Cuatro pruebas
que invalidan la condena judicial a
los campesinos de Curuguaty
12 de julio de
2016
De las varias
razones que comprueban, de forma evidente, que todo el proceso judicial contra
los campesinos de Curuguaty por la masacre de junio del 2012 es nulo y que la
sentencia emitida ayer en primera instancia no tiene validez, elegimos y
citamos cuatro de las más sólidas.
Por E´a}
1- No se investigó la
muerte de los 11 campesinos
Durante todo el proceso de investigación fiscal-policial que ya
lleva casi cuatro años de duración, nunca se investigó quiénes dieron muerte ni
cómo a los 11 campesinos, el día de la masacre, cuyos cuerpos contenían varias
balas de armas de fuego. Toda la investigación fiscal policial se concentró
solo en las muertes de los seis policías. El hecho revela una parcialidad
flagrante, aberrante jurídicamente hablando.
2- Se realizó una
acusación genérica de homicidio
La fiscalía acusó genéricamente a los campesinos procesados de
homicidio doloso en grado de tentativa, porque admitió que no podía determinar
quién campesino mató a quién policía. Es decir, la fiscalía acusó al grupo de
campesinos procesados de ser los asesinos de los seis policías muertos. El hecho
–al no encontrarse a responsables individuales de las muertes- es jurídicamente
inadmisible.
3- No se investigaron
denuncias de ejecuciones extrajudiciales y torturas
Se presentaron ante la fiscalía contundentes denuncias, con
pruebas, de que algunos de los 11 campesinos muertos en la balacera el día de
la masacre fueron ejecutados con balas de armas de fuego posterior a la balacera. También
se presentaron denuncias de torturas de varios campesinos que ocuparon las
tierras de Marinakue, días después de la masacre. Las
denuncias nunca fueron admitidas por la fiscalía. El hecho refuerza la parcialidad
manifiesta de la investigación fiscal.
4- Las tierras son
del Estado, no de propietarios privados
Documentos públicos difundidos por todos los medios dan cuenta que
la Finca N º 9
de Curuguaty, con una superficie de más de 2.000 hectáreas , la
que fuera ocupada por los campesinos, fue donada por la empresa La Industrial
Paraguaya S.A al Estado Paraguayo. La donación fue aceptada por Decreto N°
29.366 del 6 de setiembre de 1967. Por Decreto N° 3.532 del 4 de octubre de
2004, el Estado paraguayo la declaró esas 2000 hectáreas de
interés social y la destinó para la reforma agraria, transfiriéndola a título
gratuito al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Las
tierras de Marinakue nunca fueron de la Familia Riquelme. Esta
prueba invalida la acusación fiscal de que los campesinos invadieron una
propiedad privada de terceros.
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