Cavallo, autorizó la introducción de la soja transgénica resistente a ese poderoso veneno
15 años de soja:
La prueba del delito
24 de marzo de 2011
Por Darío
Aranda, especial para lavaca.
El lunes 25 de marzo de 1996 fue un día
soleado en la ciudad de Buenos Aires, fresco por la mañana, calor por la tarde, como
tantos del comienzo del otoño. En el amplío despacho de Paseo Colón 982,
entonces Secretaría de Agricultura, se aprobó el expediente que iba a modificar
radicalmente la estructura agropecuaria de Argentina. Luego de un trámite que
sólo llevó 81 días, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la
resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja
transgénica, con uso de glifosato. A quince años de ese día, por primera vez, científicos
de distintas disciplinas tuvieron la posibilidad de leer el expediente y
estudiar las pruebas sobre la supuesta inocuidad del cultivo. De la lectura se
confirma que la autorización carece de estudios sobre efectos en humanos y
ambiente, la información es incompleta y tendenciosa, y cuestionaron que el
Estado argentino no haya realizado investigaciones propias y tomara como
propios los informes presentados por la parte interesada (la empresa Monsanto ).
En Argentina hay 19 millones de hectáreas (el 56 por ciento de la superficie
cultivada) y se utilizan al menos 200 millones de litros de glifosato.
Cuando el periodista
se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Agricultura y solicitó “las
pruebas que sirvieron para aprobar la soja transgénica”, del otro lado del
teléfono se escuchó una risa seguida de un amplio “¿qué?”. Al instante, ya
recobrada la compostura, el prensa ministerial prometió que haría todo lo
posible y llamaría al redactor. Como era de esperar, nunca hubo llamado de
respuesta.
La foja número 1 es un
carta, fechada el 3 de enero de 1996, del subsecretario de Alimentos de la
Secretaría de Agricultura, Félix Manuel Cirio, dirigida al presidente del
Instituto de Sanidad y Calidad Vegetal, Carlos Lehmacher. “Tengo el agrado de
informarle que la
Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria
(Conabia), en su reunión de 21 de septiembre, consideró que en lo referente a
bioseguridad agropecuaria no habría inconvenientes para la comercialización de
la semilla”, informa Cirio, pero no se adjunta ninguna nota donde se informe en
base a qué estudio la Conabia habría dado el visto bueno.
En el segundo párrafo
da un paso más. “En lo concerniente a bioseguridad para consumo humano y/o
animal, le adjunto copia de la documentación presentada por la empresa Monsanto
ante la Administración de Alimentos y Drogas (FDA)”. Le siguen 106 carillas en
inglés, un informe fechado en 1994 y con carátula de la empresa productora de
semillas transgénica y glifosato.
La foja 135 es tan
breve como contundente: “Autorizase la producción y comercialización de la
semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la
soja tolerante al herbicida glifosato”.
“Tendencioso, arbitrario y poco científico”
En enero de 2009 la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner firmó un decreto por el cual ordenó la
creación de la
Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. Seis
meses después, trascendió un informe titulado “Evaluación de la información
científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el
ambiente”. Seis capítulos y 130 carillas que recopiló estudios y donde fue
recurrente una conclusión: la necesidad de investigaciones sobre los efectos
del glifosato. No definió si es inocuo o perjudicial. A pesar de la
incertidumbre, la Comisión no cuestionó que se continúe utilizando en el país
200 millones de litros de glifosato al año. En el escrito influyó la mirada del
Ministro de Ciencia, Lino Barañao, reconocido funcionario afín a la industria
biotecnológica y con pasado laboral en empresas del sector.
Pocos científicos se
animaron a opinar en ese momento, temerosos de perder sus becas de trabajo y
subsidios estatales.
Profesora
titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional
de la Plata (UNLP) e investigadora independiente del Conicet, Norma Sánchez,
fue una de las pocas científicas que se animó a analizar, y cuestionar, el
informe que en 2009 realizó el Ministerio de Salud, Conicet y Ministerio de
Ciencia sobre la supuesta inocuidad del glifosato.
“El objetivo del
informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende
simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la
construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de
bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus
resultados. Las conclusiones son inconsistentes y confusas. Parece ignorar que
la ciencia es una construcción social que debe cuestionar aspectos éticos y
contribuir a alterar políticas de acción que no conduzcan al bien común”,
lamentó la investigadora en 2009.
Cuando en 2010 el
periodista la invitó a analizar la resolución de Agricultura que liberó el uso
de la soja, no lo dudó. “El expediente de aprobación es, desde el punto de
vista científico, tendencioso, arbitrario y poco científico. La mayor parte de
los resultados en puntos de extrema importancia como la parte de consumo
humano, o los tests ecotoxicológicos en ratones, pollos y peces, donde no
encuentran ningún problema, corresponden a sus propias investigaciones que
figuran en referencias como reportes técnicos de Monsanto. Pero también hay
algo engañoso, citan trabajos de científicos, publicados en revistas
científicos conocidos, pero que pertenecen al grupo de investigación de
Monsanto. Son juez y parte”, denuncia Sánchez.
El expediente asegura
la falta de aparición de malezas resistentes al glifosato y la nula toxicidad
en vertebrados. “Está bien que para 1996 no había tantos trabajos como ahora,
pero esto ya está totalmente demostrado que es falso”, explica Sánchez y
adjunta un listado de investigaciones actuales que desmienten a Monsanto.
Califica como un “reduccionismo” que los estudios solicitados a Monsanto
analicen sólo los efectos de la planta cuando es consumida por humanos y
animales: “Esto es recortar el problema. Este cultivo transgénico forma parte
de un ‘paquete tecnológico’ que ineludiblemente conlleva al uso de glifosato en
grandes cantidades. ¿Y entonces? Aunque la soja fuera totalmente inocua, que
hacemos con el glifosato?”.
“Hay innumerables
puntos para marcar en el expediente. Un ejemplo grosero se encuentra en el
folio 13, donde se reconoce que en algunos experimentos los resultados no le
permitieron hacer los análisis estadísticos correspondientes, pero no obstante
sacan conclusiones en relación a la calidad nutritiva de la soja transgénica.
No dan una sola cita bibliográfica que apoye lo que están diciendo. Mencionan
estudios hechos por Monsanto, pero no los citan en bibliografía ni dicen quién
los evaluó”, puntualiza.
Sánchez, docente de la cátedra Ecología
de Plagas de la UNLP, no tiene dudas de que el expediente “resulta altamente
cuestionable por la falta de independencia. La mayor parte de la bibliografía
es del grupo de investigación de Monsanto. Lo fundamental pasa por la
irresponsabilidad de todo el procedimiento”. La investigadora explica que la
Conabia debería haber evaluado la solicitud de permiso a través de
estudios multidisciplinarios específicos llevados a cabo tanto localmente como
en el exterior, con aplicación del enfoque precautorio, criterios técnicos y en
base a conocimientos científicos independientes. “En este caso todo el
conocimiento provino de las investigaciones realizadas en Estados Unidos y por
investigadores, en su mayor parte, ligados a la empresa interesada”.
“Es el informe oficial de Monsanto”
En 2004, cuando pocos
científicos fijaban su mirada en los efectos sanitarios del modelo
agropecuario, el médico Alejandro Oliva coordinó una investigación que llevó
tres años, abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda y confirmó la vinculación directa
entre malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con el uso y la
exposición a contaminantes ambientales, entre ellos los agrotóxicos utilizados
en los agronegocios. El trabajo fue realizado por Oliva junto a su equipo del
Hospital Italiano de Rosario, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y
Ambiente (Ecosur), la
Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria
local y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Oliva leyó el
expediente pero (de manera cortés) rechazó hacer un análisis punto por punto. Y
argumentó por qué: “Este (el expediente) es el informe oficial de Monsanto
presentado a la FDA, y que se usó en la aprobación a nivel nacional. Es un
documentos respaldado por investigaciones publicadas, por supuesto que por
investigadores afines a Monsanto”.
Oliva apunta desde
hace años a la necesidad de estudios epidemiológicos en zonas con uso de
agroquímicos y también señala las responsabilidades políticas. “El debate
alrededor del expediente de aprobación es de irresponsabilidad de gestión
política, sin haber ni siquiera traducido el documentos ni pedir dictámenes de
expertos”.
“Hay razones para pedir una reevaluación”
Oscar Scremin es
especialista en neurofisiología, estudia las afecciones que sufre el sistema
nervioso central como consecuencia del contacto con plaguicidas. Recibido en
1963 en la
Universidad Nacional de Rosario (UNR), era decano de la
Facultad de Medicina en 1976. Dictadura militar mediante, tuvo que emigrar.
Recaló en la Universidad de California (Estados Unidos), donde es profesor e
investigador.
A Scremin le cuesta
creer que ese expediente de 146 fojas haya sido una de las bases de la
liberación de la soja modificada en laboratorio y del uso masivo de glifosato.
“No existe en el expediente una sola palabra referente a la toxicidad del
glifosato que necesariamente se utilizaría para obtener las ventajas de
resistencia de la soja y vulnerabilidad de casi todas las otras plantas a ese
herbicida. Tampoco hay ninguna referencia sobre la reducción de la biodiversidad
que obviamente podía resultar, como los hecho han demostrado”, remarca sin
salir de su asombró y precisa que los documentos aportados por Monsanto se
limitan a describir estudios sobre la proteína que produce el gen de su patente
a través de “un número reducido de análisis, con breves estudios, limitados a
unas pocas semanas de administración en animales con métodos crudos (peso del
animal, pesos de órganos y sobrevida)”.
Scremin apunta al
fondo de la cuestión. ”Hay razones para pedir una reevaluación porque se han
omitido los efectos potenciales más serios a saber, como el perjuicio ecológico
y los efectos sobre la salud humana. Se impone revisar el proceso de registro,
prestando especial atención a los efectos sobre el medio ambiente y la salud
humana de todos los herbicidas e insecticidas que se agregan al ‘cocktail’ de
agroquímicos que son utilizados en conjunción con la soja”.
Aclara que una
reevaluación debe incluir a entidades sin conflictos de intereses económicos,
como universidades e instituciones de investigación sin fines de lucro, de
Argentina y el exterior. “Existe una abundante bibliografía que va mas allá de
los estudios efectuados por Monsanto o por consultores a su servicio y que
debiera tenerse en cuenta”, solicita.
En la misma línea se
expresan desde hace una década familias rurales y organizaciones ambientales,
pero siempre chocaron con la negativa de empresas y funcionarios.
Expediente fantasma
Los estudios base para
la aprobación de la soja y el glifosato son el tesoro mejor guardado de los
distintos gobiernos nacionales. Carlos Menem dio luz verde, pero todos los
gobiernos que le siguieron mantuvieron en secreto cómo fue aprobado el “paquete
tecnológico” (semilla y agroquímico) que modificó el modelo agropecuario de
Argentina.
En abril de 2009,
cuando aún estaba fresco el conflicto por la resolución 125, el periodista
Horacio Verbitsky dio a conocer las irregularidades administrativas del
expediente, desde la falta de traducción del informe de Monsanto hasta la
rapidez de su trámite (81 días). “Se violaron los procedimientos
administrativos vigentes, se dejaron sin respuesta serios cuestionamientos de
instancias técnicas y no se realizaron los análisis solicitados”, aseguraba
Verbitsky.
La lectura del
expediente no deja dudas. La foja 113, fechada el 26 de enero, solicita a
Monsanto: “Sería importante disponer de información sobre la respuesta a las
consideraciones efectuadas por el FDA “. Firmaba el director de Calidad Vegetal
del Iascav, Juan Carlos Batista. El 9 de febrero reiteró el pedido (folio 115).
Y el 25 de marzo de 1996, Batista envió un fax a las 13.04 a la embajada de
Estados Unidos, “Departamento Agrícola”. Solicitó información sobre “inocuidad
como alimento” a la FDA. El
mismo 25 de marzo, el coordinador del Área Productos Agroindustriales, Julio
Pedro Eliseix, escribió a Batista y propuso tres “criterios de evaluación”: “A)
Identidad y nutrición. B) Aparición de efectos no deseados: alergenicidad,
cancerogénesis, otras toxicidades. C) Se cree conveniente que la empresa garantice
un correcto rastreo y recupero de la mercadería” (folio 126).
No hubo respuesta. Ese
mismo día, el secretario de Agricultura, Felipe SSolá, firmaba la resolución
167 que autorizó la producción y comercialización de soja transgénica tolerante
a glifosato.
“No se puede perder más tiempo”
El jefe del
Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, recuerda que en la década del 90
comenzó a recibir en su consultorio niños con malformaciones. Bebés sin dedos,
chicas con brazos sin articulación, datos de fetos muertos, abortos
espontáneos. Todos provenían de parajes con uso masivo de agroquímicos. Las
historias clínicas de Lucero muestran una directa relación entre el aumento de
uso de agroquímicos en Chaco y casos de malformaciones, siempre en zonas con
uso masivo de herbicidas y plaguicidas. En todos analizó la genética de los
padres y confirmó que los cromosomas no presentaban problemas. Alertó a otros
investigadores e, incluso, a la Legislatura del Chaco, pero no tuvo respuesta.
Recibió el expediente
con mezcla de intriga e indignación. “Llama la atención que en un documento de
100 páginas sólo haya una referencia respecto del herbicida glifosato, en la
página 14 hablan de la ‘extremadamente baja toxicidad para mamíferos, aves y
peces’, y refiere un trabajo de 1989” ,
detalla Lucero y explica que para analizar la seguridad de un nuevo producto se
deben investigar parte por parte todo lo que conlleva el “paquete tecnológico”.
En el expediente la
Conabia consigna que “en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría
inconveniente para la comercialización de la semilla transgénica”. Lucero
sonríe: “Se les pasó el pequeño detalle que es evaluar desmenuzadamente el
herbicida que viene en el ‘paquete’ ya que no puede existir esta semilla sin la
ayuda protectora del glifosato. La palabra bioseguridad engloba medir el
impacto de todo lo que modificará el escenario con la entrada de una nueva
tecnología”.
El expediente da
cuenta, en propias palabras de Monsanto, que Estados Unidos clasificó al
glifosato como categoría E (sin evidencias de efectos cancerígenos en humanos).
“Pareciera que nuestros evaluadores dieron por descontado que la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos tiene injerencia directa sobre
nuestras políticas ambientales nacionales”, retruca Lucero y recuerda que esa
clasificación fue en base a un informe de Gary Williams, quien realizó un
extracto de las principales conclusiones de un estudio nunca publicado del
Environment Health Laboratory perteneciente a Monsanto.
El investigador de la
UNNE resalta que la
misma Agencia (EPA) explicitó que esas conclusiones no deben
tomarse como definitivas ya que el glifosato podría ser cancerígeno bajo
ciertas circunstancias. Lucero afirma que urge un debate sincero y
reclasificación, sobre todo en base a trabajos científicos que vinculan el
producto comercial y el herbicida puro con alteraciones en el material
genético, abortos espontáneos y malformaciones embrionarias. “Debemos analizar
la situación quince años después de la aplicación masiva de este producto y
obrar en consecuencia ante la evidencia científica y epidemiológica, no se
puede perder más tiempo”.
Equivalencia sustancial
Rubens Onofre Nodari
es biólogo molecular. Investigador del Centro de Biotecnología de la Universidad Federal
de Santa Catarina (Brasil) y profesor titular de Postgrado en Recursos
Genéticos Vegetales. También llamó la atención sobre la “falta de
independencia” de un Estado que toma como propio los informes empresariales.
Recordó que ni siquiera la FDA solicitó estudios completos e independientes y
precisó que en muchas partes del expediente hay afirmaciones sin fundamento
científico o basadas en estudios no publicados.
El doctor en genética
de la Universidad de California llama la atención sobre la ausencia de
referencia en cuanto al riesgo para el medio ambiente o la salud humana, y
recuerda que la comunidad científica de la última década ha demostrado los
efectos en la biodiversidad, especialmente acuática, y la vinculación entre
herbicidas y cánceres.
Nodari apuntó a la
arista quizá más silenciada de los transgénicos, y que más duele a la industria
semillera mundial. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de
Estados Unidos nunca aprobó como seguro ningún alimento transgénico. Lo que
realizó fue implementar, en la década del 90, el concepto de “equivalencia
sustancial”, mediante el cual determina que un producto modificado en
laboratorio (en este caso la soja) no necesita pruebas específicas de
seguridad. La equivalencia sustancial es un concepto determinado por sectores
políticos, no por científicos ni adoptado por la Justicia.
Nodari, que además es
miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Científico del Ministerio de Ciencia
de Brasil, ejemplificó que la industria transgénica, y los organismos
estatales, toman como referencia la similitud de composición e infieren que la
seguridad alimentaria es sustancialmente equivalente. “Con la misma
comparación, la carne de las vacas locas puede ser tan segura como la carne de
vacas sanas, ya que ambos tienen similitud muy elevada en la composición
química”, compara el investigador y puntualiza media decena de estudios que
exhiben resultados negativos al alimentarse con soja transgénica.
“Desde el Conicet o las universidades podrían haber escuchado”
Walter Pengue es
ingeniero agrónomo con especialización en genética vegetal y magíster en
Políticas Ambientales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en
Agroecología, profesor de grado y posgrado de la UBA. “¿Cómo es posible que
esta liberación haya residido y se haya apoyado solamente en una recomendación
enviada a la Conabia por Félix Cirio en enero de 1996 indicando que no habría
problemas comerciales en los productos derivados por esta soja y que se basaba
asimismo en otro informe y lo remitía en un estudio sobre la situación de esta
soja RR presentado a la EPA por la compañía Monsanto en 1994” , pregunta Pengue, y se
indigna: “Es tremendamente pobre el aporte en estudios vinculados a los
impactos ambientales y hasta agronómicos derivados de tal liberación”.
Recuerda que hace
quince años existían dudas que circulaban en ámbitos académicos, por ejemplo la
posible proliferación de malezas resistentes a los agroquímicos. “En lugar de
responder a ello, ecólogos o ingenieros agrónomos, algunos biotecnólogos
argentinos, muy livianamente indicaban que eso no podría suceder, sin respaldo
científico alguno de estos argumentos, más allá de cierta obnubilación y
compromiso solo con sus laboratorios, institutos y empresas”, apunta y precisa
que esos efectos se dieron rápidamente. En la actualidad existe una decena de
malezas resistentes al glifosato, lo cual implica el uso de más herbicida, más
efectos secundarios y mayores costos.
Pengue denuncia que el
expediente carece de estudios que den cuenta del impacto del herbicida en la
salud y el ambiente “a pesar del semejante nivel de volumen liberado” y vuelve
a apuntar al ámbito científico: “Desde el Conicet o las mismas universidades
podrían haber escuchado y haber avanzado en proyectos de evaluación de
impactos. Todo lo contrario hicieron, incluso las cátedras se fueron vaciando
de expertos, e incluso algunos fueron comprados y se trasladaron a trabajar en
las empresas privadas”.
El docente e
investigador solicita realizar estudios integrales, donde intervengan desde biólogos
moleculares y agrónomos hasta agroecólogos y sociólogos. Y vuelve al inicio del
expediente: “El cultivo que más impactos generó de todo tipo en la Argentina
contemporánea fue liberado en el país sólo utilizando un informe desarrollado
por la empresa interesada. El Estado argentino debiera ser el contralor del
bien común de todos y no sólo de los interesados en que un determinado producto
llegue al mercado, la madre de todos los motivos de estas discusiones”.
Fuente: https://www.lavaca.org/notas/15-anos-de-soja-la-prueba-del-delito/
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