Honduras, Perú, Chile:
descomposición democrática
23 de diciembre de 2017
Por Raúl Zibechi (La
Jornada)
En las últimas semanas asistimos a la escenificación de la deslegitimación de las
democracias electorales en América Latina. Me refiero al fraude electoral
contra la oposición en Honduras, al irresistible ascenso del fujimorismo que
está a punto de desplazar al presidente electo con un golpe parlamentario y al
retorno del empresario derechista Sebastián Piñera a la presidencia en Chile.
En los tres casos parece evidente que el sistema democrático no sirve a los
intereses de los sectores populares.
En Honduras se produjo
un doble fraude. En 2009 se había dado un golpe institucional contra el
presidente Manuel Zelaya porque pretendía postularse a la relección que está
expresamente prohibida por la Constitución. Sin embargo, en 2015 la Corte Suprema de
Justicia falló de manera unánime señalando la inaplicabilidad del artículo 239
que prohíbe la relección.
O sea, la
misma Corte que destituyó a Zelaya, violó la Constitución
para hacer lo contrario.
Días atrás, hasta la OEA
de Luis Almagro se pronunció por repetir unas elecciones que a todas luces
fueron irregulares, aunque el Tribunal Supremo Electoral parece haber zanjado
la cuestión en favor del presidente Juan Orlando Hernández. Nada indica que el
corrupto poder hondureño, que provocó el asesinato de Berta Cáceres y de otras
123 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas, vaya a
retroceder. Ni que la OEA sea tan beligerante en este caso como lo está siendo
con Venezuela.
En Perú el Parlamento
con mayoría absoluta fujimorista está al borde de un golpe parlamentario para
destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski, economista y empresario
neoliberal. La justicia lo acusa de haber favorecido a la brasileña Odebrecht
en 2006 cuando era el primer ministro de Alejandro Toledo. Lo que indigna es
que sea el partido de Keiko Fujimori, que cobija a los genocidas y corruptos
del régimen de su padre, Alberto, preso que será puesto en libertad si ganan la
Presidencia, quien esté al frente del ataque al actual gobierno.
El fujimorismo busca
hacerse con el control del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía de la
Nación, a cuyos miembros acusa de presunto lavado de activos del narcotráfico. El control del Parlamento puede
terminar por ahogar todas las instituciones del país, entre ellas la Corte Suprema , para
evitar que la justicia siga adelante con el caso Lava-Jato que implica a los
Fujimori. En tanto, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado
peruano suspender el proceso contra miembros del Tribunal Constitucional
(goo.gl/V6gkfm).
Llama la atención que
las izquierdas no denuncien golpe cuando el proceso contra Kuczynski tiene rasgos similares a la destitución
de Dilma Rousseff en Brasil. Parte de la izquierda peruana (el Frente Amplio de
Marco Arana) está empujando el mismo carro que el fujimorismo, seguramente por
cálculos electoralistas.
En Chile, Piñera ganó la
Presidencia con poco más de 25 por ciento de los votos, ya que más de la mitad
de los habilitados decidieron no concurrir a las urnas. No es la primera vez
que esto sucede. Desde que la votación no es obligatoria, el porcentaje de
votantes cayó abruptamente. En la segunda vuelta la abstención fue apenas menor
que en la primera, porque el electorado decidió que entre el candidato
oficialista (Alejandro Guillier) y el millonario neoliberal hay poca
diferencia.
Algunos analistas
progresistas sostienen que no votar es un síntoma de despolitización. No dicen
que la ley antiterrorista ha sido y es aplicada en Chile por los gobiernos
progresistas de Bachelet contra el pueblo mapuche, pese a que incluso órganos
de las Naciones Unidas se han pronunciado en contra de su aplicación en el
conflicto de la Araucanía.
La reforma educativa a
la que se comprometió el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) es otra
promesa incumplida que recibió duras críticas del movimiento estudiantil porque
no considera la educación como un derecho social, no termina con el sistema de
créditos con garantía estatal, no pone fin al lucro y no da plazos explícitos
para la gratuidad (goo.gl/EiJfie). Ni qué hablar de las AFAP, sistema privado
de pensiones que se mantiene en pie desde la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Estos tres casos merecen
algunas consideraciones sobre la democracia electoral y las estrategias de
quienes queremos cambiar las cosas.
La primera es la
inconsistencia de las llamadas instituciones democráticas y también de las
organizaciones internacionales como la OEA, que aplican un doble rasero
desvergonzado. El Poder Judicial y el Parlamento (que deberían velar por los
derechos y representar a la población, respectivamente), se han convertido en
instituciones decorativas que son manejadas por los poderes económicos y las
mafias (como el fujimorismo y las élites hondureñas) según sus propios
intereses.
La segunda es que
estamos viviendo tiempos de turbulencia global que llevan a los poderosos a
quitarse las máscaras, siendo la careta democrática la primera en caer para
dejar paso al gesto adusto de la fuerza bruta. Esto sucede en todo el mundo,
empezando por las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Ni qué
hablar de países como los nuestros, donde los Estados-nación conservan un
nítido sello colonial.
La tercera es qué
hacemos ante esta realidad. No propongo ignorar los escenarios electorales,
sino definir una estrategia que los coloque en su justo lugar. El primer paso
de cualquier estrategia en el escenario actual es consolidar las
organizaciones, territorios y espacios de los sectores populares. Eso quiere
decir: apuntar hacia educación propia, salud propia, justicia propia y poder
propio. No depender de los Estados, ni de las instituciones internacionales.
Construir organizaciones sólidas y flexibles capaces de navegar en las
tormentas.
Si lo anterior funciona,
podemos pensar en el calendario electoral y dedicarle algunas fuerzas. Sin
desarmar los mundos propios, naturalmente.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235713
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