Con el glifosato en casa
29 de julio de 2016
Por Darío Aranda 29 de julio de 2016
Página 12/ Rebelión
La Cámara de Senadores de Buenos Aires dio media sanción a un
proyecto de ley que permite fumigar con el cuestionado herbicida glifosato
hasta sólo 10 metros
de las viviendas, reduce al mínimo las distancias de utilización de
agroquímicos, desoye fallos judiciales y no se basa en ninguna evidencia
científica para establecer las distancias. Organizaciones sociales y asambleas
de pueblos fumigados denuncian la inconstitucionalidad del proyecto y afirman
que el gobierno provincial privilegió a las empresas del sector, nucleadas en
la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y la Cámara de
empresas de agroquímicos (Casafe) en detrimento de la población.
El ministro de Agroindustria de Buenos Aires y
ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, lo anunció pocos días después de
asumir: trabajaban en una nueva ley provincial de agroquímicos. El 6 de julio,
y sin discusión mediante, el Senado bonaerense dio media sanción a una ley en
línea con los pedidos empresariales: “Se prohíbe toda aplicación utilizando la
técnica terrestre de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros
plaguicidas comprendidos en las clases III y IV, la cual está delimitada por
diez metros contados desde el límite de la zona urbana”.
Entre los productos que podrán fumigarse hasta
pasos de las viviendas están el herbicida glifosato (categorizado por el IARC
como “probable cancerígeno”, ubicado en el segundo escalón de peligrosidad en
una escala de 1 a
5), atrazina (su principal comercializadora es la multinacional Syngenta ),
clorpirifos y el también cuestionado herbicida 2,4-D.
“Es un proyecto que desconoce absolutamente
las denuncias y enfermedades que se dan en todo el país respecto a las
fumigaciones y también ignora las evidencias científicas y legales que
acreditan la necesidad de proteger al ambiente y a la salud de la población. No existe
argumento ni técnico ni científico que justifique esta ley”, denunció Gabriel
Arisnabarreta, ingeniero agrónomo, productor de alimentos sin venenos e
integrante de la
organización Ecos de Saladillo.
Arisnabarreta afirmó que lo único que
privilegia este proyecto en la “búsqueda de mayor rentabilidad” de empresas.
Precisó que detrás de la iniciativa están la Asociación de Siembra Directa
(Aapresid), Casafe (cámara empresaria de agroquímicos, donde están todas las
grandes compañías del sector), la Mesa de Enlace, “sectores del INTA” y el
Ministerio de Agroindustria de la Nación.
El Senasa clasifica los químicos en cinco
categorías: IA (sumamente peligroso, muy tóxico, banda roja), IB (sumamente
peligroso, tóxico, banda roja), II (moderadamente peligroso, banda amarilla),
III (poco peligroso, banda azul) y IV (normalmente no ofrece peligro, banda
verde).
La clasificación es muy cuestionada a nivel
nacional e internacional porque está realizada en base a estudios de las
propias empresas que comercializan los venenos y porque solo considera la
toxicidad aguda (producida en el momento de la manipulación) y deja de lado la
afectación crónica (largos periodos de tiempo, por ejemplo no contempla a las
familias expuestas a fumigaciones continuas, cuando los químicos son más
nocivos).
Diana González, de la Asamblea por la
Protección de la Salud, la Vida y el Ambiente de Pergamino, consideró que la
clasificación del Senasa “es falaz porque excluye de la discusión la exposición
crónica a la que nos vemos sometidos los vecinos de los pueblos fumigados”.
En el proyecto se mencionan prohibiciones o
“zonas de exclusión”. Fija 500
metros para la fumigación aérea y la reduce a 100 metros (para
productos de clase IA, IB y II) y 10 metros para las categorías III y IV. “Es una
burla. Los más usados hoy están en las categorías III y IV, sobre ellos hay
numerosos estudios científicos que tienen efectos crónicos que afectan la salud
pero igual te lo echarán hasta en la puerta de tu casa”, alertó Arisnabarreta.
El proyecto con media sanción desoye el fallo
judicial de la
Corte Suprema. Fue impulsado por el senador Alfonso Coll
Areco (del bloque Peronismo Bonaerense y presidente de la Comisión de Ambiente)
y su fundamentación no cita ningún trabajo técnico ni científico que justifique
las mínimas distancias. Por contraposición, en Argentina existen más de 100
trabajos científicos de universidades públicas (Río Cuarto, La Plata, el
Litoral, UBA y Rosario, entre otras) que dan cuenta de las consecuencias del
uso de agrotóxicos en la población.
Lucas Landívar y Juan Ignacio Pereyra son
parte del colectivo Abogados de Pueblos Fumigados, espacio nacido en las
comunidades afectadas por la agricultura química. Afirmaron que el proyecto de
ley es “inconstitucional” porque desoye legislaciones que protegen la salud y
el ambiente, y explicaron que es un proyecto “regresivo” (reduce protecciones
ambientales que ya están vigente en leyes anteriores). “Eso solo hecho ya
confirma la inconstitucionalidad”, aseguraron los abogados y resaltaron que
tampoco hubo audiencias públicas como establece la normativa vigente.
González, de la Asamblea de Pergamino, no
tiene dudas: “El proyecto de ley tiene como única meta proteger los intereses
empresariales del agronegocio”.
Fallos judiciales
Darío Aranda
Fallos judiciales en Chaco, Salta, Córdoba,
Formosa, Santa Fe y Buenos Aires establecen límites de entre 800 y 1.500 metros para las
fumigaciones con agroquímicos. Médicos de pueblos fumigados, en base a estudios
científicos, y organizaciones sociales impulsan leyes con distancias similares
y prohibición de las aspersiones aéreas (como sucede en la Comunidad Europea ).
En 2013, el Ministerio de Agricultura de la Nación distribuyó entre productores
un documento que proponía fumigar a 100 metros de las viviendas. Había sido
realizado junto con la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe),
Aapresid (empresas de siembra directa) y los dueños de aviones fumigadores. El
documento llamado “Pautas sobre aplicaciones fitosanitarias en zonas
periurbanas” no cita ninguna bibliografía científica independiente que respalde
los 100 metros
y mereció el rechazo de organizaciones sociales. Tres años después, de la mano
de un ministro con pasado en Monsanto (Leonardo Sarquís), Buenos Aires ha ido
por más: intenta reducir a sólo 10 metros las fumigaciones con los cuestionados
agrotóxicos.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214975
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