La única
"casa" de los genocidas es la cárcel
28 de diciembre de 2017
Comisión Provincial por la Memoria
El otorgamiento de prisión domiciliaria al
genocida Etchecolatz es impunidad
28 de diciembre de 2017
Etchecolatz
se va a su casa sin decir dónde está Clara Anahi, la nieta que Chicha Mariani
sigue buscando; o los cientos de nietas y nietos apropiados. Etchecolatz se va
a su casa mientras Jorge Julio López sigue desaparecido por dar testimonio de
sus crímenes. Los jueces fundamentaron su decisión en su elevada edad y razones
de salud. Cabe destacar que ambas condiciones se deben a que la justicia ha
tardado en llegar.
Esto
se explica en la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia
en asonadas militares y por la claudicación de gobiernos que desconocieron los
caminos más certeros de consolidación de las libertades y los derechos humanos.
También en la demora judicial en llevar adelante estos procesos.
Esa
impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad.
Tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues
circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de
retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus
familias sin ninguna restricción. Lo hicieron como ninguna de sus víctimas pudo
hacerlo ni aún las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores
constituyó otra forma de revictimización y de actualización permanente del daño
provocado por sus victimarios.
Estas
medidas otorgadas a Etchecolatz y a un número creciente de genocidas
responsables de crímenes de lesa humanidad, se inscriben en un escenario de
regresión en el proceso de justicia. Esto se materializó en las resoluciones de
la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en los fallos en la causa Muiña , que
aplicó el régimen 2×1 a una persona condenada por crímenes de lesa humanidad y
habilitó otros reclamos basados en esta nueva jurisprudencia; Villamil, que
dictó la prescripción de acciones civiles contra el Estado en juicios de lesa
humanidad; y Fontevecchia, que sostiene que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del Tribunal superior,
desconociendo la responsabilidades constitucionales del Estado argentino con el
sistema interamericano de derechos humanos.
Debemos
insistir en que los imputados por delitos de lesa humanidad han tenido un justo
y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial:
de los 2.971 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 1.064 se
encuentran detenidos: 533 se encuentran con arresto domiciliario y 531 con
arresto en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o de otra fuerza.
Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo
son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para
investigar y juzgar.
Porque,
además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de
control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y
realizar distintas actividades o paseos. Los genocidas deben terminar sus días
en la cárcel. Los
juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Instamos a los
jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad,
justicia y memoria.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article15764
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