Colombia: Avances del
control territorial indígena
frente al turismo en áreas protegidas
28 de diciembre de 2017
En Colombia, las áreas de menor impacto
antrópico negativo y con mayor diversidad biológica suelen ser aquellas
habitadas por comunidades indígenas (CECOIN, 2008). Por ello, con propósitos
conservacionistas, el Gobierno ha creado un importante número de áreas
protegidas sobre tierras de asentamientos indígenas, lo que ha provocado
superposición territorial, que ha derivado en conflictos entre los pueblos
indígenas y las administraciones de dichas áreas.
Por Catalina
Caro Galvis y Marcela Gómez Martínez
http://www.ecologiapolitica.info
14 Diciembre de 2017
http://www.ecologiapolitica.info
14 Diciembre de 2017
En América Latina, casi un 80% de las áreas
protegidas tiene relación con pueblos indígenas (FAO, 2008); y, particularmente
en Colombia, de las cincuenta y seis zonas declaradas como áreas protegidas, el
32% se encuentran superpuestas parcial o totalmente con territorios indígenas.
El reconocimiento de los pueblos indígenas y
de sus derechos sobre el territorio que tradicionalmente habitaban se tipificó
en Colombia a través de la Ley 31 [1] de 1967. Posteriormente, a partir de la
expedición de la
Constitución Política de 1991, Colombia se declara
pluriétnica y multicultural, implicando con ello el reconocimiento de derechos
especiales y de autodeterminación a grupos étnicos. Años después, a través de
la Ley 99 de 1993, se promovieron procesos de participación con poblaciones
locales como mecanismos para fomentar la gobernanza ambiental en áreas
protegidas (Ulloa, 2004); con lo cual los términos “educación ambiental”,
“participación” y “ecoturismo” se volvieron parte del lenguaje cotidiano de las
autoridades ambientales en los parques nacionales naturales (PNN) [2] (Durán,
2009). A pesar de contar con esos avances normativos, “no hay disposiciones que
integren comprensivamente la legislación de los grupos étnicos y la ambiental
en materia de áreas protegidas, conjugando los derechos y deberes de tales
grupos con los deberes ambientales del Estado” (Ponce de León, 2005), por lo
que los conflictos por la superposición de áreas protegidas en territorios
indígenas se perpetúan e incluso se profundizan.
En Colombia, en el año 1999 la Política de
Participación Social en la Conservación, conocida como parques con la gente,
fue institucionalizada con el fin de disminuir los conflictos entre las
autoridades ambientales y los habitantes de los PNN. A pesar de que hay algunos
casos que han derivado incluso en regímenes especiales de manejo (REM), las
dificultades y las contradicciones de la Política de Participación Social en la
Conservación son generadas por la política en sí misma, ya que resulta
circunscribiéndose a los intereses económicos y la visión del Gobierno
colombiano (Durán, 2009).
Sin embargo, existen argumentos para
determinar que los derechos de los pueblos indígenas sobre el territorio priman
sobre la normatividad relativa a las áreas protegidas en los territorios en
superposición (CENSAT, 2016). Por ejemplo, esta prevalencia de derechos se pone
en cuestión cuando en las áreas protegidas se han priorizado actividades como
el “ecoturismo o el etnoturismo”, que han significado un revés en las
autonomías indígenas y una incorporación casi obligada a las lógicas perversas
de la “economía verde”, que utiliza la conservación como una manera expedita de
privatización de los bienes naturales. En la presente reflexión, queremos
avanzar en el análisis de dos casos que muestran las diferentes posiciones y
negociaciones que los pueblos indígenas han emprendido frente al turismo en las
áreas protegidas, sus victorias y sus amenazas.
El caso de la sierra Nevada de
Santa Marta
Además de la inmensa diversidad ecosistémica, la sierra Nevada ha
sido habitada ancestralmente por cuatro pueblos indígenas: los kággaba o
koguis, los ika o arhuacos, los wiwa o arsarios, y los kankuamos;
considerándola el corazón del mundo. En la actualidad, poseen tres territorios
de resguardo[3] legalmente constituidos: el resguardo Arhuaco (1983), con 196.468 hectáreas ;
el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco (1980), con 381.825; y el resguardo Kankwamo
(2003), con 26.995. El pueblo arhuaco habita las cuencas altas de los ríos
Aracataca, Fundación y Ariguaní, en la vertiente occidental de la sierra; ocupan,
también, en la vertiente norte, las zonas aledañas al límite inferior de su
resguardo en los ríos Palomino y Don Diego, y, en la vertiente suroriental, las
cuencas de los ríos Azucarbuena y Guatapurí. Y su población es de
aproximadamente 14.800 personas.
Durante años, el pueblo arhuaco y los otros
pueblos de la sierra han advertido de las múltiples amenazas que han llegado a
su territorio, las cuales se han interpuesto en sus propuestas conjuntas de
ordenamiento ancestral (CTC, 2012). La privatización del agua vía represamiento
de ríos, la minería y el turismo se han convertido en los principales focos de
atención del reclamo político y ancestral de los arhuacos al Estado colombiano.
De estos problemas, el turismo ha sido uno de los principales temas que han
discutido estas comunidades, no solo por un proyecto político de los últimos
gobiernos que han visto el turismo como una oportunidad empresarial y de
“desarrollo” económico, así como una narrativa al servicio de una identidad
nacional, sino también porque el turismo en el mismo esquema ha empujado a las
comunidades indígenas a encadenarse “empresarialmente” a estas iniciativas,
como un mecanismo de control y soberanía territorial (Guilland y Ojeda, 2013).
En la sierra Nevada , el turismo ha estado vinculado con
figuras institucionales de conservación como parques nacionales naturales. A
pesar de ser territorio de resguardo o territorio dentro de la línea negra
(delimitación del territorio ancestral de los cuatro pueblos), los parques y
otras figuras se han sobrepuesto a la territorialidad indígena y esta doble
condición o doble “institucionalidad” ha causado conflictos, negociaciones y
diálogos. El Parque Nacional Natural Tayrona, que se ubica en las estribaciones
de la sierra Nevada
de Santa Marta, fue creado en 1964, y en 2005 la prestación de servicios
“ecoturísticos” fue concesionada a una empresa privada de turismo llamada
Aviatur. Así mismo, encontramos el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de
Santa Marta, que cubre gran parte del territorio del macizo montañoso, que fue
conformado también en el año 1964 y declarado por la Unesco en 1979 Reserva de
Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Además , en esta zona se encuentra un
área de patrimonio arqueológico llamada “Buritica”, que es administrada por el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Este entrecruzamiento de figuras territoriales
y soberanías de distinta naturaleza ha caracterizado el escenario del turismo
en esta zona, evidenciando serias contradicciones, que se materializan en el uso,
el control y el aprovechamiento de los elementos de la naturaleza. Más
allá de lo que Guilland y Ojeda (2013) denominan la turistificación del país y
de sus nefastas consecuencias en la iniciativas comunitarias de conservación y
manejo, para el caso de la sierra es importante analizar las formas de
negociación que las comunidades de los cuatro pueblos han utilizado para
adecuarse a este panorama y cómo han hecho valer su visión territorial endógena
como un marcador del manejo compartido con la institucionalidad ambiental y
arqueológica colombiana.
Los cuatro pueblos indígenas de la sierra, por
medio de una instancia de decisión colegiada denominada Consejo Territorial de
Cabildos, a diferencia de otras comunidades —por ejemplo, el pueblo coconuco en
el Parque Nacional Natural Puracé—, han decidido dialogar y negociar entre
gobiernos el manejo y la administración integral de los parques que se
sobreponen con su territorio. Este comanejo se encuentra enmarcado en una
propuesta de ordenamiento territorial propio desarrollada por las comunidades
hace años y que propone generar un mecanismo de coordinación y acuerdo entre
las partes para la formulación conjunta de las políticas de conservación del
territorio ancestral y los parques nacionales.
Dentro de este mecanismo, se incorpora el
debate del turismo como uno de los indicadores de acuerdo. En el año 2015, los
indígenas y los mamos (las autoridades espirituales de estos pueblos)
realizaron una visita al Parque Nacional Tayrona, durante la cual las autoridades
tradicionales advirtieron de los graves daños al equilibrio natural y
espiritual que el turismo había causado al territorio sagrado de estos pueblos
y pidieron un cierre temporal del Parque en una de las temporadas turísticas de
mayor afluencia. Parques Nacionales, a través de la Resolución 0432 del 26 de
octubre de 2015, decretó el cierre del Parque. Este antecedente y otros
mecanismos de control territorial se han convertido en formas de presión para
ganar un manejo compartido e “intercultural” del parque. No obstante, es
importante advertir que estos relacionamientos, en su mayoría de veces
asimétricos, han sido la manera como los pueblos indígenas serranos han
construido un ritmo y una narrativa de protección territorial y relacionamiento
con los parques y el turismo. Estos indígenas han decidido de manera autónoma
construir con comanejo que desde su punto de vista es apropiado frente a una
institucionalidad ambiental que califican como “menos agresiva” y más maleable
a sus intereses mayores, y asociado a la recuperación y el saneamiento de su
territorio ancestral.
El caso de la sierra Nevada del
Cocuy
Hacia el norte de la cordillera Oriental
colombiana, se alzan los glaciares de la sierra Nevada del
Cocuy, Chita o Güicán, los más extensos del país y los preferidos por los
escaladores nacionales. El área de glaciares se encuentra dentro de la
jurisdicción de los municipios de Güicán, departamento de Boyacá, y Tame,
departamento de Arauca. Además, y como en el caso de los otros nevados
colombianos, los numerosos glaciares de la sierra Nevada del
Cocuy forman parte de un área protegida, el Parque Nacional Natural El Cocuy,
que fue creado en el año 1977. Los resguardos U’wa legalmente constituidos
hasta el momento que tienen superposición con el área protegida son los
resguardos Unido U’wa, Angosturas, Sibarita, Valles del Sol y Laguna Tranquila.
Los u’wa son un pueblo indígena que habita en
cinco departamentos del centro oriente de Colombia: Santanderes, Arauca, Boyacá
y Casanare. El pueblo u’wa ha sido conocido globalmente por su decidida lucha
frente a la explotación de hidrocarburos en su territorio desde el año 1992.
Con su oposición lograron exaltar la primacía de su autonomía territorial sobre
los intereses económicos de empresas petroleras como Oxy y Ecopetrol. El
argumento de su oposición es que “lo sagrado es intocable”, y el petróleo es
considerado por los u’wa como “ruiría”, ‘la sangre de la tierra’ (Soler, 2008).
Así como el pueblo u’wa no concibe la
extracción del petróleo en su cosmovisión por considerar esta actividad
altamente lesiva para el equilibrio de la vida y la naturaleza, también
considera que la montaña sagrada Zizuma (= sierra Nevada del Cocuy) es un lugar
intocable incluso para los miembros de la comunidad. De modo
que la creación del Parque Nacional del Cocuy en 1977 y la designación de
Parques Nacionales como autoridad sobre el territorio derivaron en conflicto
cuando el pueblo u’wa reclamó al Gobierno nacional la administración y el
cuidado autónomos que milenariamente han efectuado allí.
Hoy el conflicto gira en torno a que más del
50% de su territorio tiene superposición con el Parque del Cocuy y a que, según
los u’wa, Parques Nacionales no ejerce labores de autoridad ambiental, sino de
“operadora turística”. Según líderes de la comunidad indígena, en 2015 se
suponía una capacidad de carga del Zizuma de cuatro mil personas, pero Parques
Nacionales autorizó la entrada de diecinueve mil (León, 2016). Es así como en
marzo de 2016 el pueblo u’wa decidió bloquear la entrada al Parque Nacional
Natural, por cuanto consideraban que las autoridades han sido incapaces de
administrar y ejercer control en el Parque, y porque, en su rol de operador
turístico, incumplen sus funciones de garantía, protección y conservación de
estas áreas protegidas. Para el pueblo u’wa, impedir la entrada de turistas a
la zona significa detener el proceso de daños físicos y culturales que han
conducido a su desequilibrio natural y espiritual, restricción que también los
ha llevado a decidir movilizarse en defensa de su territorio ancestral
(Avirama, 2016).
Luego de varios meses de guardar el territorio
Zizuma del turismo, la comunidad indígena logró sentar al Gobierno en una mesa
de diálogo. Parques Nacionales accedió a suspender el turismo en el área
protegida mientras se hiciera un diagnóstico de los impactos ambientales que
afectan al Parque. No obstante, la petición real de los u’wa es que los dejen
ser cuidadores del Zizuma como lo han hecho tradicionalmente.
Los pueblos indígenas de los Andes tienen un
vínculo espiritual fuerte con el territorio; dentro de su cosmovisión,
reconocen la alta montaña como un espacio de respeto, culto e importancia para
el balance ecológico y el buen vivir (Ortiz y Viteri, 2002); por lo cual
retomar el control y autonomía de estas zonas es fundamental para pueblos
indígenas como el u’wa, que, para garantizar la protección de la naturaleza y
el desenvolvimiento de la vida, considera la restricción del turismo como un
asunto fundamental.
El establecimiento de áreas protegidas —y de
sus actividades turísticas— se contrapone a la relación espiritual del pueblo
u’wa con sus sitios sagrados, poniendo de manifiesto el desconocimiento de la
labor milenaria de cuidado del territorio que lleva a cabo dicho pueblo a
través de usos y costumbres que mantienen la armonía entre el mundo espiritual
y material (Tegría, 2016, citado por Kinorama, 2016).
Conclusiones
Estas dos experiencias nos muestran una clara
contradicción entre las epistemologías y los lenguajes de valoración de la
naturaleza en pugna (Martínez Alier, 2005) en escenarios de conservación
asociados al turismo. Por una parte, encontramos una comunidad que ha visto en
el manejo compartido y en la regulación del turismo una estrategia de
protección del territorio. Y, por el otro, vemos a la comunidad u’wa que retoma
espacialmente la autonomía en su territorio a través de la revaloración de un
sitio que había sido fundamentalmente turístico y que ahora ha sido
reincorporado al repertorio espiritual y material de sus vidas, restringiendo
la actividad turística en defensa de un principio de conservación cultural.
Teniendo en cuenta las importantes concesiones
que las comunidades tienen que hacer frente al mercado turístico con el fin de
permanecer como legítimas habitantes de sus propios territorios, las dos
respuestas de comunidades indígenas expuestas acá se consolidan en escenarios
de negociación y construcción de poder político desiguales pero diversos. Y
aquí, el
gran interrogante se desarrolla alrededor de la función de las áreas
protegidas, y en este caso de los parques nacionales, como instrumentos de
privatización vía conservación de los territorios indígenas, y también del
turismo como un espejismo mercantil de la participación y el comanejo que
podría tener consecuencias inmensas en el futuro y en la pervivencia de las
prácticas culturales de los pueblos indígenas en sus territorios.
Ante la contradicción entre los lenguajes de
valoración y sus impactos, y ya que los paradigmas de la conservación del
ambiente son generados y reproducidos desde los centros de poder y no desde los
lugares periféricos, donde las áreas protegidas existen y la naturaleza
“salvaje” sigue existiendo, deberíamos preguntarnos si es posible cambiar este
orden discursivo (Durán, 2009). En el mismo sentido importa analizar la
concepción de la naturaleza como capital natural propuesta desde la “economía
verde” y que podría derivar en una regresión de la autonomía territorial
indígena a través de las medidas gubernamentales para un desarrollo bajo en CO2.
Bibliografía: (…)
Notas: (…)
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Colombia_Avances_del_control_territorial_indigena_frente_al_turismo_en_areas_protegidas
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