manuel Salgado, Fernando Kosovsky, María José Figuerero, María Laura
Filippini, Patricia Iturrieta, Suyai Malen García Gualda, Fernanda
Piras, José María Hidalgo, Federico Lanusse, Lorena Bottaro, Claudio Revuelta, Mariana
Heredia, Griselda Fanese, Alicia Ramirez, Ramiro Zárate Gigli, Daniel
Rodríguez, María Alejandra Gette, Viviana Beatríz Gómez, Miguel Teubal,
María Elida Sosa, Osvaldo Cipolloni, Cristina B. García Vázquez, Ana Sofía Soria, Renato
Javier Berrino, Ayelén Medina Senn, Bárbara
Briscioli, Mauricio Aureli, Pablo Alabarces, Mauricio Acosta Rangel,
Carlos Masotta, Sebastián del Río, Manuel Fontenla. , Ana Teresa
Martinez, Patrizia Quaglia, Paulina Brunetti, Manuel Rozental, Sergio
Korn, Sara Daneri, Mónica F.Baeza, Tulia Falleti, Graciela Silvestri, Ana
Elena García, Pía Bouzas, Silvia Hirsch, Pablo Stefanoni, Mercedes Biocca, Alejandro Elvio
Ludueña, Ayelén Mereb, Adrián Gorelik, Gisela Hadad, Alicia
Carreño, Axel Lazzari, María Victoria Murillo, Samanta Guiñazú, Carla Marcela Franquelli, Gabi Cabezón
Cámara, Karina Jannello, Karina Pegoraro, José Luis Bonifacio,
Carolina Crespo, Marta Sahores, Andrés Barale, Sonia Ivanof, Silvana
López, Gustavo Macayo, Rodrigo Sola, Vaniria Abbona, Marisa Figueroa, Julio
Aguirre, Andrea Spina, Eloisa Oliva, Yolanda Beatriz Cipollini, Silvina
Zimerman, Mariana Podetti, María Eugenia Covacich, Patricia Pereyra, Leonardo
Parlanti, Ana Laura Pérez, José Fernández Vega, Romina Sckmunck, Flavia
Soldano, Paula Pérez Alonso, Ariadna Labatte, Uara Carrillo, Emilio Nicolás
Nessi, Guillermo David, Leonardo Vasconcelos, Sonia Sasia, Claudia
Hammerschmidt, Rodolfo Rabanal, Carlos Benedetto, Aldo Ameigeiras, Adriana
Serrudo, Juan Carlos Radovich, Lidia Teve, Alberto Binder, Donaldo Bran,
Gabriela Karasik, Miriam Alvarez, María Graciela Nieto Ortiz, María Rosário de
Carvalho, Carlos Terena Terena, María Constanza Casalderrey Zapta, Andrea
Poblete, Lucio Albirosa, Andrea Gigena
Adhesiones de
Organizaciones
Corriente La Colectiva Nacional
y Corriente La
Colectiva Bariloche
Red Agroforestal
Chaco Argentina REDAF
Consejo Consultivo
de Pueblos indígenas de Argentina
Asociación de
Abogados y Abogadas de Derecho indígena AADI
Centro de
Estudiantes del ISFD nro 29 de Merlo, Buenos Aires
Iconoclasistas
Asociación
para la Promoción de la cultura y el Desarrollo APCD. Las Lomitas, Formosa
Asamblea por
la Vida de Chilecito, La Rioja
Las
Salamanqueras del Valle de Famatina, Chilecito.
Espacio
Cultural Abya Yala, Chilecita.
Encuentro
Nacional de Pastoral Aborigen END
Unión de los Pueblos Diaguitas-Tucumán
Huerquen-Comunicación en Colectivo
Instituto de Estudios Comparadas en Ciencias Penales y Sociales INECIP
Maestría en Derechos Humanos dela Universidad Nacional
de Salta
Vecinos autoconvocados contra abusos policiales VACAP
Coordinadora Antirepresiva de Villa María y Villa Nueva
Fundación ECOSUR
Aministía Internacional
Red de Información y Discusión sobre Arqueología y Patrimonio RIDAP
Centro de Políticas Públicas para el Socialismo CEPPAS
Teatristas Neuquinos Asociados TeNeAs
Hermandas de la Misericordia de las Américas, Comunidad Argentina
Azulado.
Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Unión de los Pueblos Diaguitas-Tucumán
Huerquen-Comunicación en Colectivo
Instituto de Estudios Comparadas en Ciencias Penales y Sociales INECIP
Maestría en Derechos Humanos de
Vecinos autoconvocados contra abusos policiales VACAP
Coordinadora Antirepresiva de Villa María y Villa Nueva
Fundación ECOSUR
Aministía Internacional
Red de Información y Discusión sobre Arqueología y Patrimonio RIDAP
Centro de Políticas Públicas para el Socialismo CEPPAS
Teatristas Neuquinos Asociados TeNeAs
Hermandas de la Misericordia de las Américas, Comunidad Argentina
Azulado.
Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
--
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) --> https://goo.gl/c6AkmJ
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