Honduras
A siete años de un
golpe que sigue doliendo
29 de junio de 2016
Por Gerardo Szalkowicz (Rebelión)
Se cumplen siete años del primer golpe de Estado
triunfante del siglo en América Latina. Con el crimen de Berta Cáceres aún
fresco en el inconsciente colectivo, se consolida en Honduras el modelo
excluyente y represivo impuesto con el derrocamiento de Zelaya.
José Manuel Zelaya llegó a la presidencia en enero de 2006 desde
el Partido Liberal –uno de los dos partidos tradicionales- pero con el tiempo
se fue corriendo unos pasitos a la izquierda. Decretó
el otorgamiento de tierras a campesinos, aprobó un aumento del 64% al salario
mínimo e impulsó, en 2008, el ingreso de Honduras a Petrocaribe y a la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
A mediados de 2009, propuso una consulta popular para decidir la
colocación de una cuarta urna en las elecciones previstas para noviembre. Esa
cuarta urna permitiría votar a favor o en contra de la instalación de una
Asamblea Constituyente. El plebiscito, previsto para el 28 de junio, fue el
detonante que puso en marcha la conspiración. En la madrugada de aquel domingo,
Zelaya era secuestrado por los militares, trasladado en pijama al aeropuerto
Toncontín y despachado a Costa Rica.
El golpe, apoyado por los poderes Legislativo y Judicial, se había
cocinado en la base militar estadounidense de Palmerola (70 km al norte de
Tegucigalpa), base instalada en los ´80 como plataforma de ataque contra el
gobierno sandinista de Nicaragua y los movimientos revolucionarios
centroamericanos.
Asumía el gobierno de facto Roberto
Micheletti, hasta ese momento presidente del Congreso. Como contraparte,
florecía un inédito proceso de movilización popular que daba nacimiento al
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), la mayor fuerza social y
política de la historia hondureña reciente. Brotaba también una despiadada
política de persecución y represión contra “La Resistencia”, que no se detuvo
bajo la presidencia de Porfirio Lobo -surgida de las cuestionadas elecciones de
noviembre de ese año que contaron con una abstención cercana al 70%- ni en el
actual período gobernado por Juan Orlando Hernández.
Baño de sangre
Se estima que en estos siete años fueron asesinados más 300
militantes que luchaban contra el régimen de facto y los continuistas de Lobo y
Hernández. Más de 100 víctimas son campesinos y campesinas. Es que el principal
foco de resistencia se da en regiones de vasta producción de palma africana,
donde las organizaciones rurales e indígenas libran una dura batalla por
defender el territorio y los bienes naturales contra los terratenientes y los
megaproyectos de las transnacionales.
El asesinato de Berta Cáceres, perpetrado por
un grupo de sicarios el pasado 3 de marzo, no es un caso aislado. Pero sirve
para evidenciar el grado de impunidad que reina en el país y la complicidad de
todas las esferas del Estado, factores que abonaron el terreno para que se
pudiera arremeter contra la vida de uno de los principales símbolos de la
Resistencia hondureña, una lidereza ambientalista, indígena y feminista con
destacada referencia internacional.
Otro blanco elegido por los golpistas han sido
las y los trabajadores de la comunicación: desde 2009 se reportaron más de 50
casos de asesinatos a periodistas, convirtiendo al país en el segundo de
América Latina (después de México) más peligroso para ejercer el periodismo. El informe
“Situación de Derechos Humanos en Honduras”, publicado en febrero por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), confirma que antes de la alteración de la frágil
democracia hondureña no existían asesinatos masivos de periodistas ni las altas
tasas de mortalidad por homicidio que hoy imperan en el país.
La realidad política pos golpe abrió el camino, además, para que
se disparara la violencia criminal. Según un estudio de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Honduras tiene el porcentaje de
homicidios más alto del mundo: 90,4 por cada 100 mil habitantes, cuando la
media mundial es de 8,8.
Estas cifras se explican además por el alto grado de impunidad. El
propio gobierno ha confesado que sólo se investiga el 20% de los crímenes. Otro
elemento que grafica el panorama es que Honduras se convirtió en una de las
principales rutas del tráfico de drogas hacia el mayor consumidor mundial,
Estados Unidos. En tanto, con un avance de la precarización y el desempleo, la
situación laboral en el país no es menos preocupante.
Siete años después, el pueblo hondureño sigue
pagando caro las consecuencias del golpe: el país se convirtió en el más
violento de la región y uno de los más pobres (cerca del 70%), dos millones de
personas han sido expulsados por la violencia y la miseria, 35 mil niñas y
niños fueron arrojados a la red de trata y la prostitución infantil. Siete años
después, Honduras sigue sumergida con niveles altísimos de corrupción, una
economía quebrada y un sistemático proceso de persecución y
criminalización de la protesta social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario