Crímenes atroces en
México
9 de julio de 2016
Por Gilberto López y Rivas (La Jornada)
No
es sorpresa que haya pasado prácticamente desapercibido para los grandes medios
de comunicación el sustentado y significativo informe, hecho público este año: Atrocidades
innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México, de la organización Open Society
Justice Initiative, tomando en cuenta que, como reproductores del sistema
capitalista de dominación ideológico-política, estos mercenarios mediáticos
forman parte orgánica de los instrumentos de desviación de poder e impunidad
que caracterizan al Estado mexicano.
Este informe,
que se nutrió principalmente con el trabajo de Justice Initiative, expertos
mexicanos y extranjeros, y la colaboración de cinco reconocidos organismos de
derechos humanos, se enfoca en los nueve años que van de 2006 a 2015, aunque incluye
una breve descripción de periodos anteriores “en los que el gobierno [mexicano]
estuvo también implicado en crímenes atroces, para los cuales hasta ahora no ha
rendido cuentas. Se incluye entonces el periodo de la llamada guerra
sucia emprendida por
el gobierno contra estudiantes de izquierda y disidentes, de 1960 a 1980, con el fin de
situar el reciente aumento de la violencia en un contexto histórico y político
más amplio”.
El concepto
de crímenes atroces, utilizado en
el texto, se fundamenta en la definición de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), en la que se incluyen los crímenes de genocidio, lesa humanidad y
guerra, especificando que, en este caso, el término se utiliza “para referirse
a formas particulares de crímenes violentos que han afectado a varios cientos
de miles de civiles y pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Las personas
afectadas no sólo incluyen a los ciudadanos mexicanos, sino también a
inmigrantes de Centroamérica, que viajan por rutas peligrosas en el país, y
cada vez con más frecuencia son víctimas de la cruel violencia de los cárteles. Específicamente, el informe examina
tres tipos de crímenes atroces: asesinatos, desapariciones, tortura y otros
tipos de maltrato”. En cuanto a crímenes de lesa humanidad, se concluye que la
situación de México satisface su definición legal establecida en el Estatuto de
Roma, de la
Corte Penal Internacional, así como la jurisprudencia de esta
Corte y de otros tribunales internacionales, esto es, como una serie de actos
diversos que sean parte de un
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento
de dicho ataque. Se enumeran 11 actos subyacentes, incluidos asesinato, tortura
y desapariciones forzadas. Además, el Estatuto define un ataque como “una línea de conducta que
implique la comisión múltiple de actos […] contra una población civil, de
conformidad con la política de un Estado o de una organización para cometer ese
ataque. Esto significa que los crímenes de lesa humanidad pueden ser
perpetrados tanto por fuerzas gubernamentales como por grupos armados
organizados”. En esta materia, el documento arroja algunas cifras: “Entre
diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas
intencionalmente en México (…) Las estadísticas oficiales sobre asesinatos
subestiman el verdadero saldo: decenas de miles de desapariciones siguen sin
resolverse y existen cientos de fosas comunes clandestinas que no han sido
suficientemente investigadas”. En cuanto a desapariciones forzadas, se sostiene
que “nadie sabe cuántas personas han desaparecido en México desde diciembre de
2006.
La cifra de 26
mil citada a menudo es engañosa y en gran parte arbitraria; constituye una
contabilidad defectuosa del gobierno sobre personas desaparecidas (…) Asimismo,
los fiscales a menudo han reclasificado de modo inapropiado los casos que
involucran a autores del Estado (desapariciones forzadas) como ‘secuestros’,
precisamente en un momento en que estos crímenes han alcanzado niveles
alarmantes (…) Del cálculo aproximado de un total de 580 mil secuestros, desde
finales de 2006 hasta 2014, no hay manera de saber cuántos podrían clasificarse
como otras formas de desaparición criminal, incluidas las desapariciones
forzadas”. En lo referente a la tortura, las cifras que aporta la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y los casos documentados por organizaciones de la
sociedad civil “sugieren que se trata de prácticas generalizadas, que incluyen
el uso rutinario de torturas y malos tratos por parte de la policía, las
fuerzas armadas y los fiscales, a fin de obtener confesiones y testimonios bajo
coerción que ellos mismos y muchos jueces mexicanos aceptan como evidencia (…)
[No obstante,] en los casos de tortura entre enero de 2007 hasta abril de 2015
sólo se produjeron seis condenas”. Los autores de la investigación plantean una
interrogante cardinal: ¿Por qué razón ha habido tan poca justicia ante los
crímenes atroces ocurridos en México?
'La respuesta
que proporciona el documento se confirma fehacientemente para el caso más
reciente de la masacre de Nochixtlán, que se suma a la de Ayotzinapa y
Tlataya: “En lo fundamental responde a factores políticos. Comienza con la
retórica de negación y desviación que ha caracterizado a los gobiernos de
Calderón y Peña Nieto. Los funcionarios de mayor jerarquía sistemáticamente
niegan o minimizan la escala y la naturaleza de los asesinatos, las torturas y
las desapariciones, y hacen aseveraciones generalizadas y sin fundamento,
considerando a las víctimas de estos delitos como criminales. En lugar de
reconocer el problema, funcionarios de alta jerarquía han optado por la rutina
de atacar a los emisarios de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil y otros que han
denunciado estos crímenes atroces. En algunos casos, en respuesta a las
presiones de la opinión pública, funcionarios han hecho promesas que en su
mayoría nunca cumplen. El hecho de restar importancia a los crímenes atroces ha
sido un componente central de la historia de impunidad de México (…) Los mismos
líderes políticos que niegan y minimizan los crímenes atroces han sido los
responsables de investigarlos…”
El valor
extraordinario del documento va más allá de este esfuerzo de síntesis, que deja
fuera otros datos, análisis y recomendaciones producto de tres años de trabajo
de investigación, más de 100 entrevistas y un acervo documental y testimonial
que, sin duda, identifican y comprueban las atrocidades innegables del Estado
mexicano.
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/08/opinion/018a1pol
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214307
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