Paraguay
Varios obispos progresistas se unen a
los movimientos sociales para denunciar
la falta de justicia en
fallo de Curuguaty.
15 de julio de 2016
Por Cristiano Morsolin (Rebelión)
Once personas fueron condenadas el lunes a penas de entre 4 y 30
años de prisión por el tribunal del caso Curuguaty, matanza que además causó la
destitución en un juicio parlamentario del Presidente Fernando Lugo, actual
senador del Frente Guasu y ex obispo de la Diócesis de San Pedro, inspirado en
la teología de la liberación.
El caso Curuguaty (este de Paraguay) se
refiere a un operativo realizado el 15 de junio de 2012 por varios centenares
de policías, que acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que
habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma agraria.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo en
el que murieron once campesinos y seis policías.
Los once labriegos condenados fueron juzgados
en relación a la muerte de los seis policías, mientras que la Fiscalía nunca
investigó el fallecimiento de los once campesinos que perdieron la vida.
El editorial del diario “Última Hora” del día
martes 12 DE JULIO titula:
“Curuguaty: dura sentencia tras una cuestionada investigación” y denuncia que
"al no haber podido garantizar una investigación ecuánime sobre el más
grave hecho violento en un conflicto agrario ocurrido en la historia reciente,
la Justicia paraguaya deja un preocupante precedente: Se ha llegado a la etapa
de juzgamiento y con altas penas tras un proceso de investigación de muchas
inconsistencias."(1).
Los detalles de un proceso injusto
Ricardo Canese (2), parlamentar paraguayo del
Mercosur, ha explicado al Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS (Milán) los
detalles de un proceso que se está demostrando tan arbitrario e injusto.
“El juicio oral de Curuguaty se refiere al
enfrentamiento entre policías y campesinos ocurrido el 15 de junio del 2012 que
desembocó en la muerte de 11 campesinos y 6 policías, y que fuera el argumento
principal del juicio político que destituyó al entonces presidente, Fernando
Lugo.
Actualmente el juicio atraviesa su etapa final
y desde su inicio ha estado plagado de graves irregularidades y de violaciones
de una treintena de derechos. Desde la introducción de pruebas desconocidas por
la defensa y el ocultamiento de otras, llamativas contradicciones por parte de
los testigos y de la Fiscalía acusadora hasta su alegato final.
Los campesinos querellados son Juan Tillería,
Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López,
Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez,
Felipe Nery Urbina y Rubén Villalba. Sobre este último, por su trayectoria de
militancia en la lucha por la tierra, recaen con mayor saña todas las medidas
arbitrarias y la mayor condena de la historia del país, exigida por los
fiscales acusadores Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Juan Leonardi Guerrero.
Los campesinos han sido acusados por invasión
de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa. Sin
ninguna prueba que sostenga legalmente su acusación, la Fiscalía ha pedido de 8 a 40 años de cárcel.
La masacre ocurrió en las tierras públicas
conocidas como “Marina Kue”, usurpadas hasta hoy por la empresa Campos Morombí
de la familia
Riquelme , cuyo principal propietario, Blas N, fue presidente
del Partido colorado y parte de los primeros anillos del stronismo, además de
haber sido declarado por la Comisión de Verdad y Justicia en
su Informe Final del 2008, como usurpador de tierras malhabidas. Marina Kue fue
destinada por decreto presidencial como “objeto de la reforma agraria” en el
año 2004. Los Riquelme hasta hoy no poseen ningún título de dichas tierras.
Los campesinos estaban organizados en una
Comisión vecinal denominada “Naranja Ty”, reconocida por el propio Estado a
través del Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra (INDERT) desde hace 12
años.
En el momento de la ocupación se encontraban
en litigio denunciando a Campos Morombí por usurpación de tierras públicas
designadas a la
Reforma Agraria.
La Fiscalía ha pedido la máxima pena de la
historia nacional sin haber establecido de forma concreta y específica quién ni
cómo disparó ni uno solo de los 12 acusados.
Se ocultaron casquillos de balas, el video del
helicóptero policial y del Ministerio del Interior, no se realizó autopsias a
los muertos, el Tribunal negó la necropsia y la Fiscalía declaró que se
"perdieron radiografías", en medio de declaraciones contradictorias
de los propios forenses.
El fiscal que inició la acusación, Jalil
Rachid, amigo personal de la familia Riquelme , y hoy Viceministro de Seguridad
de Cartes, afirma que no se puede probar quién disparó a los policías.
La acusación sostiene que los 50 campesinos
-hombres, mujeres, ancianos y niños- “emboscaron” a 324 efectivos policiales
del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada
(FOPE), Antimotines y Montada, sin poder explicar semejante operación para
llevar a cabo una simple orden de allanamiento, ni siquiera de desalojo.
Además, el organismo estatal reconoció que la
policía sobrevoló la zona ubicando a los ocupantes horas antes. Además, la fiscala Alcaraz
reiteró en su argumentación final que días antes del enfrentamiento, el
principal acusado, Rubén Villalba, había trasmitido al comandante policial durante
una conversación telefónica, que resistirían en “Marina Kue” hasta las últimas
consecuencias.
En su alegato final, los fiscales emitieron
una grave afirmación: los campesinos asesinados murieron a causa de disparos
“de armas de uso reglamentario policial”. Sin embargo, ni una sola muerte
campesina ha sido investigada. Es más, de manera fabulosa e incoherente, el
Ministerio Público ha sostenido hasta el final que los 324 policías fueron sin
armas.
El 15 de junio, el Senado Boliviano emitió una
declaración exhortando a las autoridades nacionales a la realización de un
juicio justo y el respeto al debido proceso de las once campesinas y campesinos
de Curuguaty detenidos y enjuiciados arbitrariamente.
Una campaña a nivel mundial en la que se han
incluido numerosas personalidades nacionales e internacionales (como el Premio
Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel) y cientos de personas del sector civil,
reclama la absolución de los acusados, el esclarecimiento del caso y el castigo
a los verdaderos culpables del asesinato de los 11 campesinos y 6 policías”,
concluye Ricardo Canese.
Hay que recordar lo que se dijo en la 32ª
sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso Marina Cue -
Masacre de Curuguaty:
Del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen
Periódico Universal Paraguay del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Página 21:
102.120 Velar por que se lleven a cabo
investigaciones imparciales e independientes y procesos penales de conformidad
con la legislación vigente, en particular en casos como los acontecimientos
ocurridos en Marina Cué en Curuguaty en junio de 2012, a fin de esclarecer
las denuncias y enjuiciar a los autores (Alemania);
Página 26:
104. El Paraguay examinará las recomendaciones
que figuran a continuación y les dará respuesta a su debido tiempo, pero a más
tardar en el 32º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se
celebrará en junio de 2016:
104.1 Establecer una comisión independiente
para investigar todas las denuncias verosímiles de violaciones de los derechos
humanos relacionadas con las medidas de aplicación de la ley adoptadas en 2012
en Marina Cué (3).
Obispo Medina acusa que masacre de Curuguaty
fue un montaje
El obispo de San Juan Bautista, Misiones,
Mons. Mario Melanio Medina, responsabilizó el pasado 22 de junio de 2016 de la
masacre de Curuguaty al vicepresidente Federico Franco, a una parte del
Parlamento y a Blas N. Riquelme. Aseguró que aquella tragedia, ocurrida el 15
de junio del 2012 en que murieron 11 campesinos y 6 policías en un confuso tiroteo,
fue un “montaje”, detrás del cual estaba el segundo de Fernando Lugo que quería
ser presidente.
A su estilo, directo y sin pelos en la lengua,
Mons. Medina dijo en el local de la Conferencia
Episcopal Paraguaya (CEP) en Asunción, a donde acude todos
los martes, que “la Justicia tiene una gran responsabilidad ante la historia en
el caso Curuguaty, porque, por una parte, están los que presionan, y por otra,
la verdad, y se debe fallar a favor de la verdad”.
Indicó que la masacre de Curuguaty fue hecha a
pedido de la
empresa Campos Morombí (fundada por Blas N. Riquelme –quien
falleció en setiembre de 2012– y su familia heredó de él ahí más de 70.000 hectáreas )
en medio de una disputa con los campesinos por un terreno de 2.000 hectáreas
donado por la Industrial
Paraguaya a la Armada Nacional , y por eso se denominó Marina
Cue.
“Por qué se hizo esa matanza”, preguntó y
agregó que la tesis de la emboscada a los policías no tiene sustento porque ahí
estaban “300 policías armados, de la FOPE, y los campesinos eran solo 60, entre
niños y mujeres, que estaban hace rato en ese lugar”.
Sobre el proceso judicial que se les lleva
adelante a los labriegos sobrevivientes, indicó que fueron acusados por
asociación para delinquir, homicidio en grado de tentativa, según el fiscal
Jalil Rachid, e invasión de propiedad. “Todo el mundo sabe que fue un montaje
contra el gobierno de Lugo, seguramente por Riquelme, algunos parlamentarios
del Poder Legislativo e indudablemente el vicepresidente Federico Franco”,
remarcó el religioso.
Cuando le preguntamos si se ratificaba en
afirmar que Franco estaba detrás de la conspiración, indicó. “Claro, Franco
estaba detrás de eso porque quería ser presidente y lo fue”. Agregó que mataron
a campesinos y solamente se investiga la muerte de 6 policías y nadie se
acuerda de esos 11 agricultores.
Expresó que ahora que se hicieron todas las
declaraciones hay montones de contradicciones: “Los nuevos fiscales ponen
homicidio doloso, cambiaron de carátula. Aquí lo que se quiere es condenar a
toda costa a los campesinos para sostener las 3 tesis: asociación ilícita,
atropello a la propiedad privada y homicidio en grado de tentativa que ahora
cambió a doloso. Es una vergüenza para propios y extraños”.
Abogó por la inteligencia de los jueces para
no faltar a la verdad: “Fue un crimen contra los campesinos; unos están presos
más de cuatro años y otros con prisión domiciliaria y no pueden salir. Pido a
los jueces que tengan ética, moral y la responsabilidad para un juicio justo”.
Preguntado quién o quiénes iniciaron la
balacera, respondió: “Ellos dijeron los campesinos y la balacera vino de
arriba. En estos días estuve en el lugar y vino de arriba y fue lo que mató al
policía Erven Lovera y a otros. Eso se sabe porque las balas no son de los
campesinos, que tenían rifles y un revólver. Entonces, la balacera vino de
arriba (en alusión a un barranco), a tal punto que los policías pedían por
radio que pare porque iban a matar a todos”, refirió.
Medina dijo estar seguro de que todas las
pruebas fueron escondidas por el fiscal Rachid, pero que hay algunas personas
que dijeron la verdad, como uno de los forenses porque luego hasta ellos mismos
se contradijeron. “Erven Lovera murió con arma militar y ellos dijeron que los
campesinos lo mataron. Los campesinos comenzaron, dijeron, cuando que atrás,
adelante y a los costados tenían policías. Más de 300 policías para sesenta
personas. Los campesinos fueron emboscados y ejecutados”, resaltó.
“Fue una conspiración del Parlamento, no sé si
habrá otros terratenientes, pero lo cierto, el que estuvo allí, fue Riquelme”,
concluye Medina en declaración con el diario ABC (4).
Iglesia católica califica de “injusta y
aberrante” la condena en el caso Curuguaty
Muchos Religiosos y religiosas de la CONFERPAR
llegaron hasta la vigilia frente al Palacio de Justicia, el día lunes 11 de
julio, ocasión en que leyeron un comunicado repudiando la sentencia y pidiendo
la nulidad Ya. Además se ofició una misa a cargo del
jesuita Pa'i Luna y el obispo del Chaco, Monseñor Lucio Alfert.
Galo Reinaldo Bogarín Alén, coordinador del
Centro Antonio Guasch de los jesuitas de Asunción ha comentado al Observatorio
SELVAS:
“Hoy 11 de julio es un día de mucho dolor,
rabia, indignación, impotencia, desesperanza y de muchos sentimientos más por
la condena efectuada por el Tribunal que debía impartir JUSTICIA a los
compañeros y compañeras campesinos y campesinas del conocido caso de la “Masacre de Curuguaty”.
Si y es cierto que da mucho dolor, mucha
rabia, mucha indignación, mucha impotencia, mucha desesperanza, y eso nadie lo
puede negar. Y es justamente lo que busca este sistema perverso y deshumano.
Buscan rompernos por dentro (personal y colectivamente) y así mantenernos
inmovilizados, pero no lo lograrán, que se quiten de sus razonamientos
perversos y de sus planes inhumanos de que esa situación será así.
Pero, en esta cuestión se han equivocado muy
grande. El tiro de gracia que dieron hoy a la justicia paraguaya se volverá
contra ellos en acciones transformadoras de esta realidad injusta que vive el
Paraguay hoy día. De eso deben estar seguros y hacerse cargo de las
consecuencias (los responsables de estos hechos desde hace 4 años atrás hasta
ahora) de tener al país en esta situación y no sólo desde el Poder Judicial,
sino también de los otros dos poderes (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo).
Hoy el Tribunal encargado del Caso de la
Masacre de Curuguaty ha masacrado de otra manera, han actuado con la sentencia
en una “invasión jurídica” sin pruebas, autoritaria e ilegal; se ha notado una
“asociación criminal” para condenar desde el Ministerio Público y el Tribunal
encargado de impartir justicia y por sobre todo han cometido un “homicidio de
carácter doloso” de la justicia paraguaya, y ello no es poca cosa!
Este pueblo ya no cree que el infortunio se
enamoró del Paraguay, este pueblo cree y sueña con gobernantes justos,
honestos, con don de gente y capacidad de servicio a su pueblo, y está
caminando en esa búsqueda, en esa construcción.
Y no lo impedirán los poderes, ni sus leyes, ni
sus artimañas. El pueblo se levanta y aún más se levantara y va a caminar en la
justicia, con paz y libertad.
Es el momento transformaciones personales y
colectivas, de convertir nuestro dolor en una sana alegría, de pasar de la
impotencia a la acción, de transformar nuestras rabia en pensamientos que
liberen y unan, de generar desde la desesperanza un camino transformador lleno
de esperanza de vida y de justicia!
Esto recién comienza y no matarán el sueño que
tenemos los paraguayos y paraguayas de vivir en un país diferente, con
justicia, paz y libertad.
Vamos que se puede, es la hora, es el momento!
Es tiempo de libertad” (6).
Las religiosas y religiosos de CONFERPAR
reunidos en Asunción en la
Semana Nacional de la Vida Religiosa , el
día 13 de julio han difundido un comunicado donde se señala que “Teniendo en
cuenta las gravísimas irregularidades del proceso, denunciadas por diversos
analistas, expertos juristas, personas notables de diversas organizaciones y
medios de comunicación, según los cuales el proceso se ha manifestado parcial
desde el inicio y en su desarrollo ha incurrido en ocultamiento de pruebas,
intolerables omisiones, manipulación y argumentaciones no científicas; junto a
muchos familiares, personas de buena voluntad que buscan la verdad y la
justicia, nos sentimos indignados porque notamos con ellos que las autoridades
judiciales del caso no han mostrado la necesaria objetividad y no han tenido en
cuenta el derecho de los más débiles.
Con profundo dolor junto a toda la comunidad
nacional expresamos que esperábamos que prime la racionalidad y la cordura, que
no ocurra lo que repitieron nuestros obispos cuando advirtieron en sus dos
comunicados del peligro de "condenar a inocentes y absolver a
culpables". Sin embargo hemos asistido a la sentencia condenatoria de los
11 campesinos procesados, a pesar de que en base a la información con que
cuenta la ciudadanía no existían elementos objetivos que puedan sustentar una
condena y menos aun penas tan elevadas que en nada se compadecen del objetivo de
las sanciones penales. Queda la terrible sensación de vulneración de los
derechos de los policias y campesinos fallecidos, por ausencia de claridad
respecto a la forma en que ocurrieron los hechos.
El estado tiene obligación de hacer recta
justicia y debe dar a los ciudadanos la certeza de que actúa en estricto
derecho; sin embargo esta certeza hoy no existe en la comunidad por lo que
invitamos a la ciudadanía a acompañar este proceso de manera activa y pacífica,
movilizándose para defender el derecho que todos tenemos a una justicia
verdaderamente imparcial.
Instamos a los responsables del Poder Judicial
a arbitrar los medios para que en adelante se instaure un procedimiento fiable
que sane los vicios de este proceso. Nos preocupa seriamente el que esta sentencia
pueda sentar el grave precedente de condenar a ciudadanos paraguayos sin
pruebas, lo que consideramos como cristian os
un grave pecado contra Dios y contra el hermano” destacan religiosos como P.
Alberto Luna SJ, Hna. Maria del Carmen Barrios STJ, P. Néstor Ledesma SdB, P.
Javier Francisco Irala SCJ, entre otros.
Comentarios de la sociedad civil
“La condena de once campesinos paraguayos a
penas de entre 4 y treinta años de prisión producto de un proceso penal viciado
de irregularidades, reconocidas por los propios actores judiciales, marcará “un
antes y un después” en la lucha por la tierra en el país sudamericano, dijo a
Radio Mundo Real - Diana Rivarola, integrante de Conamuri y de la Articulación Curuguaty ,
creada en 2012 para acompañar a los campesinos de la región de Marina Cué
acusados por lo que se conociera como “Masacre de Curuguaty” (7).
El periodista del ‘Jornal Do Povo’ (Brasil) y
autor del libro ‘Curuguaty: carnicería para un golpe’ – Leonardo Wexell dijo
que el instructor de la causa fue puesto en el viceministerio de Seguridad para
proteger el negocio de los sojeros y las transnacionales.
El comunicador sostuvo que durante los cuatro
años que duró su investigación pudo comprobar los inmensos errores del juicio:
“Imputaron de forma criminal a inocentes”. (8)
Mercedes Canese, Vice-Ministra de Minas y
Energía del Gobierno del Presidente Lugo (2008-2012) ha declarado al
Observatorio SELVAS: Hago tres preguntas sobre Curuguaty.
¿Miente Eduardo Galeano cuando dice que la
justicia es como la serpiente que solamente muerde a los descalzos?
¿Podemos ser indiferentes? Y si lo somos,
cuando nos toque una injusticia ya no habrá nadie que nos defienda, como
sabiamente expresó Bertolt Brecht?
¿Alguien confía en la justicia de Paraguay? ¿O
casualmente, en medio de tanta injusticia, ahora la justicia en un ataque
repentino de honestidad, dio un fallo justo?
Nadie honesto en Paraguay, nadie con corazón,
nadie que quiere dejar un mundo mejor para las futuras generaciones, tan
siquiera para su propia familia, puede ser indiferente”.
Organizaciones internacionales piden justicia
para campesinos
Las organizaciones de Derechos Humanos Oxfam y
Aministía Internacional emitieron este lunes un comunicado conjunto en el que
piden justicia para los campesinos condenados por la Masacre de Curuguaty.
"El Ministerio Público no ha explicado de
manera convincente los motivos por los cuales no investigó tales muertes, ni
tampoco la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de
tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales de varios
campesinos", señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de
Amnistía Internacional.
"En Paraguay, el 1,6% de los propietarios
poseen el 80% de la tierra agrícola y ganadera, lo que ha generado que miles de
campesinos organizados demanden una efectiva implementación de la reforma
agraria, contemplada en la Constitución Nacional ", puntualizó por su
parte Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe.
"Oxfam y Amnistía Internacional instan a
las autoridades paraguayas a investigar de forma exhaustiva, independiente e
imparcial, todos los hechos relativos a la privación de la vida, las denuncias
de tortura y otros malos tratos, y las diversas violaciones a los derechos
humanos cometidas en el contexto de los hechos de junio del 2012.", señala
el comunicado de ambas organizaciones.
Conclusión
Este injusto proceso tiene lugar en la misma
fecha de aniversario de la visita del Papa Francisco al Paraguay, que dijo el
11 de julio de 2015 en el León Condou: "Para que haya una verdadera
cultura en un pueblo, una cultura política y de bien común, debe haber juicios
claros, juicios nítidos. Y no, no sirve otro tipo de estratagemas."
La presencia pastoral de obispos comprometidos
en la opción preferencial de los pobres como el obispo del Chaco, Mons. Lucio
Alfert, y el obispo de San Juan Bautista -Misiones, Mons. Mario Melanio Medina,
debe abrir los ojos a toda la Iglesia de Paraguay como lo menciona el Papa
Francisco. No se puede seguir tolerando graves errores como lo de la Conferencia Episcopal
de Paraguay que ha apoyado el golpe parlamentario en contra del Presidente
Lugo.
Hace un año, Magui Balbuena, candidata a la
Vicepresidencia de la República para Kuña Pyrenda, miembro y fundadora de la
Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay CONAMURI, me
había comentado que “Realmente importante como mensaje de Papa Francisco y
toque de atención para el Gobierno nacional. Por un lado la presencia del
Presidente Cartes entre los movimientos sociales hace que se demuestre al Papa
la indignación de nuestro pueblo en su cara. Sencillo pero aleccionador el
mensaje del Papa a la
sociedad. Desnudando una parte la realidad del país de la
gente pobre trabajadora que sufre los golpes del capital.
Me gustó que el Papa dice que la corrupción es
la” polilla y la gangrena en la sociedad” que me pareció muy acertada decir
ante los representantes del gobierno y las organizaciones sociales, que es uno
de los principales males del gobierno” (9).
Magui Balbuena, el día 11 de julio a las
12:50, ha denunciado desde Asunción: “Que los policías están cerrando las
bocas. Abran las calles de acceso al Palacio de (in)Justicia. Dictadura nunca
más. Libertad a los presos y presas por luchar”.
Concluyendo, recuerdo con emoción mi viaje a
Asunción en agosto de 2013 en colaboración con el Europarlamentar Klute Jurgen
(Gue-Ngl), recuerdo mi entrevista con el Presidente Lugo después del “golpe
parlamentario”, que después ha servido para hacer una denuncia contundente en
el Parlamento Europeo sobre narco-política del Presidente Cartes (10).
Como dice Ricardo Nicolás Canese Krivoshein,
“El mundo debe saber que en este momento en Paraguay existen presos políticos,
víctimas de un poder judicial corrupto y criminal y de este modelo excluyente e
injusto”.
Notas
Cristiano Morsolin, trabajador social e
investigador italiano radicado en Latinoamérica desde 2001. Autor de varios
libros, panelista internacional, analiza la relación entre políticas
emancipatorias y movimientos sociales. Co-fundador del Observatorio sobre
Latinoamérica SELVAS (Milán).
Blog del autor: https://diversidadenmovimiento.wordpress.com/
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214538
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