Aventurerismo
político y coyuntura de quiebre
1 de julio de 2016
Por Arturo D. Villanueva
Imaña (Rebelión)
Una inusitada e incomprensible agresividad descalificadora ha
caracterizado la reacción del gobierno contra la Central Obrera Boliviana
(COB), cuando esta última tomó la decisión de respaldar la movilización y las
demandas de los obreros despedidos por el cierre de la fábrica ENATEX , que
el gobierno ordenó por medio del decreto 2765.
Desde acusar
y denunciar que la COB está conducida y manipulada nada menos que por el
empresario derechista Samuel Doria Medina, que lanzó el propio Presidente Evo
Morales y que (al no contar con ningún tipo de pruebas y sostenerse en meras
especulaciones), constituye una muy grave ofensa y agresión a la trayectoria de
lucha y el histórico rol de la COB en favor del país y los sectores populares;
hasta sostener que existe aventurerismo político en la dirigencia obrera, cuyas
medidas descabelladas conducirían al fracaso y el descalabro de las
movilizaciones y protestas que ha decidido emprender, se puede advertir una
férrea y terca decisión de mantener un decreto totalmente impopular.
Sin embargo, las implicaciones de semejante reacción agresiva en
contra de la principal organización de los trabajadores del país, que ha sido
seguida por operativos violentos de represión en las principales capitales, no
es lo más grave y preocupante de esta nueva coyuntura en la que otra vez más se
hace patente el malestar y la disconformidad del pueblo con el gobierno. Hay
que recordar que el antecedente inmediato es la larga movilización y protesta de
discapacitados a nivel nacional, que también es desatendida y violentamente
reprimida, sin ninguna contemplación ni sensibilidad a la situación tan grave
por la que atraviesa esta población.
En realidad,
en el plano económico y social, el conflicto por ENATEX, implica adoptar una
medida típicamente antiobrera de cierre y despido de trabajadores, anulando
fuentes laborales y sosteniendo un criterio netamente empresarial y
procapitalista donde prima la necesidad de garantizar únicamente ganancias y
excedentes, con el agravante de que fue una decisión totalmente vertical,
inconsulta y que no agotó los esfuerzos para proyectar y cumplir los propósitos
productivos y económicos que se habían planteado en su inicio. Además, refleja
una clara renuncia a impulsar y fortalecer la industria nacional, el proceso de
industrialización y la diversificación productiva, para que ya no responda a
intereses empresariales o corporativos transnacionales, sino que se efectúe
bajo la iniciativa del Estado y el emprendimiento obrero nacional. Es decir, la
decisión antiobrera y antipopular del gobierno de sostener y defender el
despido de trabajadores y el cierre de
En el plano político el escenario no es menos negativo. A la
seguidilla de acusaciones francamente agresivas y descalificadoras del gobierno
en contra de la COB, ha seguido una actitud confrontacional y rupturista que se
ha manifestado a través del ministro de economía, quien buscando desencadenar
(de la manera más infame) el repudio y rechazo ciudadano en contra de la COB,
la ha culpado de que su paro y movilizaciones serían la causa para anular el
pago del segundo aguinaldo en la presente gestión. También y desde las altas
esferas de gobierno, se ha lanzado el criterio de que la COB estaría
respondiendo y siendo manejada por los intereses derechistas y opositores, al
mencionar la disposición que había manifestado un dirigente gremial (que
tradicionalmente ha sido conocido por apoyar políticos y gobiernos
conservadores), para respaldar las movilizaciones y el paro nacional de 72
horas que había decretado la COB.
Al margen de
la incomprensible furia de un gobierno que se reclama de izquierda y
revolucionario, pero que no tiene ningún reparo en descalificar, enfrentarse y
rechazar a la principal organización clasista y popular de Bolivia; lo que se
puede advertir es la cristalización de una coyuntura de quiebre y ruptura,
originada en la caprichosa y terca decisión de sostener y ratificar una medida
a todas luces antiobrera y antipopular. Las consecuencias de semejante medida
que busca imponer el principio de autoridad, pero a costa de perder el principal
aliado orgánico del proletariado y las clases trabajadoras del país, no sólo
implica romper el Pacto de Unidad que había constituido la base y sustento
social de la legitimidad gubernamental, sino perder por propia iniciativa y
decisión política, uno de los principales referentes que otorgaba contenido
social y popular al régimen. Es decir, implica perder y deshacerse de un aliado
fundamental que le otorgaba identidad y legitimidad social a un gobierno que se
reclamaba popular y de izquierda.
Si de aventurerismo político se trata, el gobierno y los sectores
sociales que aún lo respaldan, deberán saber que no sólo se trata de la pérdida
de un aliado fundamental que es alejado por su propio rechazo y repudio, sino
de la adopción de una nueva identidad, una nueva composición social fracturada
e incompleta y una nueva conciencia política, en la que prevalecen sectores no
precisamente revolucionarios y progresistas que siempre estuvieron integrados y
representados en la COB.
Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano.
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