Argentina represiva: instalando el
clima para perseguir opositores y justificar el accionar letal de las fuerzas
represivas
22
de diciembre de 2017
Por ANRed.
Tras las violentas represiones policiales a manifestantes
y periodistas durante la multitudinaria movilización contra la reforma
previsional, desde el Gobierno nacional y los medios oficialistas se fue
instalando en éstos días la idea de que en Argentina se está viviendo un "clima
de violencia", cuyos culpables serían las organizaciones sociales y
políticas que reclaman en las movilizaciones y no las medidas antipopulares
impulsadas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri y la salvaje respuesta
en las calles de las fuerzas represivas del Estado ante las manifestaciones en
contra.
"Hay que terminar con el festival de
liberaciones"
En éste sentido, el primero en intentar llevar
la construcción gubernamental de éste "clima de violencia" de lo
mediático a lo legal fue el fiscal general ante la Cámara Federal
porteña Germán Moldes, quien al apelar cuatro
sobreseimientos de trabajadores y trabajadoras de prensa detenidas
arbitrariamente por la Policía de la Ciudad en la marcha por la aparición con
vida de Santiago Maldonado del 1 de septiembre. Se trata de Ezequiel
Hugo Medone y Juan Mourenza, de la Red Nacional
de Medios Alternativos (RNMA), Carlos Ardila Guerra, fotógrafo
de ATE yPaola Barriga Montero, fotógrafa del
centro Marcelina Meneses y la Universidad
de Avellaneda, quienes fueron detenidos arbitrariamente por la policía por
el sólo hecho de filmar y fotografiar las agresiones policiales e intentar
ayudar a colegas atacados.
Basándose únicamente en los relatos y actas
irregulares de los policías que participaron del operativo Moldes argumenta
insólitamente que no cree que son trabajadores y trabajadoras de prensa: "Les
tocó ir disfrazados de fotógrafos, pero la mascarada resultó de muy baja
calidad. Tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o El
Zorro", además de acusarlos de"intercambiar sus atuendos entre
sí para así eludir mejor la tarea de los agentes del orden".
Entre sus argumentos, también se permitió opinar
sobre otros hechos represivos donde hubo detenciones arbitrarias al voleo por
parte de las fuerzas represivas, pidió terminar con el "festival
de liberaciones", poner fin al "abolicionismo del derecho
penal" de "malos jueces enrolados en la dañina
doctrina del garantismo" ycambiar las leyes para que no se
excarcelen a "los violentos" que participan de movilizaciones. En
éste sentido, también agitó el fantasma de un supuesto "renacer de
las guerrillas urbanas". Una vez más, quien acusa de
"setentistas" a las organizaciones sociales y políticas en lucha
contra las medidas antipopulares, utiliza argumentos propios de la última
dictadura militar.
Ante éstas impresentables declaraciones por parte de un
funcionario de la ley, entrevistado por Página/12 el abogado y militante de laCoordinadora Contra la Represión Policial
e Intitucional (CORREPI), Ismael Jalil, señaló: "Pedir
una ley como lo hace Moldes para no excarcelar es la consagración de un estado
de excepción: con una apariencia de legalidad lo que hacen es disciplinar e
impedir que la gente proteste".
La trayectoria de Germán Moldes indica que es fiscal desde los 90’ , ha sido uno de los principales
impulsores de las causas contra funcionarios kichneristas, fue
un activo impulsor de la reapertura de la denuncia de
Alberto Nisman y de la marcha a un mes de su muerte. También favoreció
el cierre de la causa que involucra al jefe de la AFI, Gustavo Arribas, en
transferencias extrañas ligadas a sobornos de Odebrecht, y
trató de desarticular la causa sobre Panamá Papers. Y es uno de los
candidatos a la
Procuración General , lo cual quizás explique su activa
militancia oficialista.
"Nosotros hemos solicitado que se aplique
la figura de sedición"
Otro que no se quedó atrás fue Marcelo
D’Alessandro, Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos
Aires, quien hace dos días en una entrevista con radio La Red apuntó contra la
jueza López Vergara porordenar que la Policía no lleve armas letales a la manifestación,
haciendo lugar a una medida cautelar presentada por el legislador kirchnerista
Mariano Recalde, y por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.
"Fue un fallo lamentable de una jueza contenciosa
administrativa, que diagrama un operativo de seguridad, sin asistirse de
expertos o peritos de seguridad. Eso debilitó a la fuerza. Por eso quiero
recalcar el profesionalismo de los hombres y mujeres de la fuerza que actuaron
democráticamente", remarcó. Y afirmó: "estamos evaluando y recopilando todo para pedirle
el juicio político".
Pero con contento con eso, en una entrevista matutina hoy con el programa de Nelson Castro en Radio Continental,
al presentar un mapa del delito de la Ciudad de Buenos Aires, D’Alessandro
señaló, con respecto a los manifestantes que participaron de la movilización
del lunes pasado: "Nosotros
hemos solicitado que se aplique la figura de sedición a la fiscal general
Alejandra Mángano, quien así lo ha tipificado. Creemos que el grado de violencia que
se vio el otro día es casi inusitado. Estamos en una línea investigativa de que
ésto no fue improvisado. Queremos ir tras quien organizó ésto. Porque no es
simplemente identificar y detener al violento. Había
una planificación. Estamos convencidos de que fueron a desestabilizar al
gobierno e instalar la violencia en lugar de la paz social. Tenemos horas y
horas de pruebas fílmicas y fotográficas que analizar. Y la
línea investigativa va llevando a qué partido pertenecen, cuál es la militancia que
tienen y cómo se han manifestado en las redes sociales".
Asimismo, con respecto a cuáles son los partidos de los cuáles son esos
"violentos", señaló al "Partido Obrero, al partido de izquerda (sic),
Frente Para la Victoria, ligado a La Cámpora" y a la "UOM
de Quilmes".
Finalmente, y mostrando su poco espíritu democrático
adelantó queinvestigarán la
responsabilidad en "las máximas conducciones" de los partidos y
también "solicitar en el juzgado electoral y a la Cámara Electoral
sacar la personería jurídica del partido político. Acá hay que definir: o son las reglas
de la democracia o son violentos".
"El Gobierno Nacional ha implantado un
verdadero estado de excepción, suspendiendo de hecho las garantías
constitucionales sin declarar el Estado de Sitio"
Por su parte, tras la salvaje represión
policial del lunes 18, en una conferencia realizada ayer en el local del Servicio
Paz y Justicia (SERPAJ), del premio nóbel de la
paz Adolfo Pérez Esquivel,
los organismos de derechos humanos y antirrepresivos nucleados en elEncuentro Memoria, Verdad y Justicia leyeron un
pronunciamiento donde denuncian la escalada represiva del gobierno de Mauricio
Macri en
donde sostuvieron: "en
una ciudad militarizada, todos los manifestantes sufrimos durante horas gases
lacrimógenos tóxicos, balas de goma, ataques de camiones hidrantes, a manos de
una fuerza policial con órdenes de descargar toda su brutalidad
contra el pueblo. Así ocultan que las fuerzas represivas disparaban
a la cara de los manifestantes. Posteriormente
desataron una cacería en el centro de la ciudad, con más de 130 detenidos sobre los que
pesan imputaciones penales graves, como forma de amedrentamiento. Para frenar
la movilización popular también el gobierno reprimió el cacerolazo espontáneo de
miles y miles por la noche del 18".
También remarcaron que "Macri ha lanzado
un ataque contra una jueza por limitarse a dictar un fallo estrictamente
ajustado en lo legal, que prohíbe el uso de municiones de plomo para reprimir
movilizaciones".
En éste sentido, denunciaron: "el Gobierno
Nacional ha implantado un verdadero estado de excepción, suspendiendo de hecho
las garantías constitucionales sin declarar el Estado de Sitio".
Asimismo, hicieron un recuento de los últimos
hechos represivos, entre los que se destacan la represión del 20 de
diciembre a trabajadores del ingenio la Esperanza de Jujuy, con una
"cacería con más de 50 detenciones", la represión de la
policía de la provincia a la comunidad wichí del barrio 50 Viviendas de la
localidad de Ingeniero Juárez, la represión a
trabajadores y legisladores en Río Negro y en Luján, donde hubo
numerosas detenciones.
Finalizaron recordando "los asesinatos
de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, las violentas represiones
a la protesta social en las provincias, las detenciones a los manifestantes
contra la OMC, la brutal represión a la manifestación de
los movimientos sociales el 13/12, contra los trabajadores que
protestaban el 14 de diciembre primero en La Plata y luego frente al
Congreso Nacional, demuestran que el gobierno nacional y la inmensa
mayoría de los gobernadores están dispuestos a imponer su ajuste violando todas
las garantías democráticas si es necesario".
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article15718
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