Un tarifazo que pega duro
19 de julio de
2016
El problema energético no es nuevo: para un país
que supo autoabastecerse de la energía que necesitaba desde el gobierno de
Arturo Frondizi, la falta de inversión y el agotamiento de las explotaciones
existentes llevó a que tuviéramos que volver a ser importadores netos de
energía desde 2011. Las políticas neoliberales durante el menemismo llevaron a
la privatización de las empresas proveedoras de servicios públicos o de bienes
estratégicos, como la energía.
Parte 1 - Por
Martín Kalos (Director de EPyCA
Consultores. Miembro de Economistas de Base. @martinkalos en twitter) para
ANRed
¿Era necesario el tarifazo energético?
El problema energético no es nuevo: para un país que supo
autoabastecerse de la energía que necesitaba desde el gobierno de Arturo
Frondizi, la falta de inversión y el agotamiento de las explotaciones
existentes llevó a que tuviéramos que volver a ser importadores netos de energía desde 2011.
Las políticas neoliberales durante el menemismo llevaron a la privatización de
las empresas proveedoras de servicios públicos o de bienes estratégicos, como
la energía. Esas privatizaciones se
hicieron casi sin controles ni condiciones, suponiendo que sólo
por ser privadas esas empresas conducirían a una mejora en el bienestar social.
En buena medida, esas firmas se vieron en ruinas en la crisis de 2001. Sin
nunca cumplir con la ley y renegociar sus contratos (y por tanto, sin
obligación de invertir en la calidad y alcance de los servicios que brindaban),
las gestiones kirchneristas les garantizaron sus
tasas de ganancia con subsidios cada vez más grandes, a cambio de que dejaran
planchada la tarifa que
cobraban a empresas y hogares. Quizás hubiera sido más eficaz y eficiente dejar
de sostenerles la tasa de ganancia a empresas que de todas formas no invertían
y brindaban servicios paupérrimos; pero la opción de reestatizarlas o ponerlas
bajo control de sus trabajadores, como propuso parte de la izquierda durante
años, nunca fue válida para un Gobierno a quien le servía tener a esos
empresarios como socios.
La situación era efectivamente insostenible porque los subsidios
acaparaban cada vez más gasto público; pero estalló porque el nuevo Gobierno de
Mauricio Macri identificó al déficit fiscal como su principal problema en el
corto plazo. Ni bien asumió el Ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay afirmó que
el déficit primario en 2015 era 7,1% del PBI (1) y que él lo bajaría al 4,8%.
¿Por qué el déficit era tan preocupante? Porque según el
pensamiento macrista, el déficit es financiado con emisión monetaria y esta
emisión genera inflación. Así lo explicó el Presidente provisional del Senado,
Federico Pinedo: “Si no hay aumentos, el costo de la energía se pagará con
impuestos y recursos del Tesoro. Y esto generará inflación, como sucedió
durante el kirchnerismo". Esto es una simplificación ideológica de la
realidad. Hay más causas de la
inflación que actualmente
quedan “escondidas” justamente porque las políticas públicas indujeron una
recesión; pero si esas otras causas no se atacan también, volverán a aparecer
tarde o temprano.
Reducir los subsidios a los servicios públicos era clave para
lograr bajar el déficit, porque equivalen a 4% del PBI (o sea que si hubiesen podido eliminarse todos los subsidios de
golpe sin que eso tuviera más consecuencias sobre la economía, podría haber
casi desaparecido el déficit). En comparación, las jubilaciones, salarios públicos
y subsidios sociales representan 17% del PBI; y toda la inversión que realiza
el Estado nacional es apenas el 3% del PBI.
El 61% de todos los subsidios corresponde a energía: por eso es el
principal frente de conflicto.
Por un lado, la ideología neoliberal entiende a los servicios
públicos (gas, luz, agua, transporte público) como mercancías y no
como derechos básicos sin
los cuales no podríamos vivir decentemente. Por eso, si el empresario no
obtiene una ganancia por proveer el servicio, entonces el servicio no se
provee: es exactamente lo que quiso decir el Ministro de Energía Juan José
Aranguren cuando expresó que “El que no puede pagar la nafta, que no la use”.
Pero además esos subsidios están mal
focalizados: favorecen más a los y las porteñas de clase media.
Hay un 60% de la población argentina (incluyendo por completo a las provincias
de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) que no tiene acceso a una red de gas
natural. Esas familias debían comprar la “garrafa social”, que era de hecho más
cara que el gas de red a precio subsidiado. Ni siquiera les sacaron los
subsidios a quienes renunciaron a ellos voluntariamente, dentro de la propuesta
de “sintonía fina” del kirchnerismo en 2014 (que era también una forma de
realizar un ajuste en los subsidios, aunque más progresiva y menos ambiciosa
que la actual). Tampoco se tiene en cuenta, al eliminar subsidios sin mayor
criterio, que se consume mucha más energía en lugares con climas más hoscos
como la Patagonia, donde los subsidios son necesarios para que el costo de vida
no sea demasiado elevado.
En el ajuste actual, Prat-Gay avisó que este tarifazo recortaría los subsidios a la energía
en un monto equivalente a 1,5% del PBI, y que se buscaría
aplicar una “tarifa social” que evitara el perjuicio del 30%-40% de la
población más vulnerable. Pero esto era sólo la primera etapa: para seguir
bajando el déficit, luego vendrían nuevos aumentos – la discusión en el
Gobierno pasaba por si esas nuevas subas se darían en el segundo semestre de
2016 o en 2017 -.
¿Qué
consecuencias sociales tiene el tarifazo?
Semejante aumento necesariamente iba a generar una reacción
popular. El problema no es si está bien o mal que suban las tarifas en
abstracto: sino que se hace mientras se pone un freno al reclamo salarial, de
forma que la inflación se dispara al 47% interanual (en junio) pero los
aumentos de salario en promedio están en torno al 33%. En un contexto de ya
altos desempleo, pobreza, indigencia y precarización laboral, esto significa que mucha gente más ya no llegue a
fin de mes. Sin negar que existe una gran parte de la población
que está aún en peores condiciones porque ya paga la energía más cara o porque
no tiene acceso a esos servicios, el problema está en que los trabajadores a
los que ahora se les pretende aumentar las tarifas no pueden pagarlas.
Esto claramente va en contra del discurso de “pobreza cero” del
Gobierno de Macri, y constituye el problema de fondo que nadie atiende. De
hecho, sólo el aumento de tarifas de gas implicaba que las firmas del sector
ganarían U$S 3.000 millones más este año. ¿Quién iba a pagar esas
ganancias extra para las empresas? No sólo los trabajadores, sino
particularmente los trabajadores más vulnerables. Según el Centro de Innovación de los
Trabajadores, para el 10% de los trabajadores de menores ingresos, en el pago
de servicios públicos se les iba el 11% de sus ingresos de cada mes; pero con
el tarifazo, ahora cada trabajador debería destinar el 18% de sus ingresos a
pagar las boletas de luz, agua, gas y los pasajes en transporte público.
La pobreza, el desempleo, la precarización laboral, se convierten
entonces en la excusa para que el
Estado deje de garantizar el derecho a una vida digna, a quienes no puedan
pagar los precios que el mercado pretende para asegurar las ganancias empresarias.
(1): Para llegar a esa cifra hizo un
par de pequeñas trampas contables. Por un lado, incluyó como déficit las
medidas que Macri había prometido en campaña (por ejemplo, el pago a los
holdouts y la eliminación de las retenciones a las exportaciones
agropecuarias), como si no fueran una decisión del nuevo Gobierno sino algo
obligado. Por otra parte, no contabilizó como ingresos del Estado Nacional las
ganancias del Banco Central y de la ANSeS (organismos estatales, con autonomía,
pero estatales al fin).
Próxima entrega, Parte 2
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12435
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