Martes 22 de abril, 2014
Decreto supremo para terminar con la protesta
social
Por Myriam Bregman
Después de proponer un proyecto absolutamente reaccionario
para controlar las manifestaciones públicas bajo el eufemismo de “ley
antipiquetes”, en algún programa televisivo el diputado del Frente para la Victoria
Carlos Kunkel aclaró que no piensan imponer su mayoría
parlamentaria para votarlo. ¿Qué buscan entonces? Las respuestas son varias y
ameritan el análisis porque, de aprobarse, estaríamos ante
un ataque a las libertades democráticas de características históricas.
La primera respuesta que se desprende de esta aclaración
es que el acuerdo tácito que lograron en el terreno económico con la derecha
del PRO y del Frente Renovador de Sergio Massa para pasar el ajuste y los
tarifazos -reflejo a su vez del consenso patronal sobre el punto- hace que el kirchnerismo reclame que todos se involucren a la hora de
sancionar las herramientas necesarias para su aplicación, como
lo es claramente este proyecto, que coarta el derecho a la protesta.
El contundente
paro del 10 de abril y las manifestaciones que se desarrollaron en él,
demostrando que el sindicalismo combativo es un nuevo actor en la vida de la
clase obrera del país, no se enfrentan con discursos de ocasión y bajo vuelo en
678 y sus propaladoras. Es increíblemente ridículo que intenten justificar este
proyecto de ley poniendo el monstruoso ejemplo de una patota paga para decir
que “en los piquetes tiran gente de los puentes”. Es vergonzoso que
Kunkel lo diga y es vergonzoso que se lo repita.
Un segundo
elemento, que ya mencionamos, es la firme determinación del Gobierno de pegar
un giro a la derecha en el terreno económico, preparar al país para la llegada
de capitales financieros especulativos, acordar con el Club de París y enterrar
bien enterrado cualquier relato nacional y popular. No hay ajuste que no pase
con represión, se ha dicho muchas veces, pero no por repetida la frase se
invalida.
El tercero es claramente la necesidad de sacarle a
Sergio Massa la agenda de derecha que viene imponiendo. Daniel
Scioli y Carlos Kunkel, en ese terreno, van por el buen camino.
Por eso, la
llamada ley antipiquetes en realidad no es tal. Gustan de poner nombres
ampulosos (vg. “leyes antiterroristas”) para esconder detrás normas represivas
y de alcance masivo.
Toda expresión popular se verá alcanzada por esta norma. El que
quiera manifestarse deberá previamente pedirle permiso al teniente coronel
Sergio Berni, quien calificará la protesta de legítima o ilegítima.
Veamos algunos
ejemplos. Cuando la patota de Pedraza, amigo de Carlos Tomada y Noemí Rial,
asesinó a Mariano Ferreyra, tendríamos que haber avisado a la misma Policía Federal
que participó del crimen que cuarenta y ocho horas después saldríamos a las
calles con los trabajadores de Kraft, Pepsico, los organismos de derechos
humanos, los estudiantes y la izquierda a manifestar nuestro repudio. Esperar a
que digan que es legal y recién ahí salir a mostrar nuestra indignación.
Este 24 de marzo,
en una masiva movilización de miles de personas que lógicamente complicó el
tránsito porteño por varias horas -ya que además fue la segunda manifestación
de ese día-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó con una consigna central,
el repudio a César Milani. ¿A quién se le puede ocurrir que para ello tendría
que pedirse autorización a Berni…? Nótese que en una movilización de esas
características, marchando del Congreso a la Plaza de Mayo, la avenida 9 de
Julio queda sin circulación vehicular por varias horas: “Manifestación
ilegítima”.
Otro ejemplo que
puede presentarse es cuando la Policía asesine a un pibe en un típico caso de
gatillo fácil. ¿Sus familiares y amigos pedirán permiso a la misma Policía para
ir a repudiarla y exigir justicia?
Imaginemos que
gana las próximas elecciones Sergio Massa. ¿A él deberían los trabajadores
de Kraft preguntarle si es legítimo o ilegítimo su reclamo, antes de salir
a pelear por sus derechos? En el 2009, cuando salieron a protestar porque no se
cumplían las normas contra la
gripe A , Massa fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos
a defender a la empresa.
Como se observa, el inusitado interés por cómo viaja la
población, la reducción de los “piquetes” y tantas otras argucias argumentales
del oficialismo y muchos medios de
comunicación son falsas. Es otra cosa lo que se está
discutiendo.
Cuando se ataca
al derecho de manifestación en realidad se está cercenando la posibilidad de
reclamar por todos los demás derechos que se quedan sin una de sus armas de
defensa fundamental, la posibilidad de llevar ese reclamo a las calles.
Debemos reconocer
que no es el primer intento de controlar las manifestaciones. Se han realizado
varios, desde las leyes antiterroristas hasta los infiltrados de la Gendarmería
que denunciamos como parte del “Proyecto X”.
Ahora lo que
quieren es recuperar el control de las calles, no ya creando movimientos
propios o cooptando ajenos como hicieran otrora, sino de manera literal, con un
teniente coronel a la cabeza y las fuerzas represivas detrás.
No podemos
ignorar que, más allá de que se apruebe o no, con este proyecto, que algunos
comparan con el Decreto Supremo de Pinochet N.° 1086 de 1983, se está dejando
un mensaje de impunidad para los autores intelectuales y/o materiales de tantos
asesinatos y represiones cometidos durante la década kirchnerista para sacar a
los manifestantes de las calles, como Carlos Fuentealba, los muertos del Parque
Indoamericano, la represión prácticamente continua a los Qom, los asesinatos en
Ledesma, Jujuy, entre otros.
Hay cinco mil
luchadores procesados y pesa una condena a perpetua sobre los trabajadores
petroleros de Las Heras como muestra de la actuación de un poder judicial que
encuentra una gran señal de apoyo a su política persecutoria con este proyecto
de ley.
Este 29 de abril a las 13 horas los integrantes del
Encuentro Memoria, Verdad
y Justicia estaremos presentando, en el Anexo del Congreso de
la Nación, un proyecto de ley firmado por numerosos diputados, como Nicolás del
Caño del PTS en el Frente de Izquierda, Virginia Linares y Víctor De Gennaro,
para exigir el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas a
los luchadores sociales y la libertad de todos los presos políticos.Basta de criminalizar la
protesta social.
Ver más:
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tarifazos
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Fuente:
https://opinion.infobae.com/myriam-bregman/2014/04/22/decreto-supremo-para-terminar-con-la-protesta-social/index.html
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