Denuncia por
muertes evitables y
violaciones a los derechos humanos
en cárceles bonaerenses
19 de julio de 2016
19 de julio de 2016
La Comisión
Provincial por la Memoria (CPM) inspeccionó, recientemente, varios lugares de
encierro focalizando en los sectores de sanidad de las cárceles 1 de Olmos, 17
de Urdampilleta, y 22, también de Olmos, considerada el hospital del sistema
penitenciario. En los tres penales, el organismo constató la falta de acceso a
la salud de las personas allí alojadas, tal como se viene denunciando desde
hace años: condiciones edilicias ruinosas, alimentación deficiente, falta de
personal médico, de insumos y de medicación y serias dificultades para acceder
a la atención extramuros. Esto provoca muertes evitables y son violaciones
sistemáticas a los derechos humanos. Frente a este problema estructural, la CPM
reclama que el Ministerio de Salud de la provincia asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud
dentro del ámbito penitenciario.
Por Agencia Para la
Libertad
“En cada inspección, encontramos serios problemas de salud de los
internos y una carencia casi absoluta de atención médica. La situación es cada
vez más grave y hace necesario una reforma urgente y profunda; en este sentido,
creemos que pasar la sanidad en el encierro a la órbita del Ministerio de Salud
ayudaría a encontrar un trato más adecuado y humanitario”, declaró el
presidente de la
Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel,
luego de encabezar la última inspección a la UP 1 de Olmos.
La falta o la deficiente atención de la salud constituye para el
organismo una forma de tortura en tanto inflige a las personas detenidas un
profundo sufrimiento generado intencionalmente y forma parte de las condiciones
inhumanas que se padecen en el encierro. En este caso la Dirección provincial
de salud penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia es la responsable
directa de estas graves violaciones a los derechos humanos.
Desde hace años la CPM ha denunciado la situación y ha realizado
reclamos sistemáticamente ante los distintos poderes del Estado y los
organismos internacionales. A pesar de ello no se han adoptado medidas
tendientes a revertirla. Mientras tanto, cientos de personas privadas de su libertad
mueren en todos los lugares de encierro de la provincia por causas evitables.
Las inspecciones más recientes realizadas por la CPM vuelven a
exponer esta grave crisis. En particular el organismo ha observado con especial
preocupación la situación de la UP 22 donde, a pesar de ser designada como
“unidad-hospital” del Servicio Penitenciario Bonaerense, las condiciones
edilicias y de funcionamiento constatadas distan mucho de cumplir con
estándares mínimos requeridos para el funcionamiento de un establecimiento de
salud. Apenas funciona como una unidad sanitaria de atención básica donde las
personas no llegan a ser visibilizadas ni consideradas pacientes. Sólo en la UP
22, hubo nueve muertes en cinco meses.
M. tenía 32 años, murió en junio pasado: en el acta de deceso
figura “muerte por causas naturales” e indica que el detenido falleció por
hemoptisis masiva (hemorragia masiva por vómito). La causa mediata figura como
tuberculosis pulmonar bilateral multirresistente, es decir, un caso de
tuberculosis avanzado que se propagó por ambos pulmones. Desde su diagnóstico
el seguimiento médico fue precario y esto produjo su muerte ya que el paciente
fue desarrollando resistencia a los tratamientos.
Durante una inspección M. había sido entrevistado por el Comité contra
la Tortura de la CPM ante quienes denunció que fue mal diagnosticado y sufrió
constantes traslados. Al mismo tiempo mencionó que los controles médicos eran
realizados por un clínico que le hacía preguntas sobre su estado a través del
pasaplatos de su celda. A partir de esta denuncia, la CPM presentó un habeas
corpus colectivo planteando la falta de tratamiento que reciben las personas
con tuberculosis, que en otras condiciones de vida no podría producir la muerte
de personas jóvenes.
Lamentablemente, el caso de M. no es un caso aislado, es sólo un
caso testigo de la mala praxis médica y tratamental a la que son sometidas las
personas privadas de su libertad. Además de la UP 22, las inspecciones en los
sectores de sanidad de la UP 1 de Olmos y la UP 17 de Urdampilleta arrojaron el
mismo cuadro de gravedad: falta de atención médica, escasez de medicamentos e
insumos, problemas de acceso a la atención extramuros por la falta de
ambulancias para el traslado, a lo que se suman el aislamiento de 24 horas sin posibilidad
de acceder a educación, trabajo o actividades recreativas; las condiciones
inhumanas de detención y los graves problemas de salubridad en los ambientes y
los alimentos. Por otra parte, los profesionales que deberían intervenir
(médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, etc.) son parte de las
condiciones de posibilidad de estas graves violaciones a los derechos humanos,
en tanto las naturalizan y en gran medidas son quienes las generan, encubren
y/o reproducen.
“Ningún profesional ve más allá del síntoma concreto que tiene a
la vista, cuando lo ven. En su actuación profesional expresan escaso compromiso
con la vida y con los padecimientos de los otros. Al menos dentro de la cárcel,
han perdido toda sensibilidad y son capaces de presenciar actos de tortura sin
que esto los conmueva humanamente o los interpele conforme a los juramentos
éticos o profesionales que realizaron”, señaló Roberto F. Cipriano Garcia,
Secretario de la CPM.
En vista de la desastrosa crisis que atraviesa la atención médica
proporcionada a las personas privadas de libertad la CPM vuelve a reclamar
respuestas estructurales para revertir esta situación, y exige que sea el
Ministerio de Salud de la Provincia quien garantice el derecho a la salud
dentro de las cárceles provinciales. A las personas privadas de su libertad les
asiste el mismo derecho de acceso a la salud que a todo ciudadano, y al estar
bajo la custodia del estado éste tiene una responsabilidad ineludible y directa
en sus padecimientos. El Ministerio de Justicia debe admitir su responsabilidad
en no brindar tal garantía y los jueces tienen que asumir su responsabilidad
por esta situación siendo garantes del respeto a los derechos humanos y dejar
de asumir con naturalidad la muerte por desatenciones médicas y enfermedades
propias de la edad media en contextos de encierro.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12429
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