Código Civil y Comercial: una reforma antidemocrática, clerical y
privatista
23 de octubre de 2014
23 de octubre de 2014
Por Luís Zamora
Una reforma tan de fondo que hace a la
organización familiar, el derecho a la vivienda, los contratos de alquiler, el
derecho a la tierra, los bienes comunes (por ej. el derecho al agua), los
pueblos originarios, y tantos más que influyen en nuestra vida cotidiana fue
hecha por tres personas y solo debatida en comisiones y ámbitos reducidos.
Algunos antecedentes
En el Congreso se está por aprobar la unificación y reforma del
Código Civil y del Código Comercial. El proyecto de ley fue enviado por el
gobierno de Cristina Fernández. Los orígenes de esta reforma se encuentran en
un decreto presidencial de Menem de mediados de los 90 con el argumento de
“modernizar” esos Códigos. Recordemos que esa fue la palabra utilizada en esa
década para avanzar en el saqueo privatizador y justificar el atropello a
tantos derechos arrancados al pueblo trabajador.
(…)Insólitamente el
gobierno nacional eliminó del anteproyecto original (recuerdo que fue
redactado, entre otros, por Lorenzetti y Highton de Nolasco) el artículo 241
del Anteproyecto que rezaba: “Derecho fundamental de acceso al agua potable:
Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines
vitales”. Esa enunciación garantizaba poco y nada ya que no iba acompañada de
regulación complementaria alguna como sería exigible respecto a la propiedad
pública (del pueblo) de lagos y humedales como a último momento se incluyeron glaciares
y lagunas. Pero más allá de su carácter meramente enunciativo la eliminación es
demostrativa del objetivo de desprotección y privatista de los bienes comunes
como de priorizar el lucro capitalista por sobre las necesidades populares y el
cuidado ambiental.
-También el gobierno propicia reducir el llamado “camino de
sirga”, es decir el terreno que debe dejarse entre las propiedades
inmobiliarias y el agua fluvial o marítima que en la actualidad es de 35 metros y que el
proyecto baja a 15 metros .
Y esto se hace cuando desde hace años poderosos propietarios, grandes
empresarios o empresas no sólo no dejan ningún terreno libre entre sus
propiedades y el agua sino que encima impiden el acceso público al agua, por
ejemplo de lagos, con el uso de la violencia policial o de patotas armadas
contratadas como seguridad privada llegando a asesinar personas que intentaron
arribar a esas aguas que son públicas invocando que son intrusos que se
introducen en predios privados. Y en vez de exigir que se respeten caminos de
acceso al agua en todos los casos, se propicia reducir el llamado camino “de
sirga”. (…) Leer
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