Recordemos el pensamiento-acción CFK: " los que no están con el gobierno o plantean críticas hacia el mismo son oposición, sobre todo si están organizados y deciden participar, movilizarse y hacer explícitas tales diferencias. Y estas acciones deben ser desactivadas o al menos intervenidas por el gobierno, ya sea a través del control desde lo económico, recortando y/o negando recursos, ya sea desde la criminalización y judicialización de dichas expresiones opositoras".

Margen

Edición Nº 58 - junio 2010

Criminalización y judicialización 

 de la protesta social en Argentina:

cuando la lucha y la resistencia popular 

se vuelven delito.

Por Ana Musolino

Capítulo IV

El Estado Argentino y la criminalización de la protesta.

Algunas respuestas dadas al conflicto. 

Las políticas de «limpieza» en Mendoza.

 

Introducción

El presente capítulo tiene la intención de delinear las particularidades que asume el análisis que venimos haciendo en la actualidad, primeramente a nivel nacional, para terminar esbozando la situación en la provincia de Mendoza. Aún sosteniendo, como venimos haciéndolo, que la criminalización es una política de Estado que trasciende los gobiernos de turno, es decir, que va más allá del partido en el poder por ser una variable configuradora del neoliberalismo; creemos que en los últimos años las respuestas del Estado a la organización popular se han complejizado, marcando algunas aristas importantes que intentaremos analizar.

1. Del 2001 a la actualidad. Los gobiernos justicialistas: ruptura y continuidad del modelo menemista en el marco neoliberal

En este caso vamos a tomar la periodización que parte de los sucesos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001, por considerarlos un hito fundamental dentro de la historia de Argentina, historia que se va desarrollando en una síntesis entre las particularidades propias del país y las características intrínsecas a la estructura mundial dentro de la cual dicho país está inserto, el sistema capitalista. Analizamos en el capítulo introductorio que el sistema capitalista, como un tipo específico de sociedad dividida en clases, en su actual fase neoliberal va a precisar de un tipo de Estado Nacional que traduzca esas necesidades del capital en actuaciones y políticas concretas. Marcamos además, que los estados se mueven en el par consenso-coerción, en la medida que van logrando hegemonizar sus proyectos societarios. En el caso argentino, durante los ‘90, el Estado siguió con enorme fidelidad los dictámenes del modelo neoliberal. En la década menemista, década de privatizaciones, apertura económica y convertibilidad; como vimos, el desempleo y la pobreza comenzaron a mostrar su característica es tructural, alimentadas por políticas sociales compensatorias dirigidas a la gestión de las necesidades mínimas sustentadas en un «clientelismo afectivo» -1-. Práctica que comienza a ponerse en cuestión a mitad de los ´90, siendo quizás la emergencia de las organizaciones de desocupados (en crítica a dicho clientelismo y afirmando los valores de dignidad e igualdad) la nota más original en cuanto a formas de organización y acción colectiva en resistencia a las políticas neoliberales de ese momento.

Marca Marcelo Gómez que «entre 1995 y 1996 los conflictos comienzan a adquirir significados y características nuevas. Ya no son resistencias a la implementación de las reformas, sino las reacciones a las consecuencias estructurales de su consolidación: reconversión con achicamiento industrial, crisis económicas regionales (fiscales y productivas) y desempleo endémico. Empieza a generalizarse la percepción de que el «modelo» dejaba un tendal de víctimas, ya no coyunturales por los costos transitorios de implementación de las reformas sino «estructurales».

 -2-. Igualmente, las protestas y acciones colectivas no obtuvieron del gobierno menemista una atención importante, al punto que en su mayoría fueron ignoradas por los funcionarios de turno -3-, cuya legitimidad política permitía ampliamente tal actitud. Esta situación de indiferencia estatal frente al reclamo va a modificarse durante el gobierno de De la Rúa, cuando a las protesta de los sectores desocupados y ocupados, se suman los ahorristas y la clase media al ver confiscados sus depósitos bancarios en lo que se conoció como «corralito financiero». Frente a este panorama de conflictos sociales, cortes de ruta, movilizaciones, etc.; la respuesta estatal y la capacidad del gobierno radical para mantener el consenso entra en crisis. «La crisis de la respuesta estatal de concesiones pasivas mostraba la imposibilidad de «contener» el conflicto disruptivo, sin lograr evitar el desarrollo de mayores capacidades de organización y acción colectivas de los desocupados a quienes comenzaban a sumarse ahora otros sectores descontentos» -4-. De tal modo, el proceso de consolidación neoliberal tiene un punto de inflexión con la crisis ocurrida en diciembre de 2001, donde colapsa el sistema económico al tiempo que la fragilidad del sistema político y su legitimidad hace imposible la contención del conflicto social. Es decir, desde el concepto de Gramsci de Estado Integral, se trata de una crisis no sólo económica, sino política, una crisis orgánica, de hegemonía del proyecto dominante, cuando frente a la pérdida de consenso se construyen luchas, resistencias, que eventualmente se proponen contrahegemónicas.

En este sentido entonces, es importante resaltar que el 19 y 20 de diciembre de 2001 significó también un quiebre del modelo hegemónico de los 90, el cual expresaba la alianza de las empresas privatizadas con el capital financiero. Así, la crisis del 2001 también expresa una lucha entre dos fracciones al interior de la clase dominante -5-, visualizada en la disyuntiva «dolarización vs. devaluación», resolviéndose a favor de la segunda, siendo primero Duhalde y luego Kirchner quienes expresarían las expectativas del capital nacional y sus posibilidades a partir de un modelo devaluacionista que favorecería un esquema volcado a la exportación. Así, la irrupción popular deja entrever el agotamiento político del sistema económico; cuyo punto de ruptura se expresa en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, las cuales culminan con la destitución del gobierno radical, la sucesión de varios presidentes hasta la proclamación del justicialista Eduardo Duhalde, y un saldo de represión que marcará un antecedente en las políticas represivas que se sucederán.

Es decir, estos acontecimientos llevados a cabo por movimientos sociales y políticos, trabajadores ocupados y desocupados, asambleas barriales, ahorristas, vecinos autoconvocados, etc.; no fueron pacíficamente aceptados por los detentores del poder político – que no expresan otro proyecto societario que el de la clase dominante – sino que, en ese clima de rebelión popular, el Estado, priorizando su lado coercitivo, saca a la calle a las fuerzas de seguridad, reprimiendo a los sectores populares, dejando como saldo treinta y cinco muertos, centenares de heridos y miles de detenidos y procesados. La complejidad de la situación se expresa en un escenario social, como marca Maristela Svampa, «ambivalente y contradictorio» ya que por un lado, se llamaba a la solidaridad y a la autoorganización, lo cual rápidamente desembocaría en la conformación de un complejo campo multiorganizacional, caracterizado por el cruce social entre actores sociales heterogéneos y por el cuestionamiento al sistema institucional. Por otro lado, la crisis expresaba un fuerte llamado al orden y al retorno a la normalidad, frente al quiebre de las instituciones básicas y la amenaza de disolución social» -6-. El gobierno de Eduardo Duhalde asume en este cuadro de crisis económica, conflictividad social, organización territorial y protesta. Durante dicho gobierno las represiones se vuelven, cada vez más, política de un estado que necesitaba contener el conflicto social y «normalizar» el país, actuando allí donde el pueblo se estaba organizando. Un blanco perfecto de esto fueron los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD).

«Hasta mediados de 2002, el gobierno debió afrontar una colosal movilización de las capas medias y de los desocupados, frente a los que no tenía ni respuestas favorables ni actitud «negociadora», al tiempo que las respuestas represivas que venían recibiendo muchos conflictos no hacían más que potenciarlos e incrementar la incertidumbre institucional»

-7-. Esta oleada represiva tiene un punto máximo que marca la salida de Duhalde de la presidencia: durante una protesta social reprimida fueron asesinados los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, hecho que, por la trascendencia mediática y la presión y organización de sus compañeros en busca de justicia, significó el adelantamiento del llamado a elecciones presidenciales y el movimiento de algunos funcionarios de la política nacional. «La gigantesca movilización de repudio a la represión aceleró cambios en el discurso ante la protesta social, apuró la implementación de planes sociales, precipitó los anuncios del cronograma electoral y provocó cambios ministeriales» -8-. Como parte de la estrategia justicialista de mantener el control de la situación política, aparece la figura de Néstor Kirchner en el año 2003. 1.1 El gobierno a partir de la presidencia de Néstor Kirchner Como parte del sistema capitalista, el gobierno kirchnerista significa una continuidad con las políticas neoliberales al tiempo que una ruptura en cuanto al modo de legitimar y llevar a cabo dichas políticas.

El ejercicio de la hegemonía, en el sentido gramsciano -9- del término, se vale de herramientas que marcan una diferencia sustancial con las utilizadas durante los ‘90 por los gobiernos de Menem y De la Rúa. Teniendo en cuenta el poco apoyo popular con que llega al poder sumado a la fuerza que habían acumulado las organizaciones populares; la reconstrucción de la institucionalidad «democrática», del tejido social y la relación con las bases estaba entre los objetivos primordiales del nuevo gobierno. Las herramientas utilizadas a tal fin son varias: modificaciones en la legislación de Derechos Humanos en el marco de las políticas de «memoria», cambios en la Corte Suprema, aumento (en cantidad) de planes sociales y subsidios en las grandes barriadas, asignación de cargos públicos a dirigentes y militantes populares, etc. A estas medidas se sumaron las estrategias de integración e institucionalización de algunos movimientos y organizaciones, combinadas con acciones de «disciplinamiento y criminalización, a través de la estigmatización mediática, política y social, dirigida hacia los grupos sociales más movilizados» -10-, grupos, claro está, opositores o al menos, autónomos, al gobierno.

Así, «la política de Kirchner consistió en poner en acto, simultáneamente, el abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar y disciplinar a las organizaciones piqueteras opositoras»

-11-.De este modo, cooptando sectores históricamente de oposición, disciplinando a los opositores, combinando presencia territorial en los barrios con control de subsidios y planes sociales; fue logrando tanto el apoyo popular como la desmovilización sociopolítica en pos de pautas clientelares y asistencialistas. «Esta política de masificación de la ayuda social se continuó con Kirchner, quien retomó la iniciativa en la tarea nada fácil de recomponer las relaciones con los sectores populares, con la idea de «recuperar» el espacio perdido en manos de nuevas organizaciones de tipo territorial. Sin lugar a dudas, los planes conllevaron un fortalecimiento de la matriz asistencial del modelo neoliberal» -12-. En este proceso de construcción de la hegemonía, la masificación de los planes sociales vino a cumplir dos objetivos claves a corto plazo: «por un lado, paliar la grave situación de urgencia y necesidad social que atravesaba una parte importante de la población; por el otro, contener el conflicto social, frente a los reclamos cada ves mayores, del conjunto de las organizaciones piqueteras» -13-.

Este marco resulta ser la base necesaria para legitimar la continuidad del modelo y de las políticas neoliberales que le corresponden: se agudiza la entrada de capitales trasnacionales, concentrando y centralizando aún más el capital y las riquezas, se promueve el desarrollo de áreas de producción como el petróleo, la siderurgia, el complejo sojero, la minería a cielo abierto, etc.; bajo un discurso de desarrollo industrial, pero de poca sustentabilidad ambiental, social, laboral y económica para la población. Como contracara, si bien en principio se muestran signos de reactivación económica, se profundiza la precarización laboral, el subempleo, la pobreza, al tiempo que aumenta la concentración económica, la riqueza de una minoría, la segregación residencial, la privatización del mundo de la vida y la criminalización y localización de la pobreza, quebrándose cualquier vestigio de la solidaridad entre clase media y sectores populares surgido durante el 2002, acentuando la polarización de clase -14-. La continuidad y consolidación del «Proyecto K» se vio garantizada cuando, en octubre de 2007, las elecciones presidenciales dieron como resultado el triunfo de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, mostrando la hegemonía de este modelo. En la actualidad, a dos años de presidencia de la mandataria argentina, comienzan a mostrarse algunos signos de la fragilidad de su construcción política, se explicitan los quiebres, se dan nuevas alianzas; todo lo cual debe analizarse a la luz de la coyuntura actual y el advenimiento de nuevos comicios, situaciones en las cuales las fracciones de la clase dominante van retomando la puja para reacomodarse en el poder. 1.1.1. Los derechos humanos: una cosa del pasado Una apuesta fuerte de este gobierno es, entonces, el discurso de los derechos humanos. Y en ese sentido, los avances en cuanto al juzgamiento de los represores y participantes del último golpe de Estado, así como la tarea de recuperación de la memoria histórica resultan sumamente importantes. Sin embargo, existe una gran brecha entre las políticas para con el pasado y la realidad actual respecto de los derechos humanos. Aparece como un doble discurso, pues si bien se condena la actuación del Estado democrático con respecto a la protección de los derechos humanos en la época post-dictadura de 1976, se debilita bastante la fuerza del discurso para referirse a igual temática en el presente. Es decir, el gobierno actual «ha asumido como política de Estado la condena de la violación de los derechos humanos realizadas durante la última dictadura militar (1976-1983), lo cual ha contribuido a echar por tierra la «teoría de los dos demonios» que habían avalado los gobiernos anteriores, sin excepción, así como a impulsar una política de la memoria. (...) Ahora bien, este importante salto cualitativo no puede ni debe conducirnos a ignorar el contraste existente entre la política de condena de la violación de los derechos humanos en relación con el terrorismo de Estado de los años ´70, y la actual política de derechos humanos respecto del presente y el pasado reciente, la que en términos de «política de Estado» coloca al gobierno actual en peligrosa continuidad respecto de las administraciones anteriores» -15-.

Continuidad que se expresa en la profundización de las condiciones de miseria y pobreza de una gran mayoría de la población, en la precarización del trabajo, etc., es decir, en la violación de los llamados derechos de segunda generación –los derechos económicos, sociales y culturales básicos– que el Estado sigue sin garantizar -16-. Continuidad que se remarca en el repliegue de los derechos políticos de la población. Y en este sentido, se recrudece el control social de la protesta, se la estigmatiza, se la niega y, en muchos casos, se la reprime. «El gobierno nacional no dudó en alimentar la estigmatización de la protesta –contraponiendo la movilización callejera a la exigencia de «normalidad institucional»- impulsando activamente la difusión de una imagen de la democracia, supuestamente «acosada» por las organizaciones piqueteras» -17-, más que nada con las fracciones del movimiento que, no siendo cooptadas por el gobierno, se mantienen autónoma en su funcionamiento y acción. Sin embargo, ya marcamos que la criminalización de la protesta es una cuestión de clase, por lo que los avances en dichas acciones estatales que achican cada vez más el espacio público, resultan ser más lentos cuando la protesta, aún utilizando los métodos repudiados, provienen de sectores influyentes en el poder político y expresan, más que derechos vulnerados, conflicto de intereses económicos en puja al interior del bloque dominante. «El procesamiento de estos conflictos varía según el perfil de clase del sujeto. Por ejemplo, en los casos de cortes de ruta que han protagonizado los sectores de los productores del agro, no se ha considerado vulnerado derecho alguno. A la luz de las respuestas habidas, se infiere que en algunos casos la protección de derechos estaría dada considerando sólo a «algunos derechos» y «según el perfil -de clase- del victimario» -18-. Así, si bien discursivamente el tratamiento de los conflictos se realiza de manera igualitaria, la acción estatal devela el carácter clasista del gobierno, que no duda en desalojar las rutas con la gendarmería sin dar aviso a los docentes o a los piqueteros, pero advierte por todos los medios de comunicación la posibilidad de tal medida cuando los que están en la ruta son miembros de la Sociedad Rural. Distintos modos de desalojar el Puente Pueyrredón que la ruta en Gualeguaychú. Diferentes grados de tolerancia ante la obstrucción del tránsito. Sin marcar, por lo mismo, que la desigualdad está en el reclamo: (retomando a Gargarella) derecho o privilegio. Mientras que unos exigen derechos básicos, los otros expresan defensa de intereses y privilegios. En estos casos, el cuestionado método piquetero no genera tanto resquemor cuando esos otros que protestan pertenecen a la clase dominante, protesta que en definitiva expresa, como dijimos, una puja al interior del proyecto hegemónico. 

El gobierno actual, entonces, refuerza la tesis del estado de excepción analizado en los capítulos anteriores, expresada en sus decretos de necesidad y urgencia, en las políticas que en cada lugar se plantean como «combate de la inseguridad», en la mencionada Ley Antiterrorista, etc. Lo que significa una regresión del estado de derecho –en contradicción lo que se sostiene desde el discurso dominante– cuyos márgenes de impunidad y arbitrariedad se alejan de la idea de justicia e igualdad propias de cualquier discurso ciudadano. Por lo tanto se produce un progresivo reforzamiento del sistema represivo institucional «visibles en el proceso de reformas legislativas que agravan los delitos cometidos por los sectores pobres y/o marginados de la población, así como en la criminalización de la protesta social. 

En efecto, la vertiginosa pérdida de derechos (sociales, laborales) fue acompañada por el endurecimiento del contexto represivo (Svampa y Pereyra: 2003), reflejada en el aumento y pertrechamiento de las fuerzas represivas (aumento de efectivos de la policía federal, provincial, gendarmería nacional y prefectura). El ejemplo más elocuente es el de Gendarmería nacional, que pasó del cuidado de las fronteras, al control y represión de los conflictos sociales provinciales, desde 1993 en adelante -19-.

Las metodologías para criminalizar la protesta van variando, se van combinando, habiendo, por momentos, una represión más abierta y pública, y por otros una represión más encubierta, casi imperceptible, pues también depende de los niveles de consenso y legitimidad presentes en la sociedad en general. Pero los objetivos se mantienen: frenar el conflicto, evitar la irrupción colectiva, profundizar el capitalismo cambiando su denominación: «capitalismo con rostro humano», aunque eso signifique profundizar sus consecuencias para la mayoría de la población.

2. Algunas respuestas del Estado argentino frente a la organización popular

«Fuentealba no es una consecuencia no deseada, un exabrupto, otra extralimitación, sino la manera persistente que usa el Estado para disciplinar a los excluidos o a todos aquellos que cuestionan el modelo de exclusión que, después de tres décadas ininterrumpidas aprendimos a nombrar con el mote de neoliberalismo» Esteban Rodríguez 

Las respuestas dadas por el Estado para el tratamiento del conflicto, dijimos, se van combinando y modificando según la coyuntura, la cual es meticulosamente analizada por el poder político. En este sentido, la presencia territorial del actual gobierno resulta clave. Organizaciones en las grandes barriadas empobrecidas del país, agrupaciones estudiantiles en las universidades y colegios secundarios fuertes, gremios y sindicatos. Entonces, para grupos organizados, movimientos sociales, organizaciones que logran mantener su autonomía, conviviendo incluso con la presencia clientelar del gobierno en sus territorios, la criminalización adquirirá distintas vertientes.

De tal modo, el concepto de criminalización se amplia, siendo también el control de la esfera económica un elemento utilizado para desarticular y debilitar a las organizaciones populares. «Por ello también entendemos como ejercicio del poder punitivo respecto de la protesta social a los ya clásicos hostigamientos mediante la excusa de averiguación de identidad, faltas y contravenciones, e incluso la caída en el pago de planes de empleo o la imposibilidad de acceder a los mismos por no adherir al rebaño del puntero de turno» -20-. Y si algo evidencia la afirmación anterior es que los que no están con el gobierno o plantean críticas hacia el mismo son oposición, sobre todo si están organizados y deciden participar, movilizarse y hacer explícitas tales diferencias. Y estas acciones deben ser desactivadas o al menos intervenidas por el gobierno, ya sea a través del control desde lo económico, recortando y/o negando recursos, ya sea desde la criminalización y judicialización de dichas expresiones opositoras. Con respecto a esto último, el dato que sigue es elocuente: «en la actualidad, existen en la Argentina más de 4.000 procesadas y procesados y más de 20 mujeres y hombres encarcelados, por defender sus derechos, a quienes se le desconoce el estatus de presas y presos políticos. Es la cifra más alta alcanzada bajo un gobierno democrático -21-. Y ese desconocimiento del estatus político avanza aún más sobre los derechos políticos, al ser interpelados como delincuentes comunes. En este sentido, algunos ejemplos muestran el posicionamiento estatal, posicionamiento aleccionador que apunta a ir más allá del reclamo puntual, desentendiéndose del mismo, disciplinando a partir de la represión, dejando tanto el reclamo sin resolver como marcando antecedentes para la futura movilización popular.(...) Leer